Fernando José Barrera Guillén

Expediente 1255/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1255/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
17/12/2018

Partes del expediente

  • Fernando José Barrera Guillén

Actuaciones

  1. Principal

    SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO POR EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO CONCLUIDO, SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN UNA VEZ QUE HAYAN TRANCURRIDO CINCO AÑOS; SIN QUE OBREN DOCUMENTOS QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS DEBAN SER DEVUELTOS NI SEA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  2. Principal

    Razón: En cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario del Juzgado, da cuenta al Juez, con la demanda de amparo registrada con el(los) número(s) de correspondencia interna 18641. Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por Fernando José Barrera Guillen, contra la omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, que estima violatoria en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 8°, 17 y 123 Constitucionales; fórmese el expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número progresivo 1255/2018-IV. En consecuencia, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En el caso, el análisis integral de tal escrito pone de manifiesto que el acto reclamado se hace consistir en la omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dictar la resolución correspondiente al recurso de revisión interpuesto en contra del auto de treinta y uno de julio del año en curso, emitido en el juicio laboral 704/2009-4, y notificarla a las partes; proveído recurrido a través del cual se negó la ampliación del embargo solicitado en la etapa de ejecución de laudo. Medio de defensa que de conformidad con las manifestaciones formuladas bajo protesta de decir verdad por el inconforme, se admitió a trámite por auto de nueve de noviembre del año que transcurre, y fue notificado a la parte demandada el doce del mismo mes y año. Precisado de anterior, se considera que respecto del acto reclamado se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior [.]". Lo anterior se afirma así, por las razones siguientes: En primer término, debe establecerse que del contenido del transcrito artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al promovente del juicio constitucional; entendiéndose por última resolución, aquella en la que se aprueba o reconoce, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Aquel aspecto es tratado en la Jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 27/99, correspondiente a la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Tesis P./J. 32/2001, página 31, que a continuación se transcribe: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA: La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Asentado lo anterior, se concluye que la omisión reclamada, aun de superarse y dar origen al pronunciamiento correspondiente (dictar resolución correspondiente al recurso de revisión interpuesto contra el auto de fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho y notificarlo a las partes), sólo implica que se provea sobre la posibilidad de ampliar el embargo decretado en el juicio de origen, pero sin constituir la última resolución en dicha fase de ejecución, puesto que por tal debe entenderse la que aprueba o reconoce, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de la sentencia, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Por tanto, si tratándose de actos dictados en ejecución de laudo, el amparo indirecto únicamente procede contra la última resolución pronunciada en la fase de ejecución, en la que además podrán plantearse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, es incuestionable que al no revestir las características propias de ese tipo de determinaciones, e incluso teniendo en cuenta que aquella consiste en una abstención de resolver recurso de revisión interpuesto por el aquí quejoso en contra del auto de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, luego es claro que sólo estaría en su caso, dictando una resolución en el juicio de origen, por lo que se trataría de una providencia intermedia en la indicada fase de ejecución, de ahí que se actualiza la causal de improcedencia analizada, aun tratándose de la parte vencedora en el juicio de origen. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 75, Tomo XX, Julio de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." Debiendo destacarse que lo establecido en el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, tiene su justificación en el hecho de que, siendo el procedimiento de ejecución de los fallos una cuestión de orden público, debe limitarse la promoción del amparo, procediendo únicamente en los casos en que ya se haya dictado la última resolución en la etapa de ejecución de sentencia (en la especie del laudo aludido), pudiéndose reclamar hasta entonces las probables infracciones que se hubieran cometido en esa etapa, pues dicha disposición busca armonizar los principios de celeridad, concentración y economía procesal, que también rigen en la etapa de ejecución de los juicios, a efecto de evitar la promoción reiterada e innumerable de juicios de amparo que pudieran tener como finalidad, únicamente, retardar o entorpecer la ejecución de la sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sostenida en la Novena Época, por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 1262, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Procede el desechamiento de la demanda de amparo cuando se reclama el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda, pues sólo podrá promoverse el juicio de garantías contra la resolución definitiva en que se apruebe o se desapruebe aquél, contra la cual será procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, como pudiera ser el citado señalamiento de audiencia". Sin que se esté en el supuesto de excepción derivado de la Jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Ello, en virtud de que la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, retomando los argumentos atinentes a casos en que puedan verse afectados derechos sustantivos, destacó que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8°, 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo, como lo es por ejemplo, la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o la falta de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8° Constitucional. En tanto que, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Concluyendo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, a menos que el Juez de amparo, advierta del contenido de la demanda que existe una "abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo", pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción. Lo cual no acontece en el caso. Se afirma lo anterior, pues al respecto debe tenerse presente lo dispuesto por los artículos 200 y 201 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 200.- La revisión se interpondrá por escrito dentro de los cinco días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugna." "Artículo 201.- Se observarán las normas siguientes al substanciarse la revisión; I.- Con el escrito de solicitud se ofrecerán las pruebas respectivas; II.- Con el escrito se dará vista por el término de tres días a la contra parte para que manifieste su defensa y ofrezca las pruebas conducentes; y III. Transcurrido el término que señala la fracción anterior, el Tribunal contará con tres días hábiles para resolver el recurso. Si se declara procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en el sentido que legalmente corresponda." De conformidad con los dispositivos legales transcritos, el recurso de revisión se interpondrá por escrito dentro de los cinco días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugna. Con dicho escrito se ofrecerán las pruebas respectivas, y se dará vista por el término de tres días a la contra parte para que manifieste su defensa y ofrezca las pruebas conducentes. Transcurrido el aludido término, el Tribunal contará con tres días hábiles para emitir la resolución respectiva. En ese tenor, tomando en consideración que el quejoso aduce bajo protesta de decir verdad, que el doce de noviembre de dos mil dieciocho, se notificó a la parte demandada y se le corrió traslado con el recurso de revisión que hizo valer, el término de tres días para que manifieste su defensa y ofrezca las pruebas que estime pertinentes, trascurrió del trece al quince de noviembre del presente año, por tanto, el término de tres días con que contó la autoridad responsable para emitir la resolución respectiva, transcurrió del dieciséis al veintiuno de noviembre de la presente anualidad, asimismo, de conformidad con el artículo 154 del mismo cuerpo normativo , dicha resolución se debió haber notificado a las partes el día veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, de donde se advierte que a la data de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa (tres de diciembre del presente año) únicamente han transcurrido seis días hábiles más de los que cuentan las autoridades responsables para emitir la resolución relativa al recurso de revisión interpuesto en el juicio de origen y hacerla del conocimiento de las partes, por lo que no se está en el referido supuesto de excepción para considerar la omisión reclamada como de imposible reparación. De ahí la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, toda vez que la posible afectación que pudiera ocasionarse puede ser subsanada si la autoridad responsable emite la resolución respectiva, la cual incluso puede resultar favorable a los intereses de la demandante de la tutela federal, haciendo que la violación de la que ahora se duele desapareciera de la realidad, sin dejar huella en su esfera jurídica. Razón por la cual, tampoco puede establecerse que afecte en forma inmediata derechos sustantivos de la parte solicitante de garantías. Cobra puntual apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el número 2a./J. 48/2016 (10a.), en la página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Asimismo, adquiere aplicación la Jurisprudencia número P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo: 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubro y texto son: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Además, es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional las cargas de trabajo del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, de modo que la omisión que se pretende impugnar tiene justificación en el criterio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) antes transcrita. Criterio el anterior, que incluso fue sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Noveno Circuito al resolver el recurso de queja número 180/2017 de su índice, respecto de las cargas de trabajo con que cuenta la diversa Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. En consecuencia, como el acto reclamado no es la última resolución en etapa de ejecución laudo, ni afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, en términos del artículo 113 de la norma en mención, se desecha la demanda de amparo de que se trata. La anterior conclusión no implica vulnerar derechos humanos consagrados en tratados internacionales, siendo ilustrativa al respecto la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Materia Constitucional, registro 2004217, página 1641, del tenor siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo.". Así como la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002537, página 2066, del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia.". Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de su demanda, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Casillas Ramírez, quien cuenta con su cédula profesional número 3008217, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Asimismo, se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la ley de la materia, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Lo proveyó y firma el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe.

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