Fernando Gabriel Torres Herrera
Expediente 946/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 946/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Fernando Gabriel Torres Herrera
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, a dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Como de la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece, para que las partes interesadas y facultadas interpusieran el recurso de queja, en contra del proveído que desechó la demanda de garantías promovida por -, o manifestado a este órgano jurisdiccional haberlo interpuesto indirectamente ante la superioridad; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, ha causado estado. Asimismo, como de la referida constancia secretarial, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación que en el juicio en que se actúa, es susceptible de destrucción y no se formaron cuadernos incidentales; lo anterior, de conformidad con el artículo 21 fracción I, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, que disponen lo siguiente:Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los Órganos Jurisdiccionales: I. En los Juzgados de Distrito: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución, que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo, siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado J. Trinidad Sánchez Ménera, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Fernando ... por propio derecho, contra actos del Titular de la Unidad de Atención a Delitos Sexuales de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Genero, con sede en esta ciudad; regístrese en el libro de gobierno con el número VI-946/2021- 1. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados por el quejoso, se hacen consistir en: ".IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: A) La negativa por parte de personal de la Fiscalía Especializada en la atención de delitos sexuales, de la región Morelia, para proporcionar la información respecto de una carpeta de investigación que se sigue en contra del suscrito. B) La negativa por parte de personal de la Fiscalía Especializada en la atención de delitos sexuales de la Ciudad de Morelia, Michoacán, para recibir la declaración del suscrito, así como la negativa de aceptar que el suscrito realice .una declaración sin coacción y aporte datos de prueba en mi favor, para efecto de poder llevar una defensa adecuada." El suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 61, fracción XII en relación con el numeral 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que amerita desechar la demanda, atendiendo especialmente a la naturaleza de los actos precisados en el párrafo que antecede. El artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El numeral trascrito, autoriza a este juzgador a desechar de plano una demanda de garantías cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. Los artículos 61, fracción XII y 5o, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]". Así es, pues el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, refiere en el primer párrafo, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Como lo ha distinguido nuestro Máximo Tribunal, existen tres tipos de interés atendiendo al nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona: el simple, el legítimo y el jurídico. El interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el solo hecho de ser miembro de la comunidad, en otras palabras, es el concerniente a todos los integrantes de la sociedad, por lo que el grado de intensidad en la esfera jurídica no resulta cualificado, personal o directo. Es por ello que tal interés constituye el supuesto contrario al interés jurídico, en el cual, la afectación a la esfera jurídica se encuentra referida a una cualidad específica: la titularidad de un derecho subjetivo. En efecto, el interés jurídico lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquel que se ha identificado con la titularidad de un derecho subjetivo, es decir, con la posibilidad de hacer, o querer determinada circunstancia y la posibilidad de exigir a otros el respeto de la misma. En tanto que el interés legítimo, se trata de una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, ya que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción, por lo que sólo requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio, ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico. Así es, la nueva redacción constitucional en torno al interés para acudir al juicio de amparo -tratándose de actos o resoluciones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo-, mantuvo la exigencia de que lo haga la parte agraviada, pero tal concepto fue desarrollado y segmentado en dos supuestos, pudiendo ser: a) el titular de un derecho, o b) el titular de un interés legítimo individual o colectivo, ya sea que se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, de la demanda en estudio se evidencia que el impetrante señala como acto reclamado, la negativa de la autoridad responsable de proporcionarle información respecto a la carpeta de investigación que se sigue en su contra, de recibirle su declaración y aporte datos de prueba en su favor, para efecto de una defensa adecuada. Ahora, el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: ".Artículo 218. Reserva de los actos de investigación. Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. [.] El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. [.]" De ello se desprende que en la etapa de investigación del procedimiento penal, toda diligencia realizada en la carpeta de investigación es totalmente reservada y que únicamente las partes son las autorizadas para tener acceso a ellas, con las restricciones que la compilación establece; asimismo, se aprecia que el imputado y su defensor podrán tener acceso a ella cuando se encuentre materialmente detenido, sea citado a comparecer con ese carácter o sea sujeto a un acto de molestia, lo que en el caso no acontece. Pues de conformidad con el artículo 310 del Código adjetivo, el momento procesal para que una persona que no está privada de su libertad, se entere de la imputación que obra en su contra, será hasta el verificativo de la audiencia inicial, que es en la cual inicia formalmente el proceso penal adversarial, numeral que literalmente establece: "Artículo 310. Oportunidad para formular la imputación a personas en libertad El agente del Ministerio Público podrá formular la imputación cuando considere oportuna la intervención judicial con el propósito de resolver la situación jurídica del imputado. Si el Ministerio Público manifestare interés en formular imputación a una persona que no se encontrare detenida, solicitará al Juez de control que lo cite en libertad y señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial, la que se llevará a cabo dentro de los quince días siguientes a la presentación de la solicitud. Cuando lo considere necesario, para lograr la presencia del imputado en la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público podrá solicitar orden de aprehensión o de comparecencia, según sea el caso y el Juez de control resolverá lo que corresponda. Las solicitudes y resoluciones deberán realizarse en los términos del presente Código". Luego, si la intención del impetrante es que el órgano investigador de los delitos, lo cite a efecto de que se entere de la imputación que obra en su contra, tener acceso a la carpeta de investigación y hacer valer su derecho de defensa, de acuerdo a las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta es una situación discrecional por parte de la autoridad ministerial, que incluso formalmente se verifica hasta la celebración de la audiencia inicial que se desahogue ante el juez de control, pues es ese el momento procesal oportuno para citar a comparecer el imputado a efecto de que se entere de la imputación que obra en su contra y esté en aptitud de hacer valer su derecho de defensa. De manera que, aunque se tenga certeza de la existencia de una carpeta de investigación que se está integrando por un agente del Ministerio Público, y que incluso pudiera deberse a una denuncia contra el impetrante, no es factible declarar procedente el amparo a efecto de que se analice lo correcto o incorrecto de las negativas de permitirle el acceso a la carpeta de investigación y de que en su caso no se le haya reconocido el carácter de imputado, ya que ello implicaría invadir la facultad de investigación que le otorga la Constitución Federal al Ministerio Público. En ese contexto, las negativas que reclama el quejoso no han generado ningún acto de molestia precisamente porque el solicitante de garantías aún no tiene el carácter de imputado; consecuentemente, si el quejoso no es parte en la carpeta de investigación que refiere, es claro que no le reviste la calidad de quejoso para efectos del amparo en términos de la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación el criterio sustentado por los Tribunal Colegiados de Circuito en la tesis .9o.P.172 P, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia penal, noviembre de 2017, Tomo III, visible en la página 1958, del rubro y texto siguiente: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SI EL QUEJOSO NO HA SIDO CITADO A COMPARECER ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO COMO IMPUTADO NI SE HA OCASIONADO ALGÚN ACTO DE MOLESTIA EN SU PERJUICIO, ÉL O SU DEFENSA NO PUEDE TENER ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN, AUN CUANDO ADUZCA QUE TIENE CONOCIMIENTO DE QUE EXISTE UNA DENUNCIA EN SU CONTRA Y AQUÉLLA SE ESTÁ INTEGRANDO. Determinar que el inicio de una carpeta de investigación es un acto de molestia para el investigado, haría considerar letra muerta los artículos 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que taxativamente establecen que el imputado y su defensor tendrán acceso a la investigación cuando sea citado a efecto de pretender recibir su declaración, precisamente con el carácter de imputado, o sea sujeto a un acto de molestia, como sería entrevistarlo. Por tanto, aun cuando el quejoso aduzca que tiene conocimiento de que existe una denuncia en su contra y que la representación social se encuentra integrando una carpeta de investigación, si aún no tiene el carácter de imputado, de conformidad con el artículo 218 mencionado, en virtud de que no ha sido citado a comparecer ante el Ministerio Público con esa calidad, ni se ha ocasionado algún acto de molestia en su perjuicio, él o su defensa no puede tener acceso a los registros de la investigación, pues la investigación contenida en la carpeta respectiva, per se, no puede generar un acto de molestia, a que se refiere el artículo 266 de ese código, esto es, en donde la autoridad le informa a una persona sobre los derechos que le asisten y mediante el cual solicita su cooperación, ello antes de que el procedimiento se lleve a cabo. Por ende, aquella integración de la carpeta de investigación por la autoridad responsable, no afecta los intereses jurídicos o, en su caso, legítimos del quejoso, en los términos de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, actualizándose con ello, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la propia ley. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII en relación con el numeral 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías de cuenta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. Háganse las anotaciones del caso, en el libro de gobierno de este Tribunal Federal, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finalmente, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ... en virtud a que como se desprende de la certificación que antecede, tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.
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