Fernando Flores Mendoza
Expediente 1550/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1550/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/10/2023
Partes del expediente
- Fernando Flores Mendoza
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta; a través de cual, el quejoso Fernando Flores Mendoza, desahoga la prevención realizada mediante proveído de treinta de septiembre del año en curso; por tanto, se tiene por cumplida la prevención de referencia, y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Ahora bien, no pasa desapercibido para este juzgador, que el quejoso refiere desistirse de las autoridades responsables y los restantes actos reclamados que a continuación se enuncian: "1. COMISIONADO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL. 2. COORDINADOR GENERAL DE CENTROS FEDERALES EN PREVENCIÓN READAPTACIÓN SOCIAL. 3. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL. 4. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 1 "ALTIPLANO". 5. TITULAR DEL ÁREA DE SEGURIDAD Y GUARDA, DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 1 "ALTIPLANO". 6. TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 1 "ALTIPLANO" 7. DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO EN EL ÁREA DE SEGURIDAD Y GUARDA, DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 1 "ALTIPLANO". 8. DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA, DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 1 "ALTIPLANO". "EN CUANTO HACE A LAS AUTORIDADES DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 1 "ALTIPLANO". QUE FUERO SEÑALADAS EN EL APARTADO III.- AUTORIDADES RESPONSABLES Y EJECUTORAS, EN LOS NUMERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, POR TORTURA PSICOLÓGICA, ACUSACIONES EN MI CONTRA POR EL DELITO DE ROBO DE MANERA INFUNDADA, ABUSO DE AUTORIDAD, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, ACOSO LABORAL Y AMENAZAS EN MI PERSONA." Mismas que señaló en su escrito inicial de demanda; lo cual no es dable acordar conforme a su pretensión pues el presente juicio de amparo no se admitió a trámite por dichas autoridades y actos reclamados; por tanto, se tiene por no presentada la demanda de amparo, respecto a las autoridades y actos reclamados citados con anterioridad. Por otra parte, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de tal manera, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo y del escrito de desahogo de prevención, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la determinación en la que el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula 1 del Equipo de Investigación y Litigación I, en Toluca, Estado de México, resolvió el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación FED/MEX/TOL/0001986/2023. Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que respecto a los citados actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. En principio, es necesario señalar que el artículo 107, fracción IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. (.) No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; (.) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. (.) XII.- La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII. Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca; (.)" A su vez, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; . De lo anterior se advierte que la disposición legal y constitucional transcritas establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de los derechos fundamentales, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Es aplicable la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1304, del Tomo XLV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia VI. 2o. J/52, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 401, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, de julio - diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, con número de registro 224841, que establece: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Sin embargo, de las disposiciones antes transcritas, se advierten excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados, en los siguientes casos: a) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal y artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción XX). b) Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal (artículo 107, fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). c) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo; y, d) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones dictadas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia (último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo). Es aplicable la tesis LVI/2000, aprobada por la Segunda Sala, publicada en la página 156, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Julio de 2000, Novena Época, con número de registro 191539, que establece: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Luego, en el caso el acto que aquí se reclama, no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de excepción antes precisados y, por ende, la parte quejosa no está exenta de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en contra del acto reclamado. Lo anterior se afirma, en razón a que cuando se reclaman infracciones de legalidad reguladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, de acuerdo con lo previsto en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, existe la obligación de agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo, lo cual acontece en el caso concreto, pues tal como se advierte del escrito de demanda, la parte aquí quejosa es parte formal en el procedimiento de origen; de ahí la obligación de agotar los recursos ordinarios previstos en la legislación común. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, la parte quejosa está obligada a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan conforme a la Ley que rige el acto reclamado. Asimismo, debe precisarse que la Constitución Federal en su artículo 20 menciona los principios y directrices que regirán el proceso penal acusatorio, y en su apartado "C" se reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos, entre los cuales destacan los que protegen el interés que tienen en que se investiguen los hechos que constituyan la comisión de un delito como se advierte de las fracciones II y VII que a la letra dicen: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. . C. De los derechos de la víctima o del ofendido: . II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. . VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Ahora bien, para que se actualice la causa de improcedencia en análisis, es menester que se satisfagan los siguientes requisitos: a) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el citado precepto. Por tanto, se abordará a continuación el estudio para determinar si previamente a la promoción del juicio de amparo contra actos que se rijan por el Código Nacional de Procedimientos Penales, procede algún recurso o medio de defensa ordinarios en contra del acto reclamado. En ese tenor, dicho ordenamiento legal reconoce los derechos de la víctima u ofendido, en su artículo 109, cuya fracción XXI, que prevé la posibilidad de impugnar las omisiones o negligencia del agente investigador, al señalar: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código , la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; (.)" Y, el diverso 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece el control judicial como medio de impugnación, al disponer lo siguiente: "Artículo 258. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Por tanto, en atención a los artículos transcritos, se evidencia que contra el acto reclamado, es decir, la determinación en la que el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula 1 del Equipo de Investigación y Litigación I, en Toluca, Estado de México, resolvió el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación FED/MEX/TOL/0001986/2023, procede el medio de impugnación innominado antes mencionado, que tiene por objeto buscar que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido; por tanto, el juez de control puede revisar las decisiones u omisiones del ministerio público y conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias, de modo que tales actos son susceptibles de control a través del mecanismo legal ordinario previsto en ese precepto. En ese contexto, en el caso en concreto, la parte quejosa está legitimada para promover el medio de defensa innominado contra la determinación del no ejercicio de la acción penal, antes de acudir a impugnarla en el juicio de amparo, ya que es el medio de impugnación que expresamente establece la legislación ordinaria aplicable, mediante el cual puede lograrse ante el Juez de Control la modificación o revocación de la resolución de no ejercicio de la acción penal, y se puede conminar a la autoridad responsable a que reanuden la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados, para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional; por tanto, como no se satisfizo ese presupuesto procesal, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia que se analiza. Al respecto, resulta aplicable la tesis jurisprudencial 27/2018 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, agosto de dos mil dieciocho, con número de registro 2017641, que en su rubro y texto señala: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos.". De igual forma, se cita la jurisprudencia 1.a./J 28/20018 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 943 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, agosto de 2018, con número de registro 2017640, de rubro y contenido siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad". Asimismo, sustenta lo anterior la tesis jurisprudencial PC.I.P. J/68 P (10a.) del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en la página 1433 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo II, febrero de 2020, con número de registro digital 2021659, de rubro y contenido siguientes: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DETERMINA DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, EL RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. La reforma constitucional en materia penal publicada en el Diario Oficial de 18 de junio de 2018, debe asociarse a la diversa en materia de derechos humanos publicada en el medio de difusión oficial indicado el 10 de junio de 2011 y armonizar la protección de éstos con los principios del nuevo procedimiento penal. En ese sentido, los artículos 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, deben interpretarse de acuerdo a los principios constitucionales que rigen el sistema acusatorio, especialmente el de contradicción y el de continuidad que constituyen los pilares en que se sustenta el referido sistema, motivo por el cual, aun cuando el recurso innominado previsto en el artículo 258 del código citado, no prevé la suspensión del acto reclamado en los términos descritos en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, esa circunstancia obedece a la fase procesal en que se emite el no ejercicio de la acción penal, cuya vigilancia recae en el Juez de Control, a quien está encomendado vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar las acciones llevadas a cabo en esa etapa, a fin de preservar el respeto a los derechos humanos y brindar una solución rápida a ese tipo de decisiones, con lo que se garantiza que el juicio de amparo conserve su naturaleza: erigirse como un medio extraordinario que debe agotarse sólo en casos excepcionales. Es por lo anterior que, cuando se está frente a una resolución dictada por el Ministerio Público donde se decrete el no ejercicio de la acción penal, debe agotarse previamente al juicio de amparo, el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no actualizándose así, la excepción al principio de definitividad a que se refiere el artículo 61 citado." En consecuencia, por las consideraciones y fundamentos expresados, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda intentada por el quejoso, por existir causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto. Finalmente, de la certificación de cuenta se advierte que, por acuerdo de treinta de septiembre del año en curso, se requirió al quejoso Fernando Flores Mendoza, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en el término de tres días, lo que al día de la fecha no aconteció; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en autos; por tanto, las posteriores notificaciones, e incluso las de carácter personal, se le realizarán por medio de lista en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo.
- Principal
Toluca, Estado de México, once de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, con anexo, a través del cual, el Secretario del Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, devuelve diligenciado el exhorto 407/2023 (número de orden 454/2023-IV) de su índice; relativo a la comunicación oficial 416/2023-III (orden 416/2023), de la estadística de este órgano jurisdiccional, remitido a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, notificará al quejoso ******************** el proveído de treinta de septiembre de este año, y le requiriera en los términos ahí indicados. Atento a lo anterior, téngase a la autoridad oficiante devolviendo la citada comunicación oficial; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de comunicaciones oficiales y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, de la constancia de notificación que se recibe se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo otorgado al quejoso, a efecto de que desahogue la prevención formulada en autos; de igual manera, transcurre el término para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de la residencia de este juzgado; por lo que una vez que fenezcan dichos plazos, se proveerá lo conducente.
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