Fernando González Burgos

Expediente 238/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
238/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
28/07/2022

Partes del expediente

  • Fernando González Burgos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, y toda vez que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra de la resolución dictada en este juicio de amparo el treinta de junio de dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En tal, virtud y toda vez de que por auto de treinta de junio de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta número 1252/2022 signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, y anexos que acompaña, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento que le fuera realizado en autos, remite a este juzgado federal copia certificada del laudo y aclaración del laudo, así como las constancias de notificación a las partes de dichas determinaciones, ello dentro del expediente ordinario laboral número 1B-860/2020. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de donde se advierte que la parte que quejosa reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, y Actuario de su adscripción, ambos con residencia en esta ciudad lo siguiente: "La omisión de elaborar el proyecto de laudo, emitir el laudo y notificar a las partes, actos derivados del expediente ordinario número 1B-860/2020". En ese contexto, como se desprende del oficio de cuenta, la Junta responsable en fecha veintinueve de abril del año en curso emitió el laudo correspondiente dentro del expediente laboral de origen; asimismo, previa solicitud de la parte actora, mediante proveído de trece de mayo siguiente, se realizó la aclaración del laudo de mérito, realizando las notificaciones respectivas a las partes que intervinieron en dicha controversia laboral, anexando copias debidamente certificadas de las constancias con que sustenta su dicho. Ahora, en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Por tanto, para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación Constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje alguna huella, pues, la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la Constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Atento a lo anterior, de autos y de las constancias antes descritas se aprecia que dentro del expediente laboral que dio origen al presente juicio, ya se dictó el laudo correspondiente y se realizaron las notificaciones respectivas del mismo, lo que constituye el acto que se reclama en este líbelo constitucional, lo que se corrobora con las documentales recibidas mediante el oficio con que se da cuenta, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, gozan con pleno valor probatorio. Consecuentemente, como se adelantó, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón a que los actos reclamados, reseñados con antelación, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que dio motivo a la promoción del presente juicio de amparo, motivo por el cual, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia Constitucional, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese y personalmente.

  3. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio de lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha treinta de junio de dos mil dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, treinta de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta número 1252/2022 signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, y anexos que acompaña, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento que le fuera realizado en autos, remite a este juzgado federal copia certificada del laudo y aclaración del laudo, así como las constancias de notificación a las partes de dichas determinaciones, ello dentro del expediente ordinario laboral número 1B-860/2020. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de donde se advierte que la parte que quejosa reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, y Actuario de su adscripción, ambos con residencia en esta ciudad lo siguiente: "La omisión de elaborar el proyecto de laudo, emitir el laudo y notificar a las partes, actos derivados del expediente ordinario número 1B-860/2020". En ese contexto, como se desprende del oficio de cuenta, la Junta responsable en fecha veintinueve de abril del año en curso emitió el laudo correspondiente dentro del expediente laboral de origen; asimismo, previa solicitud de la parte actora, mediante proveído de trece de mayo siguiente, se realizó la aclaración del laudo de mérito, realizando las notificaciones respectivas a las partes que intervinieron en dicha controversia laboral, anexando copias debidamente certificadas de las constancias con que sustenta su dicho. Ahora, en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Por tanto, para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación Constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje alguna huella, pues, la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la Constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Atento a lo anterior, de autos y de las constancias antes descritas se aprecia que dentro del expediente laboral que dio origen al presente juicio, ya se dictó el laudo correspondiente y se realizaron las notificaciones respectivas del mismo, lo que constituye el acto que se reclama en este líbelo constitucional, lo que se corrobora con las documentales recibidas mediante el oficio con que se da cuenta, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, gozan con pleno valor probatorio. Consecuentemente, como se adelantó, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón a que los actos reclamados, reseñados con antelación, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que dio motivo a la promoción del presente juicio de amparo, motivo por el cual, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia Constitucional, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese y personalmente.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por oficio 1210/2022, signado por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, remitió copia certificada del laudo emitido el veintinueve de abril de dos mil veintidós en el juicio laboral..., el cual ordenó notificar personalmente a las partes. Ahora, cabe precisar que los actos reclamados a las autoridades responsables Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Actuario de su adscripción, en el presente asunto son: La omisión de emitir el laudo en el juicio de origen; y, La notificación del laudo que se efectué a las partes. Por tanto, al tener conocimiento este órgano jurisdiccional que se emitió el laudo en el juicio de origen y se ordenó su notificación personal a las partes, lo cual implica que se pudiere actualizar una causal de improcedencia en el juicio en que se actúa; es por lo que, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que en el término de tres días hábiles contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, remitan copia debidamente certificada de las constancias de notificación del laudo efectuadas a las partes en el expediente 1B-860/2020, o bien, informen el impedimento que tienen para ello. Apercibidos que de no hacerlo, o bien manifestar el impedimento que tenga para ello, al momento de emitirse la resolución respectiva, se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260 de la Ley de Amparo en vigor. Resulta aplicable la tesis número I.11o.T.1 K (10a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 2675, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2019418, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUEZ DEBE INDAGAR O RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA DETERMINAR SI AQUÉLLA SE ACTUALIZA, Y SI EL INDICIO SE CONOCIÓ EN EL RECURSO DE REVISIÓN, EL TRIBUNAL DEBE REVOCAR LA SENTENCIA IMPUGNADA Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE AQUÉL REALICE LA INDAGATORIA. Conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio, por lo que deben estudiarse por el juzgador aunque no las invoquen las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, regla que debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales, cuando éstas se adviertan mediante un indicio; por consiguiente, si de las constancias de autos el Juez advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio, oficiosamente debe indagar y, en todo caso, allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza y sobreseer en el juicio, o bien, en caso contrario, abordar el fondo del asunto, sin que obste a lo anterior que las pruebas documentales deban ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la ley citada, de manera que las exhibidas con posterioridad no podrán tomarse en cuenta porque, de hacerlo, se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal. No obstante, esa regla general no opera cuando se acredite un motivo de sobreseimiento conforme al artículo 63 de la propia ley, aun con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional o después de dictada la sentencia, como pudiese acontecer al promoverse el recurso de revisión, donde puede presentarse una prueba documental de la cual derive la existencia de un indicio, al no haber limitación alguna para ello, por lo que el órgano colegiado, al ocuparse del recurso de revisión, tiene la facultad para sobreseer en el juicio, valorando esas pruebas cuando aparezca fehacientemente demostrada o sobrevenga una causal de improcedencia, sin que exista obstáculo para que se revoque el fallo impugnado y se ordene la reposición del procedimiento." Notifíquese.

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