Fernando de Jesús Bernal Carrillo

Expediente 806/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
806/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
14/06/2023

Partes del expediente

  • Fernando de Jesús Bernal Carrillo

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, catorce de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la determinación de treinta y uno de mayo del año en curso, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo intentada por la parte quejosa. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese orden de ideas, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo a

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, TODA VEZ QUE NO ACUDIO A NOTIFICARSE CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRES. Toluca, Estado de México, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos de este juicio, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, en auto de diez de mayo de dos mil veintitrés, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento que la autoridad responsable, realizó en relación al fallo protector; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento de dicho fallo. Atento a lo anterior, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio, previo a ello, se estima necesario destacar los datos relevantes vinculados con el cumplimiento de la sentencia concesoria, a saber: Fecha de ejecutoria Fecha del cumplimiento Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento. Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el cumplimiento Veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Nueve de mayo de dos mil veintitrés. Dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La omisión de dar respuesta a la solicitud de pensión presentada el veintinueve de julio del dos mil veintiuno, en la Oficina de Atención al Derechohabiente Atlacomulco del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Previa substanciación del juicio de amparo, el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, se dictó la sentencia correspondiente, en la que por una parte se sobreseyó y por la otra la Justicia de la Unión amparo y protegió a ********************, para el efecto de que la autoridad responsable: "Se pronuncie en el ámbito de su competencia con relación a la solicitud de pensión presentada el veintinueve de julio del dos mil veintiuno, y notifique la misma al solicitante, ahora quejoso." El veintiocho de abril de dos mil veintitrés, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la responsable para que remitiera las constancias que demostraran su cumplimiento. Posteriormente, en auto de diez de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio con anexo remitido por el representante legal del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, mediante el cual, remitió la notificación personal de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, mediante la cual hizo entrega a la quejosa del dictamen ********************, constancia de la que se acredita el cumplimiento a la ejecutoria del presente juicio, por ser documento público tiene valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo y, consecuentemente, se colige que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Carolina Delgado Solano en su carácter de concubina de Fernando de Jesús Bernal Carrillo, contra actos del Agente del Ministerio Público de Tenancingo Estado de México; fórmese expediente físico y electrónico en atención al Acuerdo General el Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid- 19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 806/2023-III. Ahora bien, de un análisis integral a la demanda de amparo, permite a este juzgador advertir que la pretensión de la parte quejosa está encaminada a reclamar los actos que hace consistir en: La ilegal detención y privación de la libertad del directo quejoso Fernando de Jesús Bernal Carrillo. Así las cosas, con fundamento en los artículos 125, 126 y 147, párrafo segundo y 161, todos de la Ley de Amparo, se suspenden de oficio y de plano dichos actos reclamados, consistentes en la privación de la libertad fuera de procedimiento, para los siguientes efectos: I) Si la detención del directo quejoso Fernando de Jesús Bernal Carrillo, deriva de la comisión de un delito en flagrancia, la medida cautelar concedida tendrá como efectos que el Ministerio Público ante el cual se encuentre a disposición, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, deberá poner en libertad al citado quejoso o consignarlo ante el Juez Penal correspondiente, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Amparo. II) En caso de que la privación de libertad del directo quejoso sea por autoridad administrativa distinta al Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, los efectos de la presente medida son para que sin demora cese la detención, poniéndolo en inmediata libertad o a disposición del Ministerio Público, o bien, en caso de que la detención no tenga relación con la comisión de un delito, la presente medida tiene por efecto que el quejoso sea puesto en libertad, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que si la privación de la libertad es dictada por autoridad distinta de la autoridad señalada como responsable, es decir, girada por autoridad judicial, en cumplimiento de una orden de aprehensión o reaprehensión, el efecto de la suspensión será para que de forma inmediata se ponga al quejoso a disposición de la correspondiente autoridad jurisdiccional. Al caso tiene aplicación la jurisprudencia I. 3o. A. J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 951, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, enero a junio de 1989, Segunda Parte - 2, Octava Época, número de registro 229397, con el rubro siguiente: "SUSPENSION DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio a la autoridad señalada como responsable para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Asimismo, se hace saber a la responsable que la violación a esta medida suspensional, será sancionada conforme a lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, es decir, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Se previene a dicha autoridad para que en el término de veinticuatro horas, informe acerca de la forma y términos en que haya dado cumplimiento a ésta suspensión de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho. La determinación inserta en el presente proveído encuentra sustento en el hecho de que el Juzgador Federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el promovente y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar, lo cual en el caso acontece, pues los actos reclamados se hacen consistir en la privación de la libertad personal del directo quejoso fuera del procedimiento, mismos que encuadran en la hipótesis prevista en el artículo 22 Constitucional. Ahora bien, tomando en consideración que la demanda de amparo fue promovida por persona diversa al directo quejoso Fernando de Jesús Bernal Carrillo, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, comisiónese a cualquiera de los Actuarios Judiciales adscritos a este Juzgado de Distrito, a efecto de que se constituya en las instalaciones del Ministerio Público de Tenancingo Estado de México, ubicado en calle Dr. Genaro Díaz Mañón, sin número, La Trinidad Tenancingo, México (lugar donde afirma la promovente se encuentra el directo quejoso), a efecto de que dé fe de las condiciones en que se encuentra el directo quejoso y lo requiera con la finalidad de que manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida en su favor, así como los autorizados y domicilio que refiere la promovente para oír y recibir notificaciones; de igual forma, haga constar cualquier irregularidad que se presente en el desarrollo de la encomienda a fin de proveer lo que en derecho proceda. Asimismo, en el supuesto de no encontrar al directo quejoso en el lugar indicado, el fedatario judicial deberá recabar información sobre si estuvo en esas instalaciones, si fue enviado a otro lugar o si fue puesto en libertad; por tanto, se faculta al actuario para que en caso de que el quejoso hubiese sido trasladado a un lugar diverso, se constituya en éste último, a fin de realizar la diligencia encomendada, siempre que se encuentre dentro del ámbito territorial donde este juzgado de distrito ejerce competencia. Es pertinente especificar que si no ratifica el escrito promovido en su favor, entonces las providencias dictadas en el cuerpo del presente proveído quedarán automáticamente sin efectos y se tendrá por no presentada la demanda de amparo presentada a su favor, en términos del citado artículo 15 de la ley de la materia. Dado lo cual, se instruye al Agente del Ministerio Público de Tenancingo Estado de México, a efecto de que ordene al personal a su cargo a fin de que otorgue la colaboración y medidas necesarias para el debido cumplimento de lo encomendado en la diligencia de mérito; apercibido que en caso de no ser así, se procederá, -por el delito de desobediencia- acorde a lo dispuesto por el artículo 262, fracción V, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta a la secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Finalmente, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.

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