Fernando Hernández Álvarez

Expediente 828/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 33 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
828/2017
Año
2017
Actuaciones
33
Última actuación
13/05/2019

Partes del expediente

  • Fernando Hernández Álvarez
  • Primera Junta Local de Conciliación Y Arbitraje de Acapulco, Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; trece de mayo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, mediante el cual devuelve el juicio de amparo en que se actúa; asimismo, remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada con motivo del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia definitiva; en tal virtud, agréguense al expediente principal el cuaderno de antecedentes que se formó, oficio de cuenta y testimonio de referencia. Acúsese recibo de estilo correspondiente. Hágase saber a las partes que los puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: "PRIMERO. Se confirma sentencia recurrida de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, en el juicio de amparo 828/2017. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo 828/2017, promovido por Fernando Hernández Álvarez, en contra del acto reclamado a la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en Acapulco, Guerrero, consistente en la dilación procesal en el juicio laboral 1121/2003. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Fernando Hernández Álvarez, en contra del acto reclamado a la Junta Especial en la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Chilpancingo, Guerrero, consistente en el auto de dos de marzo de dos mil dieciocho, emitido en el juicio laboral 11/2018." En tal virtud, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo aplicado en sentido contrario, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción lV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, con excepción de la demanda de amparo y la sentencia, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; lo anterior, hágase constar lo anterior en su caratulas. Ahora, de autos se aprecia que la parte quejosa exhibió en el presente expediente diversas documentales; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General, se dejan a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlas, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Asimismo, en razón de que resulta innecesario que continúen a disposición de este juzgado las copias certificadas del expediente 1121/2003, compuesto de un tomo enviado por la Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en obvio de mayores dilaciones devuélvanse a su lugar de origen. Finalmente, a fin de evitar el volumen innecesario del presente expediente, se desglosan las constancias certificadas que se obtuvieron del expediente original para crear el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del recurso de revisión interpuesto; por lo que, únicamente agréguese su respectiva carátula así como las actuaciones posteriores que obran en original, para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; veinte de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del tribunal de alzada, a través del cual comunica que se admitió el recurso de revisión.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero, a veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito signado por el autorizado del quejoso, por el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, y expresa los agravios que en su concepto la misma le causa; por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo; agréguese a estos autos una de las copias exhibidas y distribúyanse las restantes entre las demás partes para su conocimiento; asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes, debiendo certificar las constancias más relevantes. Asimismo, requiérase a la Junta responsable con residencia en Chilpancingo, Guerrero, para que, una vez que cuente con el oficio del que derive el presente acuerdo, acuse recibo del mismo; lo anterior, a fin de que se integre debidamente el expediente en el que se actúa, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo requerido dentro del término indicado, se le aplicará una medida de apremio por la cantidad de cincuenta unidades de medida y actualización vigente en el país, en términos del artículo 237 fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo. Ahora, tomando en cuenta, que no obra el acuse de recibo del oficio 19276/2018, dirigido a la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual se le notifica la sentencia emitida en el presente juicio, en obvio de mayores dilaciones, reexpídase el citado comunicado oficial, mismo que deberá acusar recibo en términos del párrafo que antecede. Una vez que esté debidamente integrado, dentro del plazo a que se refiere el artículo 89 de la ley de la materia, remítase el expediente al Tribunal Colegiado de este Circuito que por turno y materia corresponda, así como el original del diverso de agravios y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Cuerpo Colegiado, para el efecto de que se substancie el citado recurso. Notifíquese.

  4. Principal

    VISTOS; los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo número 828/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el trece de septiembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Fernando Hernández Álvarez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE 1) Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "Falta de administración de justicia, pronta, completa, imparcial, expedita, que al respecto establece el artículo 17 en relación con el 8 constitucional". SEGUNDO. Trámite del juicio. Por proveído de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada en el libro de gobierno respectivo bajo el número 828/2017; solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe con justificación; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Sobreseimiento fuera de audiencia, recurso de revisión y reposición del procedimiento. Mediante acuerdo de diez de abril de dos mil dieciocho, se sobreseyó fuera de audiencia al considerar el acto reclamado consumado de manera irreparable, sobre la base de que la parte quejosa reclamó de la Junta responsable la inactividad procesal en que incurrió en la tramitación del juicio laboral 1121/2003; y con posterioridad quedó demostrado que la Junta Especial en la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Chilpancingo, Guerrero, aceptó la competencia que declinó a su favor la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, y por ende, se avocó al conocimiento del referido juicio laboral, ordenando continuar con el procedimiento en su etapa correspondiente. Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión que por cuestión de turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, bajo el número de Toca Laboral 94/2018, que por ejecutoria de veintiocho de junio pasado ordenó reponer el procedimiento para el efecto que ahí se precisó. CUARTO. Ampliación de la demanda. En cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, mediante auto de once de julio de dos mil dieciocho se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo señalar como nueva autoridad responsable a la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Chilpancingo, y como nuevo acto reclamado el proveído de dos de marzo de dos mil dieciocho en el cual dicha junta asumió la competencia para conocer del expediente 1121/2003; lo que fue desahogado en sentido positivo mediante escrito de diecinueve de julio siguiente. Consecuentemente, por acuerdo de veinticuatro de julio pasado se solicitó de la indicada autoridad del trabajo rindiera su informe con justificación; se notificó de lo anterior al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracciones V y VIII, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se trata de un acto omisivo suscitado dentro de un juicio laboral que se tramitaba ante una autoridad con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que puede tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación; y una resolución por la que se aceptó la competencia para seguir conociendo de dicho juicio laboral por parte de una autoridad del trabajo distinta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que Fernando Hernández Álvarez, como parte actora en el juicio laboral 1121/2003 (ahora registrado con el número de expediente 11/2018), reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: a).- De la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad: la inactividad procesal en que incurrió en la tramitación del juicio laboral 1121/2003; particularmente con motivo de su paralización total desde agosto de dos mil doce. b).- De la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Chilpancingo, Guerrero: el auto de dos de marzo de dos mil dieciocho en el cual asumió la competencia para conocer del expediente 1121/2003, que declinó a su favor la autoridad del trabajo citada en el inciso que antecede; y por tanto, se avocó al conocimiento del juicio laboral en comento, que registró con el número 11/2018, ordenando continuar con el procedimiento en su etapa correspondiente. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Precisado el acto reclamado, se procede ahora a dilucidar sobre su certeza. En ese sentido, la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, al rendir su informe con justificación por conducto de su Presidente (folio 59), negó la existencia del acto omisivo que se le atribuye, sobre la base que por oficio 9488, remitió a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, con sede en Chilpancingo, Guerrero, el juicio laboral 1121/2003, con motivo de la resolución de tres de agosto de dos mil diecisiete en la que se declaró legalmente incompetente para conocer de dicho asunto. Ahora bien, tomando en consideración que en tratándose de actos negativos es la propia autoridad quien debe demostrar con las constancias relativas que no existe el acto de autoridad que se le imputa, y en el caso, con el valor probatorio pleno que les reviste a las constancias que allegaron las autoridades laborales atinentes al juicio laboral 1121/2003, radicado posteriormente con el diverso número de expediente 11/2018, por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que mediante auto de seis de agosto de dos mil doce, la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje tuvo por recibida la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo dentro del Toca relativo al conflicto competencial entre autoridades laborales 26/2012, lo que les fue notificado a las partes los días diez, trece y veinte de agosto siguiente, sin que desde ese entonces hasta la emisión del auto de veinte de abril de dos mil diecisiete se haya actuado o justificado ese proceder. De igual modo obran diversos acuerdos y/o diligencias de cuatro y dieciocho de mayo, así como de tres de agosto de dos mil diecisiete, sin que de su contenido se advierta un impulso procesal, máxime que en el último acuerdo en cita se ordenó remitir a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, con sede en Chilpancingo, Guerrero los autos del juicio laboral con motivo de la incompetencia aducida. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada el trece de septiembre de dos mil diecisiete, es inconcuso que a la fecha de su presentación sí existía la paralización del juicio laboral, por no demostrarse actuación que objetivamente diera impulso procesal al juicio de que se trata; por ende, lo procedente es desvirtuar la negativa informada y tener por cierto el acto reclamado a la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el cual quedó precisado en el inciso a), del considerando segundo de esta resolución. Por otro lado, es cierto el acto reclamado a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, con sede en Chilpancingo, Guerrero, pues al rendir su respectivo informe con justificación (folio 237) por conducto de su Presidente, así lo manifestó expresamente; hecho que se corrobora además con las constancias remitidas como apoyo a su informe justificado cuyo valor probatorio pleno quedó señalado en líneas precedentes. CUARTO.- Análisis de causas de improcedencia. Una vez verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 en relación con el diverso 64, ambos de la Ley de Amparo. En ese sentido, oficiosamente se advierte que respecto al acto reclamado a la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, consistente en la dilación procesal por la paralización acontecida en el juicio laboral 1121/2003 desde agosto de dos mil doce; se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo, que a la letra señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable" Conforme al texto legal preinserto, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado ha quedado consumado de manera irreparable, entendiéndose por ello, la imposibilidad jurídica o material que se tiene -aun concediéndose la protección de la Justicia de la Unión- para restituir las cosas al estado que guardaban antes de que tuviera lugar la violación reclamada. Sobre el particular, resulta ilustrativa por identidad jurídica, la tesis integrada por el Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 16, del Tomo 5 Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTOS CONSUMADOS, QUE DEBE ENTENDERSE POR. La fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos consumados de modo irreparable; pero no basta que el acto se consume de manera material para que por ese sólo hecho se tenga como irreparable, ya que sólo tienen ese carácter, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, aquellos actos en que físicamente sea imposible que vuelvan las cosas al estado que guardaban antes de la violación; pero no lo son los que, en virtud del amparo, pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación." Así, en el caso, el otorgamiento de la protección de la justicia federal tendría como objetivo constreñir a la autoridad responsable para que realizara oportunamente la actuación que dejó de hacer y debía efectuar o que adopte las medidas necesarias para ello; sin embargo, se estima materializada dicha hipótesis normativa porque la inactividad procesal en que incurrió la autoridad responsable en la tramitación del juicio laboral 1121/2003; debe considerarse consumada de manera irreparable a virtud de que el conocimiento del asunto fue turnado a una autoridad distinta, esto es, a la Junta Especial en la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Chilpancingo, Guerrero, la cual aceptó la competencia que declinó a su favor la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, y se avocó al conocimiento del juicio laboral que radicó con el número 11/2018, sin observarse dilación procesal que deba ser reparada en esta instancia constitucional atribuible a dicha autoridad del trabajo con motivo de la aceptación de la competencia para conocer de aquel asunto. Por tanto, lo reseñado con antelación pone de relieve la imposibilidad de restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental infringido contenido en el artículo 17 constitucional, lo cual hace patente que el acto reclamado ha quedado consumado de manera irreparable, pues aun estimándose fundados los conceptos de violación que se esgriman, ya no se pueden retrotraer las cosas al estado que guardaban antes de que tuviera lugar la trasgresión reclamada, porque es materialmente imposible restituirle al quejoso los "agravios" ocasionados con motivo de la dilación atribuida a una autoridad que ya no seguirá conociendo del juicio. Ilustra el tema de actos consumados de modo irreparable, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificable con el número de registro 337936, foja 738, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIX, Materia Común, Quinta Época, que textualmente los define así: "ACTOS IRREPARABLEMENTE CONSUMADOS. Por tales deben entenderse para la procedencia del amparo, aquellos cuyos efectos no es posible legalmente hacer desaparecer, volviendo las cosas a su estado anterior; y si los actos de las autoridades, aun cuando consumados, producen efectos que continúan manifestándose y que no son sino el resultado de aquéllos y que pueden desaparecer por la concesión del amparo, no hay causa para sobreseer." En este punto, no escapa a la atención de quien aquí resuelve, el hecho de que en esta instancia constitucional también habrá de dilucidarse sobre la legalidad de la determinación por la que la Junta Especial en la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Chilpancingo, Guerrero aceptó la competencia planteada a su favor para conocer del juicio laboral 1121/2003, lo que de estimarse fundado, conllevaría a que se remitieran los autos a la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad. Sin embargo, atendiendo a los lineamientos establecidos en la tesis 2a. CV/2013 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, de rubro "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA Ja./J45/2007)", una vez que se resuelva sobre la constitucionalidad de dicha decisión -y no antes-, podrán hacerse extensivos los efectos del fallo protector para que la devolución de los autos a la autoridad laboral que originalmente conocía del asunto no infrinja el derecho fundamental que se reputa transgredido. Por lo anterior, es procedente concluir que en el presente asunto queda plenamente evidenciada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita, lo procedente es decretar también su sobreseimiento, por lo que ve a la autoridad y el acto de que se trata. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Como las partes no invocaron expresamente la actualización de una causal de improcedencia, ni se advierte que opere alguna otra diversa a la estudiada en el apartado que antecede, que deba ser examinada de oficio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en este apartado se analizará si procede o no conceder la protección federal solicitada respecto de la determinación por virtud de la cual la Junta Especial en la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Chilpancingo, Guerrero aceptó la competencia planteada a su favor para conocer del juicio laboral 1121/2003 (ahora registrado con el número 11/2018). En primer lugar, es importante a manera de exordio exponer una breve reseña de los antecedentes que preceden al pronunciamiento de la resolución que ahora constituye el acto de autoridad combatido, y así delimitar cuál es precisamente la conducta de autoridad objeto de este juicio, los cuales se obtienen de las copias certificadas del expediente laboral 1121/2003 (ahora registrado con el número 11/2018) allegadas al juicio de amparo que fueron valoradas en el considerando que tercero que antecede. De esa manera, en la parte que interesa, se obtiene lo siguiente: 1).- Fernando Hernández Álvarez y otros, demandaron en la vía ordinaria laboral de la Universidad Autónoma de Guerrero y del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, la declaración de nulidad de diversas cláusulas del contrato colectivo de trabajo suscrito entre los demandados, entre otras prestaciones. 2).- La referida demanda fue turnada a la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, que por auto de diecinueve de junio de dos mil tres, la radicó con el número de expediente 1121/2003, y la admitió a trámite, ordenado emplazar a los demandados, lo que así aconteció en las diligencias respectivas. 3).- Seguido que fue el juicio, en audiencia de ocho de agosto de dos mil tres, entre otras cosas, se tuvo a la demandada interponiendo incidente de incompetencia por razón de territorio, a efecto de que se remitieran los autos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Chilpancingo, Guerrero, el cual fue declarado improcedente por interlocutoria de seis de octubre siguiente, aunque en proveído de quince de agosto de dos mil quince se hizo la aclaración de que en realidad la patronal sólo había hecho manifestaciones sobre la competencia, no así interpuesto la incidencia en comento, pero que en todo caso, debía estarse a lo ahí resuelto sobre el particular, ordenando además llamar a juicio al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajares del Estado. 4).- Con motivo de dicho llamamiento a la institución de seguridad social en comento, a quien compareció en su representación en la diligencia de seis de febrero de dos mil ocho, se le tuvo interponiendo incidente de incompetencia para que fueran remitidos los autos del juicio natural a la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje; incidencia que fue declarada procedente mediante resolución de dieciocho de mayo de dos mil nueve. 5).- Mediante oficio 5292, de nueve de junio de dos mil nueve, la Presidente de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, remitió los autos a la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, la que por auto de veinticuatro de junio siguiente la radicó con el número de expediente 554/2009, y la admitió a trámite; sin embargo, en diverso auto de veintisiete de marzo de dos mil doce estimó carecer de competencia legal para seguir conociendo del asunto, por lo que remitió los autos para la substanciación del conflicto competencial relativo. 6).- Así, por cuestión de turno, correspondió conocer de dicho conflicto competencial al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de trabajo del Vigésimo Primer Circuito, el cual quedó radicado con el número de toca relativo 26/2012; en cuya ejecutoria de veintisiete de julio de dos mil doce determinó que la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje era legalmente competente para conocer de la demanda laboral instada por los actores, porque no se comprometían los intereses del organismo de seguridad social llamado a juicio. 7).- Mediante acuerdo de seis de agosto de dos mil doce, la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje tuvo por recibida la aludida ejecutoria, lo que ordenó notificar a las partes; sin que desde entonces la autoridad del trabajo haya continuado con el trámite del juicio, sino hasta la emisión del auto de veinte de abril de dos mil diecisiete, en que se requirió al quejoso que ratificara la firma del escrito que presentó el treinta y uno de marzo anterior; y luego de que ello aconteció, en diligencia de dieciocho de mayo siguiente se reservó a proveer sobre lo solicitado hasta en tanto analizara el expediente. 8).- Mediante acuerdo de tres de agosto de dos mil diecisiete, la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, fundando en lo dispuesto por los artículos 701, en relación con los diversos ordinales 353-J y 353-S de la Ley Federal del Trabajo; 123, apartado "A", fracción XX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y diversas ejecutorias que dijo, han emitido el Primer y Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de trabajo del Vigésimo Primer Circuito y el Decreto publicado -sin especificar su número o fecha de publicación- en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, ordenó remitir los autos del juicio laboral 1121/2003, a la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Chilpancingo, Guerrero, porque aquella autoridad laboral con sede en esta ciudad no se encuentra conformada en los términos previstos por el primero de los ordinales en cita, esto es, con un representante de la Universidad Autónoma de Guerrero y un representante de los trabajadores académicos o administrativos correspondientes; lo que se cumplimentó mediante oficio 9488, recibido por su destinatario el veintitrés de noviembre pasado. 9).- Por acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje tuvieron por recibidos el oficio 9488 con los autos del juicio laboral 1121/2003 como anexo; y en virtud de que de los autos advirtió únicamente la ejecutoria descrita en el punto 6), no así las ejecutorias a las que se hizo referencia en el auto de tres de agosto de dos mil diecisiete, determinó que por el momento no había lugar a aceptar la competencia, devolviese los autos mediante oficio 406, entregado a su destinatario el siete de diciembre siguiente. 10).- En atención a lo anterior, por auto de nueve de febrero del año en curso, la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje tuvo por recibido el indicado oficio 406 y al efecto aclaró que si bien obraba en autos la ejecutoria dictada en el conflicto competencia 26/2012, la misma había sido emitida con anterioridad a la emisión del decreto por el que se estableciera la Junta Especial de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Chilpancingo, con jurisdicción en todo el Estado para conocer de los conflictos laborales entre las universidades e instituciones autónomas, en cuyo segundo artículo transitorio se dispone la remisión de los asuntos que se encuentren en trámite ante cualquiera de las seis Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, salvo en los casos de que se hubiera emitido laudo ejecutoriado. Consecuentemente, citando como fundamento de su decisión la tesis aislada (IX Región)1o.2 L (10a.) integrada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, ordenó de nueva cuenta devolver los autos a la Junta Especial de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Chilpancingo, lo que cumplimentó mediante oficio 1483, entregado a su destinatario el dos de marzo de dos mil dieciocho. 11).- En atención a lo anterior, por acuerdo de dos de marzo del año en curso -lo que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional-, la Junta Especial en la Local de Conciliación y Arbitraje tuvo por recibido el aludido oficio 1483 junto con los autos del juicio laboral 1121/2003; y citando como fundamento los artículos 353-J, 353-S y 698 de la Ley Federal del Trabajo en relación con el artículo 123, apartado "A", fracción XX constitucional, se declaró legalmente competente para seguir conociendo del asunto, el cual quedó radicado con el número 11/2018; señaló fecha y hora para que tuviera lugar la audiencia trifásica en su etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas; ordenó girar exhorto para notificar de lo anterior a las partes con domicilio fuera de la ciudad de Chilpancingo y por economía procesal, a la Universidad Autónoma de Guerrero y/o Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, en el domicilio donde fueron emplazados. Luego, una vez establecidos los antecedente directos del acto reclamado, procede ahora precisar los conceptos de violación que esgrime la parte quejosa. En ese sentido, el quejoso sostiene esencialmente que no existía fundamento ni motivo para que la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje declinara su competencia para conocer del juicio laboral 1121/2003 (ahora radicado como 11/2018), en virtud de que obra en autos la ejecutoria emitida por la superioridad en la que se fincó a su favor la competencia para ello; a virtud de lo cual estaba obligada a dar cumplimiento a tal resolución. Mas aun, al momento de que fue resuelto el conflicto competencial en comento, no existía el decreto publicado el doce de octubre de dos mil doce en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, pues esto último aconteció setenta y cinco días después de la emisión de dicha ejecutoria, aunado a que en tal decreto se estableció que la Junta Especial debía quedar instalada hasta el cinco de noviembre de dos mil doce, sin que se contemplara la hipótesis que acontece en el caso, de modo que no resultaba aplicable lo estipulado por dicho decreto, porque ello equivaldría a pronunciarse en dos ocasiones sobre el mismo conflicto competencial cuando ya había sido resuelto ese tema. Aunado a lo anterior, la tesis que se invoca como sustento para fincar la competencia de la Junta Especial en la Local de Conciliación y Arbitraje no constituye jurisprudencia, aunado a que tampoco fue emitida por un tribunal que corresponda a este circuito, sino por un tribunal colegiado con residencia en la ciudad de Zacatecas. Ahora bien, a efecto de estar en aptitud de dilucidar sobre lo fundado o no de los motivos de disenso planteados por la parte quejosa, conviene tener presente el contenido de los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, que en su orden y en lo que interesa, establecen lo siguiente: "Articulo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.) "ARTÍCULO 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento (.)." Y en los que se encuentran consagradas las garantías de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe colmar, que en lo que interesa para el presente asunto, la primera de las garantías en comento se traduce en el hecho de que la autoridad responsable respete las formalidades esenciales del procedimiento, mientras que del segundo se deriva que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, se exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. Por su aplicación, se invoca la jurisprudencia número 204 de la Segunda Sala del más Alto Tribunal de la Nación, que aparece publicada en la página 166, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que textualmente dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En este punto, es necesario recordar que tratándose de resoluciones emitidas por un órgano jurisdiccional dentro de un procedimiento (como el que nos ocupa), la garantía de legalidad puede colmarse ante la falta de cita de los fundamentos relativos, con la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en consideración para orientar el sentido de una determinación, de modo que esos argumentos conduzcan a la norma aplicable; y así el gobernado esté en aptitud de conocer sobre bases objetivas, el porqué de esa determinación y no otra, para procurarse una adecuada defensa. Orienta la anterior determinación el criterio aislado integrado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 143, del Tomo XII, agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa. Por otro lado, es importante destacar que el tema atinente a la competencia de los tribunales del trabajo o de cualquier otro, puede clasificarse entre otros aspectos, en función del fuero -federal o local-, de la materia o especialidad -laboral, civil, administrativo, penal, entre otros-; del territorio, y del grado -a quo y adquem-. Así, en lo que corresponde al primer aspecto, puede advertirse que el legislador previó en el artículo 523 de la Ley Federal del Trabajo en su redacción anterior a su reforma mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce, la aplicación de tales disposiciones en el respectivo ámbito competencial, tanto por las autoridades de índole federal, como por las autoridades del trabajo en cada una de las entidades federativas. Sin embargo, en el diverso ordinal 527 de la Ley Federal del Trabajo se dispone que en cuando se trate de las ramas industriales y empresas que ahí se especifican, sólo corresponderá la aplicación de las normas del trabajo a las autoridades federales. Tal circunstancia se tiene en consideración porque del contenido de la ejecutoria emitida dentro del Toca relativo al Conflicto Competencial entre autoridades laborales número 26/2016, se advierte que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, únicamente dilucidó la competencia de los tribunales del trabajo por cuestión de fuero, es decir, si el litigio debía seguirse ante la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje y la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, determinando que a virtud de que no se comprometían los intereses del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ni se afectaba el régimen del citado organismo, entonces correspondía conocer del asunto a la autoridad del trabajo citada en segundo término. Lo anterior quiere decir entonces que, contrario a lo sostenido por la parte actora, la decisión de la autoridad responsable de aceptar la competencia para conocer del asunto en términos de lo dispuesto por el artículo 353-S, de la Ley Federal del Trabajo, no constituye una transgresión a la decisión emitida por la superioridad, pues el aspecto de la competencia que ahí se dilucidó es distinto, tan es así que ni siquiera se tomó en consideración la inaplicación del invocado ordinal. Entonces, para dilucidar si la aceptación de la competencia por parte de la junta especial responsable se ajustó al texto constitucional, conviene tener presente que el aludido artículo 353-S y el diverso 353-T, de la Ley Federal del Trabajo disponen: "Artículo 353-S. En las Juntas de Conciliación y Arbitraje o las de Conciliación Permanentes, funcionarán Juntas Especiales que conocerán de los asuntos laborales de las universidades e instituciones de educación superior autónomas por Ley y se integrarán con el presidente respectivo, el representante de cada universidad o institución y el representante de sus trabajadores académicos o administrativos que corresponda." "Artículo 353-T. Para los efectos del artículo anterior, la autoridad competente expedirá la convocatoria respectiva, estableciendo en ella que cada universidad o institución nombrará su representante, y que deberán celebrarse sendas convenciones para la elección de representantes de los correspondientes trabajadores académicos o administrativos." De cuya redacción se deriva que en las Juntas de Conciliación y Arbitraje o las de Conciliación Permanentes funcionarán Juntas Especiales que conocerán de los asuntos laborales de las universidades e instituciones de educación superior autónomas, cuya integración quedará conformada por un Presidente, así como por un representante de cada universidad o institución y el representante de sus trabajadores académicos o administrativos que corresponda. Luego, es cierto que al momento de resolverse el conflicto competencial 26/2016 no se había emitido el Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, por el que se creó la Junta Especial en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en la ciudad de Chilpancingo, que conociera de los conflictos de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero; sin embargo, tal circunstancia en modo alguno impide su aplicación posterior. Lo anterior, porque como se dijo, el aspecto de la competencia dilucidado en el conflicto competencial 26/2016 sólo estaba relacionado con la competencia por cuestión de fuero -federal o local-; no por cuestión de especialidad, sobre lo cual debe atenderse al contenido de dicho decreto (fojas 276 a 278), del que se deriva que aquel tribunal laboral tiene jurisdicción en todo el territorio del Estado de Guerrero, para conocer y resolver únicamente los asuntos laborales de las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley; la cual se instaló a partir del cinco de noviembre de dos mil doce, momento en el que comenzaría a ejercer sus atribuciones, estableciéndose que todos los juicios laborales relativos que se encontraran en trámite, debían remitírseles a aquella junta especial, sin que en el caso el juicio laboral 1121/2003 (ahora radicado como 11/2018), se ubique en el supuesto de excepción de esto último expresamente ahí previsto, por no haberse emitido laudo ejecutoriado. Por tanto, resulta infundado lo esgrimido por la parte quejosa cuando sostiene que no existía fundamento ni motivo para que la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje declinara su competencia para conocer del juicio laboral 1121/2003 con motivo de la ejecutoria pronunciada por el Primer tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito al resolver el conflicto competencial 26/2016, ya que con la decisión sujeta a examen no se aprecia que haya desatendido lo resuelto por la superioridad. Mas aun, la decisión sujeta a examen se encuentra sustentada con un criterio orientador -no obligatorio por ser aislado- aplicable precisamente al tema relativo a la competencia para conocer de los conflictos suscitados entre los trabajadores de las universidades e instituciones de educación autónomas por ley; esto es, la tesis aislada (IX Región)1o.2 L (10a.) que integró el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, consultable en la página 3834, del Libro 23, octubre de 2015, Tomo IV, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO Y SUS TRABAJADORES. CORRESPONDE A LA JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO. La fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las relaciones laborales tanto del personal académico como del administrativo de las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, se regirán por el apartado A del artículo 123 de la propia Carta Magna, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo, conforme a las características propias de un trabajo especial, a fin de respetar la autonomía, libertad de cátedra e investigación que lleven a cabo esas instituciones educativas. En concordancia con lo anterior, para respetar las normas de cada universidad o institución autónoma en lo que se refiere al ingreso y permanencia de su personal académico o administrativo, la referida Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012, en su artículo 353-S prevé que para integrar las Juntas que conocerán de tales asuntos, habrá un representante de cada universidad o institución y el representante de sus trabajadores académicos o administrativos que corresponda. De esta manera, la competencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para conocer de los conflictos laborales entre las universidades e instituciones autónomas, es a través de la integración especial de éstas, cuyo objetivo es garantizar el conocimiento de su normativa interna. Luego, como en el Estado de Guerrero se creó una Junta Especial en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, sita en Chilpancingo, Guerrero, con jurisdicción en todo el territorio del Estado, para conocer y resolver únicamente los asuntos laborales de las universidades e instituciones de educación superior autónomas, corresponde a dicha Junta conocer de los conflictos laborales suscitados entre la Universidad Autónoma de Guerrero y sus trabajadores." Por tanto, la circunstancia atinente a la temporalidad en la que entró en funciones la Junta Especial en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en la Ciudad de Chilpancingo, tampoco hacia inaplicable el contenido del Decreto por que se creó dicha tribunal del trabajo, habida cuenta que el único supuesto de excepción para que dejara de conocer de los asuntos laborales de las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley en el Estado de Guerrero, únicamente correspondían a aquellos en los que ya se hubiere emitido laudo ejecutoriado, aunado a que de sostenerse lo contrario, se infringiría lo establecido por los referidos artículos 353-S y 353-T de la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que se permitiría a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje resolver asuntos para los cuales se requiere la designación de representantes de la universidad de que se trate, y de los trabajadores académicos o administrativos de las mismas. Por tanto, la creación de aquel órgano del trabajo especializado no puede sino reputarse como competente para conocer del asunto desde el momento en que entró en funciones y el juicio laboral no se ubicó en la hipótesis de excepción para ello. Finalmente, tampoco resulta acertado lo sostenido por el solicitante del amparo en torno a la pretendida inaplicabilidad de la tesis aislada (IX Región)1o.2 L (10a.), pues si bien es cierto que no se trata de un criterio al que debía ceñirse la autoridad responsable, sí resulta orientador e ilustrativo para fundar el sentido de su decisión por corresponder al tema de que se trata, esto es, la competencia de la Junta Especial de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en la Ciudad de Chilpancingo. Mas aun, tampoco puede soslayarse que el tribunal colegiado que emitió tal criterio aislado sí tiene competencia en el Estado de Guerrero, porque el artículo primero del Acuerdo General 51/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán, entre ellos, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, dispone expresamente que tales órganos jurisdiccionales tendrán jurisdicción en toda la República y competencia mixta, para apoyar en el dictado de sentencias. Consecuentemente, este juzgado de Distrito estima que en el caso, el auto sujeto a examen no transgredió en perjuicio de la parte quejosa, alguno de sus derechos fundamentales previstos en los artículos que invocó como trastocados, sin que tampoco se advierta queja deficiente que suplir en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo; de ahí que lo que procede es negar el amparo y protección que de la justicia federal solicitó Fernando Hernández Álvarez. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, fracción II, y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E : PRIMERO.- Se sobresee en el juicio de amparo número 828/2017, promovido por Fernando Hernández Álvarez, respecto del acto y autoridad precisados en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Fernando Hernández Álvarez, contra el acto y autoridad y por los motivos reseñados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

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