Fernando Escobedo Andrade

Expediente 698/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
698/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
27/01/2023

Partes del expediente

  • Fernando Escobedo Andrade

Actuaciones

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha, en el sentido de que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; sin que se hubiera recurrido el auto de seis de septiembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Fernando Escobedo Andrade; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia histórica o documental. Una vez que transcurran tres años contados a partir de esta data es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al encuadrar en la hipótesis prevista en el inciso b), del artículo 21 de dicho ordenamiento, pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias relativas al original de expediente laboral *******, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ixtaczoquitlán, Veracruz, las cuales constan en un tomo; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, once de enero de dos mil veintitrés. Glósese a los autos el oficio de cuenta firmado por el Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz, y anexo que lo acompaña; en atención a su contenido, se le tiene devolviendo sin diligenciar el despacho 2404/2022 (2762/2022), derivado del presente juicio de amparo, enviado con motivo de notificar el auto de seis de septiembre de dos mil veintidós, al quejoso Fernando Escobedo Andrade. Dese de baja la referida comunicación oficial, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes (SISE 2.0). En tales condiciones, ante la manifiesta imposibilidad del personal adscrito al juzgado auxiliar de llevar a cabo la notificación encomendada, hágase por lista de acuerdos la notificación ordenada, así como la presente y subsecuentes, aún las de carácter personal, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo vigente, hasta en tanto la parte quejosa de que se trata, señale domicilio en esta ciudad, donde oír y recibir notificaciones.----------------------------------------------------------------------------------SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA POR LISTA EL DIVERSO AUTO DE Córdoba, Veracruz, seis de septiembre de dos mil veintidós. Por recibido el oficio 4096/2022, signado por el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, sin copia y anexos, consistentes en el cuaderno original relativo al amparo directo 683/2022, de su índice, y original de expediente laboral 264/XII/2017, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ixtaczoquitlán, Veracruz. Ahora, del contenido de dicho oficio se advierte que la Superioridad declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Fernando Escobedo Andrade, únicamente respecto del acto reclamado consistente en la diligencia de notificación del laudo llevada a cabo el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, dentro de los autos del expediente laboral 264/XII/2017, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ixtaczoquitlán, Veracruz, al señalar que se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 170 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, y con apoyo en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límite territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del presente asunto. Acúsese recibo. En ese entendido, vista la demanda de amparo promovida por **************, con fundamento en el artículo 112, de la Ley de Amparo, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes, cuyas constancias deberán digitalizarse, salvo aquéllas que por su volumen, protección de la integridad del documento o protección de datos personales, no puedan o deban digitalizarse; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y regístrese bajo el juicio de amparo número 698/2022. C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. En primer término, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Al respecto, es pertinente precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis número I.13 A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, como ha quedado expuesto, el acto reclamado cuya competencia se asume, es el siguiente: La diligencia de notificación de laudo, llevada a cabo el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral 264/XII/2017, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ixtaczoquitlán, Veracruz. Aunado a ello, de los antecedentes del acto reclamado que, bajo protesta de decir verdad, expuso el promovente; y de las constancias que integran el expediente laboral 264/XII/2017, del índice de la responsable, se advierte lo siguiente: ********* demandó diversas prestaciones en la vía ordinaria laboral, de Rosalina Palacios Arellano, y Colegio Central; demanda que quedó radicada bajo el número 264XII/2017, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ixtaczoquitlán, Veracruz. Por auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda y se señaló fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Seguida la secuela procesal, el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno se dictó laudo en el citado juicio laboral; resolución que se notificó a la parte actora, aquí quejosa, en diligencia de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, notificación que constituye el acto aquí reclamado. De ello deriva que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues, previo a la instauración del juicio constitucional, la promovente debió observar el principio de definitividad. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo (.)". Disposición normativa de la que deriva que antes de promover un juicio de amparo indirecto se deben agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que se estime ilegal, que tengan el efecto de revocarlo, modificarlo o nulificarlo, ya que al juicio de amparo debe acudirse sólo cuando la actuación que se impugna no pueda anularse ante la propia autoridad de instancia. Asimismo, el referido artículo enuncia los casos de excepción al citado principio de definitividad, es decir, las hipótesis en que no será necesario agotar, previo a la promoción del juicio de amparo, los medios de impugnación ordinarios existentes. Por su parte, los artículos 752 y 762 de la Ley Federal del Trabajo, disponen: "Artículo 752. Son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad a lo dispuesto en este Capítulo." "Artículo 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; II. Competencia; III. Personalidad; IV. Acumulación; y V. Excusas." De tales disposiciones deriva que las notificaciones hechas en forma distinta a lo estipulado en la legislación laboral, serán nulas; y que se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las cuestiones relativas a su nulidad. Por tanto, si como se ha precisado, el acto reclamado consiste en la diligencia de notificación de laudo, llevada a cabo el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral 264/XII/2017, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ixtaczoquitlán, Veracruz; entonces, es impugnable a través del incidente de nulidad de actuaciones, de conformidad con los artículos 752 y 762 de la Ley Federal del Trabajo. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en mención. Sin que el acto reclamado se ubique el alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, por considerar de imposible reparación los actos reclamados, ya que dicho principio se refiere al alcance, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios, y no a la naturaleza de los actos impugnados. Al respecto, se invoca como apoyo, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia número III.1.C. J/34, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página 1041, del Tomo XVI, Noviembre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. Si bien es cierto que la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo no habla de agotar precisamente incidentes, sino recursos ordinarios, también lo es que tal fracción se refiere no sólo a recursos sino también a medios ordinarios de defensa dentro del procedimiento, por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones de que se trate, y en tanto el incidente de nulidad de actuaciones cumple con el último de los objetivos mencionados, pues mediante él puede lograrse la nulificación del acto materia del incidente, es válido su encuadramiento dentro de los medios ordinarios de defensa a que el precepto invocado se refiere." Asimismo, se invoca como apoyo la jurisprudencia VI.2.C. J/59, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1654, del Tomo XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de literalidad siguiente: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." Aunado a ello, resulta aplicable la jurisprudencia P. / J. 5/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, Abril de 1994, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES, INCIDENTE DE. PROCEDE CONTRA LAS QUE SE LLEVAN A CABO CON POSTERIORIDAD AL DICTADO DE LA SENTENCIA. Considerando ante todo, que el artículo 32 de la Ley de Amparo al referirse a sentencias definitivas alude simplemente a las que se dictan en el expediente que haya motivado la notificación cuya nulidad se pide, lo que incluye a las que han causado y a las que no han causado ejecutoria, debe sostenerse que la circunstancia de que el precepto referido establezca que las partes perjudicadas podrán pedir la nulidad de la notificación que se estima irregular antes de la sentencia definitiva, no debe interpretarse en el sentido de que las notificaciones realizadas con posterioridad al pronunciamiento de dicha sentencia no pueden ser combatidas mediante el incidente de nulidad respectivo, ya que una correcta interpretación del citado dispositivo legal conduce a la conclusión de que tal exigencia opera lógicamente respecto de las notificaciones practicadas antes de que se haya emitido la resolución definitiva, pero no para las notificaciones realizadas con posterioridad al pronunciamiento del fallo, pues sostener lo contrario propiciaría que a pesar de incurrirse en deficiencias al practicarlas la parte afectada quedara indefensa ante ellas, lo cual contravendría los términos de la primera parte del precepto aludido que señala que las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida por la ley serán nulas." Así como la jurisprudencia número P./ J. 20/2004, emitida por el Tribunal Pleno, consultable en la página 5, del Tomo XIX, Mayo de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES. ES PROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, INCLUSO SI YA FUE DICTADO EL AUTO QUE DECLARÓ EJECUTORIADA LA SENTENCIA. Si se parte de la interpretación que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo del artículo 32 de la Ley de Amparo en la jurisprudencia P./J. 5/94, y se toma en cuenta que durante la sustanciación del juicio de garantías se presentan diversas hipótesis relacionadas con las notificaciones que deben practicarse para hacer del conocimiento de las partes las decisiones emitidas en cada etapa procesal, debe aceptarse la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones no sólo contra aquellas que se practiquen antes de que el Juez de Distrito dicte sentencia, pues en atención al espíritu del citado artículo y a las directrices que ha establecido el Tribunal Pleno, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte que se considere afectada, es procedente el mencionado incidente en contra de la notificación de la sentencia del Juez de Distrito, aun en el caso de que ésta ya se hubiese declarado ejecutoriada, y en el supuesto de que aquél resultara fundado deberá reponerse el procedimiento desde el punto en que se incurrió en la nulidad, tal como lo ordena el referido precepto legal; sin que lo anterior contravenga el principio de cosa juzgada, en virtud de que los efectos jurídicos de la tramitación y resolución del referido incidente no afectan la decisión del Juez de Distrito plasmada en su sentencia, pues en caso de resultar fundado, sólo tendría como consecuencia ordenar que la notificación de la sentencia se practique de manera legal, subsanando las deficiencias que motivaron su impugnación, pero la sentencia misma queda intocada." Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 113 de la Ley de la Materia, se desecha la demanda de amparo promovida por Fernando Escobedo Andrade, contra el acto de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ixtaczoquitlán, Veracruz, cuya competencia se reservó a este juzgado. Apoya lo anterior, por sus argumentos, la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de voz y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." ... AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como como autorizado de la parte quejosa a Marco Antonio Nicolás Lara, con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, dada la naturaleza del acto que se reclama, y por tratarse de la parte trabajadora en el juicio de origen. HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualquiera de los Actuarios Judiciales adscritos a este Juzgado Federal puedan llevar a cabo las diligencias ordenadas en el presente juicio. Finalmente, dada la voluminosidad de las constancias que remitió la Junta responsable, se considera pertinente ordenar la formación de un tomo de prueba, debidamente identificado, ello a fin de facilitar el manejo del presente expediente, respetando el sello y folio original; y una vez que quede firme la presente determinación, devuélvanse dichas constancias a su lugar de origen. Por lo expuesto y con fundamento además en lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por **********, contra el acto de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ixtaczoquitlán, Veracruz.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la quejosa en los términos indicados en este auto

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · 4,334 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano