Fernando José Aguiar Sierra

Expediente 534/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
534/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
04/06/2019

Partes del expediente

  • Fernando José Aguiar Sierra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    CAUSA ESTADO EL AUTO POR EL QUE SE SOBRESEYÓ EL PRESENTE JUICIO

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos el oficio signado por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, autoridad señalada como responsable en este asunto, mediante el cual remite la constancia solicitada en proveído de tres de mayo del año en curso. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo aplicable, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "... De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado en la omisión de la autoridad responsable de pronunciarse respecto de la promoción suscrita el trece de noviembre de dos mil dieciocho, en la que solicitó se ordenara el cierre del término probatorio en el expediente de origen y se otorgara el término para ofrecer alegatos. Sin embargo como se anticipó, de la lectura de las constancias que remitió la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo aplicable, se advierte que en autos del juicio de origen el veinticinco de febrero del año en curso, se pronunció respecto de la promoción suscrita el trece de noviembre de dos mil dieciocho, se acumularon los cuadernos de pruebas, mencionando que se relacionaron y se concedió a las partes del referido juicio un término de cinco días para que presenten sus correspondientes alegatos. Determinación que fue notificada mediante Diario Oficial del Gobierno del Estado el veintiséis de abril del año en curso, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda, que lo fue el veintidós de abril del año que transcurre, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ... Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En consecuencia, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Azucena Sosa García, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    cita ... Mérida, Yucatán, trece de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos el oficio signado por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, autoridad señalada como responsable en este asunto, mediante el cual remite la constancia solicitada en proveído de tres de mayo del año en curso. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo aplicable, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "... De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado en la omisión de la autoridad responsable de pronunciarse respecto de la promoción suscrita el trece de noviembre de dos mil dieciocho, en la que solicitó se ordenara el cierre del término probatorio en el expediente de origen y se otorgara el término para ofrecer alegatos. Sin embargo como se anticipó, de la lectura de las constancias que remitió la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo aplicable, se advierte que en autos del juicio de origen el veinticinco de febrero del año en curso, se pronunció respecto de la promoción suscrita el trece de noviembre de dos mil dieciocho, se acumularon los cuadernos de pruebas, mencionando que se relacionaron y se concedió a las partes del referido juicio un término de cinco días para que presenten sus correspondientes alegatos. Determinación que fue notificada mediante Diario Oficial del Gobierno del Estado el veintiséis de abril del año en curso, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda, que lo fue el veintidós de abril del año que transcurre, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ... Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En consecuencia, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Azucena Sosa García, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, autoridad responsable, autoridad señalada como responsable en este asunto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para el uso de sus derechos si así lo estimaren pertinente. Dado lo voluminoso de las constancias que remitió la autoridad responsable con el oficio de cuenta, a fin de facilitar el manejo del presente expediente, se procede a formar el cuaderno auxiliar I. Por otra parte, de las constancias anexas al informe justificado de cuenta se advierte que la autoridad responsable no remitió las relativas al acuerdo de veinticinco de febrero del año en curso al que hace referencia ni la constancia de notificación de veintiséis de abril último; en consecuencia, a fin de que este Juzgado se encuentre en condiciones de resolver con pleno conocimiento de causa, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo y 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, para que en el término de tres días computados legalmente, remita a este Juzgado copia debidamente certificada dicha documentación. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, en relación con los diversos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Azucena Sosa García, que autoriza y da fe.

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