Fernando Armienta Quiñones

Expediente 907/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
907/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
04/03/2019

Partes del expediente

  • Fernando Armienta Quiñones

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, este tribunal resolverá si la sentencia está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. En la sentencia emitida el treinta y uno de enero del año en curso, este órgano jurisdiccional por una parte sobreseyó en el juicio y, por otra, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Fernando Armienta Quiñónez, a efecto de que a autoridad responsable realice lo siguiente:  Continúe con el procedimiento de ejecución de sentencia en el juicio de nulidad 1477/2015-I en los términos establecidos por los artículos 102 y 103 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, esto es, deberá remitir de forma inmediata los autos a la Sala Superior a efecto de que ese órgano revisor sea quien resuelva en relación la sanción a imponer a las autoridades responsables del cumplimiento; esto, con independencia de las diligencias que ordene para lograr el referido cumplimiento. En cumplimiento a lo anterior, el Actuario adscrito a la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, remitió el oficio 2862/19, al que anexó copia certificada del proveído de once de febrero del año en curso del que se advierte que ordenó dar vista a la Sala Superior de ese tribunal con las copias certificadas de las constancias relativas al expediente de origen 1477/2015-I, para que resuelva sobre la sanción a imponer al servidor público responsable del cumplimiento de la sentencia; además, se observa que dicha autoridad continúa con el procedimiento para hacer cumplir dicho fallo. Documentales que tienen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, se determina que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos; por tanto, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. No pasan desapercibidas las manifestaciones vertidas por el autorizado de la parte quejosa en el sentido que no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que no se ha demostrado que la Sala Superior haya recibido los autos mencionados; sin embargo, este órgano jurisdiccional considera que la Junta responsable cumplió con el fallo protector, virtud que procedió a ordenar la remisión a la Sala Superior de ese tribunal de las copias certificadas de las constancias relativas al expediente de origen 1477/2015-I, a fin que sea ésta quien resuelva sobre la sanción a imponer al servidor público responsable del cumplimiento de la sentencia. En cumplimiento a lo ordenado en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto, conforme a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en ninguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva así como la relativa al archivo, en el entendido que este expediente es susceptible de depuración. Expediente que no encuadra en alguna de las hipótesis que establece el punto Vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; consecuentemente, una vez que trascurra el término de tres años a que se refiere el punto Décimo Octavo del citado acuerdo, remítase el presente expediente al Centro Archivístico Judicial correspondiente. Para efectos de lo anterior, deberá hacerse del conocimiento de las partes que cuentan con un plazo de noventa días, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, para que soliciten la devolución de los documentos originales que, en su caso, hayan exhibido, apercibidos que de no hacerlo así, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente, en términos de lo señalado por los puntos décimo primero y vigésimo segundo del acuerdo general conjunto de referencia. Por último, como lo establecen los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modificación electrónica, y toda vez que se advierte que en su momento la autoridad responsable remitió diversas constancias relativas al expediente de origen, las cuales ya no son de utilidad en este juicio; en tal virtud, se ordena su devolución.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual hace diversas manifestaciones en relación al cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa. En esas condiciones, hágase saber a la parte promovente que por seguridad jurídica, una vez que trascurra el plazo de tres días que le fue otorgado se proveerá en relación al cumplimiento efectuado por la responsable, y hasta en tanto, se analizarán las manifestaciones vertidas en el ocurso de que se trata.

  3. Principal

    Agréguese el oficio remitido por el Actuario del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, al que anexa diversas documentales solicitadas por este órgano jurisdiccional mediante auto de trece de diciembre de dos mil dieciocho. Atento a lo anterior, dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexos de cuenta, a fin que provea lo que a su interés convenga.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que están señaladas las nueve horas con cuarenta minutos de este día para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no obra la contestación al requerimiento de trece de diciembre de dos mil dieciocho, a la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, esto es, las constancias del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, y Procurador Fiscal del Estado en representación de la Secretaría de Administración y Finanzas y Subsecretario de Egresos Dependiente de la citada Secretaría, todas con sede en esta ciudad; sin que pase desapercibido que dicha autoridad allegó copia certificada del acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, y de las constancias de notificación a las autoridades señaladas. Por lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para este día y, en su lugar, se fijan las diez horas con cincuenta minutos de treinta y uno de enero del año que transcurre para su desahogo.

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