Fernando Arturo Díaz Gutiérrez
Expediente 24/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 24/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Fernando Arturo Díaz Gutiérrez
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, quince de febrero de dos mil veintitrés. Declaración de estado. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación al diverso 97, fracción I, inciso a), de la ley en cita, para interponer recurso de queja en contra del proveído dictado en doce de enero de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo. En merito a lo anterior, con fundamento en el artículo 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracciones VII, XV y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el expediente principal. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, doce de enero de dos mil veintitrés. Promoción. Agréguese a los autos el escrito signado por María Matilde Ahumada Gómez mediante el cual aduce cumplir con el requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional el cuatro de enero de dos mil veintitrés; asimismo anexa diversas documentales. Estado procesal. Del estado procesal que guardan los autos, se advierte que, en cumplimiento a lo solicitado en el mencionado proveído de cuatro de los actuales; el juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, del Poder Judicial del Estado de Sonora, informó a este juzgado la existencia de un cuaderno preliminar 1877/2022 y la causa penal 7107/2022, instruidos en contra de Fernando Arturo Díaz Gutiérrez y/o Fernando Díaz Jiménez por el delito de violencia familiar equiparada, cometido en perjuicio de Cecilia Karina Alvarado Salcido. Asimismo, indicó que María Matilde Ahumada Gómez, no tienen el carácter de defensora de Fernando Arturo Díaz Gutiérrez y/o Fernando Díaz Jiménez. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, de los oficios rendidos por las autoridades y parte promovente en cumplimiento a la prevención de cuatro de los actuales, se advierte que en el caso se actualiza de manera clara, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXXIII, en relación con los diversos numerales 5 y 6, todos de la Ley de Amparo, ante la falta de voluntad para accionar la demanda, toda vez que la promovente no plasmó su firma autógrafa en dicho escrito. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Para llegar a tal aserto, es importante manifestar los antecedentes del presente expediente, los cuales se narran a continuación. El cuatro de enero de dos mil veintitrés, se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, la demanda de amparo firmada por María Matilde Ahumada Gómez, en favor de Fernando Arturo Díaz Gutiérrez. En dicho ocurso, la firmante reclamaba actos cometidos en perjuicio de Díaz Gutiérrez de los que contempla el artículo 15 de la Ley de Amparo. En virtud de ello, se le requirió a la parte promovente y a las autoridades que señaló como responsables información al respecto. Esto es, debido a lo que manifestó la parte ocursante bajo protesta de decir verdad, no se desechó la demanda de que se trata. Sin embargo, al contar con la información otorgada por el juez señalado como responsable; se advierte que el acto reclamado en esencia consiste en la privación de la libertad de Fernando Arturo Díaz Gutiérrez es debido a un procedimiento llevado en su contra, el cual esta judicializado. Por lo que, debe precisarse que la promoción de una demanda de amparo a favor de otra persona (como ocurre en el presente caso), se encuentra limitada a los casos excepcionales permitidos por el legislador. Así, el artículo 17 de la Ley de Amparo abrogada, dispone: "Artículo 17.- Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En este caso, el Juez dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado, y, habido que sea, ordenará que se le requiera para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo; si el interesado la ratifica se tramitará el juicio; si no la ratifica se tendrá por no presentada la demanda, quedando sin efecto las providencias que se hubiesen dictado." En lo que interesa, debe destacarse que la norma abrogada, permitía la promoción de demandas de amparo "urgentes" (en horarios y días inhábiles) e incluso por un tercero, entre otros casos, cuando se atacara "la libertad personal fuera de procedimiento judicial"; empero, el artículo 15 de la Ley de Amparo vigente, establece que esa procedencia excepcional, ocurrirá en ataques a la libertad ".fuera de procedimiento" sin condicionarlo ahora, a que el procedimiento sea en sede judicial y por lo tanto, la concesión de una suspensión de plano, se surtirá únicamente cuando no exista dicho procedimiento. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 39/2016 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos sesenta y uno de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Tomo II, Décima Época, Materia Común, correspondiente al mes de noviembre de dos mil dieciséis, con número de registro electrónico 2013063, la cual establece: "CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS EN CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. EL TÉRMINO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, ES EL GENÉRICO DE QUINCE DÍAS, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. El acta administrativa de imposición de correctivos disciplinarios, como la restricción de tránsito a los límites de la estancia del reo, emitida por el Consejo Técnico Interdisciplinario de un Centro Federal de Readaptación Social, si bien es un acto restrictivo de la libertad personal, es una determinación dictada "dentro de procedimiento", toda vez que se emite como resultado del procedimiento administrativo disciplinario previsto en los artículos 82 y 83 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social y los artículos 20, 22, 23, 24 y 25 del Manual de Estímulos y Correcciones Disciplinarias de los Centros Federales de Readaptación Social, procedimiento en el que se prevén las exigencias mínimas básicas del debido proceso, a efecto de respetar el derecho de audiencia y defensa al reo, previo a la emisión de la determinación que le impone el correctivo disciplinario. Por tanto, respecto de ese acto, la regla aplicable para juzgar la oportunidad en la promoción del juicio de amparo en su contra, es la genérica de quince días, prevista en el párrafo primero del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues no se ubica en el supuesto de excepción establecido en la fracción IV de ese dispositivo para que la demanda se pueda presentar en cualquier tiempo, ya que éste se refiere exclusivamente a los actos que constituyan ataques a la libertad personal fuera de procedimiento." Por lo tanto, actualmente no es dable promover una demanda de amparo -con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo- cuando se ataque la libertad de una persona, si ello ocurre dentro de un procedimiento, sea o no judicial (esto es, puede ser de naturaleza administrativa o de otra índole) y por lo tanto, no puede surtir efectos en relación a la libertad, si se emitió partiendo de datos inexactos, como lo sería, que el promovente informara que dicha privación de la libertad ocurrió fuera de procedimiento. Una vez expuesto lo anterior, de la lectura integral de la demanda, se advierte que se promovió reclamando medularmente: la privación de la libertad, o ataques a la misma (como causa de una detención que se califica por el promovente como "ilegal") sin embargo, se reitera que si los actos reclamados emanan de un procedimiento -aunque no sea judicial- no se puede promover una demanda en nombre de otra persona. Es decir, la demanda de amparo debe ser suscrita por la persona que resiente la afectación directa a sus derechos. Conforme lo anterior, se tiene que la causa de improcedencia que nos ocupa versa en el sentido de no permitir que se promueva un juicio de amparo, sin externar la voluntad de la persona que peticiona el amparo y la protección de la Justicia de la Nación, o de la que promueve en su representación, a través de la firma respectiva, por lo que al tratarse de una acción constitucional, continúa estando sujeta su promoción a la expresión de la voluntad que al respecto realice la persona que suscribe la demanda de garantías, ya sea en nombre propio o en los casos previstos por la ley, en representación de otra; por lo que de no realizarse, no es dable jurídicamente tramitar el procedimiento relativo. Efectivamente, debe señalarse que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades, que de conformidad con lo que establece la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Así, en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí o por su representante legal o por su apoderado, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente, y sólo podrá pedirse por el agraviado y por su representante legal o por su defensor. Ahora, toda vez que la demanda de amparo en trato fue presentada por María Matilde Ahumada Gómez, en representación de Fernando Arturo Díaz Gutiérrez, al aducir que el acto en reclamo es de los previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo al ser un ataque a la libertad fuera de procedimiento; sin embargo, como ya quedó estipulado el referido acto, no es fuera de procedimiento y por ende no es de los previstos por el artículo en cita. Asimismo, del escrito agregado en autos en cumplimiento a la prevención dictada en este sumario, se advierte que la parte promovente afirmó que no le asiste el carácter de defensora del directo agraviado, por lo que tampoco nos encontramos en el supuesto previsto por el diverso artículo 14 de la Ley de Amparo. De tal forma, la demanda de amparo que nos ocupa, no contiene la firma autógrafa de Fernando Arturo Díaz Gutiérrez y/o Fernando Díaz Jiménez, por lo que carece de una formalidad indispensable para dar curso a la misma, ya que la ausencia de ésta equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo. De lo que se sigue la imposibilidad de actualizar la presunción apuntada en dicho criterio. Sostiene el criterio anterior, la tesis visible en la página 241, del Tomo I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Primer Circuito, Octava Época, cuyo título es: "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE FIRMA EN LA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Y NO IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA". También sobre el tópico es aplicable, la tesis visible en la página 314, del Tomo X, correspondiente al mes de Octubre de 1992, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo epígrafe y contexto es del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA. El juez de Distrito no tiene obligación de ordenar que se subsane la omisión en que incurrió el quejoso, ya que la falta de firma en el escrito de la demanda de amparo, no puede considerarse como una 'irregularidad' de la misma, en los términos previstos por el artículo 145 de la Ley de Amparo; puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna y, por tanto, en estos casos procede desechar de plano la demanda por ser notoria e indubitable su improcedencia". Asimismo, es dable invocar la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 508, del Tomo VI, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1990, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y contenido son: "DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de 'iniciativa o instancia de parte agraviada' consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: 'El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada'; principio que reproduce el diverso artículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 73, fracción XVIII de la misma ley, en relación con el artículo 4o. del propio ordenamiento". Por lo expuesto, debe concluirse que el libelo inicial de derechos, al no haber sido firmado originalmente por Fernando Arturo Díaz Gutiérrez y/o Fernando Díaz Jiménez, evidentemente configura una causal indudable de improcedencia, por lo que, como se explicó, es procedente su desechamiento, ya que de no resolverse así, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara oportunamente escritos para que después en cualquier tiempo, fuera subsanada la omisión de voluntad de promover correctamente el juicio de garantías. También, la tesis sin número, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Octubre de 1992, página 315, registro digital 218142, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO." Sin que la parte quejosa se encuentre excluida de cumplir con el requisito de suscribir autógrafamente la demanda inicial, ya que el acto reclamado no es de los comprendidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, ni el escrito inicial se recibió a través del Portal de Servicios en Línea; de ahí que no sea aplicable lo dispuesto en el último párrafo del artículo 3 de la ley de la materia. En atención a las relatadas condiciones, al quedar evidenciada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, con apoyo en el artículo 113 de la citada legislación. Sin perjuicio de lo anterior, este juzgador ordena la notificación personal al directamente agraviado en su lugar de reclusión, para que de considerarlo pertinente, conforme a los requisitos de la ley de la materia, promueva una nueva demanda de amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte promovente y directamente agraviado en su lugar de reclusión. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de enero de dos mil veintitrés. Oficios. Agréguense a los autos los oficios de cuenta, por medio de los cuales las autoridades responsables director General de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y el juez Oral del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, ambos con sede en esta ciudad, dan cumplimiento al requerimiento de cuatro de los actuales; resérvese proveer lo conducente hasta en tanto fenezca el plazo otorgado a la promovente de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, cuatro de enero de dos mil veintitrés. 1. Radicación. Fórmese el expediente respectivo y regístrese bajo el número 24/2023, háganse las anotaciones correspondientes. 2. Prevención. En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, se previene a la parte promovente María Matilde Ahumada Gómez (quien promueve en nombre y representación de Fernando Arturo Díaz Gutiérrez), para que: a. Indique el lugar en el que se encuentra privado de la libertad el directamente quejoso Fernando Arturo Díaz Gutiérrez. b. Manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable al agente del Ministerio Público del Centro de Atención Temprana Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar. Lo anterior es así, pues del anexo que acompañó al escrito de demanda se advierte que la carpeta de investigación ATP/HER/012/04462/11-2022, número único de caso SON/HER/FGE/2022/012/58707 se inició ante tal autoridad. c. Informe si tiene carácter de defensora del directamente quejoso Fernando Arturo Díaz Gutiérrez. En consecuencia, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto de la admisión de la demanda, conforme a lo establecido en los citados artículo 108, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 114 fracción I, de la ley de la materia, se hace necesario requerir a la parte promovente, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad aclare su demanda en los términos precisados. Apercíbase a la parte promovente de amparo que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del plazo concedido para ello, su demanda se tendrá por no presentada, conforme lo establecido en el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. Sin perjuicio de lo anterior, también se les requiere a las autoridades responsables para que en el plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación del presente proveído: a. Precisen si María Matilde Ahumada Gómez es defensora del directamente quejoso Fernando Arturo Díaz Gutiérrez. b. Informen quienes son las partes en la carpeta de investigación ATP/HER/012/04462/11-2022, número único de caso SON/HER/FGE/2022/012/58707. c. Asimismo, indiquen qué relación tiene el directamente quejoso Fernando Arturo Díaz Gutiérrez en los expedientes mencionados con antelación. Al efecto, se proporciona el correo institucional 1jdo5cto@correo.cjf.gob.mx a efecto de que hagan llegar su informe o cualquier comunicación dirigida al órgano. 3. Apercibimiento a las autoridades responsables. Apercíbasele que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida de actualización. 4. Información de contacto. En términos del numeral 257, fracción I, considerando tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se solicita a las partes para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. 5. Domicilio. Téngase a la parte promovente señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. 6. Autorizados. Se tiene por autorizadas a las personas que menciona en su demanda, en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo. 7. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida la documental que anexó la parte promovente a su escrito de demanda, la cual será valorada en el momento procesal oportuno. 8. Notificación a las autoridades. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que únicamente serán notificadas por oficio las determinaciones que por su importancia deban atenderse las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento mediante oficio que se envíe al tribunal de su adscripción), y las restantes serán notificadas por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. 9. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. De igual forma, se faculta al Actuario de la adscripción para que en el momento de la diligencia, en caso de que alguna de las autoridades se niegue a recibir el oficio correspondiente a la notificación del presente proveído, por encontrarse precisada de forma incorrecta la denominación de la autoridad responsable, en el acto realice la corrección -de forma manuscrita- y notifique esta determinación. 10. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 11. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 12. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 13. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 263, considerando tercero, del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; personalmente a la parte promovente y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes
- Fernando Antonio Álvarez Castillo1024/2022
- Fernando Antonio López Lucero1044/2023
- Fernando Antonio Ortiz Suárez1542/2021
- Fernando Antonio Solis Moreno520/2018
- Fernando Arguelles Enriquez379/2019
- Fernando Arturo Díaz Gutiérrez71/2023
- Fernando Arturo Miranda Yocupicio603/2021
- Fernando Arturo Rojas Barragán794/2023
- Fernando Arturo Salas Moreno1222/2023
- Fernando Augusto Moreno Moreno1337/2018
- Fernando Ávila Ledezma529/2020
- Fernando Avila Ledezma1326/2021