Fernando Ávila Ledezma
Expediente 529/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 14 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 529/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 20/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Fernando Ávila Ledezma
- Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad y Secretaría de Gobernación
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Se remiten constancias. Agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el oficio signado por el juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y en atención a su petición, mediante oficio remítase copia certificada de la constancia que solicita. Notifíquese; y por oficio al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, tres de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito firmado por el quejoso, mediante el cual solicita copia de la resolución constitucional emitida en este juicio y el estado procesal del mismo. Atento a su primera petición, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copia de lo que solicita, por lo que se comisiona al actuario judicial para que haga entrega de las mismas en la notificación correspondiente. Igualmente, atento a su segunda solicitud, infórmese que el once de mayo del presente año, causó ejecutoria la resolución constitucional de quince de abril de dos mil veintiuno, por medio del cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, por lo que se ordenó el archivo del expediente como asunto concluido.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, once de mayo de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente.
- Principal
En Hermosillo, Sonora, a las once horas con veintinueve minutos del quince de abril de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informe con justificación rendido por las responsables. Mediante auto de quince de febrero de dos mil veintiuno, se dio vista al quejoso por el término de quince días hábiles, para que manifestara si ampliaba la demanda en contra del juez Provisional de Control del Distrito Judicial de Morelos, con sede en Chihuahua, Chihuahua, sin que lo hubiera hecho así, a pesar de haber sido notificado para ello, por lo que se le hace efectivo el apercibimiento y se le tiene por perdido su derecho para hacerlo. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario da cuenta con las documentales que exhibió una de las autoridades responsables, las cuales obran agregadas al presente sumario. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las citadas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: téngase por perdido el derecho para expresarlos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 529/2020; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el seis de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, remitido por razón de turno el mismo día, al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Fernando Ávila Ledezma solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclama del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en Ciudad de México, y otra autoridad. Mediante proveído de siete de agosto de dos mil veinte, el juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, tuvo por recibida la demanda, la registró bajo el número 279/2020, se declaró legalmente incompetente para conocer de dicha demanda y ordenó remitir la demanda al juez competente con residencia en Hermosillo, Sonora. Por proveído de cuatro de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por recibida dicha demanda, se aceptó la competencia, se ordenó su registro con el número 529/2020, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Por auto de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, se hizo constar que de acuerdo a lo establecido en la Circular CAP/3/2020, de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó regresar del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del citado Consejo, a fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, también se determinó que los asuntos tramitados bajo el esquema de juicio en línea o aquellos catalogados como urgentes, se continuaría con su tramitación. Mediante proveído de cuatro de enero de dos mil veintiuno, en atención a lo anterior, se suspendió el procedimiento hasta en tanto existiera disposición en contrario. El veintidós de enero de dos mil veintiuno, se ordenó la reactivación del procedimiento, señalándose hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, en términos del acta que antecede, la cual concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución General; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto de autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. Precisión del acto reclamado Del estudio integral del expediente y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste: ? La orden de traslado y su ejecución del Centro Estatal número 1, con sede en Chihuahua, Chihuahua, al Centro Federal de Readaptación Social número 11 "CPS Sonora", con sede en Hermosillo, en el que actualmente se encuentra interno. Sobreseimiento del juicio por inexistencia del acto No es cierto el acto reclamado al coordinador general de Centros Federales del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social, con sede en Ciudad de México, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Atento a lo anterior, toda vez que la parte inconforme no desvirtuó la negativa de la citada autoridad, es evidente que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y, por tanto, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, visible en la página 236, Tomo VI, (materia común) del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Bajo tales condiciones, ante la actualización de la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo procede sobreseer en el juicio de amparo, por lo que se refiere a la referida autoridad responsable. Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en Ciudad de México, pues así lo manifestó al rendir su informe justiciado. Lo que se corrobora con la copia auténtica de los documentos relativos que adjuntó a su informe justificado, que adquieren el carácter de documentales públicas y, por tanto, con valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo autoriza su artículo 2º. Causa de improcedencia actualizada El estudio de las causas de improcedencia es preferente y de oficio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, en el caso sobreviene la causa de inejercitibilidad prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Esta causa de improcedencia, se encontraba establecida en los mismos términos en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada y fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a/J. 59/99, en el sentido de que la hipótesis de improcedencia ahí contenida se actualiza cuando todos los efectos de los actos reclamados se destruyen en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelven al estado anterior de la violación de garantías, como si los actos no hubiesen irrumpido en la esfera jurídica del quejoso o, en su defecto, no hayan dejado huella alguna. De igual modo, el Máximo Tribunal del País sostuvo el criterio de que la cesación de efectos de los actos reclamados, puede suscitarse por haberse sustituido procesalmente por otro, que puede darse con motivo de un medio ordinario de defensa o de autocontrol, sea vertical u horizontal, que se traduce en la acción de una autoridad como facultad legal para modificar, confirmar o revocar la resolución reclamada, de modo que la resolución recaída a la impugnación sustituye al acto recurrido. En ese orden de ideas, de manera genérica la cesación de efectos consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, generalmente realizada por las autoridades responsables, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto. Por ende, la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, es factible considerar que la cesación de efectos de los actos reclamados en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto (revocación( se actualiza cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto, de manera tal que los efectos de éste, se destruyan total e incondicionalmente, y por ende, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en otras palabras, que las cosas se restituyan tal como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicitó. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o bien habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la inconstitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni lo surtirá, y que tampoco dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. El segundo supuesto (sustitución( se presenta por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. En el caso a estudio, respecto al acto reclamado se actualiza la segunda de las hipótesis antes reseñadas. Esto es así, toda vez que el quejoso presentó la demanda de amparo que nos ocupa el seis de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua. Ahora, del contenido de dicha demanda se advierte que el quejoso señala bajo protesta de decir verdad, como antecedentes de su demanda, lo siguiente: a) Que le reviste el carácter de procesado dentro de la causa penal 2258/2018, del índice del juez de Control de Distrito Judicial Morelos, con sede en Chihuahua, Chihuahua. b) El siete de agosto de dos mil diecinueve, fue trasladado del Centro de Reinserción Social número 1 en Chihuahua, Chihuahua, al Centro Federal de Readaptación Social número 11 "CPS Sonora", de Hermosillo, Sonora, en donde actualmente se encuentra interno. Siendo que, como lo refiere la autoridad responsable, que el nueve de agosto de dos mil diecinueve, la juez provisional de Control del Distrito Judicial de Morelos, con sede en Chihuahua, Chihuahua, aprobó la orden de traslado ejecutada el siete del mismo mes y año, lo que se encuentra corroborado con las copias certificadas del mismo que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo autoriza su artículo 2º. Sentado lo anterior, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, en virtud de que mediante la resolución de nueve de agosto de dos mil diecinueve, emitida por la juez de control respectiva, procedió a aprobar la orden de traslado emitida por la autoridad responsable el siete del mismo mes y año, por lo que no se puede entrar al estudio de fondo del acto aquí reclamado sin afectar la nueva situación jurídica imperante para el quejoso ante la autoridad responsable; por ende, ello constituye la cesación de sus efectos, al haber sido sustituido la orden de traslado ejecutada el siete de agosto de dos mil diecinueve, por la aprobación que realizó al respecto la juez de control del Distrito Judicial Morelos, con sede en Chihuahua, Chihuahua y, en vía de consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Decisión En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia analizada en el apartado VI, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Fernando Ávila Ledezma, respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas en los capítulos IV y V, precisado en el apartado III del presente fallo, por las razones expuestas en los apartados IV y VI. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante el secretario de juzgado José Enrique Ayala García, que autoriza y da fe.
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