Fernando Jose Barrera Guillen

Expediente 66/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
66/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
12/02/2018

Partes del expediente

  • Fernando Jose Barrera Guillen

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En otro orden de ideas, visto el estado que guardan los autos, y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. En virtud de lo anterior, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que en proveído de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, se desechó la demanda con la que se formó este expediente, auto que causó estado el día de la fecha; por tanto, este asunto es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en el expediente documento alguno que por sus características deba ser devuelto. Atendiendo a las particularidades del juicio en que se actúa, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Notifíquese.

  2. Principal

    RAZÓN. En veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario del Juzgado da cuenta al Juez, con la demanda de amparo registrada con el número de correspondencia interna 1103. Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo que promueve Fernando José Barrera Guillén, contra la omisión y actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el progresivo 66/2018-VI, y fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En el caso, el análisis integral de tal escrito pone de manifiesto que lo que se reclama de la autoridad responsable es: a) La omisión de acordar el escrito presentado el diecisiete de enero del año en curso, a través del cual interpone recurso de revisión en contra del auto de cinco de abril de dos mil diecisiete, dentro del juicio laboral 704/2009, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí; b) Y como consecuencia de lo anterior, la ejecución del auto de cinco de abril de dos mil diecisiete, dictado en el juicio referido, consistente en: b.1 La cancelación del embargo que garantiza el pago de diversas prestaciones de carácter laboral reconocidas en laudo firme en favor del aquí quejoso, trabado sobre la cuenta bancaria 0426653877, de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, cuyo titular es el Municipio de Santa María del Río, San Luis Potosí. b.2 La devolución a la institución bancaria Banco Mercantil del Norte Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, el cheque nominativo de caja 49015, expedido el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, en favor del aquí quejoso. Lo que se corrobora con la transcripción del citado auto de cinco de abril de dos mil diecisiete, que se realiza en folios siguientes, así como con lo manifestado por el propio quejoso en el hecho número 13 de su demanda, en el que señala que ante el proceder omiso de la autoridad responsable de acordar el recurso de revisión interpuesto en contra del proveído referido, acude ante este Juzgado de Distrito con el fin de que se le conceda el amparo y protección de la Justicia Federal, y "mientras tanto, con el fin de no perder la materia del juicio de amparo, se ordene la suspensión de la ejecución del auto recurrido de fecha 5 cinco de abril del año 2018 dos mil dieciocho". Ahora bien, respecto de la omisión precisada en el inciso a), se considera que se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior [.]". Lo anterior se afirma así, por las razones siguientes: En primer término, debe establecerse que del contenido del transcrito artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al promovente del juicio constitucional; entendiéndose por última resolución, aquella en la que se aprueba o reconoce, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Aquel aspecto es tratado en la Jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 27/99, correspondiente a la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Tesis P./J. 32/2001, página 31, que a continuación se transcribe: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA: La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Asentado lo anterior, se concluye que la omisión reclamada no constituye la última resolución en que se haya tenido cumplida la sentencia de mérito, puesto que por tal debe entenderse la que aprueba o reconoce, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de la sentencia, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Por tanto, si tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución, el amparo indirecto únicamente procede contra la última resolución pronunciada en dicha fase, en la que además podrán plantearse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, es incuestionable que al no revestir las características propias de ese tipo de determinaciones, e incluso teniendo en cuenta que aquella consiste en una abstención de acordar el escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, luego es claro que no se adecua al supuesto de procedencia previsto en la Ley de Amparo en la indicada fase de ejecución. De ahí que se actualiza la causa de improcedencia analizada, aun tratándose de la parte vencedora en el juicio de origen. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 75, Tomo XX, Julio de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." No pasa inadvertida para el suscrito la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." , toda vez que en el caso concreto la omisión reclamada no se sitúa en la hipótesis contenida en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es decir, no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Es así, porque la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, retomando los argumentos atinentes a casos en que puedan verse afectados derechos sustantivos, destacó que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8°, 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo, como lo es por ejemplo, la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o la falta de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8° Constitucional. En tanto que, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Concluyendo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, a menos que el Juez de amparo, advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción. De lo cual se deduce que en el presente caso la omisión reclamada por el momento no tiene sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, que objetivamente analizado amerite sujetarlo al control constitucional, salvo que se presente el supuesto de "abierta dilación del procedimiento o paralización del mismo" a que se refiere la jurisprudencia de mérito, lo cual no acontece en el caso. Es así pues, el artículo 168, ubicado en el Capítulo IV, denominado "De las normas procesales en materia de notificaciones, actuaciones y términos", de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, dispone: "Articulo 168. Cuando algún acto procesal o el ejercicio de algún derecho no tengan señalado término, éste será de tres días hábiles". Del dispositivo legal transcrito se advierte que cuando algún acto procesal no tenga fijado un término específico, éste será de tres días hábiles. Luego, en virtud de que el ordenamiento legal referido, no dispone términos específicos para que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, dicte el acuerdo que debe recaer a una promoción, ni para que éste se notifique al promovente, entonces es aplicable lo previsto en el numeral 168 de tal ordenamiento, por lo que el término que debe transcurrir para que ocurra cada actuación es el de tres días hábiles; plazos que sumados arrojan un término de seis días hábiles para que la autoridad emita un acuerdo y lo notifique a su promovente. Sobre tales bases, teniendo en cuenta que el escrito cuya omisión de acordar reclama fue presentado ante la autoridad responsable el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, y el veintitrés del mismo mes y año promovió la demanda de amparo que nos ocupa, en cuyo caso sólo habían mediado tres días hábiles, es evidente que no habían transcurrido los plazos referidos para el dictado del acuerdo y su notificación respectiva, de ahí que no exista una abierta dilación o paralización total del procedimiento de ejecución de laudo, que es la excepción de la regla para hacer procedente el juicio constitucional. De ahí la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, toda vez que la posible afectación que pudiera ocasionarse puede ser subsanada si la autoridad responsable emite el acuerdo relativo, el cual incluso puede resultar favorable a los intereses del demandante de la tutela federal, haciendo que la violación de la que ahora se duele desapareciera de la realidad, sin dejar huella en su esfera jurídica. Razón por la cual, no puede establecerse que afecte en forma inmediata derechos sustantivos de la parte que instauró el juicio constitucional. Cobra puntual apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el número 2a./J. 48/2016 (10a.), en la página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Asimismo, adquiere aplicación la Jurisprudencia número P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo: 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubro y texto son: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Además, la ejecución del acuerdo de cinco de julio de dos mil diecisiete, no deriva de la omisión reclamada (de proveer respecto del recurso de revisión interpuesto en contra de éste), ya que por un lado el recurso de revisión previsto en los artículos 198, 199, 200 y 201, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, no suspende la ejecución del acto que se recurre, y por otro lado, dicha ejecución no deriva de la omisión referida, sino del multicitado acuerdo. Sin que aquella (ejecución) se reclame por vicios propios, sino que -como ya quedó de manifiesto- se reclama porque ante el proceder omiso de la autoridad responsable de acordar el recurso de revisión interpuesto en contra del proveído referido, acude ante este Juzgado de Distrito con el fin de que se le conceda el amparo y protección de la Justicia Federal, y "mientras tanto, con el fin de no perder la materia del juicio de amparo, se ordene la suspensión de la ejecución del auto recurrido de fecha 5 cinco de abril del año 2018 dos mil dieciocho". En consecuencia, como el acto reclamado no es la última resolución en etapa de ejecución de laudo, ni afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Por otra parte, el suscrito advierte que respecto del acto reclamado precisado en el inciso b), y sus consecuencias, adicionalmente se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Para el análisis de dicha causa de improcedencia, es necesario transcribir los artículos citados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De una interpretación armónica de los dispositivos legales anteriormente transcritos, se desprende que el plazo para la promoción del juicio de amparo es de quince días contados a partir del día siguiente: a) A aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; y, b) A aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Del numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se advierte que si no se presenta la demanda de amparo dentro de los plazos previstos por el artículo 17 de la ley de la materia, el acto reclamado se entenderá consentido. Sentado lo anterior, debe decirse que del análisis del juicio de amparo 389/2017, del índice de éste órgano jurisdiccional; el cual se tiene a la vista como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: 1. El citado juicio de amparo fue promovido igualmente por Fernando José Barrera Guillén, quien demandó la protección de la Justicia de la Unión, respecto de la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí y otra autoridad, por los siguientes actos reclamados: "IV. ACTO RECLAMADO. 1. La RETENCIÓN injustificada y arbitraria por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del cheque de caja número 49015 de fecha 16 dieciséis de marzo del año 2017 dos mil diecisiete, de la cuenta bancaria número 0426653877, expedido en favor del suscrito quejoso por la institución bancaria Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, correspondiente al pago de diversas prestaciones laborales que son adeudadas por el Municipio de Santa María del Río, Estado de San Luis Potos, dentro del expediente número 704/2009 mesa 4, proceder de la Autoridad Responsable que carece de fundamentación y motivación ya que no existe disposición alguna en la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Púbicas del Estado que disponga, faculte o legitime la retención de las cantidades que le son debidas a los trabajadores, en franco prejuicio del derecho objetivo de subsistencia que a cualquier ser humano le asiste, siendo violadas de manera flagrante las garantías que me otorgan los artículos 8 octavo, 14 catorce, 16 dieciséis, 17 diecisiete y 123 ciento veintitrés de la Constitución, Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los derechos humanos que me son reconocidos por la propia Constitución Federal y los Tratados Internacionales en los que México es parte. 2. La inminente y arbitraria cancelación del embargo que garantiza el pago de diversas prestaciones de carácter laboral reconocidas en laudo firmé en favor del suscrito quejoso y que fue trabado sobre la cuenta bancaria número 0426653877 de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, cuyo titular es el Municipio de Santa María del Río, Estado de San Luis Potosí, gravamen que fue trabado dentro del expediente número 704/2009 mesa 4, proceder de esa autoridad que carece de fundamentación y motivación ya que no, existe causa de hecho ni precepto de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Púbicas del Estado que disponga, faculte o legitime la referida supresión, vulnerando atacando de manera franca Ia subsistencia del trabajador aquí recurrente, siendo violadas las garantías que me otorgan los artículos 8 octavo, 14 catorce, 16 dieciséis, 17 diecisiete y 123 ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los derechos humanos que me son reconocidos por la propia Constitución Federal y los tratados internacionales en los que México es parte. 3. La destrucción, anulación o cancelación por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y/o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores del cheque nominativo de caja número 49015 que me pertenece y es parte de mi patrimonio, expedido el 16 dieciséis de marzo del año 2017 dos mil diecisiete, de la cuenta bancaria número 0426653877, en favor del suscrito quejoso por la institución bancaria Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, correspondiente al pago de diversas prestaciones laborales que son adeudadas por el Municipio de Santa María del Río, Estado de San Luis Potosí, dentro del expediente número 704/2009 mesa 4.". 2. Mediante acuerdo de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, notificado por medio de lista el veintiocho de abril siguiente, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en el cual manifestó: "[.] Asimismo esta Autoridad responsable emitió acuerdo de fecha 05 de Abril de 2017 en el cual se tiene al Procurador Fiscal por informando respecto de las diversas cuentas embargadas, las cuales pertenecen a participaciones de carácter Federal y estatal clasificadas como inembargables, y como consecuencia de ello esta Autoridad responsable ordena poner a disposición del titular de dichas cuentas el saldo que refleja la misma, así como hacer la devolución del cheque de caja número 49015 a nombre del quejoso [.]". 3. El treinta de junio de dos mil diecisiete, se dictó sentencia, cuyas consideraciones son del tenor siguiente: "[.] Ahora bien, para mejor comprensión de las razones por las cuales se actualizan las hipótesis normativas que anteceden respecto de tales actos, es conveniente citar los siguientes antecedentes: [.] 4. Mediante determinación de cinco de abril de dos mil diecisiete, se acordó en lo que interesa: ´San Luis Potosí, S.L.P., a 05 de Abril de 2017 dos mil diecisiete. Agréguese a los autos del expediente Laboral número 704/2009/M-4. un oficio número SF/PF/426/2017, signado por el C. MARCOS EFRÉN GUTIÉRREZ NAVARRO, en su carácter de PROCURADOR FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS y un oficio número ASE-AEL-1162/2017, suscrito por el C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO, en su carácter de AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO, los tres recibidos el día 04 de los corrientes. Vistos los de cuenta. En cuanto al oficio suscrito por el Procurador Fiscal, se le tiene por informando lo siguiente: "Que acorde a los registros con que cuenta la Dirección de Caja General de la Dirección General de Egresos de la Secretaría de Finanzas, la cuenta bancaria 01604615301 no se tiene registrada en nuestro sistema y la cuenta 0426653877 es inembargable ya que deviene de participaciones federales y estatales". Asimismo, se tiene al Auditor Superior del Estado, por informando lo siguiente: "Es de decirse que las cuentas pertenecen al Municipio de Santa María del Río, S.L.P., por lo que hace a la cuenta número 01604615301, pertenece a recursos de Fondo Federal denominado (FORTALECE 2013), y en la cuenta número 0426653877 se depositan Participaciones, recursos de carácter Federal, denominados inembargables, siendo el ejercicio en su gasto condicionado a la consecución y cumplimiento de los objetivos que fueren determinados. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal". Ahora bien, la cuenta número 01604615301 de la Institución Bancaria SCOTIABANK INVERLAT, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero SCOTIABANK INVERLAT, S.A., así como la cuenta 0426653877 del Banco Mercantil del Norte S.A., Grupo Financiero Banorte se integran de recursos inembargables, los cuales son clasificados como recursos federales, siendo el ejercicio en su gasto condicionado a la consecución y cumplimiento de los objetivos que fueren determinados, conforme a lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal; en consecuencia y toda vez que se realizó la retención de las cuentas número 01604615301 de la Institución Bancaria SCOTIABANK INVERLAT S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero SCOTIABANK INVERLAT S.A., así como la cuenta 0426653877 del Banco Mercantil del Norte, S.A., Grupo Financiero Banorte, al ser consideradas INEMBARGABLES, no ha lugar a tenerlas por embargadas, en virtud de que contravienen lo dispuesto por los numerales 4°, 51, fracciones V y X, 134, 135, 136, 137, 138, 139y 140 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, 950, 951, 952, 953 y 954 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, 1°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10 y 30 de la Ley de Bienes del Estado y Municipios de San Luis Potosí, 1°, 6°, 9°, 25, 49 y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal y 1°, 2° y 20 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado, artículo 952 de la Ley Federal del Trabajo. Por las razones antes expuestas, se ordena destrabar el embargo de las cuentas número 01604615301 de la Institución Bancaria SCOTIABANK INVERLAT S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero SCOTIABANK INVERLAT S.A. y de la cuenta 0426653877 del Banco Mercantil del Norte, S.A., Grupo Financiero Banorte ambas registradas a nombre del H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P., ordenándose girar oficios tanto a la Institución Bancaria SCOTIABANK INVERLAT S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero SCOTIABANK INVERLAT S.A., así como a Banco Mercantil del Norte, S.A., Grupo Financiero Banorte, para informarle que las cuentas mencionadas son consideradas como inembargables porque devienen de participaciones federales y estatales y para que de inmediato pongan a disposición del titular de dicha cuenta el saldo que refleje la misma; y en lo referente a la cuenta 0426653877 del Banco Mercantil del Norte, S.A., Grupo Financiero Banorte, se hace la devolución del cheque de caja número 49015, de fecha 16 de Marzo de 2017, a nombre de FERNANDO JOSÉ BARRERA GUILLÉN, por la cantidad de $1'965,117.10 (un millón novecientos sesenta y cinco mil ciento diecisiete pesos 10/100 M.N.) y se les concede un término de TRES DÍAS a fin de que informen lo peticionado y una vez hecho lo anterior, remita las constancias a este Tribunal con domicilio ubicado en Francisco I Madero no 355, tercer piso, de esta Ciudad Capital, que acrediten haber destrabado dichas cuentas en cumplimiento con la petición.´ (fojas 228 a 230 del anexo de constancias) [.] Por su parte, el quejoso en su escrito de demanda, manifestó bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: ´11. Al tener conocimiento de la suma puesta a mi disposición, acudí al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para pedir que me fuera entregado el cheque de caja número 49015 a que me vengo refiriendo; y estando presente en el Tribunal me fue mostrado el referido título y efectivamente es nominativo y no negociable, expedido en mi favor y por la cantidad ya señalada, pero se me negó la entrega sin explicación alguna y se me manifestó que sería cancelada la ampliación del embargo, proceder ilegal, oficioso, arbitrario y parcial en absoluto beneficio de la parte demandada´. De lo anterior, se puede colegir que el reclamo inicial del promovente en esta instancia constitucional, deriva de que previo a la presentación de la demanda (tres de abril de dos mil diecisiete), acudió ante la autoridad responsable ordenadora a pedir la entrega material del cheque de caja 49015; sin embargo, se lo negaron, porque le dijeron que la ampliación del embargo decretada sería cancelada. No obstante, con posterioridad se emitió una determinación, en la que se ordenó destrabar el embargo de la cuenta bancaria 0426653877, así como la devolución del cheque de caja 49015. Por lo anterior, quien esto resuelve considera que a virtud del dictado de la subsecuente y mencionada determinación de cinco de abril de dos mil diecisiete, en la que con base en diversos argumentos y documentos recibidos un día antes, se determinó expresamente que los recursos contenidos en la cuenta bancaria 0426653877 del Banco Mercantil del Norte, S.A., Grupo Financiero Banorte, y de la cual deriva el cheque de caja antes mencionado, eran inembargables, así como que por ello, lo procedente era ordenar destrabar el embargo de dicho numerario, dejar a disposición del titular de la misma el saldo contenido, y la devolución del citado cheque de caja 49015, por consiguiente las eventuales violaciones que pudieron haber surgido a raíz de la negativa verbal de la autoridad de devolver el aludido cheque y, por ende, su alegada retención, han quedado consumadas irreparablemente. Es decir, la situación jurídica de la cuenta bancaria y cheque de caja, ya no obedece a la negativa que invocó el quejoso en la demanda de amparo, y en su momento emitió verbalmente la autoridad responsable ordenadora, sino que actualmente se rige por la citada resolución de cinco de abril de dos mil diecisiete. De lo que resulta, que este órgano Federal se encuentra legalmente imposibilitado para hacer un pronunciamiento con respecto a las violaciones alegadas por el amparista, pues no podría concederse la protección Federal solicitada (verbigracia, para ordenar la entrega del cheque al quejoso, con el fin de superar la retención verbal atribuida a la autoridad responsable, y detener o evitar su cancelación inminente), sin afectar la nueva situación jurídica creada por el subsecuente auto (frente a la fecha de promoción del presente amparo) de cinco de abril del año en curso, que impera en el expediente del que derivan los actos tildados de inconstitucionales, la cual debe subsistir en tanto dicho proveído no sea impugnado a través de los medios de defensa correspondientes y merced a estos sea modificado, revocado o nulificado; de no ser así, como acontece en el presente caso, se encuentra surtiendo plenos efectos legales. [.]". 4. Sentencia que se ordenó notificar personalmente al aquí quejoso. En el citatorio y razón levantados el tres de julio de dos mil diecisiete, el actuario adscrito a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, asentó que al constituirse en el domicilio proporcionado por el quejoso Fernando José Barrera Guillén, para oír y recibir notificaciones personales, y cerciorarse de ser el correcto, fue atendido por quien dijo llamarse "Yolanda Solores Ávila" quien dijo ser "recepcionista del despacho", a quien le hizo saber el motivo de su presencia, contestándole que el buscado no se encontraba en ese momento pero que ahí podía ser notificado. Por lo anterior, dejó en poder de la persona que lo atendió, copia autorizada de la sentencia terminada de engrosar el treinta de junio de dos mil diecisiete, y citó a dicha parte a fin de que acudiera al órgano jurisdiccional, en el entendido que de no acudir dentro de los dos días hábiles siguientes, se le notificaría por medio de lista. Sin embargo, como el amparista no compareció personalmente a notificarse, el seis del mes y año referidos, en conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se levantó razón actuarial en ese sentido, y se le notificó por medio de lista el referido proveído. Dicha notificación está surtiendo plenos efectos legales, al no haber sido declarada su nulidad. 5. Por escrito recibido el veintiuno de julio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, el quejoso Fernando José Barrera Guillen, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia referida, y formuló diversos agravios, que a la letra dicen: "[.] En segundo término, no solamente son existentes los actos reclamados por la simple confesión expresa de ellos por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, sino que también se puede advertir de las constancias anexadas por la referida Autoridad Responsable a su informe justificado, en las que consta el auto de fecha 5 cinco de abril del año 2017 dos mil diecisiete que ordena cancelar el embargo trabado y devolver el cheque que fue expedido a mi favor. Es escandalosamente falsa y contraria a las constancias contenidas en el procedimiento de amparo que nos ocupa, la manifestación por parte del Juez Federal al sostener que son inexistentes los actos reclamados señalados con los números 2 dos y 3 tres del escrito de mi demanda de amparo, cuando es evidente que sí existió la inminencia de la arbitraria cancelación del embargo y la ilegal entrega del cheque que, me pertenece en beneficio del patrón municipio de Santa María del Río, proceder anticonstitucional de la Autoridad Responsable que anuncié justo a tiempo, pues de haberlo hecho una vez ocurridos estaríamos en presencia de actos consumados. De manera obscura e incongruente, el Juez Federal al argumentar en su sentencia aquí recurrida que no son ciertos los actos reclamados dice: 'Lo anterior, pues aun y cuando al rendir su informe justificado, manifestó que son ciertos todos los actos impugnados en esta instancia, tal afirmación está contradicha con las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del expediente laboral 704/2009, de las cuales se advierte que mediante proveído de cinco de abril de dos mil diecisiete...' y procede a trascribir el contenido del auto referido de fecha 5 cinco de abril del año 2017 dos mil diecisiete dictado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Esa afirmación del Juez Federal es obscura porque no explica el por qué el auto dictado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el 5 cinco de abril del año 2017 dos mil diecisiete contradice la confesión de que todos los actos reclamados son ciertos, pues la realidad es que, por el contrario, ese auto confirma lo expuesto por el quejoso en la demanda de amparo respecto de la inminente y arbitraria decisión de cancelar el embargo y regresar el cheque que me pertenece al municipio patronal. [.] TERCERO. Me causa agravio la sentencia recurrida porque de manera francamente equivocada el Juez de Distrito determina sobreseer el amparo al considerar que ha existido un cambio de situación jurídica a partir de haberse dictado el auto de fecha 5 cinco de abril del año 2017 dos mil diecisiete por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje dentro del procedimiento de donde derivan los actos reclamados. Así es, el Juez Federal se desenfoca y pierde de vista que el acto reclamado ha subsistido desde antes de la presentación de la demanda de amparo y hasta el día de hoy en condiciones idénticas, actualizándose de momento a momento, ya que consiste en la retención arbitraria e injustificada del cheque de caja que le pertenece al aquí quejoso, siendo falso que haya ocurrido un cambio de situación jurídica, pues más bien el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje confirmó su deleznable proceder y materializó el acto inminente que anunció al aquí recurrente de manera verbal, es decir, cumplió su amenaza de emitir ese acuerdo ilegal, pero no ha Iogrado ejecutarlo por la suspensión otorgada por el A quo, existiendo todavía -por esa causa- la materia de la litis constitucional y siendo perfectamente posible restituirme en las garantías y derechos humanos que me han sido vulnerados. Siendo el acto reclamado de tracto sucesivo al implicar una retención de los salarios que me corresponden y demás prestaciones laborales que se pusieron a mi disposición mediante un cheque de caja nominativo, el proceder del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje ha sido el mismo desde que presenté mi demanda de amparo, pues el subsecuente auto de fecha 5 cinco de abril del año 2017 dos mil diecisiete simple y llanamente pretende reforzar el acto reclamado pero de ninguna manera cambia la situación jurídica; incluso la citada Autoridad Responsable pudiera dictar más acuerdos en el mismo sentido pero ello claramente no cambiaría la situación jurídica. Es una determinación equivocada la emitida por el Juez de Distrito al afirmar que al haberse dictado el auto de fecha 5 cinco de abril del año 2017 dos mil diecisiete por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje éste debe prevalecer y debe regular "la nueva situación jurídica" del procedimiento, conclusión del A quo que es incorrecta porque ese auto simple y llanamente reitera la negativa de poner a disposición del trabajador los salarios y prestaciones que le son adeudadas desde hace más de cinco años. [.]". 6. En sesión de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, el Pleno del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, confirmó el sobreseimiento del juicio de amparo. Documentales a la cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 , 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. En ese contexto, las referidas documentales son suficientes para concluir que desde el seis de julio de dos mil diecisiete, fecha en la que se le notificó la sentencia en la que se le transcribió el contenido, el quejoso tuvo pleno conocimiento de los efectos que pretende combatir al señalar ahora como acto aquí reclamado la ejecución del citado acuerdo, al consistir ésta en la cancelación del embargo que refiere y la devolución del cheque nominativo de caja 49015, expedido el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, en favor del aquí quejoso. Además dicho conocimiento se corrobora con las manifestaciones que éste realizó al recurrir la sentencia aludida, en el que formuló agravios en los que hizo alusión a dicha determinación, precisando que en ésta había sido transcrito el acuerdo multicitado. No pasa inadvertido para el suscrito que la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifieste que el acuerdo reclamado se le notificó el hasta el quince de enero de dos mil dieciocho, toda vez que como se precisó en este acuerdo, de las documentales públicas previamente valoradas se advierte que la fecha de conocimiento de dicho acto es el seis de julio de dos mil diecisiete. Ilustra lo anterior la jurisprudencia P./J. 115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Por consiguiente, si tuvo conocimiento del citado acto reclamado desde el seis de julio de dos mil diecisiete, ergo, el plazo de quince días que prevé la ley para promover el amparo en su contra comenzó a computarse el día siguiente, que lo es el siete de julio siguiente, por lo tanto, dicho término transcurrió del siete de julio al once de agosto de dos mil diecisiete, sin tomar en consideración los días inhábiles, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el oficio 2321/2017, signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, el cual se ordena agregar en copia autorizada, y como hecho notorio que el siete de agosto de dos mil diecisiete, diversas autoridades del Estado de San Luis Potosí, incluido el referido Tribunal, no laboraron por festejarse el día del burócrata. Por tanto, si la parte quejosa presentó su escrito de demanda el veintitrés de enero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, según sello fechador que aparece a foja dos de autos; es claro que transcurrió el plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la ley de la materia vigente, lo que genera que el acto que reclama sea un acto consentido tácitamente. Consecuentemente, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIV y XXIII, ésta última en relación con el 107, fracción IV, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, por los motivos expuestos con antelación, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Las anteriores conclusiones no implican vulnerar derechos humanos consagrados en tratados internacionales, siendo ilustrativa al respecto la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Materia Constitucional, registro 2004217, página 1641, del tenor siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo.". Así como la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002537, página 2066, del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia.". Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Igualmente, póngase en conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Casillas Ramírez, con cédula profesional 3008217, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la ley de la materia, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese; y personalmente al promovente. Lo proveyó y firma el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"RAZÓN. En veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario del Juzgado da cuenta al Juez, con la demanda de amparo registrada con el número de correspondencia interna 1103. Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo que promueve Fernando José Barrera Guillén, contra la omisión y actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el progresivo 66/2018-VI, y fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En el caso, el análisis integral de tal escrito pone de manifiesto que lo que se reclama de la autoridad responsable es: a) La omisión de acordar el escrito presentado el diecisiete de enero del año en curso, a través del cual interpone recurso de revisión en contra del auto de cinco de abril de dos mil diecisiete, dentro del juicio laboral 704/2009, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí; b) Y como consecuencia de lo anterior, la ejecución del auto de cinco de abril de dos mil diecisiete, dictado en el juicio referido, consistente en: b.1 La cancelación del embargo que garantiza el pago de diversas prestaciones de carácter laboral reconocidas en laudo firme en favor del aquí quejoso, trabado sobre la cuenta bancaria 0426653877, de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, cuyo titular es el Municipio de Santa María del Río, San Luis Potosí. b.2 La devolución a la institución bancaria Banco Mercantil del Norte Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, el cheque nominativo de caja 49015, expedido el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, en favor del aquí quejoso. Lo que se corrobora con la transcripción del citado auto de cinco de abril de dos mil diecisiete, que se realiza en folios siguientes, así como con lo manifestado por el propio quejoso en el hecho número 13 de su demanda, en el que señala que ante el proceder omiso de la autoridad responsable de acordar el recurso de revisión interpuesto en contra del proveído referido, acude ante este Juzgado de Distrito con el fin de que se le conceda el amparo y protección de la Justicia Federal, y "mientras tanto, con el fin de no perder la materia del juicio de amparo, se ordene la suspensión de la ejecución del auto recurrido de fecha 5 cinco de abril del año 2018 dos mil dieciocho". Ahora bien, respecto de la omisión precisada en el inciso a), se considera que se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior [.]". Lo anterior se afirma así, por las razones siguientes: En primer término, debe establecerse que del contenido del transcrito artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al promovente del juicio constitucional; entendiéndose por última resolución, aquella en la que se aprueba o reconoce, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Aquel aspecto es tratado en la Jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 27/99, correspondiente a la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Tesis P./J. 32/2001, página 31, que a continuación se transcribe: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA: La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Asentado lo anterior, se concluye que la omisión reclamada no constituye la última resolución en que se haya tenido cumplida la sentencia de mérito, puesto que por tal debe entenderse la que aprueba o reconoce, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de la sentencia, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Por tanto, si tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución, el amparo indirecto únicamente procede contra la última resolución pronunciada en dicha fase, en la que además podrán plantearse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, es incuestionable que al no revestir las características propias de ese tipo de determinaciones, e incluso teniendo en cuenta que aquella consiste en una abstención de acordar el escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, luego es claro que no se adecua al supuesto de procedencia previsto en la Ley de Amparo en la indicada fase de ejecución. De ahí que se actualiza la causa de improcedencia analizada, aun tratándose de la parte vencedora en el juicio de origen. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 75, Tomo XX, Julio de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." No pasa inadvertida para el suscrito la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." , toda vez que en el caso concreto la omisión reclamada no se sitúa en la hipótesis contenida en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es decir, no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Es así, porque la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, retomando los argumentos atinentes a casos en que puedan verse afectados derechos sustantivos, destacó que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8°, 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo, como lo es por ejemplo, la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o la falta de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8° Constitucional. En tanto que, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Concluyendo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, a menos que el Juez de amparo, advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción. De lo cual se deduce que en el presente caso la omisión reclamada por el momento no tiene sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, que objetivamente analizado amerite sujetarlo al control constitucional, salvo que se presente el supuesto de "abierta dilación del procedimiento o paralización del mismo" a que se refiere la jurisprudencia de mérito, lo cual no acontece en el caso. Es así pues, el artículo 168, ubicado en el Capítulo IV, denominado "De las normas procesales en materia de notificaciones, actuaciones y términos", de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, dispone: "Articulo 168. Cuando algún acto procesal o el ejercicio de algún derecho no tengan señalado término, éste será de tres días hábiles". Del dispositivo legal transcrito se advierte que cuando algún acto procesal no tenga fijado un término específico, éste será de tres días hábiles. Luego, en virtud de que el ordenamiento legal referido, no dispone términos específicos para que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, dicte el acuerdo que debe recaer a una promoción, ni para que éste se notifique al promovente, entonces es aplicable lo previsto en el numeral 168 de tal ordenamiento, por lo que el término que debe transcurrir para que ocurra cada actuación es el de tres días hábiles; plazos que sumados arrojan un término de seis días hábiles para que la autoridad emita un acuerdo y lo notifique a su promovente. Sobre tales bases, teniendo en cuenta que el escrito cuya omisión de acordar reclama fue presentado ante la autoridad responsable el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, y el veintitrés del mismo mes y año promovió la demanda de amparo que nos ocupa, en cuyo caso sólo habían mediado tres días hábiles, es evidente que no habían transcurrido los plazos referidos para el dictado del acuerdo y su notificación respectiva, de ahí que no exista una abierta dilación o paralización total del procedimiento de ejecución de laudo, que es la excepción de la regla para hacer procedente el juicio constitucional. De ahí la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, toda vez que la posible afectación que pudiera ocasionarse puede ser subsanada si la autoridad responsable emite el acuerdo relativo, el cual incluso puede resultar favorable a los intereses del demandante de la tutela federal, haciendo que la violación de la que ahora se duele desapareciera de la realidad, sin dejar huella en su esfera jurídica. Razón por la cual, no puede establecerse que afecte en forma inmediata derechos sustantivos de la parte que instauró el juicio constitucional. Cobra puntual apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el número 2a./J. 48/2016 (10a.), en la página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Asimismo, adquiere aplicación la Jurisprudencia número P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo: 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubro y texto son: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Además, la ejecución del acuerdo de cinco de julio de dos mil diecisiete, no deriva de la omisión reclamada (de proveer respecto del recurso de revisión interpuesto en contra de éste), ya que por un lado el recurso de revisión previsto en los artículos 198, 199, 200 y 201, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, no suspende la ejecución del acto que se recurre, y por otro lado, dicha ejecución no deriva de la omisión referida, sino del multicitado acuerdo. Sin que aquella (ejecución) se reclame por vicios propios, sino que -como ya quedó de manifiesto- se reclama porque ante el proceder omiso de la autoridad responsable de acordar el recurso de revisión interpuesto en contra del proveído referido, acude ante este Juzgado de Distrito con el fin de que se le conceda el amparo y protección de la Justicia Federal, y "mientras tanto, con el fin de no perder la materia del juicio de amparo, se ordene la suspensión de la ejecución del auto recurrido de fecha 5 cinco de abril del año 2018 dos mil dieciocho". En consecuencia, como el acto reclamado no es la última resolución en etapa de ejecución de laudo, ni afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Por otra parte, el suscrito advierte que respecto del acto reclamado precisado en el inciso b), y sus consecuencias, adicionalmente se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Para el análisis de dicha causa de improcedencia, es necesario transcribir los artículos citados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De una interpretación armónica de los dispositivos legales anteriormente transcritos, se desprende que el plazo para la promoción del juicio de amparo es de quince días contados a partir del día siguiente: a) A aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; y, b) A aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Del numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se advierte que si no se presenta la demanda de amparo dentro de los plazos previstos por el artículo 17 de la ley de la materia, el acto reclamado se entenderá consentido. Sentado lo anterior, debe decirse que del análisis del juicio de amparo 389/2017, del índice de éste órgano jurisdiccional; el cual se tiene a la vista como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: 1. El citado juicio de amparo fue promovido igualmente por Fernando José Barrera Guillén, quien demandó la protección de la Justicia de la Unión, respecto de la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí y otra autoridad, por los siguientes actos reclamados: "IV. ACTO RECLAMADO. 1. La RETENCIÓN injustificada y arbitraria por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del cheque de caja número 49015 de fecha 16 dieciséis de marzo del año 2017 dos mil diecisiete, de la cuenta bancaria número 0426653877, expedido en favor del suscrito quejoso por la institución bancaria Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, correspondiente al pago de diversas prestaciones laborales que son adeudadas por el Municipio de Santa María del Río, Estado de San Luis Potos, dentro del expediente número 704/2009 mesa 4, proceder de la Autoridad Responsable que carece de fundamentación y motivación ya que no existe disposición alguna en la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Púbicas del Estado que disponga, faculte o legitime la retención de las cantidades que le son debidas a los trabajadores, en franco prejuicio del derecho objetivo de subsistencia que a cualquier ser humano le asiste, siendo violadas de manera flagrante las garantías que me otorgan los artículos 8 octavo, 14 catorce, 16 dieciséis, 17 diecisiete y 123 ciento veintitrés de la Constitución, Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los derechos humanos que me son reconocidos por la propia Constitución Federal y los Tratados Internacionales en los que México es parte. 2. La inminente y arbitraria cancelación del embargo que garantiza el pago de diversas prestaciones de carácter laboral reconocidas en laudo firmé en favor del suscrito quejoso y que fue trabado sobre la cuenta bancaria número 0426653877 de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, cuyo titular es el Municipio de Santa María del Río, Estado de San Luis Potosí, gravamen que fue trabado dentro del expediente número 704/2009 mesa 4, proceder de esa autoridad que carece de fundamentación y motivación ya que no, existe causa de hecho ni precepto de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Púbicas del Estado que disponga, faculte o legitime la referida supresión, vulnerando atacando de manera franca Ia subsistencia del trabajador aquí recurrente, siendo violadas las garantías que me otorgan los artículos 8 octavo, 14 catorce, 16 dieciséis, 17 diecisiete y 123 ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los derechos humanos que me son reconocidos por la propia Constitución Federal y los tratados internacionales en los que México es parte. 3. La destrucción, anulación o cancelación por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y/o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores del cheque nominativo de caja número 49015 que me pertenece y es parte de mi patrimonio, expedido el 16 dieciséis de marzo del año 2017 dos mil diecisiete, de la cuenta bancaria número 0426653877, en favor del suscrito quejoso por la institución bancaria Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, correspondiente al pago de diversas prestaciones laborales que son adeudadas por el Municipio de Santa María del Río, Estado de San Luis Potosí, dentro del expediente número 704/2009 mesa 4.". 2. Mediante acuerdo de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, notificado por medio de lista el veintiocho de abril siguiente, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en el cual manifestó: "[.] Asimismo esta Autoridad responsable emitió acuerdo de fecha 05 de Abril de 2017 en el cual se tiene al Procurador Fiscal por informando respecto de las diversas cuentas embargadas, las cuales pertenecen a participaciones de carácter Federal y estatal clasificadas como inembargables, y como consecuencia de ello esta Autoridad responsable ordena poner a disposición del titular de dichas cuentas el saldo que refleja la misma, así como hacer la devolución del cheque de caja número 49015 a nombre del quejoso [.]". 3. El treinta de junio de dos mil diecisiete, se dictó sentencia, cuyas consideraciones son del tenor siguiente: "[.] Ahora bien, para mejor comprensión de las razones por las cuales se actualizan las hipótesis normativas que anteceden respecto de tales actos, es conveniente citar los siguientes antecedentes: [.] 4. Mediante determinación de cinco de abril de dos mil diecisiete, se acordó en lo que interesa: ´San Luis Potosí, S.L.P., a 05 de Abril de 2017 dos mil diecisiete. Agréguese a los autos del expediente Laboral número 704/2009/M-4. un oficio número SF/PF/426/2017, signado por el C. MARCOS EFRÉN GUTIÉRREZ NAVARRO, en su carácter de PROCURADOR FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS y un oficio número ASE-AEL-1162/2017, suscrito por el C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO, en su carácter de AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO, los tres recibidos el día 04 de los corrientes. Vistos los de cuenta. En cuanto al oficio suscrito por el Procurador Fiscal, se le tiene por informando lo siguiente: "Que acorde a los registros con que cuenta la Dirección de Caja General de la Dirección General de Egresos de la Secretaría de Finanzas, la cuenta bancaria 01604615301 no se tiene registrada en nuestro sistema y la cuenta 0426653877 es inembargable ya que deviene de participaciones federales y estatales". Asimismo, se tiene al Auditor Superior del Estado, por informando lo siguiente: "Es de decirse que las cuentas pertenecen al Municipio de Santa María del Río, S.L.P., por lo que hace a la cuenta número 01604615301, pertenece a recursos de Fondo Federal denominado (FORTALECE 2013), y en la cuenta número 0426653877 se depositan Participaciones, recursos de carácter Federal, denominados inembargables, siendo el ejercicio en su gasto condicionado a la consecución y cumplimiento de los objetivos que fueren determinados. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal". Ahora bien, la cuenta número 01604615301 de la Institución Bancaria SCOTIABANK INVERLAT, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero SCOTIABANK INVERLAT, S.A., así como la cuenta 0426653877 del Banco Mercantil del Norte S.A., Grupo Financiero Banorte se integran de recursos inembargables, los cuales son clasificados como recursos federales, siendo el ejercicio en su gasto condicionado a la consecución y cumplimiento de los objetivos que fueren determinados, conforme a lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal; en consecuencia y toda vez que se realizó la retención de las cuentas número 01604615301 de la Institución Bancaria SCOTIABANK INVERLAT S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero SCOTIABANK INVERLAT S.A., así como la cuenta 0426653877 del Banco Mercantil del Norte, S.A., Grupo Financiero Banorte, al ser consideradas INEMBARGABLES, no ha lugar a tenerlas por embargadas, en virtud de que contravienen lo dispuesto por los numerales 4°, 51, fracciones V y X, 134, 135, 136, 137, 138, 139y 140 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, 950, 951, 952, 953 y 954 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, 1°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10 y 30 de la Ley de Bienes del Estado y Municipios de San Luis Potosí, 1°, 6°, 9°, 25, 49 y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal y 1°, 2° y 20 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado, artículo 952 de la Ley Federal del Trabajo. Por las razones antes expuestas, se ordena destrabar el embargo de las cuentas número 01604615301 de la Institución Bancaria SCOTIABANK INVERLAT S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero SCOTIABANK INVERLAT S.A. y de la cuenta 0426653877 del Banco Mercantil del Norte, S.A., Grupo Financiero Banorte ambas registradas a nombre del H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P., ordenándose girar oficios tanto a la Institución Bancaria SCOTIABANK INVERLAT S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero SCOTIABANK INVERLAT S.A., así como a Banco Mercantil del Norte, S.A., Grupo Financiero Banorte, para informarle que las cuentas mencionadas son consideradas como inembargables porque devienen de participaciones federales y estatales y para que de inmediato pongan a disposición del titular de dicha cuenta el saldo que refleje la misma; y en lo referente a la cuenta 0426653877 del Banco Mercantil del Norte, S.A., Grupo Financiero Banorte, se hace la devolución del cheque de caja número 49015, de fecha 16 de Marzo de 2017, a nombre de FERNANDO JOSÉ BARRERA GUILLÉN, por la cantidad de $1'965,117.10 (un millón novecientos sesenta y cinco mil ciento diecisiete pesos 10/100 M.N.) y se les concede un término de TRES DÍAS a fin de que informen lo peticionado y una vez hecho lo anterior, remita las constancias a este Tribunal con domicilio ubicado en Francisco I Madero no 355, tercer piso, de esta Ciudad Capital, que acrediten haber destrabado dichas cuentas en cumplimiento con la petición.´ (fojas 228 a 230 del anexo de constancias) [.] Por su parte, el quejoso en su escrito de demanda, manifestó bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: ´11. Al tener conocimiento de la suma puesta a mi disposición, acudí al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para pedir que me fuera entregado el cheque de caja número 49015 a que me vengo refiriendo; y estando presente en el Tribunal me fue mostrado el referido título y efectivamente es nominativo y no negociable, expedido en mi favor y por la cantidad ya señalada, pero se me negó la entrega sin explicación alguna y se me manifestó que sería cancelada la ampliación del embargo, proceder ilegal, oficioso, arbitrario y parcial en absoluto beneficio de la parte demandada´. De lo anterior, se puede colegir que el reclamo inicial del promovente en esta instancia constitucional, deriva de que previo a la presentación de la demanda (tres de abril de dos mil diecisiete), acudió ante la autoridad responsable ordenadora a pedir la entrega material del cheque de caja 49015; sin embargo, se lo negaron, porque le dijeron que la ampliación del embargo decretada sería cancelada. No obstante, con posterioridad se emitió una determinación, en la que se ordenó destrabar el embargo de la cuenta bancaria 0426653877, así como la devolución del cheque de caja 49015. Por lo anterior, quien esto resuelve considera que a virtud del dictado de la subsecuente y mencionada determinación de cinco de abril de dos mil diecisiete, en la que con base en diversos argumentos y documentos recibidos un día antes, se determinó expresamente que los recursos contenidos en la cuenta bancaria 0426653877 del Banco Mercantil del Norte, S.A., Grupo Financiero Banorte, y de la cual deriva el cheque de caja antes mencionado, eran inembargables, así como que por ello, lo procedente era ordenar destrabar el embargo de dicho numerario, dejar a disposición del titular de la misma el saldo contenido, y la devolución del citado cheque de caja 49015, por consiguiente las eventuales violaciones que pudieron haber surgido a raíz de la negativa verbal de la autoridad de devolver el aludido cheque y, por ende, su alegada retención, han quedado consumadas irreparablemente. Es decir, la situación jurídica de la cuenta bancaria y cheque de caja, ya no obedece a la negativa que invocó el quejoso en la demanda de amparo, y en su momento emitió verbalmente la autoridad responsable ordenadora, sino que actualmente se rige por la citada resolución de cinco de abril de dos mil diecisiete. De lo que resulta, que este órgano Federal se encuentra legalmente imposibilitado para hacer un pronunciamiento con respecto a las violaciones alegadas por el amparista, pues no podría concederse la protección Federal solicitada (verbigracia, para ordenar la entrega del cheque al quejoso, con el fin de superar la retención verbal atribuida a la autoridad responsable, y detener o evitar su cancelación inminente), sin afectar la nueva situación jurídica creada por el subsecuente auto (frente a la fecha de promoción del presente amparo) de cinco de abril del año en curso, que impera en el expediente del que derivan los actos tildados de inconstitucionales, la cual debe subsistir en tanto dicho proveído no sea impugnado a través de los medios de defensa correspondientes y merced a estos sea modificado, revocado o nulificado; de no ser así, como acontece en el presente caso, se encuentra surtiendo plenos efectos legales. [.]". 4. Sentencia que se ordenó notificar personalmente al aquí quejoso. En el citatorio y razón levantados el tres de julio de dos mil diecisiete, el actuario adscrito a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, asentó que al constituirse en el domicilio proporcionado por el quejoso Fernando José Barrera Guillén, para oír y recibir notificaciones personales, y cerciorarse de ser el correcto, fue atendido por quien dijo llamarse "Yolanda Solores Ávila" quien dijo ser "recepcionista del despacho", a quien le hizo saber el motivo de su presencia, contestándole que el buscado no se encontraba en ese momento pero que ahí podía ser notificado. Por lo anterior, dejó en poder de la persona que lo atendió, copia autorizada de la sentencia terminada de engrosar el treinta de junio de dos mil diecisiete, y citó a dicha parte a fin de que acudiera al órgano jurisdiccional, en el entendido que de no acudir dentro de los dos días hábiles siguientes, se le notificaría por medio de lista. Sin embargo, como el amparista no compareció personalmente a notificarse, el seis del mes y año referidos, en conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se levantó razón actuarial en ese sentido, y se le notificó por medio de lista el referido proveído. Dicha notificación está surtiendo plenos efectos legales, al no haber sido declarada su nulidad. 5. Por escrito recibido el veintiuno de julio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, el quejoso Fernando José Barrera Guillen, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia referida, y formuló diversos agravios, que a la letra dicen: "[.] En segundo término, no solamente son existentes los actos reclamados por la simple confesión expresa de ellos por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, sino que también se puede advertir de las constancias anexadas por la referida Autoridad Responsable a su informe justificado, en las que consta el auto de fecha 5 cinco de abril del año 2017 dos mil diecisiete que ordena cancelar el embargo trabado y devolver el cheque que fue expedido a mi favor. Es escandalosamente falsa y contraria a las constancias contenidas en el procedimiento de amparo que nos ocupa, la manifestación por parte del Juez Federal al sostener que son inexistentes los actos reclamados señalados con los números 2 dos y 3 tres del escrito de mi demanda de amparo, cuando es evidente que sí existió la inminencia de la arbitraria cancelación del embargo y la ilegal entrega del cheque que, me pertenece en beneficio del patrón municipio de Santa María del Río, proceder anticonstitucional de la Autoridad Responsable que anuncié justo a tiempo, pues de haberlo hecho una vez ocurridos estaríamos en presencia de actos consumados. De manera obscura e incongruente, el Juez Federal al argumentar en su sentencia aquí recurrida que no son ciertos los actos reclamados dice: 'Lo anterior, pues aun y cuando al rendir su informe justificado, manifestó que son ciertos todos los actos impugnados en esta instancia, tal afirmación está contradicha con las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del expediente laboral 704/2009, de las cuales se advierte que mediante proveído de cinco de abril de dos mil diecisiete...' y procede a trascribir el contenido del auto referido de fecha 5 cinco de abril del año 2017 dos mil diecisiete dictado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Esa afirmación del Juez Federal es obscura porque no explica el por qué el auto dictado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el 5 cinco de abril del año 2017 dos mil diecisiete contradice la confesión de que todos los actos reclamados son ciertos, pues la realidad es que, por el contrario, ese auto confirma lo expuesto por el quejoso en la demanda de amparo respecto de la inminente y arbitraria decisión de cancelar el embargo y regresar el cheque que me pertenece al municipio patronal. [.] TERCERO. Me causa agravio la sentencia recurrida porque de manera francamente equivocada el Juez de Distrito determina sobreseer el amparo al considerar que ha existido un cambio de situación jurídica a partir de haberse dictado el auto de fecha 5 cinco de abril del año 2017 dos mil diecisiete por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje dentro del procedimiento de donde derivan los actos reclamados. Así es, el Juez Federal se desenfoca y pierde de vista que el acto reclamado ha subsistido desde antes de la presentación de la demanda de amparo y hasta el día de hoy en condiciones idénticas, actualizándose de momento a momento, ya que consiste en la retención arbitraria e injustificada del cheque de caja que le pertenece al aquí quejoso, siendo falso que haya ocurrido un cambio de situación jurídica, pues más bien el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje confirmó su deleznable proceder y materializó el acto inminente que anunció al aquí recurrente de manera verbal, es decir, cumplió su amenaza de emitir ese acuerdo ilegal, pero no ha Iogrado ejecutarlo por la suspensión otorgada por el A quo, existiendo todavía -por esa causa- la materia de la litis constitucional y siendo perfectamente posible restituirme en las garantías y derechos humanos que me han sido vulnerados. Siendo el acto reclamado de tracto sucesivo al implicar una retención de los salarios que me corresponden y demás prestaciones laborales que se pusieron a mi disposición mediante un cheque de caja nominativo, el proceder del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje ha sido el mismo desde que presenté mi demanda de amparo, pues el subsecuente auto de fecha 5 cinco de abril del año 2017 dos mil diecisiete simple y llanamente pretende reforzar el acto reclamado pero de ninguna manera cambia la situación jurídica; incluso la citada Autoridad Responsable pudiera dictar más acuerdos en el mismo sentido pero ello claramente no cambiaría la situación jurídica. Es una determinación equivocada la emitida por el Juez de Distrito al afirmar que al haberse dictado el auto de fecha 5 cinco de abril del año 2017 dos mil diecisiete por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje éste debe prevalecer y debe regular "la nueva situación jurídica" del procedimiento, conclusión del A quo que es incorrecta porque ese auto simple y llanamente reitera la negativa de poner a disposición del trabajador los salarios y prestaciones que le son adeudadas desde hace más de cinco años. [.]". 6. En sesión de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, el Pleno del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, confirmó el sobreseimiento del juicio de amparo. Documentales a la cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 , 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. En ese contexto, las referidas documentales son suficientes para concluir que desde el seis de julio de dos mil diecisiete, fecha en la que se le notificó la sentencia en la que se le transcribió el contenido, el quejoso tuvo pleno conocimiento de los efectos que pretende combatir al señalar ahora como acto aquí reclamado la ejecución del citado acuerdo, al consistir ésta en la cancelación del embargo que refiere y la devolución del cheque nominativo de caja 49015, expedido el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, en favor del aquí quejoso. Además dicho conocimiento se corrobora con las manifestaciones que éste realizó al recurrir la sentencia aludida, en el que formuló agravios en los que hizo alusión a dicha determinación, precisando que en ésta había sido transcrito el acuerdo multicitado. No pasa inadvertido para el suscrito que la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifieste que el acuerdo reclamado se le notificó el hasta el quince de enero de dos mil dieciocho, toda vez que como se precisó en este acuerdo, de las documentales públicas previamente valoradas se advierte que la fecha de conocimiento de dicho acto es el seis de julio de dos mil diecisiete. Ilustra lo anterior la jurisprudencia P./J. 115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Por consiguiente, si tuvo conocimiento del citado acto reclamado desde el seis de julio de dos mil diecisiete, ergo, el plazo de quince días que prevé la ley para promover el amparo en su contra comenzó a computarse el día siguiente, que lo es el siete de julio siguiente, por lo tanto, dicho término transcurrió del siete de julio al once de agosto de dos mil diecisiete, sin tomar en consideración los días inhábiles, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el oficio 2321/2017, signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, el cual se ordena agregar en copia autorizada, y como hecho notorio que el siete de agosto de dos mil diecisiete, diversas autoridades del Estado de San Luis Potosí, incluido el referido Tribunal, no laboraron por festejarse el día del burócrata. Por tanto, si la parte quejosa presentó su escrito de demanda el veintitrés de enero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, según sello fechador que aparece a foja dos de autos; es claro que transcurrió el plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la ley de la materia vigente, lo que genera que el acto que reclama sea un acto consentido tácitamente. Consecuentemente, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIV y XXIII, ésta última en relación con el 107, fracción IV, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, por los motivos expuestos con antelación, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Las anteriores conclusiones no implican vulnerar derechos humanos consagrados en tratados internacionales, siendo ilustrativa al respecto la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Materia Constitucional, registro 2004217, página 1641, del tenor siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo.". Así como la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002537, página 2066, del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia.". Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Igualmente, póngase en conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Casillas Ramírez, con cédula profesional 3008217, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la ley de la materia, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese; y personalmente al promovente. Lo proveyó y firma el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe. "

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