Fernando Hermández Terán
Expediente 129/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 28 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 129/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 07/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Fernando Hermández Terán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, siete de junio de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de dieciocho de abril de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, la que desahogó la parte quejosa, por escrito presentado ante este juzgado el veinticinco de abril de la presente anualidad. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia autorizada el veintisiete de julio de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Inconforme con dicha resolución, el Fiscal Especializado en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz, en su carácter de tercera interesada, interpuso recurso de revisión en contra de la misma, el cual por cuestión de turno conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, quien por ejecutoria dictada dentro de los autos del toca 265/2021, de su índice, confirmó la sentencia recurrida en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Fernando Hernández Terán, para los efectos siguientes: ".procede conceder la protección constitucional solicitada para el efecto de que la Juez de Control responsable: 1). Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso reclamado, dictado en la causa penal 202/2020. 2). Hecho lo anterior, deberá citar a las partes a la audiencia respectiva en la que, sin escucharlas, con libertad de jurisdicción, resuelva nuevamente la situación jurídica del imputado quejoso, atendiendo a las consideraciones expuestas en el presente fallo. Ejercicio que deberá realizar la jueza de control responsable motivando debidamente la existencia o precisión del documento administrativo vinculante o dispositivo legal en que se contiene la atribución de ordenar a las cajeras de la Tesorería Municipal de Jamapa, Veracruz, recibir cantidades de dinero solicitada a beneficiarios de programas sociales, para entregarlas a su vez de manera directa a la Tesorera Municipal y que corresponde al Director de Obras Públicas o incluso a otro cargo público. Concesión del amparo que se hace extensiva al restante acto reclamado consistente en la 2). medida cautelar impuesta al quejoso en el proceso penal de referencia, relativa a la prisión preventiva justificada por la temporalidad de dos años, la cual también se deberá dejar insubsistente. Ello porque dicha medida cautelar necesariamente depende de la vinculación a proceso que se dicte contra el imputado, la cual en términos del numeral 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene como finalidad asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo o evitar la obstaculización del procedimiento; luego, si dicho procedimiento no se abre contra el imputado, es lógico que resultaría innecesario decretar una medida de ese tipo. No obstante, se precisa que sólo en el supuesto de que la autoridad responsable, con la libertad de jurisdicción que se le otorgó en esta sentencia, dicte nuevamente auto de vinculación a proceso contra el imputado quejoso, estará obligada a pronunciarse nuevamente sobre dicha medida cautelar en la audiencia que al efecto fije, en la que con base en la exposición ya realizada por las partes, podrá reiterar su criterio, o de ser el caso, incluso modificarlo, conforme a las condiciones que imperen en ese momento procesal.." En consecuencia, en proveído de veinticinco de marzo del año en curso, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Decimoséptimo Distrito Judicial en Veracruz, Veracruz. Mediante proveído de dieciocho de abril de la presente anualidad, se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesada con las constancias correspondientes remitidas por la autoridad responsable, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, puesto que la Licenciada Ángela Peralta Meza, en su carácter de Jueza de Control comisionada al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, por la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, mediante oficio 261/2022, remitió a este juzgado un disco versátil digital de audio y video (DVD) con número de folio STI 2242022 correspondiente a las audiencias de fechas primero y cuatro de abril del año en curso, donde se resolvió la situación jurídica del aquí quejoso Fernando Hernández Terán; así como la versión escrita del auto dictado en referida audiencia, y recibida en este órgano jurisdiccional mediante diverso 262/2022 en fecha doce de abril del año en curso, del que de sus puntos medulares se desprende haber sido dictado bajo las siguientes consideraciones: En un principio, atendiendo a la obligatoriedad a la que la Jueza responsable está sometida para emitir el acto reclamado, procedió a señalar en primer término el oficio 006445 de fecha treinta de marzo del año dos mil veintidós, signado por la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, así como los fundamentos de su competencia para conocer y resolver del asunto que ahora se aborda (minutos 2:00 a 2:45 disco versátil digital folio STI2502022 archivo PP260404221_copia federal). Es así que una vez notificadas todas las partes, la jueza responsable procedió llevar a cabo la audiencia para resolver de nueva cuenta la situación jurídica del aquí quejoso, en cumplimiento a la sentencia amparadora dictada por este órgano jurisdiccional en el juicio de amparo 129/2021 y confirmada por la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 265/2021 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, esto es, que deje insubsistente el auto de vinculación dictado el 29 de enero de dos mil veintiuno, así como la medida cautelar dictada en fecha de veinticuatro de enero del mismo año (minutos 2:40 a 8:50 disco versátil digital folio STI2502022 archivo PP260404223_copia federal). La jueza puntualizó que de los hechos narrados por la Fiscalía dentro de la totalidad de la audiencia que le ocupa, se tiene que la misma hizo una clasificación jurídica preliminar del hecho que la ley señala como delito de EJERCICIO INDEBIDO DEL SERVICIO PÚBLICO, ilícito previsto y sancionado por el numeral 315 en íntima relación con los numerales 21 párrafo segundo y 37 del Código penal para el Estado de Veracruz, esto al ceñirse a lo ordenado en sentencia amparadora que se cumple, estableció dejó intocado lo referente al hecho con apariencia de delito de Fraude, requiriéndose únicamente por cuanto hace al de EJERCICIO INDEBIDO DEL SERVICIO PÚBLICO. Acto seguido, la jueza responsable, señaló que por cuanto hace al auto de vinculación dictado en la audiencia de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, esta debe retrotraerse a esa fecha, y en cuanto hace a la medida cautelar provisional dictada en audiencia de veinticuatro de enero del mismo año, de igual forma se retrotrae a la fecha referida (minuto 8:59 disco versátil digital folio STI2502022 archivo PP260404223_copia federal). En consecuencia, dejó sin efecto el Auto de Vinculación a Proceso dictado en contra de Fernando Hernández Terán, dentro del proceso penal 202/2020, únicamente por cuanto al hecho que la ley tipifica como delito de EJERCICIO INDEBIDO DEL SERVICIO PÚBLICO, dictado el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, así mismo dejó sin efectos la medida cautelar dictada el veinticuatro de enero de dos mil veintiuno, consistente en prisión preventiva justificada contemplada en el artículo 155 fracción XIV del Código Nacional de Procedimientos Penales, por la temporalidad de dos años, única y exclusivamente por cuanto hace al hecho con apariencia de delito de EJERCICIO INDEBIDO DEL SERVICIO PÚBLICO, por tanto señaló al imputado que sigue en su carácter de detenido por el hecho con apariencia de diverso delito el cual no es materia del fallo amparador (minutos 10:15 a 10:40 disco versátil digital folio STI2502022 archivo PP260404223_copia federal). Así, al volver a entrar al estudio de la causa de que se trata, la jueza procedió a pronunciarse de nueva cuenta sobre la situación jurídica del aquí quejoso en relación al hecho del hecho que la ley tipifica como delito de EJERCICIO INDEBIDO DEL SERVICIO PÚBLICO, previsto y sancionado en los numerales 315, en relación con el 21 y 37 del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz, cometido en agravio del Servicio Público. En esa tesitura, la jueza señaló los requisitos de forma y fondo que el órgano jurisdiccional debe cubrir para el dictado de un auto de vinculación a proceso, como lo establecen los artículos 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales; a saber: I. Que se haya formulado imputación. II. Que se le haya otorgado la oportunidad de declarar al imputado. III. Que, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan: a) - Que se haya cometido un hecho que la ley señale como delito b).- Que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. IV.-El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se le imputa. V. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito (minutos 12:30 a 14:20 disco versátil digital folio STI2502022 archivo PP260404223_copia federal). Posteriormente, la jueza señaló que por cuanto hace a los requisitos en mención, de los datos expuestos al órgano jurisdiccional, se presume haberse cometido el hecho en estudio en el Municipio de Jamapa, perteneciente a la circunscripción territorial de su jurisdicción y que se cuenta con los datos generales del imputado que obran en el proceso penal 202/2020 (minutos 14:25 a 18:34 disco versátil digital folio STI2502022 archivo PP260404223_copia federal). Por cuanto hace a que se haya realizado imputación, este requisito lo tuvo por satisfecho en la audiencia privada de fecha cuatro de noviembre de dos mil veinte, donde el Fiscal Especializado en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción con residencia en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, le comunicó al ahora vinculado Fernando Hernández Terán, que se realizaba una investigación en su contra por la que se radicó la carpeta de investigación FGE/FECCEV7148/2019 (minutos 18:40 a 19:48 disco versátil digital folio STI2502022 archivo PP260404223_copia federal). Respecto0 a la oportunidad de declarar, la jueza tuvo por satisfecho dicho requisito, ya que en audiencia de veinticuatro de enero de dos mil veintiuno, previo a explicarle el derecho que le consagra el artículo 20 Constitucional, se le otorgó la oportunidad de ejercer el mismo; derecho ejercido por el imputado a través de interrogatorio siendo las catorce horas con treinta y ocho minutos (minutos 19:50 a 21:40 disco versátil digital folio STI2502022 archivo PP260404223_copia federal). Respecto al tercer requisito, consistente en que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan el hecho que la ley señala como delito, esto es, que se haya cometido el hecho señalado y que existe la probabilidad de que el imputada lo cometió o haya participado en su comisión, la jueza tuvo por reproducidos los datos expuestos por la Fiscalía y los medios de pruebas ofertados por la defensa (minutos 21:45 a 22:20 disco versátil digital folio STI2502022 archivo PP260404223_copia federal). En ese contexto, la jueza significó que en la etapa procesal en que se encuentra el proceso penal de que se trata, se considera etapa procesal preliminar, en consecuencia solo está obligada a advertir si los datos expuesto por la Fiscalía encuadran con un hecho con apariencia de delito y la probable participación del imputado en esos hechos, es decir, no está obligada a una valoración de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, ni acreditar el cuerpo del delito (minutos 22:25 a 26:40 disco versátil digital folio STI2502022 archivo PP260404223_copia federal). Por cuanto hace al hecho que la ley tipifica como delito de EJERCICIO INDEBIDO DEL SERVICIO PÚBLICO, previsto y sancionado en los numerales 315 fracción III en relación con el 21 y 37 del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz, la jueza determinó se encontraba acreditado con los datos de pruebas expuestos por la Fiscalía, tomados en su conjunto y valorados en términos de los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales; resultan idóneos, suficientes y pertinentes para acreditar el hecho en estudio (minutos 27:40 disco versátil digital folio STI2502022 archivo PP260404223_copia federal). La jueza señaló que de los datos expuestos por la Fiscalía, se desprende, que el sujeto activo presuntamente ejerció una función o cargo que no le correspondía al ser inherente a un diverso servicio público, a saber el de la Tesorería contemplada en la Ley Orgánica del Municipio Libre; toda vez que en la propia deposición del imputado reconoció su función como Presidente del DIF Municipal en el Ayuntamiento de Jamapa, con facultades y funciones otorgadas por la Ley de Asistencia Social, de las cuales no se advierte sean las de recaudar, administrar, concentrar, custodiar, vigilar y situar los fondos municipales, así como los conceptos que deba percibir el Ayuntamiento, de conformidad con la Ley de Ingresos, dirigir las labores de la Tesorería y hacer que los empleados cumplan con sus deberes, todas ellas contempladas en el artículo 72 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado, y que son facultades inherentes a la Tesorería Municipal. Por tanto la jueza consideró que el hecho con apariencia de delito de EJERCICIO INDEBIDO DEL SERVICIO PÚBLICO, recae en la del cargo público de Tesorero, contemplado en el artículo 72 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y no en la de Director de Obras Públicas como con anterioridad había pronunciado; lo anterior tomando en consideración los datos de pruebas con que se cuentan, y el estado procesal en que se encuentran, se puede presumir que de manera probable el imputado dio la instrucción a las cajera de la Tesorería, desde febrero de dos mil dieciocho, de recaudar o recibir una cantidad respecto al programa denominado Cuartos Dormitorios, atribución que no corresponde al cargo honorífico que manifestó ostentar en dos mil dieciocho, la cual es únicamente de asistencia social (minutos 42:48 a 45:20 disco versátil digital folio STI2502022 archivo PP260404223_copia federal). Por tanto se reitera que la atribución de instruir a las cajeras para la recaudación de fondos municipales, son facultades que le corresponden al titular de la Tesorería Municipal, conforme al artículo 72 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado, al estar las cajeras adscritas a la misma. Para lo anterior, la jueza señaló que obran en el expediente los datos de pruebas consistentes en: - Denuncia que por escrito presentada por Julio César Sosa Villalbazo y Selene González Morales, como síndico y regidor segundo del Ayuntamiento del Municipio de Jamapa, de fecha catorce de marzo de dos mil diecinueve, en donde refieren que los servidores públicos, entre ellos el aquí imputado, cometieron actos de corrupción y por tanto solicitaron que se iniciara carpeta de investigación y se llevara a cabo una investigación respecto a las irregularidades que se estaban presentando en la tesorería de dicho municipio. - Copia certificada del nombramiento de persona diversa al imputado como tesorera del Ayuntamiento de Jamapa, Veracruz, signada por la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Jamapa, Veracruz, Florisel Ríos Delfín. Por tanto existe dato de que quien ejercía la titularidad de la Tesorería Municipal lo era una persona diversa a la persona imputada (minutos 46:40 a 50:14 disco versátil digital folio STI2502022 archivo PP260404223_copia federal). Para establecer la existencia del hecho con apariencia de delito y puntualizar se ejerció esa función sin tener las atribuciones, la jueza señaló contar con los siguientes datos de pruebas: 1) Entrevistas de Miriam Maldonado Zinc, beneficiaria del programa Cuarto Dormitorio, rendida ante la Fiscalía el once de abril de dos mil diecinueve. 2) Entrevista de Idzel Chanelli Medrano Vázquez, en calidad de testigo, cajera del área de tesorería del Ayuntamiento de Jamapa, Veracruz, de fecha cinco de septiembre de dos mil diecinueve, refiriendo que eran tres las personas que recibían dichas cantidades de dinero en la Tesorería, que por órdenes de Don Fernando, quien era el Presidente del DIF Municipal, quien les dijo habían bajado apoyo para el programa Cuartos Dormitorios, y que ellas iban a ser las encargadas de recolectar el dinero que los beneficiarios de dicho programa. 3) Entrevista de Adriana Montes Beltrán y Mónica Cortes Ríos, cajeras de la Tesorería del Ayuntamiento de Jamapa, de fecha catorce de noviembre de dos mil diecinueve, refiriendo que la auxiliar de Tesorería Osiris del Carmen Jiménez Prado era la que elaboraba los recibos de cuanto habían aportado cada una de las personas, que no eran recibos oficiales, si no que utilizaban como cualquier hoja de pago, que era una hoja con blanco y negro, con un membrete con el logo del Ayuntamiento de Jamapa, Veracruz donde se establecía la cantidad y nombre de la persona, la fecha en que aportaba, así como también el sello de la tesorería y la leyenda "recibí la cantidad de", de donde refiere iba acompañada de la firma correspondiente. 4) Testimonial de Catalina Domitila Hernández García, beneficiaria del programa Cuartos Dormitorios. 5) Entrevista de Esther Ruíz Rodríguez, beneficiaria del programa Cuartos Dormitorios. 6) Entrevista de Rosita Peña Hernández, beneficiaria del programa Cuartos Dormitorios. 7) Entrevista de Yolitzy Dinora Pérez Moreno, beneficiaria del programa Cuartos Dormitorios. 8) Entrevista de Cristina Huerta González, beneficiaria del programa Cuartos Dormitorios. 9) Entrevista de Adrián Zavala Zavala, beneficiario del programa Cuartos Dormitorios. 10) Entrevista de Daysi Rosario Tenorio Apodaca, beneficiaria del programa Cuartos Dormitorios. 11) Entrevista de Dana Paulina Ruíz Capetillo, beneficiaria del programa Cuartos Dormitorios. 12) Entrevista de Marisela Lobato Molina, beneficiaria del programa Cuartos Dormitorios. 13) Entrevista de María de las Mercedes Malpica Lara, beneficiaria del programa Cuartos Dormitorios. Las cuales valoradas en términos de los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, advirtiéndose que en su conjunto existe el señalamiento firme y directo de tres cajeras que especifican se les dio instrucción de recaudar el dinero correspondiente al programa Cuartos Dormitorios, las cuales se encuentran robustecidas por lo vertido en las entrevistas a los beneficiarios que resultaron víctimas las cuales fueron coincidentes en señalar haber acudido en el mes de febrero de dos mil dieciocho a una reunión que se llevó a cabo en el salón social del Municipio de Jamapa, Veracruz, dirigida por el aquí imputado Fernando Hernández Terán, quien fungía en ese entonces como Presidente del DIF Municipal de dicho Ayuntamiento, ofreciéndoles el programa Cuartos Dormitorios y que dicho programa se constituía en la participación tripartita con la cantidad de cuarenta y cinco mil pesos (minutos 1:13:00 a 1:13:40 disco versátil digital folio STI2502022 archivo PP260404223_copia federal). Seguidamente, la jueza procedió a enunciar los datos de pruebas consistentes en las: - Documentales consistentes en los recibos originales de los ingresos del municipio de Jamapa, que respaldan las cantidades aportadas por cada uno de los dieciocho beneficiarios del programa Cuartos Dormitorio (minutos 1:13:41 a 1:21:38 disco versátil digital folio STI2502022 archivo PP260404223_copia federal). - Documental consistente en el dictamen de documentos cuestionados bajo el número XAL-1-997 de fecha veintinueve de abril de dos mil veinte, signado por María Guadalupe Muñoz Rodríguez, como perito de la Dirección de los Servicios Periciales (minutos 1:25:00 disco versátil digital folio STI2502022 archivo PP260404223_copia federal). - Documental consistente en el oficio número OFS/DGAJ/1825/02/2020 de fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte, signado por el licenciado Felipe de Jesús Marín Carrión, como el Director de Asuntos Jurídicos del órgano de Fiscalización Superior del Estado, relativo a la entrega-recepción de la obra del programa Cuartos Dormitorios y donde informa el monto de la inversión aprobado con recursos provenientes del fondo federal FORTAMUN (minutos 1:25:43 disco versátil digital folio STI2502022 archivo PP260404223_copia federal). - Documental consistente en el oficio bajo el número PRE/2019/225 de fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, signado por Florisel Ríos Delfín, como Presidenta Municipal de Jamapa, mediante el cual remite copia de las constancias referentes a las documentales de la obra Cuartos Dormitorios, copia de la lista de los dieciocho beneficiarios del citado proyecto. (minutos 1:27:10 disco versátil digital folio STI2502022 archivo PP260404223_copia federal). Los cuales fueron valorados en términos de los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y concatenados entre sí, llevan a establecer que sí existió el programa referido, así como que los beneficiarios del mismo, aportaron un monto para un programa del cual quedó establecida su existencia, así como que dicho programa fue totalmente financiado en su totalidad con recursos de un fondo federal antes referido, no existiendo la necesidad de que los beneficiarios aportaran monto alguno en relación al mismo. Además por parte de la defensa, las argumentaciones vertidas ante ese órgano jurisdiccional fueron encaminadas a establecer que María de Carmen Castillo y Lourdes Rodríguez Ruíz manifestaron ser beneficiarias de dicho programa y no se sentían defraudadas por los hechos acontecidos, la jueza determinó, que ello en nada aporta algún sustento para poder establecer que Fernando Hernández Terán, hasta este momento de manera probable no haya sido la persona que efectivamente haya dado la indicación sin tener las facultades para que fuera recabado monto alguno por las empleadas del Ayuntamiento de Jamapa, en razón del programa aludido. Por tanto la jueza determinó se actualizaba el hecho con apariencia de delito de EJERCICIO INDEBIDO DEL SERVICIO PÚBLICO, lográndose establecer la probable participación Fernando Hernández Terán en la comisión del mismo, lo anterior, al encontrarse satisfechos los requisitos establecidos en los artículos 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales (minutos 1:30:56 disco versátil digital folio STI2502022 archivo PP260404223_copia federal). Por cuanto hace al requisito consistente en la extinción de la acción penal o excluyente de delito; tomando en consideración los datos de prueba enunciados por la Fiscalía, no se logra advertir que exista alguna excluyente de responsabilidad en su favor, de acuerdo a lo que establecen los artículos 23, 24, 25 del Código Penal del Estado de Veracruz; por el contrario, de acuerdo a los datos de prueba que enunció la Fiscalía, y en específico a los señalamientos firmes y directo de los testigos, la jueza determinó hasta ese momento y de manera probable, que el aquí quejoso actúo en todo momento con conocimiento de (minutos 1:15 disco versátil digital folio STI2502022 archivo PP260404224_copia federal). En esa tesitura, la jueza estableció que se encuentran satisfechos los requisitos establecidos en el artículo 19 constitucional, así como los establecidos en los artículos 316 y 317, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, determinando dictar Auto de Vinculación a Proceso en contra de Fernando Hernández Terán, por el hecho con apariencia de delito de EJERCICIO INDEBIDO DEL SERVICIO PÚBLICO, ilícito previsto y sancionado en el numeral 319, en relación con el 21 y 37, todos del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz (minutos 3:29 disco versátil digital folio STI2502022 archivo PP260404224_copia federal). Acto seguido, la jueza procedió a pronunciarse por la medida cautelar de prisión preventiva justificada peticionada por la Fiscalía, resolviendo imponer a Fernando Hernández Terán la medida cautelar de prisión preventiva justificada contemplada en el arábigo 155 fracción XIV del Código Nacional de Procedimientos Penales, por la temporalidad de dos años, tomando en cuenta los datos de prueba expuestos por la Fiscalía que hacen patente esa necesidad en términos del artículo 168 fracción III del código referido, esto por el comportamiento desplegado por el aquí imputado posterior al hecho para someterse a la acción penal, así como la opinión técnica signada por la Encargada de la Revisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, especificando que existe un nivel de riesgo alto para la obstaculización del procedimiento por el aquí imputado Entonces la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta a Fernando Hernández Terán, por dos años es la idónea, la cual deberá ser computada a partir del veinticuatro de enero de dos mil veintiuno, entonces así, computando el tiempo transcurrido, esta se impone por la temporalidad de nueve meses y veinte días a partir de esta fecha cuatro de abril del año en curso y feneciendo el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, lo que se hizo del conocimiento al Director del Centro de Reinserción Social zona 1 en Pacho Viejo, Veracruz (minutos 9:50 a 23:35 disco versátil digital folio STI2502022 archivo PP260404224_copia federal). De lo anteriormente expuesto, se advierte que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, dejó insubsistente el Auto de Vinculación a Proceso dictado en la causa penal 202/2020, así también dejó sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva justificada emitida el veinticuatro de enero de dos mil veintiuno, así al volver al estudio del mismo, dictó Auto de Vinculación a Proceso en contra de Fernando Hernández Terán, por el hecho con apariencia de delito de EJERCICIO INDEBIDO DEL SERVICIO PÚBLICO, ilícito previsto y sancionado en el numeral 319, en relación con el 21 y 37, todos del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz; así mismo le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada contemplada en el arábigo 155 fracción XIV en relación con el 168 fracción III, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, por la temporalidad de nueve meses y veinte días a partir de esta fecha cuatro de abril del año en curso y feneciendo el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. No es obstáculo a lo anterior, las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, mediante escrito presentado ante este juzgado el veinticinco de abril de la presente anualidad, toda vez que contrario a éstas, este Juzgado considera que la autoridad responsable sí cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se le indicaron, y que aquí quedaron precisados. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
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Boca del Río, Veracruz, seis de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Jefe de Administración Postal del Módulo del Poder Judicial de la Federación, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, dígase que la pieza con registro 9429111123568, relativa al oficio 12453 de fecha dieciocho de abril del año en curso, dirigido a la autoridad Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, con residencia en Xalapa, Veracruz, obra agregada en autos. Por ende, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en proveído de diecisiete de mayo de la presente anualidad. Notifíquese en términos de ley.
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Boca del Río, Veracruz, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Agréguese los autos oficio de cuenta signado por el Jefe de Administración Postal de Correos de México, Módulo Postal del Poder Judicial de la Federación, con sede en esta localidad; en atención a su contenido, se tiene informando las gestiones tendentes a efecto de dar cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Asimismo, como lo solicita, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, se le concede una prórroga de diez días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, para que remita el acuse de recibo de la pieza postal con registro 9429111123568. Haciendo de su conocimiento que subsiste el apercibimiento decretado en el auto de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, para en caso de no cumplir con lo anterior. Notifíquese en términos de ley.
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Boca del Río, Veracruz, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por Carlos Eduardo Hernández Roldán, en su carácter de autorizado de Fernando Hernández Terán, parte quejosa en el presente asunto, mediante el cual solicita se certifique si se han realizado las notificaciones a las partes del auto de dieciocho de abril del año en curso, de la misma forma solicita que de ser el caso se tenga por fenecido el plazo para desahogar la vista conferida en el auto de referencia; en atención a su contenido, dígase que a la fecha no obra en autos el acuse de recibo relativo al oficio 12453 dirigido al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, con residencia en Xalapa, Veracruz, en su carácter de tercero interesado, mediante el cual se ordenó notificar a dicha parte la vista de mérito, lo cual resulta necesaria para fijar el plazo con el que cuenta para desahogar la vista. Ahora bien, como se expone en el párrafo precedente a la fecha no existe constancia que acredite que el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, con residencia en Xalapa, Veracruz, en su carácter de tercero interesado, haya recibido el oficio 12453 de datas dieciocho de abril del año en curso, en el cual se dio vista con las constancias remitidas por la Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVIII Distrito Judicial, con sede en Veracruz, Veracruz, con las que consideró dar cumplimiento dado a la ejecutoriad de amparo. En tales condiciones, se requiere al Encargado del Módulo del Servicio Postal Mexicano con sede en este Edificio sede del Poder Judicial de la Federación, para que por su conducto, dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, remita a este Juzgado el acuse de recibo de la pieza postal con registro 9429111123568 depositada en dicha dependencia el veinte de abril del presente año, como se advierte de la factura número 80. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo concedido para el efecto, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá multa de cincuenta a mil días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con el artículo 237 fracción I de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
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