Fernando Iván Salmerón Juárez
Expediente 1018/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1018/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 24/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Fernando Iván Salmerón Juárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien,el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado Federal el veinticinco de enero del año en curso, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que en la resolución dictada por este Juzgado, se sobreseyó en el presente juicio de amparo, el presente expediente es susceptible de destrucción. Notifíquese.
- Principal
En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las once horas con treinta minutos del veinticinco de enero de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 1018/2020-VII-II, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la secretaria Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. El secretario encargado del despacho declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, la Secretaria da cuenta con el escrito de demanda, con los informes de suspensión de plano e informes justificados rendidos por las autoridades responsables y con las demás constancias que obran en autos. Acto seguido el secretario encargado del despacho acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales que el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en representación de dicha corporación, remitió en apoyo a su informe justificado. A lo que el secretario encargado del despacho acuerda: de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y desahogadas por su naturaleza las probanzas de referencia; con lo anterior, se cierra dicho periodo de prueba. Seguidamente, abierto el período de alegatos la secretaría no se da cuenta con alegato ministerial alguno; con lo anterior se cierra el período de alegatos. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y al encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver el presente juicio de amparo número 1018/2020-VII-II, promovido por Josué Roberto Soberanes Herrera a favor de Fernando Iván Salmerón Juárez contra actos que reclama al Fiscal General del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida y otras autoridades, por violación al artículo 22 Constitucional y 7 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; y, R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. En demanda de amparo presentada el veintiséis de octubre de dos mil veinte, ante la Secretaria de guardia de este Juzgado, posteriormente registrada ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, Josué Roberto Soberanes Herrera solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal a favor de Fernando Iván Salmerón Juárez, contra actos que reclamo al Fiscal General del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, que hizo consistir en la desaparición forzada, privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento judicial (detención), incomunicación, tortura, golpes, malos tratos, palos y azotes que se adujo sufría el directo quejoso. Segundo. Acuerdo suspensión de plano. Mediante acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veinte, se decretó de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados consistentes en la desaparición forzada, incomunicación, tortura, golpes, malos tratos, palos y azotes, incomunicación y detención atribuidos a las autoridades responsables; por lo que una vez que se realizó la localización del directo quejoso Fernando Iván Salmerón Juárez, este manifestó que sí ratificaba la demanda de amparo promovida a su favor por Josué Roberto Soberanes Herrera. Tercero. Admisión de la demanda. Por auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó dar a la representante social de la federación adscrita la intervención legal que le compete y se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados. Cuarto. Acuerdo de vista de ampliación de la demanda. Posteriormente, por acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veinte, este Juzgado advirtió la participación de una diversa autoridad responsable, siendo ésta el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pues en términos del artículo 263, fracción XIV, del Reglamento del Código de la Administración Pública, corresponde a dicha autoridad calificar el arresto que motivó la detención (acto reclamado); por tanto, se requirió al directo quejoso Fernando Iván Salmerón Juárez, por quien se emitió dicha sanción, para que en términos de los artículos 111 en relación al 17 de la Ley de Amparo, manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo por el citado Director y acto reclamado, apercibiéndola que de no hacer manifestación alguna el presente asunto se resolvería únicamente por lo que hace a los actos reclamados y autoridad precisados de manera primigenia. Quinto. Efectivo apercibimiento. El directo quejoso Fernando Iván Salmerón Juárez, no amplió su demanda de amparo respecto del acto reclamado consistente en el arresto, emitido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en el término que se le concedió de conformidad con el artículo 111, en relación con el 17 ambos de la Ley de Amparo, por lo que mediante proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto de cinco de noviembre de dos mil veinte y, en consecuencia, no se tuvo por ampliada la demanda respecto del citado acto y autoridad. Sexto. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en términos del acta que antecede, y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse actos a autoridades, cuya ejecución se realizó dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, cabe precisar que en este asunto se reclama lo siguiente: "1. La desaparición forzada por parte de las autoridades responsables del quejoso FERNANDO IVÁN SALMERÓN JUÁREZ. 2. La privación i ilegal de la libertad del quejoso fuera de procedimiento judicial de que está siendo objeto por las responsables. 3. La detención ilegal del quejoso, llevada a cabo por las responsables. 4. La total incomunicación del quejoso por las responsables. 5. Las torturas, golpes, malos tratos, palos y azotes de que el quejoso está siendo objeto por parte de las responsables. 6. La negativa de poner en libertad inmediata a mi representado." Tercero. Sobreseimiento por inexistencia de los actos reclamados consistentes en la desaparición forzada, incomunicación, tortura, golpes, malos tratos, palos, azotes, incomunicación y detención. Al rendir sus correspondientes informes justificados, el 1) Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General, 2) Encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación del Estado, y 3) Director de la Policía Municipal, todos del Estado, con sede en esta ciudad, autoridades señaladas como responsables, negaron expresamente los actos que se les atribuyen consistentes en la desaparición forzada, incomunicación, tortura, golpes, malos tratos, palos, azotes, incomunicación y detención que se adujo sufrió el directo quejoso, sin prueba en contrario. De igual forma, respecto del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, en suplencia de su titular, en su informe justificado, únicamente, negó los actos reclamados consistentes en la desaparición forzada, incomunicación, tortura, golpes, malos tratos, palos, azotes e incomunicación. Por tanto, al no haber sido desvirtuada dicha negativa por la parte quejosa respecto del mencionado acto reclamado, lo que procede es sobreseer en el juicio, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso por similitud de razón, la tesis jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Acto existente. Por lo que se refiere a la detención que se adujo sufría el directo quejoso Fernando Iván Salmerón Juárez, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en representación de esa dependencia, al rendir su informe justificado aceptó la certeza de ese acto reclamado, al manifestar que dicha detención fue con motivo de la sanción de arresto, por lo que se tiene por cierto el mismo, lo que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo a su informe con justificación, las cuales ameritan valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2º. Sirve de apoyo, el contenido de la jurisprudencia 305, de Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, Tomo VI, Materia Común, visible en la página doscientos seis, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Quinto. Actualización de causal de improcedencia. Por ser de orden público debe estudiarse si en el presente asunto se actualiza alguna causa de improcedencia, tal y como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, respecto al acto reclamado consistente en la detención que se adujo sufría el directo quejoso Fernando Iván Salmerón Juárez, que se relaciona con la sanción de arresto de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 5º, fracción II, y 108, fracción III, del mismo ordenamiento, en razón de que la referida quejosa fue omisa en señalar como acto reclamado dicho arresto y como responsable a la autoridad que lo emitió. Dicho lo anterior, es necesario tener en consideración lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, 5º, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. [.]". Los dispositivos legales transcritos, instituyen que el juicio de control constitucional es improcedente cuando en la demanda de amparo no se señale la autoridad o autoridades responsables a quienes se les atribuya el o los actos reclamados. Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que debe sobreseerse en el presente juicio de amparo en relación con el acto reclamado por el directo quejoso Fernando Iván Salmerón Juárez, consistente en la detención derivada del arresto como sanción administrativa en la cárcel pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. En efecto, de las constancias que en copias certificadas obran en autos, relativas al procedimiento administrativo que se instauró en contra del peticionario del amparo, se advierte que fue el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en términos de los artículos 263, fracción XIV, 264 y 265 del Reglamento del Código de la Administración Pública, la autoridad que ordenó la detención a propósito de la imposición de un arresto administrativo por treinta y seis horas al quejoso Fernando Iván Salmerón Juárez; sin embargo, como se dio noticia en líneas que anteceden, no obstante que este órgano jurisdiccional mediante proveído de cinco de noviembre de dos mil veinte, le dio vista al citado quejoso para que ampliara la demanda de amparo por dicha autoridad y acto reclamado, misma que se abstuvo de realizar manifestación alguna al respecto, por lo que se tuvo por precluido su derecho para hacerlo en acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Consecuentemente, tal actuación no puede ser materia de estudio al no haber sido expresamente imputada a la autoridad que realmente la emitió, por lo que no es posible analizar la constitucionalidad del acto de una autoridad, si ésta no fue llamada a juicio a defender la legalidad de su actuación. En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte que si bien es cierto, existe el arresto impuesto como sanción administrativa al directo quejoso Fernando Iván Salmerón Juárez; también lo es, que no es procedente analizar la legalidad del mismo al no haber sido señalado como autoridad responsable el funcionario que emitió esa sanción. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 93, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 73, Apéndice 2000, del tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Quinta Época, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." Así como la diversa jurisprudencia VI.2o. J/205, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 468, del tomo II, octubre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal". De igual forma, robustece a la anterior determinación, por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia VII.A.T.J/6, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 738, tomo III, correspondiente al mes de junio de 1996, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, que señala: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRÁCTICO. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal". Por todo lo que antecede, es que, con fundamento en lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5º, fracción II, y 108, fracción III, con fundamento en el artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, ha lugar a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa. Sexto. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 73 al 79 de la Ley de Amparo se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Josué Roberto Soberanes Herrera a favor de Fernando Iván Salmerón Juárez contra actos que reclama al Fiscal General del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida y otras autoridades, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
CITATORIO:_Mérida, Yucatán, quince de diciembre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso Luis Marcelo Amaya Rivero, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado Federal el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, el cual exhibe en original y cinco copias. Ahora bien, toda vez que el quejoso no exhibió copias para correr traslado a cada una de las partes con su recurso de cuenta; en consecuencia, con fundamento en el último párrafo del artículo 88 de la Ley de Amparo, requiérase al ocursante para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, exhiba ante este Juzgado Federal cuatro copias más de su escrito de expresión de agravios; toda vez que el mismo fue presentado en original y con cinco copias de traslado, cuando debió haber exhibido nueve copias del mismo para correrle traslado a las partes de este juicio; esto es, una para el expediente principal, cuatro para cada una de las autoridades responsables, tres para la parte tercero interesada y la última para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Tribunal Colegiado al que se remitirá el recurso de revisión; apercibido que de no cumplir con lo anterior se tendrá por no interpuesto el recurso de mérito, de conformidad con en el invocado ordenamiento legal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · 9,211 expedientes
- Fernando Eugenio Barbachano Herrero1573/2023
- Fernando Gabriel Rodríguez Sansores714/2018
- Fernando Galán Medina1051/2019
- Fernando Gustavo Arce Castilla668/2021
- Fernando Guztavo Arce Castilla962/2020
- Fernando Hernández Uicab2868/2022
- Fernando J. Vega López de Llergo1455/2023
- Fernando Jadiel Muñoz Rafful1742/2022
- Fernando Javier Barrera Solís697/2023
- Fernando Jefte Rosas Morales2472/2021
- Fernando Jefte Rosas Morales2518/2021
- Fernando José Aguiar Sierra534/2019