Fernando Duarte Merino

Expediente 999/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
999/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
10/11/2022

Partes del expediente

  • Fernando Duarte Merino

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos se advierte que por auto de diez de octubre de este año causo ejecutoria el presente asunto; sin embargo, se omitió la entrega de los oficios respectivos para su notificación a las autoridades responsables. Por tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme al numeral 2°, se regulariza el procedimiento y mediante oficios que se expidan se ordena notificar la ejecutoria de mérito con transcripción del presente acuerdo. Cúmplase.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de octubre de dos mil veintidós. Vistas las certificaciones de cuenta se advierte que en el expediente principal del que emana el presente incidente, con esta fecha se decretó que causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo; asimismo, que por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se concedió la suspensión provisional y mediante interlocutoria pronunciada el trece de septiembre de dos mil veintidós, se negó la definitiva. I. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. II. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva solicitada, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión (original) del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. III. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. IV. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que el disidente haya impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa. I. Por tanto, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, en el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo ocho, punto "8.1.2" 1 relativo al tratamiento de los expedientes destruibles del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. IV. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  4. Principal

    En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las diez horas con cinco minutos del veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, junto con la Secretaria de acuerdos, Lizeth Ortiz Segura, procede a celebrar la audiencia constitucional de este juicio de amparo, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. A continuación, la Secretaria hace una relación de las constancias que obran en el expediente relativo, entre las que se encuentran las siguientes: (i) demanda de amparo promovida por Fernando Duarte Merino; (ii) auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, donde se admitió a trámite la demanda de amparo, (iii) informes justificados rendidos por las autoridades responsables, Jueces de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet y Ejutla, Jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Penal del distrito judicial del Centro y Director de asuntos jurídicos de la Fiscalía General del Estado. Acto seguido, el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias y toda vez que no existen actuaciones pendientes de desahogar, se ordena pasar a la siguiente etapa de la audiencia. Etapa probatoria. En esta fase la Secretaria hace constar que las partes no ofrecieron medio de convicción alguno, por lo que se cierra este período para pasar al de alegatos. Etapa de alegatos. La Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: Toda vez que las partes no ejercieron su derecho a alegar, se cierra dicho período; luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, se da por concluida la presente audiencia y se dicta la siguiente:S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 999/2022, promovido por Fernando Duarte Merino. ANTECEDENTES La parte quejosa reclama la orden de aprehensión girada en su contra por las autoridades judiciales, así como su ejecución por parte de la autoridad que señaló. Por lo que ante tales actuaciones que la parte quejosa estima violatoria de su esfera jurídica es que acude a esta instancia constitucional. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Fernando Duarte Merino, presentó un escrito el treinta de agosto de este año, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra los actos reclamados al Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, y otras autoridades. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de amparo fue turnada a este Juzgado de Distrito el treinta de agosto pasado, y por auto de treinta y uno siguiente, este órgano jurisdiccional radicó la demanda y la registró bajo el expediente 999/2022, la admitió a trámite solicitando el informe justificado a las autoridades responsables y dando vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en contra de actos en materia penal, los cuales tendrán ejecución dentro de la demarcación territorial en donde ejerce jurisdicción este Juzgado. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Ahora bien, del contenido de la demanda de amparo se tiene como actos reclamados: De los Jueces de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet y Ejutla, Jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Penal del distrito judicial del Centro. La orden de aprehensión. Del Fiscal General del Estado de Oaxaca. La ejecución del mandamiento judicial. De manera que, a efecto de delimitar la litis constitucional, habrá que determinar la certeza de los citados actos reclamados, en relación con las autoridades responsables. V. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Las autoridades responsables al momento de rendir sus informes justificados lo hicieron de la siguiente manera. No. Autoridad responsable Sentido 1 Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Niega 2 Jueza de Control en Materia Penal, del circuito judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, Niega 3 Secretaria encargada del Juzgado Primero Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca, Niega Niega 4 Secretario encargado del Juzgado Segundo de lo Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca, Niega 5 Juez Tercero Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca Niega 6 Juez Cuarto Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca Niega 7 Director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en representación del titular de dicha dependencia Niega Por lo que, ante la inexistencia de los actos reclamados y al no existir elemento de prueba que desvirtúe lo expuesto, cobra firmeza el contenido de los referidos informes justificados; por consiguiente, se sobresee en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sin que la parte quejosa haya desvirtuado dichas negativas, pues no ofreció en este juicio prueba alguna para desvirtuarlas. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados.". Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284, visible en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, que es del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsable niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." VI. DECISIÓN En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, este Juzgado determina decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. El sobreseimiento decretado impide el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda sobre el fondo de las determinaciones reclamadas, respecto de las cuales se ha decretado el sobreseimiento. Cabe invocar al respecto, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la tesis jurisprudencial que con el número 1028, se publica en la página 708, Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394984, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: UNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *********, por las consideraciones expuestas en el considerando V de esta resolución. Notifíquese.

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