Fernando Ferreyra Viquez

Expediente 970/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
970/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
04/10/2022

Partes del expediente

  • Fernando Ferreyra Viquez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio TUA36/UJ/583/2022, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa los trámites que ha realizado tendentes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; lo anterior, para los efectos a que haya lugar, sin perjuicio de que en su oportunidad se requiera a la aludida autoridad responsable (en términos del artículo 192 de la legislación de la materia), para que informe lo conducente respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha cuatro de octubre de dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días de que disponía la parte quejosa para interponer el recurso de queja que establecen los artículos 98 en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para recurrir el proveído del seis de septiembre del año en curso que desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho acuerdo, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el numeral 214 del invocado ordenamiento legal, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, numeral 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que de no comparecer dentro del plazo de tres días a recoger las copias de la demanda que se exhibieron, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción. Hágase saber a las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, sí así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en la inteligencia que para poder ingresar a este recinto judicial a recoger los citados documentos, en términos de lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por el diverso 20/2021, respecto de su vigencia, la parte quejosa o sus autorizados deberán generar cita en Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el micrositio "Agenda OJ". Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del H. Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, por los actos que hacen consistir en: ". a). Del H. Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, reclamo la falta de previsión presupuestal para el ciclo escolar 2022-2023. Para implementar la gratuidad de la educación superior. b). Del Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, reclamo la autorización y publicación de la página electrónica el día 11 de marzo de 2022 www.umich.mx, Convocatoria para el Proceso de Ingreso al Nivel Superior y Técnico Superior ciclo escolar 2022/2023, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; el cual en los puntos I.- Consideraciones Generales, número 5. Para concluir el registro se deberán realizar todos los pagos señalados. Número 6. Una vez efectuados los pagos, la Universidad no hace ninguna devolución, es responsabilidad del interesado realizar y concluir el trámite dentro de los periodos de la presente convocatoria. II.- Registro de Solicitudes de Ingreso. El registro de solicitudes para el nivel superior y técnico superior universitario ......... El pago por concepto de Solicitud de ingreso es: Para aspirantes provenientes de preparatorias dependientes e incorporadas a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el monto será de $1,800. Para aspirantes provenientes de preparatorias independientes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el monto será de $2,180. Se deberá realizar el pago del curso propedéutico o de inducción en los programas que lo requieran al momento del registro. III.- Procedimiento para la obtención de la Solicitud de Ingreso. 1. 2. 3. Registra tus datos personales y escolares, revisa que sean los correctos e imprime tus órdenes de pago (Solicitud de ingreso y Curso de inducción). 4. Realiza los pagos en línea o en cualquiera de los bancos señalados en tus órdenes de pago, en las cuáles se indican montos y fechas límite para efectuarlos. Si no los realizas no podrás concluir tu trámite. 5. Si pagas en línea podrás continuar inmediatamente con tu trámite; si pagas en ventanilla del banco tendrás que esperar 72 horas. Vuelve a ingresar al portal proporcionando tu CURP, completa el registro, contesta la encuesta Perfil de Ingreso y Expectativas Educativas del Aspirantes a Nivel Superior e imprime los documentos disponibles (instructivo de nuevo ingreso y Reglamento del Proceso de Ingreso para cursar los niveles Medio Superior, Técnico Superior Universitario y Licenciatura. Con lo cual desde el momento de la publicación de la convocatoria, están condicionando el ingreso a dicha institución educativa al pago de cuotas económicas, hecho que contraviene lo estipulado por los artículos 3º de la Constitución Federal y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano del Estado de Michoacán de Ocampo. c). Del Tesorero de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, reclamo la discriminación y negativa sin sustento ante el derecho a la educación superior gratuita, ya que al ser este el responsable del manejo de los fondos de la Universidad con base en el presupuesto anual proporcionado por el H. Consejo Universitario, se niega junto con el Rector de la Universidad Michoacana, a otorgar el derecho a la gratuidad en la educación superior prevista por el artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano del Estado de Michoacán de Ocampo, el cual establece en su última parte "Toda educación que el Estado imparta será gratuita". d). Del Director de la Facultad de Odontología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, reclamo la indiferencia por intervenir en la solución de la petición reclamada, que consiste en que se me proporcione tal y como lo establecen los artículos 3° de la Constitución Federal y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano del Estado de Michoacán de Ocampo, que la educación de nivel superior sea gratuita. e) Reclamo así todos los efectos y consecuencias de las omisiones por parte de las autoridades, que se traducen materialmente en el hecho de que a la quejosa se le esté exigiendo y condicionando su inscripción al nivel superior, teniendo que cubrir un sin fin de pagos y/o cuotas; a pesar que para el ejercicio presupuestal 2022, se autorizó a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo un incremento del -12% doce por ciento al presupuesto, mismo que se traduce en 361 millones de pesos." Ahora bien, del análisis del escrito de demanda, se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del numeral 61, en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento" "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Ahora bien, se tiene que el artículo 17 la Ley de Amparo dispone que el plazo genérico para promover juicio de amparo es de quince días, el cual se deberá computar conforme a lo establecido en el diverso numeral 18, descontando los días inhábiles que están señalados en el artículo 19 de la misma legislación, de lo que se sigue que la forma en que se computará el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, será la siguiente: a) Quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del acto, de conformidad con la ley que lo rige. b) Quince días contados a partir del día siguiente al en que se haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución y, c) Quince días contados a partir del siguiente al en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XXXIII, de enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Como se ve, del contenido de los preceptos legales referidos se observa que el plazo genérico para promover el juicio de amparo es de quince días, siempre y cuando no se trate de los casos de excepción a que se contraen las fracciones I, II, III y IV; es decir, que se trate de amparo contra leyes, en su carácter de autoaplicativas, de sentencias definitivas condenatorias que impongan pena de prisión, que se trate de actos que causen perjuicio a los derechos de ejidatarios o comuneros y/o de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, o la incorporación forzosa al servicio del Ejército o Armada Nacionales. Conforme a lo anterior, si no se promueve el juicio de amparo dentro del plazo que establece la Ley de Amparo para ello, conforme a los criterios establecidos, los actos reclamados se entenderán consentidos tácitamente. Sentadas las premisas anotadas, se tiene que al juicio de amparo acuden Margarita Ceja Medina y Fernando Ferrara Víquez, ostentándose legítimos representantes de la menor MARÍA FERNANDA FERRARA CEJA, quejosa directa ésta última que se hizo sabedora del acto reclamado el cuatro de agosto de dos mil veintidós, derivado de la respuesta negativa que manifiesta bajo protesta de decir verdad, recibió por parte del Director de la Facultad de Odontología, para acceder a la gratuidad de la educación superior, cuando se vio obligada a descargar el formato "orden de pago" por la cantidad de $1,728.00 (mil setecientos veintiocho pesos 00/100 moneda nacional), a fin de cubrir y garantizar su lugar obtenido en el concurso de ingreso a la Facultad de Odontología, así como a realizar el pago por concepto de servicios escolares por la suma de $230.00 (doscientos treinta pesos 00/100 moneda nacional). Así las cosas, el cómputo correspondiente debe hacerse conforme al inciso b), precisado, esto es, el plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo deberá contarse a partir del día siguiente en que se hizo sabedora del acto reclamado. Manifestación que constituye una confesión que hace prueba plena, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°. Así, el plazo de quince días para promover el juicio de amparo transcurrió del cinco al veinticinco de agosto de dos mil veintidós, descontando los días seis, siete, trece, catorce, veinte y veintiuno de agosto del año en curso, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, como se ilustra a continuación: Agosto 2022 L M M J V S D 1 2 3 4 FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO 5 COMIENZA A TRANSCURRIR PLAZO 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 FENECE PLAZO 26 27 28 29 30 31 De esta forma, si el juicio de amparo se promovió el dos de septiembre de dos mil veintidós, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, resulta evidente que ello ocurrió fuera del plazo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. Además, como se señaló al inicio en líneas anteriores, el plazo a respetar para la promoción del juicio de amparo es de quince días, contado a partir del día siguiente en que se hizo sabedor del acto reclamado, sin que se actualice alguna de las excepciones que para ello disponen las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues no se está en presencia del reclamo de una norma general en su carácter de autoaplicativa o algún procedimiento de extradición; una sentencia definitiva condenatoria en materia penal; actos tendentes a privar la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a algún núcleo de población ejidal o comunal; ni el acto reclamado implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, o la incorporación a las fuerzas armadas nacionales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número XXI.2o.P.A. J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1931, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Asimismo, es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia VI. 2o. J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 291, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." De igual manera, apoya la anterior determinación, por analogía, la tesis aislada sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 235, del tomo XI, junio de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la calle Aurora, número 125, de la colonia Lomas de la Aurora, C.P. 58337, en esta ciudad. Ahora bien, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran." Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, de acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de septiembre de dos mil veintidós. 4Agréguese el oficio sin número, remitido vía correo electrónico por el apoderado de SECRETARÌA DE SALUD DEL ESTADO DE MICHOACÁN y/o del ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, estos por sí y en cuanto a superior jerárquico y por ende representante legal del DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL "DR. MIGUEL SILVA"; dependiente de los Servicios de Salud de Michoacán y de la Secretaría de Salud de Michoacán; con sede en esta ciudad, mediante el cual cumplen al requerimiento formulado por auto de doce de septiembre del año en curso, e informa el cumplimiento que están dando a la suspensión de oficio y de plano concedida al quejoso César Arellano Aguado, para lo cual refieren: ".de acuerdo a la información proporcionada por el nosocomio señalado como responsable, el impetrante de amparo a la fecha no ha comparecido a solicitar atención médica ni a recibir su tratamiento dialítico, el último registro con el que se cuenta es del día 24 de marzo de 2022, acudiendo a consulta de nefrología donde la dan pronóstico reservado para la vida y función renal sustantiva a mediano plazo y el día 20 de mayo de 2022, no acudió a la cita que tenía programada de audiología/otoneurología, desconociendo la causa y quedando cita abierta, lo anterior se acredita con las constancias del expediente clínico del quejoso que se anexan al presente escrito. [.] Por tal motivo y en estricto apego a la ley aplicable y conforme a los protocolos hospitalarios, resulta indispensable que el peticionario de amparo acuda al Hospital General "Dr. Miguel Silva", para que los médicos le den seguimiento a su padecimiento y previamente de haber realizado una valoración médica, estudios y lo que ellos consideren necesario, indiquen el tratamiento médico de acuerdo al padecimiento que ostenta el paciente." Por tanto, de conformidad con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, en horas inhábiles, con lo anterior, se ordena dar vista a la parte quejosa, con copia del oficio de cuenta, mediante notificación personal, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. En la inteligencia de que el aludido oficio ha sido previamente certificado por el Secretario de este Juzgado Federal, acorde con el ordinal 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia y al criterio que aparece publicado en la página 245, del tomo XI, del mes de abril de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VIA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS.- Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si estos son certificados por el funcionario competente". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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