Fernando Escamilla Carrillo

Expediente 219/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
219/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
14/06/2021

Partes del expediente

  • Fernando Escamilla Carrillo
  • No Existe

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    II.- Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que las partes no realizaron manifestación alguna en relación a la vista que se ordenó en proveído de doce de abril de dos mil veintiuno; por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento, y este órgano jurisdiccional procede a resolver lo que corresponde en términos de lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia registrada con el número 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Precisado lo anterior, es necesario puntualizar los términos de los efectos para los cuales fue concedido el amparo de la Justicia Federal al quejoso Fernando Escamilla Carrillo, contra el acto que reclamó al Coordinador General de Investigación y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría del Estado, con sede en esta ciudad, que fue el siguiente: ". para el efecto de que la autoridad responsable Coordinador General de Investigación y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, siguiendo los lineamientos establecidos, proceda en el término de veinticuatro horas a emitir la resolución correspondiente en el expediente SGP/SSAJ/CGRSP/CRAJ/PAD0003/2017 y su acumulado SGP/SSAJ/CGRSP/CRAJ/PAD0014/2017, en términos del artículo 72, fracción III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo; incluyendo ocuparse del estudio respecto de la figura de la prescripción alegada por la parte quejosa, examinarla y determinar lo que considere legalmente procedente al caso; y, una vez hecho lo anterior, se lo notifique personalmente.". Por auto de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de mérito, motivo por el cual, se requirió a la autoridad responsable, para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector. En tal virtud, en proveído de doce de abril del año en curso, se tuvieron por recibidos los oficios números SECOES/SIV/CGI/CIB/0444/IV/2021 y SECOES/SIV/CGI/CIB/0447/IV/2021, ambos suscritos por la Coordinadora de Investigación "B", de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales, informó que el seis de abril de dos mil veintiuno emitió la determinación administrativa con la que se resolvió en definitiva el procedimiento administrativo identificado con el número SGP/SSAJ/CGRSP/CRAJ/PAD0003/2017 y su acumulado SGP/SSAJ/CGRSP/CRAJ/PAD0017/2017, de su estadística, siguiendo los lineamientos establecidos en el fallo protector, de igual manera, remitió en copia certificada la constancia de notificación personal realizada a la parte quejosa por conducto de su apoderado legal, remitiendo las constancias correspondientes para acreditar su dicho. Documentales a las que se les otorga valor probatorio, al tratarse de documentos en copia certificada, por lo que constituyen documentos oficiales al estar debidamente firmados por los funcionarios con facultades para ello, los cuales tienen eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2; con las que se estima que se ha dado cumplimiento a la sentencia emitida por este Juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, parte SCJN, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, en Materia Común, que establece: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. En este contexto, de las constancias remitidas se advierte que, la autoridad responsable Coordinador General de Investigación y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría del Estado, con sede en esta ciudad, con la determinación administrativa de seis de abril de dos mil veintiuno resolvió en definitiva el procedimiento administrativo identificado con el número SGP/SSAJ/CGRSP/CRAJ/PAD0003/2017 y su acumulado SGP/SSAJ/CGRSP/CRAJ/PAD0017/2017, de su estadística, en la que atendiendo a los lineamientos establecidos en la sentencia constitucional, se abordó el estudio de la figura de la prescripción alegada por la parte quejosa, de igual manera, dicha sentencia fue notificada personalmente al promovente del amparo a través de su apoderado legal, tal y como consta en la copia certificada de la constancia de notificación realizada el ocho de abril de dos mil veintiuno. Por ende, es inconcuso que la responsable acató los lineamientos del fallo constitucional y al no existir exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pueda concluirse que la parte quejosa fue restituida en el goce de sus derechos fundamentales, por lo que se declara para todos los efectos legales a que haya lugar, QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el invocado numeral 196, párrafos tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, procede el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 18, del capítulo Séptimo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que el presente expediente debe ser depurado, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en referido artículo, éste debe ser depurado y posteriormente deberá ser transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación; asimismo, y como lo dispone el párrafo segundo del referido artículo, en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto consérvese únicamente la demanda, sentencia respectiva, acuerdo donde cause ejecutoria el fallo emitido, así como el presente proveído, mismas que deberán digitalizarse debiendo depurarse las constancias restantes; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este juicio como asunto totalmente concluido, por lo que deberá realizarse la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. De igual manera, en cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de amparo. Tómese en consideración que la fecha en que la autoridad responsable dio cumplimiento total a la ejecutoria de amparo fue el ocho de abril de dos mil veintiuno. Asimismo, vista la certificación de cuenta, se advierte que el presente expediente no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes. Finalmente, toda vez que mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil veinte, se ordenó el resguardo de un disco compacto remitido por la autoridad responsable Coordinador General de Investigación de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, que remitió en cumplimiento al requerimiento realizado en autos; en consecuencia, devuélvanse a la citada autoridad el disco compacto remitido, sin que sea el caso solicitar acuse de recibo correspondiente, toda vez que únicamente se trata de un disco compacto que contiene constancias digitalizadas del expediente de origen. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    III.- Notificación electrónica.

  3. Principal

    III.- Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes en el presente juicio, hubiesen interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el ocho de marzo de dos mil veintiuno, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que la expresada resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; en tal virtud, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, el efecto del fallo protector es el siguiente: ". para el efecto de que la autoridad responsable Coordinador General de Investigación y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, siguiendo los lineamientos establecidos, proceda en el término de veinticuatro horas a emitir la resolución correspondiente en el expediente SGP/SSAJ/CGRSP/CRAJ/PAD0003/2017 y su acumulado SGP/SSAJ/CGRSP/CRAJ/PAD0014/2017, en términos del artículo 72, fracción III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo; incluyendo ocuparse del estudio respecto de la figura de la prescripción alegada por la parte quejosa, examinarla y determinar lo que considere legalmente procedente al caso; y, una vez hecho lo anterior, se lo notifique personalmente.". En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes a aquél en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, acredite ante este Juzgado con constancias fehacientes, haber dado cabal cumplimiento al fallo protector de mérito. Apercíbase a dicha autoridad responsable que de ser omisa a lo solicitado, o bien, de no manifestar oportunamente el trámite que estén realizando para dar cumplimiento al fallo protector, se iniciará el procedimiento establecido en el artículo 193 de la ley de la materia, y en relación con los diversos numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintiuno, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que es la referencia económica en pesos aplicable de conformidad con lo que establece el artículo 2° transitorio del Decreto por el que se Declara Reformadas y Adicionadas Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, vigente a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, así como, conforme a lo dispuesto en el artículo 267, fracción I, del ordenamiento legal antes invocado, atendiendo al perjuicio ocasionado y la actuación dolosa con que califique esta juzgadora la omisión advertida. Además de que se abrirá el incidente de inejecución de sentencia y los autos originales en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en turno, para la substanciación del incidente aludido, sin perjuicio de que éste a su vez los envíe al Máximo Tribunal para los efectos que se encuentran contenidos en el penúltimo párrafo del citado artículo 193 y 194 de la ley de la materia, esto es, la separación del cargo de la autoridad omisa y su consignación ante el Juez de Distrito, dada su conducta contumaz para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

  4. Principal

    III.- Notificación elctrónica.

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