Fernando Francisco Coronado Ferrer
Expediente 856/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 856/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Fernando Francisco Coronado Ferrer
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales consiguientes el oficio que remite el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, por el cual comunica que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por este juzgado para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, por conducto de su apoderada legal ******************** ********************. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, al no existir documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del citado Acuerdo General; ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación, y que se trata de un cuaderno de antecedentes, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 20 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente cuaderno de antecedentes. Se estima que el presente cuadernillo carece de relevancia documental porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo quince del mencionado Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Ténganse por recibidos el ocurso inicial y los anexos señalados en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 856/2021. Incompetencia. Al realizar un estudio integral del escrito inicial de demanda, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, estima que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio de amparo por las razones que enseguida se expondrán. En principio, es necesario establecer que el estudio de las cuestiones relacionadas con la competencia constituye uno de los presupuestos para el dictado de las sentencias y la facultad para examinar esos aspectos no puede disociarse de la de dictar el fallo. En otro punto, debe señalarse que la administración de justicia, como una de las tres funciones del Estado es realizada a través de los Tribunales a quienes se les ha dotado de poder de imperium para que sus resoluciones sean acatadas y de jurisdicción entendida ésta en su sentido técnico como la actividad aplicadora del derecho que tiene como finalidad dirimir conflictos intersubjetivos con trascendencia jurídica, en la cual el que juzga y manda es un tercero imparcial: un Juez público. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17, segundo párrafo, consagra a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, en los términos siguientes: "[.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Sin embargo, aun cuando todos los órganos dotados de jurisdicción están expeditos para administrar justicia, cada uno de ellos tiene atribuidas de manera precisa una serie de facultades que le permiten avocarse tan sólo a determinado tipo de negocios, circunstancia que procesalmente lo convierte en el órgano jurisdiccional competente en un caso concreto. De esta forma surge la denominada competencia objetiva entendida como el límite y la medida de la jurisdicción. La competencia en un sentido jurídico general alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, esto es, en el ámbito jurídico el concepto de competencia se utiliza para referirse a la atribución legítima de una autoridad para el conocimiento o la resolución de un asunto. En el proceso, la competencia es la cualidad que legitima a un órgano judicial para conocer de un determinado asunto con exclusión de los demás órganos de la misma rama de la jurisdicción. El vocablo anterior está intrínsecamente ligado a la idea de jurisdicción, pero no son conceptos similares. La jurisdicción significa proclamar el derecho y se concibe como una potestad deber atribuida e impuesta a un órgano gubernamental para dirimir litigios de trascendencia jurídica, en el que aplica normas sustantivas e instrumentales por un oficio objetivamente competente y se constituye en un agente imparcial. Lo anterior pone de relieve que la jurisdicción abarca un concepto más global relativo a la impartición de justicia y la competencia obedece a razones más específicas de la distribución de la tarea de juzgamiento entre los diversos órganos judiciales; de ahí que la competencia es el fragmento de la jurisdicción atribuida a un Juez. En el sistema jurídico mexicano, la competencia de la autoridad constituye un derecho fundamental de legalidad y de seguridad jurídica consagrado en el numeral 16, primer párrafo, de la Carta Magna, al disponer que: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]". Así, acorde con lo estatuido en ese precepto constitucional es factible sostener que la competencia es un presupuesto de validez de los actos derivados del ejercicio de la función pública que deben satisfacer no sólo el Juzgador sino todas las autoridades. Trasladados los elementos anteriores al derecho procesal es factible sostener que la competencia es la suma de facultades que la ley da al Juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios. De tal manera que el Juez por el solo hecho de serlo es titular de la función jurisdiccional; sin embargo, no puede ejercerla para resolver cualquier tipo de conflictos, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en los que es competente legalmente. En esa línea argumentativa, el arábigo 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido en su ordinal 2, señala que: "Ningún tribunal puede negarse a conocer de un asunto, sino por considerarse incompetente [.]". De ese dispositivo se advierte que el propio Juzgador debe verificar en cada litigio que se le plantee si tiene o no competencia para conocer de él y si considera que no debe negarse a conocer de ese asunto, puesto que de conformidad con el normativo 17 del código adjetivo civil federal invocado: "Es nulo de pleno derecho lo actuado por el tribunal que fuere declarado incompetente [.]". De lo anterior se sigue que la competencia es un presupuesto de validez del proceso. En ese contexto, al ser la competencia un presupuesto procesal, este órgano jurisdiccional debe analizarla de oficio previamente a resolver sobre cualquier otra cuestión relacionada con la materia de fondo del juicio constitucional, porque de no hacerlo contravendría las norman que rigen al procedimiento del juicio de amparo y propiciaría una violación adjetiva fundamental en perjuicio de las partes. Para evidenciar lo anterior es necesario establecer que los presupuestos procesales se han conceptualizado como los requisitos previos indispensables para la constitución válida de la relación jurídica procesal. Dicho en otras palabras, son aquellos requisitos previos imprescindibles para la existencia del proceso. Los referidos presupuestos determinan el nacimiento válido del proceso, su desenvolvimiento y su normal culminación con la sentencia; por consiguiente, su naturaleza jurídica se desdobla en dos vertientes: en un primer plano, se trata de supuestos previos al proceso o requisitos sin los cuales éste no puede iniciarse válidamente y deben por ello concurrir al momento de formularse la demanda a fin de que el Juez pueda admitirla o iniciar el proceso, por otro lado, atañen a los requisitos del procedimiento para que el juicio pueda ser adelantado válida y normalmente una vez que se ha iniciado. Asimismo, debe precisarse que los presupuestos procesales se han clasificado en la teoría general del proceso en dos categorías, a saber: a) Los presupuestos procesales previos al proceso, que a su vez se subdividen en dos grupos: Presupuestos procesales de la acción, los cuales se relacionan con el ejercicio válido del derecho subjetivo de acción por parte del demandante, es decir, son las condiciones para que el Juez oiga la petición que se le formula para iniciar un proceso, en estos presupuestos es factible ubicar a la personalidad y a la legitimación en el proceso o ad procesum del actor; y, Los presupuestos procesales de la demanda que deben reunirse para que el Juez la admita. Se definen como los requisitos necesarios para que se inicie el proceso o la relación jurídica procesal, los cuales debe examinar el órgano jurisdiccional antes de admitir la demanda; en estos presupuestos se ubica a la competencia del Juez y la demanda misma la cual debe colmar los requisitos formales y materiales que la ley adjetiva establece. Cabe precisar que en el juicio de amparo existen casos en los que no se puede hacer un análisis prima facie de la competencia al admitir la demanda, sino hasta el momento en el que se cuente con las constancias necesarias para hacerlo y en la ley de la materia no se advierte la existencia de alguna disposición que impida al órgano de control constitucional realizar el estudio de ese presupuesto procesal durante el trámite del asunto y que se dicte el pronunciamiento respectivo, dado que la única restricción detectada es la prevista en el numeral 48, último párrafo, de la Ley de Amparo en el sentido siguiente: "[.] Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva.". b) Los presupuestos procesales del procedimiento que atañen al válido desenvolvimiento del proceso hasta su culminación con la sentencia, cualquiera que sea el sentido de ésta, son definidos como aquellos requisitos que deben cumplirse una vez que el Juez admite la demanda o inicia el proceso con el objeto de constituir correctamente la relación jurídica procesal y de que el proceso continúe su curso, mediante la verificación de las distintas etapas que la ley señala como necesarias para que se llegue al dictado del fallo correspondiente. En otro punto, es necesario destacar que la falta de los mencionados presupuestos impide considerar la existencia válida del proceso, lo que a su vez provoca un impedimento técnico para que el órgano jurisdiccional pueda pronunciar una sentencia sobre el fondo de un asunto sometido a su consideración. En ese contexto, el Juez debe analizar esos presupuestos de oficio aun sin que las partes los objeten por vía de excepción, al considerarse de orden público, dado que el Estado interviene en la relación jurídica procesal. Se afirma lo anterior, porque la relación jurídica procesal es el vínculo de carácter público, autónomo y complejo que se establece entre los sujetos que someten a una autoridad jurisdiccional del Estado el conocimiento de un litigio, la cual tiene como principio una demanda, se perfecciona con la contestación a ésta y subsistirá mientras no se dicte una sentencia, que es el presupuesto necesario para el fin de todo proceso. Por tanto, dado que la competencia es un aspecto de orden público, cuyo estudio debe ser oficioso y preferente al constituir un presupuesto procesal es necesario establecer que en el caso no se examinará el fondo de la litis constitucional planteada dado que del análisis de las constancias que integran el juicio constitucional en el que se actúa, se advierte que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente asunto. Para evidenciar tal aserto en principio es necesario señalar que del contenido integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa impugna -en esencia- de las autoridades responsables, lo siguiente: i) Congreso de la Unión, conformado por la Cámaras de Diputados y la Cámara de Senadores, con sede en la Ciudad de México, combate: - La aprobación y expedición de los numerales 50, 70, 72, 73 y 74 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; dispositivos legales 161,169 y 176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; numeral 32 Bis, fracción V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los cuales forman una unidad jurídica indisoluble porque regulan el procedimiento administrativo sancionador, conforme al cual una autoridad no jurisdiccional, como es, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de su órgano desconcentrado denominado Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), se le otorgan facultades para sancionar a los gobernados, sin necesidad de acudir ante un órgano jurisdiccional autónomo, independiente e imparcial; con motivo de su primer acto de aplicación contenido en la resolución administrativa número 112, de doce de julio de dos mil veintiuno, dictada en el procedimiento administrativo número PFPA/26.3/2C.27.5/0053-16. -Asimismo, el numeral 28, fracciones VII, IX y X de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que se aplicó por primera vez en perjuicio de mi representado en la resolución administrativa antes mencionada. ii) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, combate: - La aprobación y expedición de los artículos 45, fracciones V, párrafo primero, y X; 46, fracción XIX; 68, fracciones IX, X, XI y XII del Reglamento Interno de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); así como promulgación de los dispositivos legales 50, 70, 72, 73 y 74 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 128, fracciones VII, IX y X, 161,169 y 176, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; numeral 32 Bis, fracción V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con motivo de su primer acto de aplicación contenido en la resolución administrativa número 112, de doce de julio de dos mil veintiuno, dictada en el procedimiento administrativo número PFPA/26.3/2C.27.5/0053-16. iii) Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con sede en la Ciudad de México, combate: -El refrendo del Reglamento Interno de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). iv) Encargada del Despacho de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Delegación en el Estado de Oaxaca, con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, -La resolución administrativa número 112, de fecha doce de julio de dos mil veintiuno, dictada en el expediente administrativo PFPA/26.3/2C.27.5/0053-16, que impone sanciones administrativas a FERNANDO FRANCISCO CORONADO FERRER, con motivo de la visita de inspección realizada el veintidós de julio de dos mil dieciséis. - La omisión de dar contestación al escrito de fecha veintiuno de julio de dos mil veintiuno, presentado el veintitrés del mes y año en mención, mediante el cual FRANCISCO FERNANDO CORONADO FERRER, solicitó a la Responsable que declare la caducidad de la instancia en el procedimiento administrativo PFPA/26.3/2C.27.5/0053-16. v) Inspector adscrito a la Delegación en el Estado de Oaxaca de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; y, vi) Comandante de la Policía Municipal del Municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca, lo siguiente: -La ejecución de la resolución mencionada en el párrafo que antecede. En ese sentido, es necesario destacar que el lugar de ejecución material el acto reclamado, constituye un elemento objetivo determinante para establecer la competencia por razón de territorio. Para clarificar lo anterior es necesario tener presente el contenido del ordinal 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]" La norma constitucional inserta establece la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, al señalar que el juicio de amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o bien, que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de la autoridad administrativa, le corresponde conocer al Juez de Distrito "[.] bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse [.]"; es decir, el citado precepto de la Carta Magna atribuye competencia territorial para conocer de un juicio de protección de los derechos fundamentales hasta su terminación al Juez de Distrito del lugar en donde se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Lo anterior tiene como finalidad facilitar el acceso a la justicia constitucional, pues se entiende que ordinariamente la ejecución recae en el domicilio de la persona o dentro del ámbito espacial en el que lleva a cabo su actividad laboral o productiva. A su vez, el dispositivo 37 de la Ley de Amparo concretiza esas reglas constitucionales de competencia, al disponer: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El segmento normativo transcrito en relación con la competencia del Juez de Distrito establece tres hipótesis distintas, a saber: a) El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro es competente el Juez de Distrito ante el que se presenta la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Es importante destacar que lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera es que en ésta el acto o la resolución reclamada no requiere ejecución material y lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en los que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. El precepto legal transcrito alude a la "ejecución material" como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de los juicios de amparo; por tanto, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, por sí o porque sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o la prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que los actos reclamados en este asunto son de carácter administrativo. En ese orden de ideas, a criterio del suscrito debe decirse que los actos reclamados de la litis, son actos que requieren ejecución material. Con base en el marco referencial anterior este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, considera que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio de amparo, porque como se estableció en los antecedentes relatados en los párrafos precedentes el acto que en esta vía se combate tuvo ejecución donde este Juzgado Federal no tiene jurisdicción. Precisado dicho punto, entonces sólo resta identificar quién es el órgano de control constitucional que debe continuar con el conocimiento y la resolución de este sumario y el descubrimiento de ese aspecto paralelamente revelará que tal presupuesto procesal no se surte a favor de este Juzgador. Ahora, para dilucidar tal situación debe tenerse presente que el inmueble del que es posesionario la parte quejosa y donde se ejecutó la visita de inspección realizada el veintidós de julio de dos mil dieciséis, en el expediente administrativo PFPA/26.3/2C.27.5/0053-16, que concluyó con la determinación que impone sanciones administrativas a FERNANDO FRANCISCO CORONADO FERRER, está ubicado en la Colonia Roca Blanca, carretera nueve, que conduce a Shannbala, perteneciente a la Comunidad de San Pedro Pochutla, Oaxaca, jurisdicción que corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca. En ese contexto, es necesario señalar que de lo dispuesto por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito se desprende que los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercen jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por diversos municipios de esta entidad federativa, entre los cuales se encuentra el de su mismo nombre -Salina Cruz-. La porción normativa citada señala lo siguiente: "[.] CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: [.] XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo. [.]". Luego, si los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, ubicados en Salina Cruz, ejercen jurisdicción en el lugar del mismo nombre, donde se ejecutó la visita de inspección realizada el veintidós de julio de dos mil dieciséis, de donde emanó la resolución que constituye el primer acto de aplicación de las normas reclamadas; entonces es factible concluir que este Juzgado Federal carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por el ordinal 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. En ese contexto, con fundamento en lo establecido en los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 y 48 de la Ley de Amparo; y, en el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito este órgano de control constitucional declara que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente asunto. En consecuencia, se declina la competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno, por lo que remítanse las constancias originales del juicio de amparo 856/201, y diez copias de la demanda de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta entidad federativa, localizada en aquella ciudad, para que ésta a su vez los turne al órgano jurisdiccional que corresponda conocer del asunto, solicitándole al Juez Federal requerido que conforme a lo dispuesto por el numeral 48 de la Ley de Amparo decida de plano dentro del plazo indicado en ese precepto si acepta o no el conocimiento del medio extraordinario de defensa en el que se actúa e informe a este órgano de control constitucional su determinación, al cual se solicita también el acuse de recibo correspondiente. Lo anterior, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo con copia de las actuaciones necesarias que deberán quedar como constancia en este órgano jurisdiccional. Autorizados de la parte quejosa. Téngase al peticionario de amparo señalando como autorizado con la amplias facultades del ordinal 12 de la ley reglamentaria, únicamente a José Mateo Antonio Chagoya, con cédula profesional 6944150, por estar inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, asimismo, téngase como autorizados en términos restringidos del citado precepto y del diverso 24 de la Ley de la materia al resto de las personas que designa con esa calidad, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos, por no encontrarse registrada cédula alguna en el referido sistema, ni haber comprobado con documento idóneo que ejercen la profesión de licenciados en derecho. Vía de comunicación procesal de la parte quejosa. No obstante, que la parte quejosa señaló un domicilio físico en su escrito inicial se advierte su deseo para que las notificaciones personales se realicen por la vía electrónica. En consecuencia, se autoriza al justiciable para recibir notificaciones por la vía electrónica con el usuario "CHAGOYA100", dado que manifiesta expresamente que esa es su voluntad; lo anterior, de acuerdo a los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano jurisdiccional para que realice la autorización del usuario descrito en dicho sistema, a fin de que la parte quejosa pueda tener acceso y consultar las actuaciones del expediente electrónico relativo a este asunto a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la quejosa, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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