Fernando Garcia Chavez
Expediente 812/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 812/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 30/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Fernando Garcia Chavez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interesadas y facultadas interpusieran el recurso de revisión en contra del proveído que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA, el presente juicio de garantías promovido por -, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno. Ahora, como del estado procesal que guardan los autos se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se sobreseyó en el juicio principal, lo anterior en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diez de diciembre de dos mil doce; asimismo, se hace constar que no se formaron cuadernos incidentales. Asimismo se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Finalmente, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, se presente en este juzgado a recoger los documentos originales exhibidos en autos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos correrán la misma surte que el juicio de amparo en que se actúa.
- Principal
CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA POR LISTA LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interesadas y facultadas interpusieran el recurso de revisión en contra del proveído que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA, el presente juicio de garantías promovido por -, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno. Ahora, como del estado procesal que guardan los autos se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se sobreseyó en el juicio principal, lo anterior en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diez de diciembre de dos mil doce; asimismo, se hace constar que no se formaron cuadernos incidentales. Asimismo se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Finalmente, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, se presente en este juzgado a recoger los documentos originales exhibidos en autos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos correrán la misma surte que el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese personalmente." LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interesadas y facultadas interpusieran el recurso de revisión en contra del proveído que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA, el presente juicio de garantías promovido por -, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno. Ahora, como del estado procesal que guardan los autos se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se sobreseyó en el juicio principal, lo anterior en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diez de diciembre de dos mil doce; asimismo, se hace constar que no se formaron cuadernos incidentales. Asimismo se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Finalmente, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, se presente en este juzgado a recoger los documentos originales exhibidos en autos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos correrán la misma surte que el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese personalmente.
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que la parte quejosa no desahogó el requerimiento que se le formuló en auto de tres de octubre del año en curso, a fin de que manifestara si deseaba señalar como acto reclamado el oficio SEE/SEB/DES/ST/1672/2018 mediante el cual la autoridad responsable Subdirector de Telesecundarias de la Secretaría de Educación Pública en el Estado dio contestación a la petición formulada; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento en él contenido y se ordena resolver el presente juicio de garantías únicamente respecto de los actos y autoridades señalados en su libelo constitucional. Por otra parte, como del escrito de demanda y de las constancias remitidas por las autoridades responsables se aprecia que el acto reclamado es: ".IV. ACTO RECLAMADO Y PROTESTA DE LEY.- El acto de autoridad que se reclama consiste en la omisión para dictar acuerdo y su notificación personal a la parte quejosa, relativo a la petición que por escrito, pacífica y respetuosamente se le hiciera sin que a la fecha se haya recibido respuesta alguna y sin haber logrado el acuerdo y su notificación al peticionario, como lo dispone el Artículo 8° Constitucional, ya que se le solicitó a la autoridad responsable para que informara lo referente a: A la solicitud pidiéndole que de manera pacífica y respetuosa al de la voz, A) . a la Dependencia anteriormente señalada, su INTERVENCIÓN Y SOLUCION AL CONFLICTO POR EL CUAL ESTOY PASANDO. RECLAMO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EL NO HABER DADO CONTESTACIÓN HASTA ESTA FECHA A LA PETICIÓN QUE SE ELEVÓ A LA MISMA." Este juzgador estima que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.).". La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, en virtud de una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció, o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto, que ya no incide en la vida jurídica del peticionario, es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura del anterior criterio, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del aquí quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la Justicia de la Unión. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a los agraviados en el pleno goce de la garantía individual violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos ochenta y dos, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." Hechas las consideraciones anteriores debe decirse que si de la demanda de garantías, se desprende que la parte quejosa reclamó en esta vía al Titular de la Secretaría, Subsecretario de Educación Básica, Director de Educación Secundaria, Subdirector de Telesecundarias, Director de Administración de Personal y Jefe de Departamento de Normatividad, todos de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, la omisión de acordar y notificar personalmente a la parte aquí quejosa la petición que formuló por escrito presentado el dieciséis de agosto pasado, lo que ya ocurrió el veintisiete de septiembre del año en curso, fecha en la cual el Subdirector de Telesecundarias, quien es la autoridad competente para dar respuesta a la solicitud del quejoso, en términos los artículos 2° y 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Central del Estado de Michoacán y el numeral 1.1.3.3 del Manual de Organización de la Secretaría de Educación, en repuesta, emitió el oficio SEE/SEB/DES/ST/1672/2018, mismo que notificó el uno de octubre del presente año en las instituciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 18, Michoacán, cuyo domicilio es de conocimiento público que se ubica en Circuito Periférico Paseo de la República (Sector Independencia) 540, C.P. 58170, Morelia, Michoacán de Ocampo, dirección que fue señalada por el propio quejoso en su solicitud. De ahí que, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por esa razón, procede citar respecto a la validez de sobreseer en el juicio, previo al verificativo de la audiencia constitucional, la tesis de jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Sirve como sustento, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 205/2008, número de registro 168189, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 605, tomo XXIX, correspondiente al mes de Enero de 2009, Novena Época, materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Finalmente, se ordena dejar sin efectos la fecha señalada dentro del presente juicio, para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,550 expedientes
- Fernando Diaz Gomez802/2021
- Fernando Gabriel Torres Herrera946/2021
- Fernando Gamez Garcia1226/2023
- Fernando Gamez Garcia278/2021
- Fernando Gamez Garcia1415/2019
- Fernando Gamez Garcia209/2020
- Fernando Garcia Rios458/2023
- Fernando Garcia Venegas811/2017
- Fernando Godinez Aviña251/2023
- Fernando Ivan Huerta Galindo1048/2022
- Fernando Lopez Perez1136/2019
- Fernando Maciel Alonso215/2021