Fernando García Pérez

Expediente 498/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
498/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
16/06/2022

Partes del expediente

  • Fernando García Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciséis de junio de dos mil veintidós. De la certificación que antecede, se advierte que el catorce de junio pasado feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de la ley de la materia, en contra del acuerdo de treinta de mayo actual que desechó la demanda de amparo. Por tanto, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardos de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se declara que dicho auto ha causado estado, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, d) del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Con ésta fecha se notifica a la parte promovente, el auto de treinta de mayo de dos mil veintidós, que dice: Vista la demanda de amparo promovida por Fernando García Pérez, contra actos del 1. Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz; fórmese expediente bajo el número 498/2022. DESECHAMIENTO Con base en lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, luego de examinar en su integridad el escrito de demanda y atendiendo a que el acto reclamado es el acuerdo de trece de mayo de dos mil veintidós, emitido en los autos del juicio ordinario civil 672/2020 del índice del Juzgado responsable, en la audiencia prevista por el artículo 345 del Código Civil para el Estado de Veracruz, que modifica el régimen de convivencias establecidas en resolución de veintiocho de abril del presente año, para establecer la entrega recepción de los menores a su progenitor en el domicilio de la abuela paterna y no en el domicilio en que viven los menores (con su madre), es posible colegir que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia que resulta de relacionar en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con la disímil V del artículo 117 de la propia Ley; y por ende, se impone DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo. Procede evidenciar el anterior aserto. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece la procedencia de la vía indirecta para reclamar actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, que son los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Los derechos sustantivos están constituidos por el conjunto de prerrogativas de los gobernados, inherentes a su libertad, estado civil, patrimonio, posesiones, papeles, etcétera, con los que desarrollan diariamente su vida cotidiana, independientemente de que estén o no involucrados en un juicio ante autoridad judicial. Por su parte, los derechos procesales se otorgan a las partes por las leyes de esa índole, para su empleo exclusivo al interior de los procedimientos, a fin de preparar la decisión sustantiva del litigio en la sentencia. Así pues, la afectación atiende exclusivamente a los efectos que produce cada acto al interior o al exterior de los procedimientos y al tipo de derechos sustantivos o procesales que se vean afectados. Sin embargo, conviene dejar claro que la tramitación de un proceso jurisdiccional supone cargas y obligaciones a las partes, que llegan a implicar la afectación de sus derechos sustantivos que deben soportarse necesariamente, para hacer posible el ejercicio al derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, para resolver los conflictos con transcendencia jurídica, con una sentencia que declare a quien le asiste el derecho, para restituirlo en su goce. Empero, tal restricción sólo debe limitarse a lo estrictamente necesario, para el cumplimiento de la finalidad perseguida, y mediante el apego a los requisitos y formalidades legales al efecto. Por esto, si un acto procesal trae como consecuencia la afectación de un derecho sustantivo, y en el juicio de amparo se aduce que no se ajusta a los requerimientos o formalidades conducentes, la materia es motivo para el amparo. En otras palabras, existen afectaciones a derechos sustantivos en el proceso, que son consustanciales a éste, pero sólo éstas deben ser soportadas por las partes durante el procedimiento, y en la medida en que se requiera el sacrificio para la jurisdicción efectiva. Sin embargo, cuando no se siguen los procedimientos establecidos por el ordenamiento jurídico, la afectación a los derechos sustantivos ya no es consubstancial al desarrollo normal del proceso; por el contrario, las determinaciones entrarían en el campo de la arbitrariedad o ilegalidad que indudablemente rebasarían las fronteras del proceso y repercutirían negativamente en los derechos sustantivos del litigante. Es evidente entonces, que el acto reclamado no realiza pronunciamiento alguno que incida en los derechos sustantivos de la parte quejosa, ya que es un decreto de trámite en el juicio. El hecho de que el quejoso manifieste que en el auto de trece de mayo de dos mil veintidós modifica el lugar en donde debe recoger a sus hijos a fin de convivir con ellos no adiciona alguna circunstancia distinta al efecto meramente procesal, porque en esencia, el acto reclamado constituye una determinación de trámite que no restringe en modo alguno el tiempo previsto para las convivencias. En este sentido, las afectaciones aducidas (el lugar de recolección de los menores) son consubstanciales al proceso. Por ende, el acto reclamado no tiene las características de afectar de manera directa e inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa, por ende, lo conducente es desestimar la demanda de amparo. Tienen aplicación en lo conducente, al presente asunto el siguiente criterio: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías". Por todo lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo de cuenta por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia, en términos de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V de la propia ley. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PROCESAL Por otro lado, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, téngase como su autorizado al licenciado José Manuel Zapién Castro, puesto que acredita la calidad de licenciado en derecho, al tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de toda la República Mexicana. Ahora, se tiene a la restante persona que menciona en su escrito de demanda, únicamente como autorizado para oír notificaciones e imponerse de autos, conforme al segundo párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, lo anterior, por así haberlo solicitado la parte quejosa. Así también, téngasele señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona en su demanda de amparo. APERCIBIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta zona conurbada, cierto y exacto para tal efecto. EXHORTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES En atención a lo establecido en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado inicialmente en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte y prorrogado en cuanto a su vigencia, en su numeral 22, fracción II, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico o servicios de mensajería instantánea que brinda la telefonía móvil, para entablar comunicaciones no procesales, en los casos en que se estime necesario. LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de la parte quejosa que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración el presente asunto fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Aunado a lo anterior, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial, deberá generar anticipadamente la cita correspondiente ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y cuando acuda a este juzgado de manera presencial, deberá presentar el código QR generado con motivo de la cita, para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley.

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