Fernando González León

Expediente 859/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
859/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
16/11/2016

Partes del expediente

  • Fernando González León

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el veintiséis de octubre del año que transcurre, mediante el cual se desechó la demanda de garantías por su notoria e indudable procedencia, promovida por ------------, por propio derecho, no fue recurrido dentro del plazo legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se desechó la demanda de garantías por su notoria e indudable procedencia.

  2. Principal

    Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo promovida por -----------, contra actos que reclama del Magistrado Titular de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y otra autoridad, que considera violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 859/2016-II; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, el numeral 113 de la Ley de Amparo vigente establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Cierto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. De la lectura integra de la demanda de garantías, se advierte que el quejoso hace consistir el acto reclamado en la resolución de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, emitida en el toca ----- formado con motivo de la apelación interpuesta contra la sentencia interlocutoria de quince de agosto de dos mil dieciséis que declaró improcedente el incidente de improcedencia de la vía en el expediente -------, tramitado por la vía Hipotecaria Especial, en el Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad. Ahora bien, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107 fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la ley de amparo vigente, que respectivamente prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede:... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." En este orden de ideas, se evidencia que existen otro tipo de actos dentro del juicio que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, pero no de imposible reparación que hagan procedente el amparo indirecto en su contra de modo inmediato, los cuales, por ende, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo. En efecto, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 107 fracción V de la Ley de Amparo, como actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Actualmente el Pleno de nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional, interpretó lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación"; al respecto, adujo que esos actos para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión juridica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes juridicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desglose del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Con el objeto de precisar por qué en el caso se actualiza la causal de improcedencia referida, conviene relatar los antecedentes del acto reclamado que narró el promovente, bajo protesta de decir verdad, siendo éstos los siguientes: 1.- Que en el expediente ------, tramitado por la vía Hipotecaria Especial, en el Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad, fue demandado por Gabriela Marcocchio Belmonte. 2.- Que el contrato de reconocimiento de adeudo con interés celebrado entre -------------- con el carácter de acreedora y -----------n, con el carácter de deudor y garante hipotecario, celebrado el veinticinco de agosto de dos mil catorce, constituye la base de la acción. 3.- Que el quince de agosto de dos mil dieciséis el Juez Segundo Civil de Partido Judicial de Irapuato, Guanajuato, dentro del juicio especial hipotecario emitió resolución interlocutoria en la cual concluyó que resultó improcedente la excepción de improcedencia de la vía. 4.- Inconforme con esa resolución interpuso recurso de apelación, del que conoció el magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, que radicó bajo el número de toca -------- y, el treinta de septiembre de dos mil dieciséis emitió resolución confirmando la resolución impugnada. (Acto reclamado). Como se adelantó, el referido acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación que haga procedente el amparo indirecto en su contra de manera inmediata. Así es, la resolución reclamada de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, dictada dentro del toca 540/2016, del índice de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en el cual confirmó la interlocutoria de quince de agosto de dos mil dieciséis dictada en el expediente ----------, tramitado por la vía Hipotecaria Especial, ante el Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad, en el que declaró improcedente la excepción de improcedencia de la vía, no encuadra en lo previsto por la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo que a letra dice: "Artículo 107. El amparo indirecto procede:... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Lo anterior es así, en virtud de que el acto reclamado no produce una afectación real y actual a la esfera jurídica de la parte quejosa, por lo que no es un acto de autoridad susceptible de impugnarse en el juicio de amparo indirecto de acuerdo a lo establecido en el numeral antes transcrito, pues no tiene una ejecución de imposible reparación, toda vez que la resolución que confirma la interlocutoria de primera instancia que declara infundada la excepción de improcedencia de la vía, únicamente puede tener como efecto la violación de derechos adjetivos, porque de cualquier forma, si se dictara sentencia a favor del demandado, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas y, la parte demandada tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio y, si la resolución le fuera desfavorable podría reclamarla vía amparo directo; por lo que ante el acto reclamado en esta demanda es improcedente el juicio de amparo indirecto. En razón de lo anterior y, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107 fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la ley de amparo vigente, procede el desechamiento de la demanda por su notoria e indudable improcedencia. Por otra parte, tomando en consideración que la parte promovente solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo vigente, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este órgano jurisdiccional. Se autoriza, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ----------------, ---------- y -------------- en términos amplios y, a ------------ y ------------- en forma restringida, en virtud de que sólo aquellos cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo vigente, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo.

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