Fernando Hernández Hernández
Expediente 508/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 508/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 14/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Fernando Hernández Hernández
- Sucesión a bienes Salvador Ortega Flores, por conducto de su albacea María del Rocío Tapia Pineda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Acapulco, Guerrero; catorce de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, incisos a), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido del Acuerdo General; hágase constar lo anterior, en la caratula del presente expediente conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Vistos, los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo número 508/2020; y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Fernando Hernández Hernández, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "El auto o resolución interlocutoria de fecha siete (7) de septiembre de dos mil veinte emitida dentro del expediente número 276-3/2016 (.)". SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual se registró en el libro de gobierno respectivo con el número 508/2020; se solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó la notificación de la parte tercera interesada, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama una resolución dictada dentro de un juicio que se tramita ante una autoridad judicial que tiene su residencia en el lugar donde este juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que Fernando Hernández Hernández, como parte actora en el juicio ordinario civil 276-3/2016, reclama del Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, la resolución interlocutoria de siete de septiembre de dos mil veinte, en la que se declaró procedente el recurso de reconsideración interpuesto por la parte demandada en contra del auto de veintisiete de febrero de dos mil veinte. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, por así haberlo aceptado expresamente al rendir su informe justificado; manifestación que constituye una confesión en términos de lo dispuesto por el 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su ordinal 2º; certeza que se corrobora con las copias certificadas del juicio especial hipotecario número 276-13/2016, remitidas por la citada responsable como justificación a su informe, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202, de la legislación adjetiva en cita. CUARTO. Previo al estudio de fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; en ese sentido, con independencia de lo alegado sobre el particular por la autoridad responsable, este juzgador oficiosamente advierte que en el presente caso se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción I, ambos de la propia ley de la materia, éste último aplicado contrario sensu, en atención a las siguientes consideraciones. El argumento toral de la parte quejosa sobre la inconstitucionalidad de la resolución reclamada orbita en torno a que fue incorrecto que derivado de la interposición de la tercera excluyente de dominio que se tramita por cuerda separada, se suspendiera el procedimiento en lo principal, ya que en el auto recurrido -de veintisiete de febrero de dos mil veinte- se había señalado fecha y hora para que tuviera lugar la audiencia de pruebas y alegatos, y con motivo de ello, se reconsideró el aludido proveído para que se estuviera a lo resuelto en acuerdo de siete de febrero del año próximo pasado dictado en dicha tercería. Luego, la consecuencia de estimar fundado el motivo de disenso planteado sería constreñir a la autoridad judicial para que declarara improcedente el aludido recurso de reconsideración y se dejara subsistente el acuerdo reconsiderado; sin embargo, en el caso se advierte que no sería jurídicamente atender aquel extremo, partiendo del hecho de que esa consecuencia, es decir, la suspensión del procedimiento principal, deriva de un acuerdo distinto a la resolución sujeta a examen, de modo que de proceder en ese sentido, en realidad se atendería la legalidad de la consecuencia (acto reclamado) y no de la causa (auto de siete de febrero de dos mil veinte) que la provoca. En efecto, se arriba a tal conclusión, tomando en consideración que de la revisión de las constancias que remitió el Juez responsable, se aprecia que: 1. Que el siete de febrero de dos mil veinte, se tuvo a María del Rocio Tapia Pineda interponiendo tercería excluyente de dominio, la cual fue admitida a trámite por cuerda separada, haciéndose el señalamiento de que ello era con suspensión del procedimiento. 2. Luego si bien en atención a lo solicitado por la parte actora, el veintisiete de febrero de dos mil veinte se señaló fecha y hora para que tuviera lugar la audiencia de pruebas y alegatos, al reconsiderarse el aludido acuerdo mediante interlocutoria de siete de septiembre de dos mil veinte, se atendió a los extremos en los que se había admitido a trámite la referida tercería excluyente de dominio, la cual fue notificada a la parte actora hasta el veintinueve de septiembre siguiente. Entonces, si se parte de la base de que el juicio de garantías siempre debe tener una finalidad práctica, pues de otro modo no podría materializarse lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo; de ello se sigue que los alcances de una eventual sentencia amparadora contra la resolución reclamada al Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, carecería de sentido porque lo relatado en líneas precedentes pone de relieve el hecho de que este juzgador no se encuentra en aptitud de analizar la legalidad de la cuestión ajena a la interlocutoria de siete de septiembre de dos mil veinte, ya que el sentido de la misma se orientó en relación con lo resuelto con antelación, es decir, en el proveído de siete de febrero del año próximo pasado. Por tanto, -se insiste-, no sería jurídicamente factible otorgar la protección de la justicia federal para que la autoridad responsable dejara subsistente el auto reconsiderado como lo pretende la parte quejosa en la presente instancia constitucional, pues como se indicó, el acto reclamado resulta ser una consecuencia de una determinación anterior, por lo que resulta jurídica y materialmente imposible que la afectación de la que se duele el quejoso sea subsanable en la presente instancia constitucional, pues si bien es cierto que el aludido acuerdo emitido en la tercería excluyente de dominio no le había sido notificada, ello ya aconteció con posterioridad, de modo que se encuentra en aptitud legal de instar el medio de defensa respectivo en su contra; situación que pone de manifiesto que en la especie opera la causal de improcedencia que resulta al relacionar el artículo 77, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Federal, en su interpretación a contrario imperio, con la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el arábigo 74 del mismo ordenamiento legal se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio a su respecto. Cobra actualidad sobre el particular la jurisprudencia número P./J 90/97, emitida por el Peno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de mil novecientos noventa y siete, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E : ÚNICO.- Se sobresee el juicio de amparo número 508/2020, promovido por Fernando Hernández Hernández, contra el acto y autoridad responsable precisados en el considerando segundo, y por los motivos reseñados en el último considerandode esta resolución. Notifíquese personalmente cuando legalmente corresponda, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL
- Principal
CITATORIO.- SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, MEDIANTE LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCION DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, MISMO QUE DICE: Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E : ÚNICO.- Se sobresee el juicio de amparo número 508/2020, promovido por Fernando Hernández Hernández, contra el acto y autoridad responsable precisados en el considerando segundo, y por los motivos reseñados en el último considerandode esta resolución. Notifíquese personalmente cuando legalmente corresponda, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...
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