Fernando Bonilla Medina
Expediente 836/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 836/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Fernando Bonilla Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. CAUSA EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnada en legal término la sentencia que decretó el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3. Incidente de suspensión. Sin que se haga pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, dado que no se tramitó, como se desprende el auto de catorce de julio pasado.
- Principal
En Morelia, Michoacán, siendo las diez horas con veintiséis minutos del veinte de octubre de dos mil veintiuno, Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de la secretaria Karla del Rosario Herrera Bacab, procede a celebrar la audiencia en el expediente electrónico del presente juicio 836/2021, de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. La secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron por escrito estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención, no obstante que este órgano jurisdiccional ha reanudado los plazos conforme al citado Acuerdo General. La secretaria relaciona como principales constancias del expediente la demanda de amparo, auto admisorio e informe justificado de la autoridad responsable Director de Educación Primaria de la Secretaria de Educación en el Estado. Se hace constar que la diversa autoridad Subdirector de Educación Básica, dependiente de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, quedó notificada del oficio número 17150, con el que se le hace del conocimiento la substanciación del juicio en que se actúa y se le requiere para que rinda informe justificado, el diez de septiembre del año actual; siendo omiso en rendirlo. A lo anterior, el Juez acuerda: Ténganse por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que hubiere lugar y respecto de la autoridad omisa en rendir informe llegado el momento procesal oportuno provéase lo que en derecho corresponda. Acto seguido, el Juez declara abierto el período probatorio y el Secretario da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa; y sobre el particular el Juez determina: Téngase por hecha la relación de las pruebas que, en su oportunidad, fueron admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que ninguna de las partes hizo manifestaciones en esta vía. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de partes a formular alegatos dada su omisión. Sin más alegatos por relacionar, se declara cerrada la presente fase. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, quedan los autos en estado de resolución. SENTENCIA VISTOS para resolver el juicio de amparo 836/2021, promovido por Fernando Bonilla Medina, quien alega vulneración a los derechos humanos consignados en los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuidas al Director de Educación Primaria de la Secretaria de Educación en el Estado y Subdirector de Educación Básica, dependiente de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, ambas con sede en esta ciudad; y, este órgano ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERO. Precisión del acto reclamado. El quejoso hizo consistir el acto reclamado en lo siguiente: La omisión o falta de contestación al escrito de fecha quince de octubre de dos mil diecinueve, presentado en oficialía de partes el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve y, La omisión o falta de contestación al escrito presentado en fecha catorce de enero dos mil veinte, presentado en oficialía de partes el catorce de enero dos mil veinte. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49, 50, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado es un omisión al derecho de petición. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó acreditada. Al rendir el informe el Director de Educación Primaria de la Secretaria de Educación en el Estado, negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, en el aludido informe aduce que dio respuesta de manera verbal, sin que lo justifique; por tanto, se tiene como cierto el acto reclamado para efectos de resolver el presente asunto. Por su parte, el Subdirector de Educación Básica, dependiente de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, quedó notificada del oficio número 17150, con el que se le hace del conocimiento la substanciación del juicio en que se actúa y se le requiere para que rinda informe justificado, el diez de septiembre del año actual; siendo omiso en rendirlo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y se presume cierto el acto que se le atribuye. CUARTO. Improcedencia y sobreseimiento. Establecida la existencia de la omisión reclamada, como se precisó en el considerando que precede, se impone analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia en el juicio de amparo por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o que este juzgador lo advierta de oficio, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En tal virtud, de oficio, resulta pertinente analizar la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 1º, fracción I, y 5°, fracción II, del mismo ordenamiento legal. El primer precepto dispone que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de las demás hipótesis de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La fracción I del artículo 1º de la Ley de Amparo prevé que el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A su vez, el artículo 5, fracción II, párrafo primero, indica que las autoridades responsables son las que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni al consenso de la voluntad del afectado. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha venido construyendo un criterio que defina las características de las autoridades para los efectos del juicio de amparo, que sea acorde con la realidad imperante en el ámbito de las atribuciones y facultades que desarrollan las entidades del Estado. Tales características son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior, se estableció en la jurisprudencia 2a./J.164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.". Criterio antes invocado que, desde luego, fue emitido con la vigencia de la Ley de Amparo abrogada; sin embargo, en la ley vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no se hizo otra cosa más que recoger algunas de las anteriores notas distintivas para establecerlas expresamente en el artículo 5, fracción II, de la nueva Ley de Amparo. Actualmente, debe tenerse en cuenta para definir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, la posibilidad de que un ente u organismo del Estado [autoridad con independencia de su naturaleza formal], dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto, que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral, o en su caso que omita el acto respectivo. Empero, la circunstancia de que no se haya establecido en la Ley de Amparo que debe de existir entre el ente de hecho o de derecho y el quejoso una relación de supra a subordinación, no quiere decir que éste deje de ser un requisito fundamental para determinar si se trata o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues estimar lo contrario implicaría reconocer que cualquier acto podría ser materia del juicio constitucional. Por ejemplo, el hecho de que un patrón despida a un trabajador o le deje de pagar su salario no implica que contra ese acto específico proceda el juicio de amparo, por la sola circunstancia de que aquél ejecutó un acto de forma unilateral y obligatorio que extinguió la relación laboral, pues en ese supuesto el acto no ha sido emitido en un plano de supra a subordinación para los efectos del juicio de amparo. Sin que sea óbice que el segundo párrafo del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establezca que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa misma fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; pues tal apartado normativo debe interpretarse en el sentido de que la propia ley le da al particular el imperio para actuar frente al gobernado, en un plano de supra a subordinación y no, como naturalmente lo hace, en coordinación. Por ello, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las particularidades del acto mismo; en otras palabras, debe atenderse a la norma legal y examinarla si facultan a aquélla o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o, bien, a través de otras autoridades. Asimismo, para determinar cuándo se está en presencia de una autoridad para efectos del juicio de amparo, es útil acudir a la distinción que hace la teoría general de derecho entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materia de derecho civil, mercantil, laboral, incluso administrativa, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes. De igual manera, se debe acudir a las relaciones de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. En ese sentido, debe mencionarse que las relaciones jurídicas de coordinación, al entablarse en un plano de igualdad, ninguno de ellos actúa como autoridad y, por ende, los actos realizados por los mismos no pueden ser actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo; mientras que en las relaciones jurídicas de subordinación y de supraordinación, sí se pueden suscitar actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que al intervenir en ellas uno o más órganos del Estado que unilateralmente imponen su voluntad, pueden afectar la esfera jurídica de los gobernados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, intitulada: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.". Asimismo, la tesis sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, que señala: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.". Lo expuesto, pone de manifiesto que es autoridad para efectos del amparo el ente de hecho o de derecho que, en una relación de supra a subordinación, emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; asimismo, quien ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Ahora, resulta pertinente destacar que si bien las dependencias señaladas como "autoridad responsable" por el quejoso pueden emitir actos unilaterales, a través de los cuales pueden crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, la realidad es que no se da tal supuesto cuando éstas actúan desprovistas de la facultad de imperio que caracteriza las relaciones de supra a subordinación. En el caso que nos ocupa, para evidenciar la actualización de la causa de improcedencia invocada, debe precisarse que el peticionario de amparo reclama la falta de contestación los escritos de quince de octubre de dos mil diecinueve y catorce de enero de dos mil veinte. Conviene señalar que los escritos de quince de octubre de dos mil diecinueve y catorce de enero de dos mil viente, fueron agregados como anexo a la demanda de amparo y si bien la parte quejosa se limitó a manifestar bajo protesta de decir verdad que presentó los escritos el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve y catorce de enero de dos mil veinte, respectivamente ante las dependencias señaladas como responsables y a la data éstas no han dado contestación a los mismos, la realidad es que su contenido revela elementos suficientes que permiten sustentar la actualización de la causa de improcedencia en estudio. En efecto, el contenido del ocurso aludido revela que el peticionario de amparo, en cuanto supervisor de zona escolar 153 del sector 022, solicitó que la reasignación de las claves presupuestales 076912E0281004956 y E0221001008, toda vez que estimó que las dependencias señaladas como "autoridades responsables" no le han dado contestación a su petición en breve término, violando el artículo 8 constitucional. Esto es, la parte quejosa solicitó acceder a un beneficio laboral respecto del cual considera que tiene derecho, debido a que no ha renunciado a dichas claves presupuestales; de manera que el peticionario de amparo, en calidad de supervisor de zona, elevó una solicitud a las dependencias señaladas como "autoridades responsables" en calidad de sus empleadoras. Lo anterior se estima de ese modo, en virtud de que los escritos de quince de octubre de dos mil diecinueve y catorce de enero de dos mil veinte, ponen de manifiesto que la parte quejosa tiene calidad de supervisor de zona, y solicita que se le reasigne las claves presupuestales, a su decir, le corresponden, al no haber renunciado a ellas. En otras palabras, los términos de la solicitud permiten concluir que la parte quejosa figura como empleada de las dependencias señaladas como autoridades responsables, ya que pide la reasignación de sus claves presupuestales, mismas que fueron quitadas al haber ascendido en dos mil trece a supervisor de zona asignándole una clave presupuestal diversa, lo cual sólo podría implicar la existencia de una relación laboral entre ellas. La anterior circunstancia revela la existencia de una relación de coordinación entre el peticionario de amparo y las dependencias señaladas como responsables, esto es, se trata de un acto entre particulares como entes privados, mas no una relación de supra a subordinación. En ese sentido, la petición -cuyos acuses anexó la parte quejosa- se encuentra vinculada con una relación de coordinación, en la que tanto el agraviado como las dependencias señaladas como responsables actúan en un plano de igualdad, es decir, ninguna de ellas actúa como autoridad. Conviene señalar que el derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho humano y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular, como es el caso que nos ocupa en el que los actos emanan de una relación entre trabajador y empleadoras. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 42/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 189914, de rubro y texto siguiente. "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." En contrapartida, el derecho de petición no surge en las relaciones trabajador-patrón, pues dicha relación está regulada por el derecho laboral, esto es, se está en presencia de una relación de coordinación, la cual se entabla en un plano de igualdad entre las dependencias y la parte quejosa, ya que rige las relaciones entre trabajadores y patrones, mas no en ejercicio de funciones propias del Estado, por lo cual, la omisión de dar contestación a los escritos de quince de octubre de dos mil diecinueve y catorce de enero de dos mil veinte, no pueden ser considerados como actos u omisiones de autoridad para efectos del juicio constitucional. En efecto, la falta de contestación no constituye un acto de supra a subordinación, sino que evidencian actos entre particulares como entes privados y no se está constriñendo a la afectada a un hacer, ni se le exige algo de forma inexcusable, aunado a que tampoco se trata de actos unilaterales que emanen de las competencias de las dependencias empleadoras, sino que la exigencia que la parte quejosa hace a aquéllas es para que le reasignen dos claves presupuestales, la cual se encuentra vinculada con un gasto de las dependencias, derivado de una relación laboral existente entre aquéllas y el quejoso, ya que refirió tener la calidad de supervisor de zona. Así pues, se insiste, la circunstancia de que las dependencias señaladas como "autoridades responsables" no hayan dado contestación a los escritos aludidos no son actos de autoridad de supra a subordinación, sino que surgen en una diversa de coordinación, la cual se entabla en un plano de igualdad entre la parte quejosa y sus empleadoras, es decir, dentro del ámbito del derecho laboral que rige las relaciones entre particulares con las calidades de patrón y trabajador, mas no en ejercicio de funciones propias del Estado. Apoya las anteriores afirmaciones, el criterio con registro digital 2010538, de rubro y texto siguiente: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE UN FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ DE DAR RESPUESTA A UNA PETICIÓN DE UNO DE SUS TRABAJADORES SOBRE EL PAGO DE DIFERENCIAS DE SU AGUINALDO, FORMULADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL. La omisión de un funcionario de una dependencia como la Secretaría de Educación de Veracruz, de dar respuesta al escrito de uno de sus empleados sobre el pago de diferencias de aguinaldo, no puede ser violatoria del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tal acto queda comprendido en la relación patrón-empleado que los vincula, regulada por ordenamientos de derecho laboral. Lo anterior se explica porque en este supuesto, la posición del quejoso frente a la autoridad educativa no es la de un gobernado, aunque en su solicitud invoque la referida norma constitucional, pues esto no cambia la naturaleza del acto ni la relación jurídica existente, que no emerge del imperio que corresponde a la secretaría como parte de la administración pública local en la prestación de un servicio a cargo del Estado, como lo es la educación pública, sino que su origen se encuentra en el derecho que tiene todo empleado a recibir su aguinaldo completo, conforme a la ley que rige este tipo de relaciones laborales, es decir, el reclamo surge con base en las fracciones IV y VI del apartado B del artículo 123 constitucional, en relación con el diverso 87 de la Ley Federal del Trabajo (el derecho al aguinaldo), lo cual debe dirimirse en sede ordinaria ante el tribunal de trabajo competente y no en el juicio de amparo." También orienta lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que se lee en la página 298, Tomo XVI, Octubre de 2002, Novena Época, materia Laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR AUTÓNOMAS POR LEY. LOS CONFLICTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DE LAS RELACIONES LABORALES CON SU PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO, DEBEN RESOLVERSE POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.". Apoya lo anterior, por identidad jurídica, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 119, Tomo V, Febrero de 1997, Materia Laboral, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACION LABORAL.". En consecuencia, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de amparo en relación con los preceptos 1º, fracción I, y 5°, fracción II, del mismo ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo solicitado por Fernando Bonilla Medina por los motivos expuestos en el consideranco cuarto de la presente resolución.. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; dando fe, bajo la misma forma de suscripción, la secretaria Karla del Rosario Herrera Bacab.Maem
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, se advierte que la autoridad responsable Subdirector de Educación Básica, dependiente de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, quedó notificada el diez de septiembre del año actual del oficio número 17150, con el que se le hace del conocimiento la substanciación del juicio en que se actúa y se le requiere para que rinda informe justificado, por lo que se encuentra transcurriendo el plazo para que lo realice. 2. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada en el presente asunto para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Informe justificado. Agréguese el oficio del Director de Educación Primaria de la Secretaria de Educación en el Estado, se le tiene rindiendo informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga.
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