Fernanda Celeste Leal Bringas

Expediente 755/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 19 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
755/2023
Año
2023
Actuaciones
19
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Fernanda Celeste Leal Bringas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Culiacán, Sinaloa, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron la sentencia dictada en este juicio de garantías, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA; en tal virtud, agréguese a los autos el cuaderno original del incidente de suspensión. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General citado con anterioridad. En atención a que obra en este expediente el documento original que la parte agraviada allegó con su demanda de amparo; por tanto, se hace de su conocimiento que cuenta con un plazo de noventa días legalmente computado para que acuda a recogerlo, apercibida que de no hacerlo dicho documento correrá la suerte del presente sumario constitucional, en términos de lo señalado en el punto décimo primero del referido acuerdo general conjunto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó el licenciado Roberto Escobedo Sánchez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, en funciones de Juez de Distrito conforme a la sesión celebrada el seis de noviembre de dos mil veintitrés por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del licenciado José Leónides Miguel Santos Cortés, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Culiacán, Sinaloa, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual manifiesta que se desiste del presente juicio de amparo por así convenir a sus intereses. Por tanto, 63, fracción I, de la Ley de Amparo se requiere a la promovente para que dentro del plazo de tres días comparezca a este juzgado con credencial oficial a ratificar el desistimiento o, bien, lo haga en el momento de la diligencia de notificación ante el actuario de la adscripción. Se apercibe a la promovente que de no hacer manifestación alguna en el momento de la notificación o dentro de plazo establecido, se continuará con el trámite respectivo en el presente sumario. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Culiacán, Sinaloa, a siete de septiembre de dos mil veintitrés. Del estado que guardan los autos se advierte que está programada en este juicio la audiencia constitucional para este día. No obstante, del escrito de demanda se aprecia que la quejosa se duele, entre otro, de la omisión de llamarla al juicio sucesorio a bienes de ********************. Asimismo, del sumario se desprende que mediante oficio ********************, el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial remitió copia certificada de las constancias relativas al juicio sucesorio intestamentario a bienes de ********************, entra las cuales destacan las constancias relacionadas con el juicio de amparo********************, promovido por********************, por derecho propio y en representación de los menores********************y********************, todos de apellidos********************(fojas 118 a 276). En ese orden, dése vista a la quejosa para que dentro del término de quince días manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo por conceptos de violación respecto de las constancias del juicio natural ********************. En el entendido de que, en caso de manifestar su conformidad con lo anterior, dicha ampliación de demanda deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 108, de la Ley de amparo, para el trámite correspondiente. Por otra parte, de autos también se desprende que se emplazó a la tercera interesada ********************, en domicilio distinto al último señalado en el juicio de origen. Consecuentemente, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado emplace a este juicio a la referida parte tercero interesada, en el domicilio ubicado en ******************** ********************, ********************, de esta ciudad. Por tanto, para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL NUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, para su celebración.. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y emplácese a la tercero interesada ********************, en el domicilio antes precisado.Así lo acordó el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido de José Manuel Íñiguez Ramos, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados y página electrónica a la parte tercera interesada. Culiacán, Sinaloa, a siete de septiembre de dos mil veintitrés. Del estado que guardan los autos se advierte que está programada en este juicio la audiencia constitucional para este día. No obstante, del escrito de demanda se aprecia que la quejosa se duele, entre otro, de la omisión de llamarla al juicio sucesorio a bienes de ********************. Asimismo, del sumario se desprende que mediante oficio ********************, el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial remitió copia certificada de las constancias relativas al juicio sucesorio intestamentario a bienes de ********************, entra las cuales destacan las constancias relacionadas con el juicio de amparo********************, promovido por********************, por derecho propio y en representación de los menores********************y********************, todos de apellidos********************(fojas 118 a 276). En ese orden, dése vista a la quejosa para que dentro del término de quince días manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo por conceptos de violación respecto de las constancias del juicio natural ********************. En el entendido de que, en caso de manifestar su conformidad con lo anterior, dicha ampliación de demanda deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 108, de la Ley de amparo, para el trámite correspondiente. Por otra parte, de autos también se desprende que se emplazó a la tercera interesada ********************, en domicilio distinto al último señalado en el juicio de origen. Consecuentemente, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado emplace a este juicio a la referida parte tercero interesada, en el domicilio ubicado en ******************** ********************, ********************, de esta ciudad. Por tanto, para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL NUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, para su celebración.. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y emplácese a la tercero interesada ********************, en el domicilio antes precisado.Así lo acordó el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido de José Manuel Íñiguez Ramos, Secretario que autoriza y da fe. Culiacán, Sinaloa, siete de julio de dos mil veintitrés. Trámite Incidente. Con fundamento en los artículos 125, 128 y 130 de la Ley de Amparo, fórmese por separado el presente incidente de suspensión. Habilitación de días y horas. De conformidad con el tercer párrafo del numeral 21 de la citada legislación, se habilita cualquier día y hora a efecto de realizar las notificaciones del presente incidente. Audiencia incidental. Se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL CATORCE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, para la celebración de la audiencia incidental. Informes previos. En términos de los numerales 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, pídase informe previo a la autoridad responsable que deberá rendirlo dentro del término de cuarenta y ocho horas contadas a partir del momento de su notificación, en el cual deberá expresar si son o no ciertos los actos que se le atribuyen, en su caso, las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos a su alcance que permitan establecer el monto de las garantías correspondientes. Apercibida que de no rendir su informe previo dentro del lapso otorgado, se presumirá cierto el acto reclamado. En el entendido que podrán rendir el informe por cualquier medio de las oficinas públicas de comunicaciones, en cuyo caso no es necesario hacerlo vía ordinaria. V. Concesión. La parte quejosa reclama la omisión de ser llamada a junta de herederos y designación de albacea, en el juicio sucesorio intestamentario ********************del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en esta ciudad. Las exigencias legales y naturales para otorgar la medida están satisfechas, según se explica: El acto reclamado es de carácter positivo al tratarse de un procedimiento civil en etapa de ejecución, esto es, existe actuación de la autoridad responsable, por lo que su naturaleza permite su paralización, es decir, no se lleve a cabo. Lo solicitó la parte quejosa (artículo 128, fracción I) y, además, está acreditado su interés para obtener la suspensión, como se verá enseguida. La amparista refiere en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento que el aquí tercero interesado ********************, promovió juicio sucesorio intestamentario a bienes de su señor padre********************, el cual se tramita bajo el expediente ********************del índice del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Familiar de esta ciudad, para acreditar su dicho exhibe copia certificada del acta de nacimiento a nombre de la quejosa y acta de defunción del padre de dicha quejosa; por tanto, se demuestra indiciariamente que tiene un derecho generado antes de la promoción del juicio de amparo (artículo 131, párrafo segundo) y, por ello, su interés en obtener la suspensión. Además, no se advierte que con el otorgamiento de la suspensión se prive a la colectividad de algún beneficio que le otorguen las leyes ni se le infiere daño que de otra manera no resentiría, de donde se presume que satisfizo los requisitos legales para ello; de ahí que con la medida no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público (artículo 128, fracción II). Al respecto es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultarle en la página 58, Volumen 47, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: INTERES SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PUBLICO. SU APRECIACION. La Suprema Corte sostiene, como se puede consultar en la tesis 131 del Apéndice de jurisprudencia 1917-1965, Sexta Parte, página 238, que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les someten para su fallo. El examen de la ejemplificación que contiene el artículo 124 de la Ley de Amparo para indicar cuándo se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, revela que se puede razonablemente colegir en términos generales, que se producen esas situaciones cuando se priva a la colectividad con la suspensión de un beneficio que le otorgan las leyes, o se les infiere un daño con ella que de otra manera no resentiría. Asimismo, de consumarse los actos reclamados se causaría a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación; lo cual traería consigo afectación incluso a derechos subjetivos. En tal consideración, dado que la parte promovente solicitó la medida, acreditó el interés, no se causa perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, con fundamento en los artículos 138 y 139 de la Ley de Amparo se le concede la suspensión provisional del acto reclamado para el efecto de que hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, sin suspender el procedimiento no se desposea, adjudique ni escriture a favor de terceros los bienes relacionados con el juicio sucesorio intestamentario ********************del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, de esta ciudad. Sin que ello signifique que en caso de haber sido ejecutados los actos reclamados, se dejen sin efecto dichas determinaciones, pues de hacerlo equivaldría a darle a la medida cautelar otorgada efectos restitutorios que son propios de la sentencia que se pronuncia en el fondo del juicio de amparo respectivo. VI. Efectividad de la suspensión. Con sustento en los numerales 132 y 138, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija garantía en los términos siguientes: Cuando con la suspensión del acto reclamado se pueda ocasionar daño o perjuicio a la parte tercera interesada, la quejosa deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la medida se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Al respecto, en la jurisprudencia 1a./J. 61/2004, publicada en la página 315, Tomo XX, Octubre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Registro 180238, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la caución no tiene el alcance de preservar y garantizar la existencia de la prerrogativa que se incorporaría a la esfera jurídica del tercero como consecuencia de la validez del acto reclamado, ya que únicamente tiene como fin garantizar los daños y perjuicios que pudieran causarle por no haber incorporado en su patrimonio, desde el momento en que se concedió la suspensión y hasta que se resuelva el juicio de amparo, las prerrogativas que le confiere el acto reclamado; por lo que la caución debe responderse sólo por los daños y perjuicios derivados de los efectos de la concesión de la medida cautelar, de ahí que éstos no pueden asimilarse al monto total a que asciende la condena en el juicio natural. Esa jurisprudencia es la siguiente: SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO. PARA QUE SURTA EFECTOS LA CAUCIÓN, SU MONTO DEBE RESPONDER ÚNICAMENTE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN CAUSARSE AL TERCERO PERJUDICADO CON ESA MEDIDA. La suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo se constriñe a asegurar la efectividad de la justicia constitucional, mientras que la caución que se otorga para que surta efectos esa medida cautelar debe responder por los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado si no se otorga la protección constitucional. En ese contexto, la suspensión no es una figura jurídica que tenga un fin en sí misma, sino que depende del proceso principal y, por ende, sus efectos no inciden en la validez y existencia del acto reclamado; igualmente la caución tampoco puede jurídicamente tener por objeto preservar y garantizar la existencia de la prerrogativa que se incorporaría a la esfera jurídica del tercero perjudicado como consecuencia de la validez del acto reclamado, ya que únicamente se dirige a garantizar las consecuencias derivadas directamente de la suspensión de éste, es decir, los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado por no haber incorporado en su patrimonio, desde el momento en que se concedió la suspensión y hasta que se resuelva el juicio de amparo, las prerrogativas que le confiere el acto reclamado. Consiguientemente, la caución no debe atender a un monto que no se pierde o menoscaba por el acto judicial cuyos efectos se condicionan al otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, en virtud de que ésta obra sobre su ejecución y es ajena al acto reclamado, de manera que si únicamente debe responderse por los daños y perjuicios derivados de los efectos de la concesión de la medida cautelar, se concluye que éstos no pueden asimilarse al monto total a que asciende la condena en el juicio natural. De conformidad con los artículos 2108 y 2109 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, daño es la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de la obligación y perjuicio es la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación. Al respecto es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 80/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 148, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materias Común, Civil, Registro 161105, que dice: DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. HECHOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL TERCERO PERJUDICADO PARA ACREDITARLOS CUANDO, ANTE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO PUDO DISPONER DEL INMUEBLE CONTROVERTIDO. El artículo 129 de la Ley de Amparo prevé el incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la responsabilidad derivada de las garantías que se otorguen con motivo de la suspensión concedida en el juicio de amparo biinstancial, en cuya tramitación el tercero perjudicado debe cumplir con las cargas que le impone la propia ley. En ese caso, para ver acogida su pretensión, el actor incidentista tiene la carga, primero, de manifestar en los hechos de su escrito incidental en qué consistió el daño o el perjuicio causado, así como justificar su relación directa con la suspensión del acto reclamado y, en segundo término, demostrar sus afirmaciones, pues en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo de sus excepciones. En esa narración de hechos es importante conocer si el tercero perjudicado sustenta su pretensión en la generación de daños o de perjuicios, cada uno con una naturaleza jurídica distinta, pues mientras que los primeros se refieren al menoscabo sufrido en el patrimonio del demandante (hecho cierto), los segundos corresponden a las ganancias lícitas que debieron haberse obtenido (hecho probable). Así, para demostrar los daños aducidos y que éstos son consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo, se hace necesaria la demostración del hecho, acto o situación concreta que los generó, pues sólo así el juzgador está en aptitud de constatar, en primer orden, si éstos efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe un vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida. En cuanto a la demostración de los perjuicios, no es necesario que el tercero perjudicado mencione un acto específico que se vio frustrado ante la imposibilidad de disponer del inmueble; basta con que realice una exposición razonada para explicar con hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado y aportar datos que revelen claramente la probabilidad para definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de haber tenido la disposición del inmueble se habrían generado las ganancias indicadas, esto, en el entendido de que también ha de proporcionar las bases para su cuantificación y probarlas. Entonces, en la resolución del incidente a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Amparo, el juzgador debe atender a los hechos en que se sustenta la pretensión para evaluar qué extremos debe colmar el actor incidentista. Con base en lo anterior, para precisar los perjuicios que la medida pudiera causar a la parte tercera interesada, no es dable atender el monto de las prestaciones reclamadas en el juicio fuente de los actos reclamados. De tal manera, como en el caso en el sumario no existen elementos para determinar los posibles daños, con fundamento en el artículo 132 de la Ley de Amparo discrecionalmente se fijan cincuenta mil pesos, como garantía para resarcir a la parte tercero interesada de los posibles perjuicios que se le pudieran ocasionar con la suspensión de los actos reclamados, la que deberá presentar en cualquiera de las formas establecidas por la ley en el plazo de cinco días legalmente computados. Dicha medida dejará de surtir efectos de inmediato si no se otorga la garantía en el plazo señalado. En este sentido, toda vez que se concedió la medida cautelar solicitada, notifíquesele personalmente la presente determinación a la parte tercera interesada. VII. Domicilio y autorizados. Se tiene como autorizado de la parte quejosa en los amplios términos que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que índica en su demanda. Asimismo, se autoriza la consulta del expediente electrónico y realizar las notificaciones por ese medio a través del usuario "********************". Se instruye al Actuario para que las notificaciones personales que se dicten en el expediente, sean notificadas por el sistema electrónico, levantándose la razón correspondiente. De igual manera, se instruye a la Oficial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a fin de que se realicen las actuaciones en el referido sistema. IX. Copias. A efecto de que las partes puedan obtener copias certificadas o simples de las constancias que integran el presente sumario y estén en aptitud de preparar la defensa de sus intereses, se autoriza desde este momento la expedición de las mismas a su costa, de conformidad con el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; así como el uso de medios electrónicos como cámara digital o scanner portátil para la reproducción del presente expediente; siempre y cuando no se trate de documentos que a consideración de este órgano jurisdiccional contengan datos sensibles o bien sobre los cuales deba guardarse determinado sigilo. En el entendido que la entrega de copias estará limitada a que sea posible su reproducción por el prestador de servicios de fotocopiado que se encuentra dentro de este edificio sede. Notifíquese y personalmente a la parte tercero interesada.

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