Fernando Escamilla Carrillo
Expediente 872/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 872/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Fernando Escamilla Carrillo
- Juan Pablo Guillermo Molina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
I-Vista la certificación que antecede, toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese recurrido el auto de uno de junio del año en curso, mediante el cual este juzgado desechó la demanda de amparo, promovida por Juan Pablo Guillermo Molina, a través de su apoderado Roberto Renato Rodríguez Rodríguez; por tanto, con fundamento en el precepto 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En consecuencia, en cumplimiento al Artículo 21 Capítulo Octavo del Acuerdo General sin Número, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo, toda vez que no se considera de relevancia documental, no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes y se ubica en el inciso d), del aludido Capítulo Octavo. En tal virtud, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Notifíquese.
- Principal
I-RECEPCIÓN DE DEMANDA Agréguese el oficio de cuenta firmado electrónicamente por el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual, remite copia certificada de diversas constancias obtenidas del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en específico, de la demanda de amparo promovida por Juan Pablo Guillermo Molina, a través de su apoderado Roberto Renato Rodríguez Rodríguez; además, informa el estado procesal del juicio de amparo 1047/2021-IV. Acúsese recibo al estilo correspondiente. DESECHAMIENTO Es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Así, este juzgado se encuentra facultado para desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. En términos del numeral invocado con antelación, se estima que la demanda de amparo que presentó el justiciable, es improcedente. En efecto, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, de la Ley de Amparo, esta última porción normativa aplicada en sentido contrario. Lo anterior obedece a que el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es de aquellos que producen efectos de imposible reparación por no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte. En efecto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de manera medular: Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, continúe con su actividad jurisdiccional, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el juicio de amparo directo en revisión 5263/2019, determinó como inconstitucional la Declaratoria 006, publicada el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, en el Periódico Oficial de Quintana Roo, mediante la que se estableció que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo iniciaba su labor jurisdiccional. Precisado lo anterior, en el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se observa que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción VIII de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, tomando en consideración que el acto reclamado no constituye una resolución de la autoridad responsable en la que haya determinado inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto a la que considera competente, que es el requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo biinstancial. Los numerales citados establecen lo siguiente en las partes aludidas: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y; [.]". Sobre este tópico, debe decirse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia, la acepta [en el caso de la competencia por declinatoria]o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto [en el caso de la competencia por inhibitoria], porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que el juicio de amparo indirecto procede en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable. Ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia P./J. 29/2015 (10a.), que dirimió la contradicción de tesis 216/2014. visible en la página 22, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, materia común, cuyo rubro y texto dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo. En el caso, como ya se dijo, el quejoso no reclama del Tribunal responsable una determinación en la que se haya desechado o desestimado un incidente y/o excepción de incompetencia por declinatoria a favor de la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, en los diversos juicios de nulidad que dicen haber promovido ante tal responsable, o cualquier otra resolución en materia de competencia; pues de las manifestaciones que hicieron bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda, se advierte que no existe un pronunciamiento por parte de dicha autoridad en ese sentido y el acto que reclaman lo señalan como el hecho de que ésta continúa conociendo de los controvertidos de origen sin tener la competencia para hacerlo. Lo anterior, pone de manifiesto que dicho acto que reclama el inconforme no constituye una determinación definitiva en la que la autoridad a favor de la cual se declina competencia por declinatoria, la acepta, pues ni siquiera hay un pronunciamiento de incompetencia en ese sentido por parte del Tribunal responsable y, por ende, tampoco hay una resolución de la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, que haya recaído a una incompetencia declinada en cada uno de los juicios de nulidad de origen. De tal manera, se reitera, que el acto que se reclama, consistente en que el Tribunal responsable continúe conociendo de los controvertidos de origen sin tener la competencia para hacerlo; no es definitivo para efectos de la procedencia del juicio de amparo en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, ya que no produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con todas las consecuencias jurídicas del acto reclamado. Lo anterior, también se sostiene en la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.) que dirimió la contradicción de tesis 239/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible la página 5, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, agosto de 2015, Tomo I, Décima Época, materia común, cuyo rubro y texto dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Se reitera que la procedencia del juicio de amparo, respecto de actos reclamados en los que se combata que una autoridad jurisdiccional carece de legal competencia para conocer de un asunto elevado a su potestad, previamente debe someterse a la determinación que adopte ante el planteamiento respectivo que formule la parte interesada, lo que como se advirtió, no acontece en la especie, ya que es claro que el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, establecen que la definitividad en el tema de competencia, es requisito esencial para la procedencia del amparo, por lo que si como en el caso, ni siquiera se ha cuestionado legalmente a la autoridad que se considera incompetente sobre el tema. En ese sentido, la resolución definitiva a que se refiere la Ley de Amparo, no implica necesariamente la intervención de dos órganos jurisdiccionales, sea que ambos estimen ser o no competentes para conocer de determinado asunto, sino que exista una resolución definitiva de parte del que se considera incompetente, pues de resultar la intervención de dos tribunales, el asunto se ventilaría ante el tribunal de competencia que corresponda y no mediante el juicio de amparo indirecto. Así, el aquí quejoso está obligado a través de la vía legal que corresponda, a plantear al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, que carece de competencia legal para seguir en el conocimiento del juicio de nulidad que promovió el interesado, en lo que podrá exponerle el argumento relativo a que no se encuentra legalmente instalado, al tratarse de una autoridad a la que le falta un requisito formal para que pueda ejercer su labor jurisdiccional, en virtud de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya resolvió que la declaratoria por la que se estableció el inicio de labores de dicho tribunal, resultaba inconstitucional. Sin que tal forma de actuar, implique de manera alguna a que se le obligue a someterse a la determinación de un tribunal que no se encuentra debida y legalmente instalado, para estar en posibilidades de promover el juicio de amparo indirecto; toda vez que la hipótesis de procedencia establecida en la ley de la materia, implica que el tribunal cuestionado emita una determinación definitiva al respecto, por lo que al realizar el planteamiento correspondiente a través del incidente respectivo, conlleva a que manifieste su deseo de no someterse a la decisión del órgano que considera incompetente, lo que reiteraría de atacar la resolución definitiva a través del juicio de amparo indirecto. De igual forma el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." En relación con este supuesto de procedencia del juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número P./J.37/2014(10a.), determinó que el citado artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provine exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. La jurisprudencia número P./J.37/2014(10a.), que se menciona es consultable en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual - a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En la especie, el acto reclamado no es de imposible reparación, ya que la sola tramitación de un juicio administrativo no trae aparejada consigo una ejecución que lesione materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como la libertad, propiedad, posesión u otros semejantes y, por lo mismo, no involucran su afectación material, sino sólo tiene el efecto de someter a las partes a las determinaciones que se tomen dentro de un procedimiento jurisdiccional para dilucidar el juicio y resolver la controversia, lo que significa una afectación a derechos adjetivos, que sólo produce efectos formales o intraprocesales, y que no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo; de manera que no puede considerarse que la sola admisión y tramitación de un controvertido administrativo cause a los quejosos un daño de imposible reparación, o una afectación real y actual, al haberse atendido por la responsable de manera favorable a su petición de instar el juicio administrativo correspondiente; ni se encuentran impedidos para hacer valer sus derechos en la vía y forma que consideren pertinente, pues se insiste, el planteamiento sobre la competencia debe hacerse valer en la vía legal pertinente ante la autoridad del conocimiento, a efecto de que tenga oportunidad de pronunciarse sobre su competencia, independientemente del motivo de fondo que sustente su argumento. Lo antes argumentado, guarda identidad con los criterios sostenidos en las determinaciones emitidas en casos análogos en los recursos de queja 442/2021 de quince de diciembre de dos mil veintiuno y 451/2021 de once de febrero de dos mil veintidós emitidas por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, lo que en el caso se consideran como precedentes aplicables para emitir la presente determinación. Por tanto, en términos de los artículos 62 y 112 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con el precepto 113 de la Ley de la Materia. Lo anterior tiene sustento por analogía jurídica en la jurisprudencia número I.1o.A. J/4 emitida en la actual Novena Época por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890 del Tomo VII del mes de mayo de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto que a la letra dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el usuario que precisa en su demanda y por autorizada en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la profesionista Elizabeth Ivonne Rodríguez Kurz, toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito; mientras que como sus autorizados con las limitaciones que refiere a la diversa persona que señala, por así haberlo solicitado expresamente el promovente. Ahora, en atención a la solicitud formulada por la parte promovente, en el sentido de que se autorice a diversos usuarios la consulta vía internet del expediente electrónico en que se actúa, y tomando en consideración lo informado en la certificación de cuenta, debe decirse que de una búsqueda realizada en la página electrónica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que los usuarios "Ana_gomez", "roberto_renato" y "Ivonne511207", se encuentran registrados en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal, en consecuencia, con fundamento en los artículos 66, 77 y 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en relación con lo previsto en los numerales 3, y 26 fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza a los citados usuarios para consultar el presente expediente en línea; asimismo, se autoriza realizar las notificaciones del presente asunto, vía electrónica, a través del usuario "roberto_renato". Por tanto, hágase del conocimiento Analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, para que en términos del citado acuerdo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes. De conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que de ser posible y en consideración a las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen con la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea" utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Finalmente, con fundamento en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Con fundamento en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad correspondiente.
- Principal
I-En virtud de lo trascrito, para que este Juzgado Federal esté en posibilidad de pronunciarse sobre la admisión o no de la demanda de amparo promovida por Juan Pablo Guillermo Molina, a través de su apoderado Roberto Renato Rodríguez Rodríguez, se estima necesario que obre en autos del expediente que nos ocupa, la demanda de amparo citada; en consecuencia, solicítese con toda intensión la remisión del escrito de demanda aludida, al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, quien según se desprende de autos de este asunto, el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, se avocó al conocimiento de ese asunto y lo registró con número de juicio de amparo 1407/2021-IV; sin embargo, el citado cuaderno formado no contiene el escrito inicial de demanda. Así, una vez que se cuente con dicha demanda de amparo, este Juzgado Federal pronunciara lo conducente. Notifíquese; y por oficios a las autoridades correspondientes
- Principal
I-Agréguese a los autos del presente cuaderno de antecedentes, el oficio signado por la actuaria judicial adscrita al segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en el Estado, con residencia en Cancún, mediante el cual transcribe el proveído de quince de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el toca 18/2021 de su índice, por el que hace del conocimiento a este juzgado que admitió a trámite el conflicto competencial surgido entre el Juzgado Séptimo de Distrito de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en la ciudad de Cancún y este juzgado federal; mismo que quedó registrado en el toca respectivo bajo el número 18/2021. Circunstancia de la que este Juzgado queda enterado para los efectos legales correspondientes. Cúmplase.
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