Fernando Hernández Cantú
Expediente 623/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 623/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Fernando Hernández Cantú
Actuaciones
- Principal
El día de hoy queda notificada la parte promovente y sus autorizados, por medio de la presente lista de acuerdos, del auto de dos de septiembre de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio de amparo 623/2019, que dice: Visto el estado que guardan los autos, en especial la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días concedido al promovente Fernando Hernández Cantú, para que diera cumplimiento a la prevención que se le hizo mediante acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve (fojas 6 a 8). En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados por la parte promovente en esta instancia se hacen consistir en: "4.- ACTO RECLAMADO.- A) la negativa de la Agente del Ministerio Público de nombre CINTIA MORQUECHO de informarme de la carpeta de investigación iniciada en mi contra y negarme el acceso a dicha carpeta." De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, el artículo anteriormente citado impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el libelo actio de amparo y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia I.13o.A.J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página mil seiscientos treinta y uno, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los Órganos Jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En ese orden de ideas, al tratarse las causales de improcedencia de una cuestión de orden público, su análisis es oficioso y preferente, por tal motivo respecto al acto reclamado consistente en "la negativa de acceso a la carpeta de investigación"; se estima actualizada la causal de improcedencia contemplada en la fracción XII, del artículo 61, con relación al 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ante la falta de interés jurídico y/o legítimo del promovente de amparo, para instar el juicio de que se trata contra tales actos. Con el objeto de justificar lo anterior, es importante puntualizar que la afectación del interés jurídico o legítimo con el acto reclamado, constituye un requisito general de procedencia del juicio de amparo, el cual se encuentra establecido tanto en el artículo 107, fracción I, constitucional, como en el diverso 5°, fracción I, con relación al diverso 61, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 107. [...] I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra los actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley [.]." De los preceptos transcritos se advierte que para definir la procedencia de la acción de amparo, conforme al ámbito conceptual de esas normas, es necesario que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de derechos fundamentales, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. De ese modo, por perjuicio se debe entender la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley, de un derecho que cuando es transgredido faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente para demandar el cese de ese quebranto o demostrar al menos, la existencia de un interés legítimo al respecto, consistente en la pretensión personal, individual o colectiva, cualificada, actual, real y jurídicamente relevante, susceptible de traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso de que se trate, derivado de un ataque a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra, pero que de anularse le reportará una ventaja o mejoría jurídica, por hallarse en una situación especial o cualificada respecto de ese acto de autoridad . En ese sentido, la afectación al interés (jurídico o legítimo), con relación al juicio de amparo surge cuando la actuación del órgano del Estado, causa perjuicio a la esfera legal del gobernado, entendiendo por esta última el cúmulo de prerrogativas y obligaciones de los que es titular o, como ya se dijo, a partir de su específica pretensión cualificada frente al acto de autoridad; por tanto, para que los intereses de una persona merezcan el calificativo de jurídicos o legítimos, es menester que la facultad objetiva se haga cargo de ellos a través de una norma o que el acto de autoridad cuyo contenido normativo aunque no esté dirigido directamente a afectar los derechos del accionante, por sus efectos legales irradiados colateralmente, pueda ocasionarle un perjuicio o privación de un beneficio, justamente por la especial situación que tiene con relación a éste o en el ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Pleno del Máximo Tribunal del País, así como el criterio aislado CXXIII/2013 (10ª) , de la Primera Sala, de rubros: "PERJUICIO E INTERÉS JURÍDICO." e "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO." De esa forma, se ha establecido la diferencia entre interés jurídico (el cual deriva del ejercicio de un derecho fundamental del que el reclamante se refiere como titular); el legítimo, que es personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y legalmente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio legal en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera de derechos en acepción amplia, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra índole; finalmente, el interés simple, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un provecho personal para el interesado, pues no supone perjuicio a su esfera legal en algún aspecto. En el contexto destacado, distinto a la pretensión del recurrente, no se advierte que el acceso a la carpeta de investigación en su contra, le reporte alguna afectación a su interés jurídico o legítimo, porque tal acción constituye una decisión que con independencia de su legalidad, se realiza en ejercicio de la facultad constitucionalmente encomendada a la institución del ministerio público, en representación de la sociedad para la investigación de los delitos, en términos del artículo 21 del Pacto Federal, de manera que no se puede estimar como causante de una violación a derechos públicos subjetivos o que genere un efecto jurídico susceptible de causarle un daño o privarlo de un beneficio, en la medida que son emitidas en pleno ejercicio discrecional derivado del derecho social que corresponde al ministerio público respecto de la investigación de hechos delictivos que se hicieron de su conocimiento. Por ello, es evidente que la determinación del agente ministerial, de actuar con la encomienda constitucional referida, en cuanto a la investigación de hechos posiblemente delictuosos, no es susceptible de contraponerse con relación al interés particular del imputado, no tutelado constitucional o legalmente, para que no se continúe con la investigación, porque implicaría anteponer el interés particular (a partir de su específica posición como imputado) al de la sociedad en dicho aspecto. Al respecto es aplicable la tesis (X Región)2o.1 P (10a.) , emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con Residencia en Saltillo, Coahuila, la cual se comparte, de título y texto siguientes: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." La anterior decisión se robustece, porque incluso si el quejoso considerara que se le niega la intervención para ejercer su derecho de defensa, tampoco se advierte que el promovente posea algún tipo de interés con relación a ello. Lo anterior, es así, puesto que la autoridad ministerial, no tiene la obligación legal de citar a la persona investigada para recabar su entrevista, pues del análisis sistemático de los artículos 21 constitucional , 216 y 218, párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales , se advierte que citar al imputado a la carpeta de investigación para ello, es en todo caso, una facultad del ministerio público, propia de su función de investigar los hechos delictivos de los que tenga noticia, pero no así de un deber jurídico, y tampoco un derecho disponible e incorporado a la esfera jurídica de los gobernados cuando aún se está en la etapa de investigación inicial o informal, pues ni siquiera el artículo 20, apartado B, del texto constitucional, impone al ministerio público la obligación de llamar al inculpado en la etapa de investigación inicial, sino que incluso la fracción VI de dicho apartado, hace referencia a que el imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo, haciendo alusión a que el representante social puede determinar si llama o no a alguna persona a la investigación preliminar. De ahí que se afirme que, en la etapa de investigación inicial el ministerio público no tiene la obligación legal de citar al imputado a comparecer a la carpeta de investigación a fin de rendir su entrevista, por tanto, aun cuando materialmente no se cite al quejoso a comparecer a la investigación, lo cierto es que al no ser obligación del Ministerio Público, ni encontrarse tal derecho incorporado a la esfera jurídica del peticionario de amparo, entonces esa omisión no le causa perjuicio, por lo que no puede reclamarse vía amparo indirecto. En el caso resulta ilustrativa la tesis I.9o.P.172 P (10a.) , emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, porque se comparte, de contendido siguiente: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SI EL QUEJOSO NO HA SIDO CITADO A COMPARECER ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO COMO IMPUTADO NI SE HA OCASIONADO ALGÚN ACTO DE MOLESTIA EN SU PERJUICIO, ÉL O SU DEFENSA NO PUEDE TENER ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN, AUN CUANDO ADUZCA QUE TIENE CONOCIMIENTO DE QUE EXISTE UNA DENUNCIA EN SU CONTRA Y AQUÉLLA SE ESTÁ INTEGRANDO. Determinar que el inicio de una carpeta de investigación es un acto de molestia para el investigado, haría considerar letra muerta los artículos 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que taxativamente establecen que el imputado y su defensor tendrán acceso a la investigación cuando sea citado a efecto de pretender recibir su declaración, precisamente con el carácter de imputado, o sea sujeto a un acto de molestia, como sería entrevistarlo. Por tanto, aun cuando el quejoso aduzca que tiene conocimiento de que existe una denuncia en su contra y que la representación social se encuentra integrando una carpeta de investigación, si aún no tiene el carácter de imputado, de conformidad con el artículo 218 mencionado, en virtud de que no ha sido citado a comparecer ante el Ministerio Público con esa calidad, ni se ha ocasionado algún acto de molestia en su perjuicio, él o su defensa no puede tener acceso a los registros de la investigación, pues la investigación contenida en la carpeta respectiva, per se, no puede generar un acto de molestia, a que se refiere el artículo 266 de ese código, esto es, en donde la autoridad le informa a una persona sobre los derechos que le asisten y mediante el cual solicita su cooperación, ello antes de que el procedimiento se lleve a cabo. Por ende, aquella integración de la carpeta de investigación por la autoridad responsable, no afecta los intereses jurídicos o, en su caso, legítimos del quejoso, en los términos de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, actualizándose con ello, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la propia ley." Por consiguiente, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia antes invocada, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda respecto del acto reclamado consistente en "la negativa de acceso a la carpeta de investigación". Lo anterior, por no haberse presentado a recibir la notificación de manera personal al local de este Juzgado de Distrito.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte promovente.
- Principal
El día de hoy queda notificada la parte promovente y sus autorizados, por medio de la presente lista de acuerdos, del auto de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio de amparo 623/2019, que dice: Se recibe la demanda de amparo promovida por Fernando Hernández Cantú, contra actos de la autoridad responsable Agentes del Ministerio Público del Empoderamiento de la Mujer, de la Fiscalía General del Estado, con sede en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, y otras autoridades. II. Formación de expediente. Fórmese expediente, y regístrese con el número progresivo de juicio de amparo 623/2019, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). III. Prevención. Respecto a la solicitud de la parte promovente en el sentido de admitir la demanda de amparo, se debe decir que previo a acordar lo conducente es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca el artículo 114, del rubro y texto: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura". La normativa anterior dispone que para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda, es necesario estudiar el escrito inicial para verificar que no existan deficiencias, irregularidades u omisiones, que deban corregirse, y en su caso, requerir al promovente que aclare la demanda. Por tanto, a efecto de estar en aptitud de proveer sobre la viabilidad de la demanda, con fundamento en el artículo 114, fracción IV, en relación con el diverso numeral 108 , fracción IV, ambos de la Ley de Amparo; requiérase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, bajo protesta de decir verdad: Precise el acto reclamado. Lo anterior es así, en virtud que no obstante que señala como tal, lo que a continuación se trascribe: "4.- ACTO RECLAMADO.- A)la negativa de la Agente del Ministerio Público de nombre CINTIA MORQUECHO de informarme de la carpeta de investigación iniciada en mi contra y negarme el acceso a dicha carpeta." En el capítulo de antecedentes y suspensión del escrito de demanda, refiere lo siguiente: ".me han informado algunas personas que han visto que han ido personas, al parecer policías a mi domicilio, porque al parecer pretenden detenerme, por unas supuestas denuncias presentadas en mi contra por la tercera interesada que he señalado, no logrando su objetivo por que cuando han ido a búscame no me he encontrado en esos momentos en mi domicilio. También han comentado que traen orden de aprehensión en mi contra.". "Con fundamento en lo previsto por los artículos 1212 y 122 de la Ley de Amparo, solicito la suspensión provisional y en su oportunidad definitiva, de los actos reclamados, con el objeto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran y no se me prive de mi libertad, en forma inconstitucional, Y SE ORDENA A LAS RESPONSABLES SE ME PERMITA EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN." Es decir, señale si también reclama alguna orden de privación de su libertad o bien, solo la negativa del Agente del Ministerio Público de informar y darle acceso a la carpeta de investigación. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochocientos setenta y uno, tomo III, marzo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 202853, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda". Por tal razón, es necesario que el promovente de cumplimiento a lo antes descrito para iniciar el trámite de este juicio constitucional. IV. Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir la prevención especificada con anterioridad, en el término de ley, se tendrá únicamente como acto reclamado la negativa de acceso a la carpeta de investigación. V. Autorizados y Domicilio. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Colima, número 208 esquina con Veracruz, colonia Tierra y Esperanza, en esta ciudad y designando como su autorizando en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Jesús Alfonso Montellanos Reyna, atento que registrada su cédula profesional, en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente en términos del artículo 24, párrafo segundo de la misma legislación a Rosa Patricia Sena Vargas. VI. Habilitación de días y horas inhábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo . VII. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional, para efectos de que digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporadas al expediente impreso. VIII. Autorización de medios electrónicos. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto. IX. Recuperación de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente o recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capitulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. X. Transparencia Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los articulas 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Lo anterior, por no haberse presentado a recibir la notificación de manera personal al local de este Juzgado de Distrito.
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