Fernando Hernández González
Expediente 966/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 966/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 15/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Fernando Hernández González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, a quince de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de veintitrés de marzo de este año, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. No es óbice a lo anterior el hecho de que no obren en autos el acuse de recibo de las notificaciones a las autoridades responsables, toda vez que ésta carece de legitimación para interponer recurso de revisión, pues su sentido no les causa agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice 1995, del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se determina que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues se negó la medida cautelar respecto del acto reclamado. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Ahora, tomando en consideración que la parte quejosa exhibió un documento original en su escrito inicial, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo, del artículo 18, del referido Acuerdo General, se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquél en el término de noventa días a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, la referida documentación correrá la misma suerte que este expediente. Por otro lado, con fundamento en los artículos 251, incisos a) y f), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los acuses de recibo que envíen las partes, respecto de los oficios que a manera de notificación se les remitan, así como aquellas promociones que hayan sido recibidas y atendidas con anterioridad, serán agregados al expediente y vinculados electrónicamente con la determinación judicial con la que se relacionen, sin necesidad de proveído. Notifíquese, y por lista de acuerdos a la parte quejosa
- Principal
Córdoba, Veracruz, a quince de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de veintitrés de marzo de este año, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. No es óbice a lo anterior el hecho de que no obren en autos el acuse de recibo de las notificaciones a las autoridades responsables, toda vez que ésta carece de legitimación para interponer recurso de revisión, pues su sentido no les causa agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice 1995, del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se determina que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues se negó la medida cautelar respecto del acto reclamado. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Ahora, tomando en consideración que la parte quejosa exhibió un documento original en su escrito inicial, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo, del artículo 18, del referido Acuerdo General, se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquél en el término de noventa días a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, la referida documentación correrá la misma suerte que este expediente. Por otro lado, con fundamento en los artículos 251, incisos a) y f), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los acuses de recibo que envíen las partes, respecto de los oficios que a manera de notificación se les remitan, así como aquellas promociones que hayan sido recibidas y atendidas con anterioridad, serán agregados al expediente y vinculados electrónicamente con la determinación judicial con la que se relacionen, sin necesidad de proveído. Notifíquese, y por lista de acuerdos a la parte quejosa
- Principal
Córdoba, Veracruz, a veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los informes justificados de cuenta rendidos por el Titular de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal del Órgano de Operación administrativa Desconcentrada Regional, Veracruz Sur y Apoderada legal y representante de la Titular del Órgano de Operación Administrativa Regional Veracruz Sur, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Orizaba, personalidad que acredita de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo, en términos de la copia certificada del tercer testimonio del instrumento público quince mil catorce de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, pasado ante la fe del licenciado Arturo Jiménez Romero, Notario adscrito a la Notaria Pública Número Ocho de la Décima Quinta Demarcación del Estado, con sede en Orizaba, Veracruz. Ahora, del estado procesal que guardan los autos, se observa que en el presente asunto la parte quejosa reclama omisión de dar respuesta a la solicitud de reconocimiento de antigüedad presentada el tres de diciembre de dos mil trece, ante la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal del Órgano Operativo de Administración Desconcentrada Regional Veracruz Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, de la copia certificada del oficio 32 900 17 20 100/MD/605/2023, de siete de marzo de dos mil veintitrés, remitida por la autoridad responsable en cita, con su informe justificado, se advierte que dio respuesta al escrito de tres de diciembre de dos mil trece, relativo a la solicitud de reconocimiento de antigüedad, cuya omisión a responder constituye el acto reclamado; y la notificó a la parte quejosa el ocho de marzo siguiente, como se advierte de la firma de recibido del impetrante, que obra en el acuse de recibo de dicho oficio. Por tanto, en relación con el citado acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, (.)". De la exégesis del precepto legal transcrito, se desprende que el juicio de amparo se torna improcedente, por no poder incidir en la esfera jurídica del impetrante de amparo, cuando el acto reclamado ha dejado de producir sus efectos, ya sea por haber sido substituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que al cesar la actuación de la autoridad que lo emitió, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica la desaparición total de sus efectos. La improcedencia de que se habla tiene su justificación en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, así como en el hecho de que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Esto es, la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. En ese entendido, si como ha quedado expuesto, de la copia certificada del oficio 32 900 17 20 100/MD/605/2023, de siete de marzo de dos mil veintitrés, remitida por la autoridad responsable Titular de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal del Órgano de Operación administrativa Desconcentrada Regional, Veracruz Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Orizaba, se advierte que dio respuesta al escrito de tres de diciembre de dos mil trece, relativo a la solicitud de reconocimiento de antigüedad, cuya omisión de respuesta se reclama; y notificó a la parte quejosa el ocho de marzo siguiente, como se advierte de la firma de recibido del promovente que obra en el acuse de recibo de dicho oficio. Documentales a las que se le otorga pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del artículo 2°. En consecuencia, al haber cesado el acto reclamado en esta instancia constitucional, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso, es decir, como si se hubiera otorgado el amparo. En lo conducente, se invoca como apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página número 38, Tomo IX, correspondiente al mes de Junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." También se invoca como apoyo la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página mil quinientos setenta y nueve, Tomo XXIII, correspondiente al mes febrero de dos mil seis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo". Al actualizarse la causa de improcedencia en mención, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio y se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia Número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, Tomo XVII, correspondiente al mes Marzo de dos mil tres, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del epígrafe siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Notifíquese, y por lista de acuerdos al quejoso.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a quince de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que las autoridades responsables Titular del Órgano Operativo y Titular de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal del Órgano Operativo, ambos de la Administración Desconcentrada Regional Veracruz Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Orizaba, Veracruz, no han rendido su informe justificado a pesar de estar debidamente notificadas de los oficios mediante los cuales se les requirió, como se advierte del acuse de recibo que obra en autos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a las citadas autoridades responsables, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta sus efectos la notificación de este acuerdo, remita las constancias del acto reclamado, pues tales documentales resultan necesarias para resolver este asunto. Se apercibe a las autoridades requeridas que de no hacerlo, o de no informar por escrito el impedimento legal que tenga para ello, se les impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida de Actualización, conforme a su valor diario, de conformidad con lo previsto por los artículo 237 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el Decreto por el que se reformó el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123, y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 8/96 surgida entre el Primer y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, la cual aparece publicada en la página 108, Tomo V, correspondiente al mes de febrero de 1997, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO." En tales condiciones, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data y atendiendo a la carga de trabajo y la disponibilidad de fechas en la agenda, se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. En el entendido de que de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, y 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la audiencia se llevará a partir de los escritos presentados o que se presenten hasta ese momento procesal, física o electrónicamente por las partes. En el supuesto de que alguna de las partes esté interesada en comparecer a la audiencia, ésta se llevará a cabo por videoconferencia, de conformidad con el citado numeral 257, fracción II, del Acuerdo General; por tanto, tres días hábiles antes de la fecha señalada para la audiencia constitucional, sin contar el día de la propia audiencia ni el de su presentación, por ser necesario realizar las acciones informáticas y tecnológicas correspondientes por parte de este órgano jurisdiccional; deberá hacerlo saber a este juzgado y proporcionar el correo electrónico en el que se remitirá el enlace correspondiente para llevarla a cabo, además de exhibir copia de la identificación oficial vigente de la persona que comparecerá a la misma, quien deberá estar legitimada para tal efecto. De no hacerlo se realizará sin su comparecencia
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