Fernando Delgado Aramburo

Expediente 852/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
852/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
08/02/2022

Partes del expediente

  • Fernando Delgado Aramburo
  • Ana Rosa Villa Aguiar
  • Fernando Delgado Aramburo y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de febrero de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva en la que se negó a los quejosos el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo hubieran hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 3. Incidente de suspensión. Mediante resolución de catorce de octubre de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración y no es de relevancia documental. 3.1. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo del capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. 5. Devolución de constancias. Por ser innecesaria su retención, se ordena devolver al juez responsable el juicio ejecutivo mercantil 378/2018 y dos cuadernillos, que adjuntó a su informe justificado.

  2. Principal

    ACTA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con dos minutos del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado, procede a celebrar la audiencia constitucional, asistido del secretario Bernardo Loya Valdovinos, en el juicio de amparo 852/2021, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo, el secretario hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Enseguida, el secretario relaciona como principales constancias del expediente y da cuenta al Juez: con la demanda de amparo, el informe justificado y emplazamiento a la parte tercera interesada; el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que hubiere lugar. Acto seguido, el Juez declara abierto el periodo probatorio y el secretario da cuenta con las documentales de la autoridad responsable; sobre el particular el Juez determina: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza, las pruebas relacionadas. No habiendo prueba pendiente por desahogar, se cierra esta fase. Finalmente, el Juez abre el periodo de alegatos y el secretario hace constar que las partes no los formularon; a lo que el Juez acuerda: se toma conocimiento para el efecto legal conducente. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Visto, para resolver el juicio de amparo 852/2021, promovido por Ana Rosa Villa Aguiar y Fernando Delgado Aramburu, por alegada violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez Tercero en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán; este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa señala como acto reclamado del Juez Tercero en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, lo siguiente: La sentencia interlocutoria de siete de junio de dos mil veintiuno dictada en el incidente de planilla de liquidación dentro del juicio ejecutivo mercantil 378/2018. SEGUNDA. COMPETENCIA. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 y 35 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en atención a que el acto reclamado es atribuible a una autoridad con residencia dentro del ámbito de competencia territorial de este órgano de control constitucional. TERCERA. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN CUYA EXISTENCIA SÍ QUEDÓ DEMOSTRADA. El Juez Tercero en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, al rendir su informe justificado, admitió la existencia del acto que se les reclama, por tal motivo, se tiene como cierto. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Dicha existencia se corrobora con las copias certificadas de diversas actuaciones que conforman el juicio ejecutivo mercantil 378/2018, las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. Es aplicable la Jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTA. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia ni este órgano de control constitucional la advierte de oficio, por lo que se procede al estudio de fondo del asunto. QUINTA. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Los motivos de agravio son los que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue hacerlo, de manera que deviene innecesaria su transcripción. SEXTA. ESTUDIO DE FONDO. Los conceptos de violación planteados son ineficaces para conceder el amparo. En esencia, los promoventes aducen que la autoridad responsable vulnera en su perjuicio los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en virtud de que la resolución interlocutoria combatida carece de fundamentación y motivación, por los motivos siguientes: Que aplica de manera inexacta los artículos 1324 y 1325 del Código de Comercio, debido que el razonamiento que sostuvo en sentencia carece de fundamentación y motivación. Que al declarar procedente el incidente de planilla de liquidación de sentencia, transgrede las garantías de legalidad seguridad jurídica, al dejarlos en estado de indefensión al desconocer los hechos que pesaron en su contra relacionados con algún precepto legal. En síntesis, los quejosos alegan que la sentencia interlocutoria transgrede sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, y 1324 y 1325 del Código de Comercio, porque el razonamiento que la autoridad expresó en su sentencia carecer de fundamentación y motivación y, que a fin de que un acto de autoridad pueda considerarse fundado y motivado, debe contener la expresión de los preceptos legales aplicables, y el señalamiento de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, requiriéndose, además, la adecuación entre unos y otros. Ahora bien, de inicio debe decirse que, contra lo alegado en una primera porción de la demanda de amparo, la resolución sí contiene argumentos apoyados en la cita de preceptos legales. Y después, debe precisarse que los inconformes no explican las razones por las cuales deba considerarse que el acto reclamado no está debidamente fundado y motivado. Es decir, las causas por las que el sustento jurídico y motivacional que expresó la autoridad responsable resulten inaplicables al caso que analizó. No explican en forma concreta a qué parte de la resolución se refieren, o cuál es el fundamento legal que estiman fue aplicado incorrectamente. En ese sentido, el alegato de los disidentes resulta inoperante, porque cuando se tacha de incorrecta la fundamentación y motivación expresada en un acto de autoridad, se hace necesario analizar los argumentos que la parte quejosa exponga para explicar lo inadecuado de los preceptos legales citados o de la motivación invocada, pues solo a la luz de esa argumentación, puede el órgano de control constitucional determinar lo fundado o infundado del concepto relativo. Orienta lo anterior el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, sustentado en la jurisprudencia que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ARGUMENTOS QUE DEBEN EXAMINARSE PARA DETERMINAR LO FUNDADO O INFUNDADO DE UNA INCONFORMIDAD CUANDO SE ALEGA LA AUSENCIA DE AQUÉLLA O SE TACHA DE INDEBIDA. Al atender un motivo de desacuerdo relacionado con la fundamentación y motivación, para producir una respuesta congruente debe, del contexto integral de la argumentación del inconforme, advertirse si lo que imputa es ausencia de aquélla, o solamente la tacha de indebida, pues en la primer hipótesis bastará observar si la resolución contiene o no argumentos apoyados en la cita de preceptos legales para quedar en aptitud de declarar fundado o infundado el atinente motivo de desacuerdo. En cambio, en el segundo supuesto, cuando la fundamentación y motivación se tachan de indebidas, es menester apreciar los argumentos del motivo de desacuerdo, expresados para explicar por qué la invocación de preceptos legales se estima errónea, o por qué la motivación es incorrecta o insuficiente, pues será a la luz de tales razones que pueda establecerse lo fundado o infundado de la inconformidad". Por otro lado, los quejosos afirman que la sentencia viola los artículos 1324 y 1325 del Código de Comercio, al manifestar lo siguiente: "...que las sentencias deben ser fundadas en ley, claras, precisas, condenando o absolviendo al demandado, haciendo la declaración que corresponda y que serán válidas y valoradas las pruebas rendidas por las partes; y que en la redacción de las sentencias bajo la palabra considerando se hará mérito en párrafos separados y numerados y en forma clara y concisa, de cada uno de los puntos de derecho, con las razones y fundamentos legales que estime procedentes y citando las leyes aplicables al caso. Estimará el valor de las pruebas, fijando los principios en que descanse para admitir o desechar aquéllas cuya calificación deja la ley a su juicio". Empero, los promoventes no expresan nada más, es decir, no informan cuáles de esos presupuestos pudiesen haber sido soslayados por la autoridad responsable, trascendiendo en su perjuicio. Por tanto, sus motivos de agravio resultan inoperantes, pues constituye simples manifestaciones de los amparistas, en las que no incorporan razonamientos jurídicos que permitan a este juzgado federal pronunciarse al respecto, en un caso que no admite suplir las deficiencias de la queja, y que por ser así, corresponde a los justiciables explicar de manera razonada el porqué estiman ilegal la sentencia, y no limitarse a expresar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, en las que no se advierte al menos en forma mínima la causa de pedir. Sustenta lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice como sigue: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse". Así las cosas, ante la ineficacia jurídica de los conceptos de violación que se analizaron, y sin que en la especie se actualice alguno de los supuestos para suplir las deficiencias anotadas, lo procedente es negar el amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de lo Unión no ampara ni protege a Ana Rosa Villa Aguiar y Fernando Delgado Aramburu, contra el acto que reclamaron del Juez Tercero en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, por los motivos expuestos en la consideración sexta de esta sentencia.

  3. Incidental

    En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Deja de surtir efectos la suspensión. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, de los que se aprecia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 136 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa exhibiera la garantía que le fue fijada en interlocutoria de catorce de octubre de dos mil veintiuno, a fin de que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva otorgada. En consecuencia, toda vez que los promoventes del amparo incumplieron con el requisito de efectividad que se les impuso en la determinación de mérito; con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, se declara que deja de surtir efectos la suspensión definitiva decretada en la referida resolución incidental, por lo que la autoridad responsable está en aptitud de ejecutar el acto reclamado. Lo anterior hágase del conocimiento de las autoridades responsables. 2. Escrito. Visto el escrito signado por Manuel Guillén Hernández, endosatario en procuración de la tercera interesada Martha Elena Corona Garnica, carácter que se le reconoce por tenerlo acreditado ante la autoridad responsable; atento a su contenido, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizando para tal efecto a las personas que nombra. Por otra parte, en relación a su petición en el sentido de que deje de surtir efectos la suspensión concedida, dígasele que se esté a lo acordado en líneas precedentes.

  4. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Informe justificado. Visto el oficio que remite el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo informe justificado; con el cual se ordena dar vista a las partes para los efectos legales conducentes.

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