Fernando Arias Monroy y Otros.
Expediente 958/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 958/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Fernando Arias Monroy y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA VIII Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número ********************INCOMPETENCIA POR MATERIA Resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la legal competencia de este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer del asunto planteado, en virtud que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y, por tanto, preferentes. Lo anterior, tomando en consideración que, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los jueces de Distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto surja. Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 679 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 456, Tomo VI, del Apéndice de 1995, Octava Época, que dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." En ese sentido, conviene destacar que el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, determina la competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal. De dicho precepto se advierte que los jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos: Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial. Contra actos que afecten la libertad personal independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal. Contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito. Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal. Contra el incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre el tema de la competencia por materia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que para establecer la competencia, el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral, con los elementos de prueba, de manera que sea posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior tiene apoyo en el criterio emitido por la citada Sala, consultable en la página 94, Tomo IX, Mayo de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto". Por otra parte, la competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa se encuentra prevista en el numeral 57 de la citada ley orgánica. Y tal numeral pone de manifiesto que es competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa conocer, entre otros, de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, excepto al caso a que se refiere la fracciones II, del artículo 51 (de los procedimientos de extradición, salvo lo dispuesto en los tratados internacionales) de la misma ley orgánica. En este caso, con la finalidad de fijar los actos reclamados en el presente juicio de amparo, conviene precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido que el juzgador de amparo al analizar la demanda de amparo, debe interpretarla en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; que para lograr tal fijación debe acudirse de la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 169 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que enseguida se reproduce: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguientes: "(.) LA OMISIÓN Y DEMORA DE INGRESARNOS AL REGISTRO NACIONAL DE VÍCTIMAS DERIVADO DE LA RECOMENDACIÓN 123VG/2023 EMITIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EL 31 DE AGOSTO DE 2023. (.)" Atribuida a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. En ese sentido, cabe destacar que de conformidad con el artículo 96 de la Ley Genera de Víctimas, el Registro Nacional de Víctimas es el mecanismo administrativo y técnico que soporta todo el proceso de ingreso y registro de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos a dicho sistema. Además, el Registro Nacional de Víctimas es la unidad administrativa que encargada de llevar y salvaguardar el padrón de víctimas, a nivel nacional, e inscribir los datos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos del orden federal, y por excepción del orden local. Bajo ese contexto, este órgano de control constitucional considera que CARECE DE COMPETENCIA LEGAL PARA CONOCER Y RESOLVER EL ASUNTO POR CUESTIÓN DE MATERIA. Lo anterior, dado que el acto reclamado es de naturaleza FORMAL Y MATERIALMENTE ADMINISTRATIVA, ya que no se ubica en algunos de los supuestos de la fracción I del artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aunado a que se la parte quejosa se lo reclama a una autoridad administrativa, dentro de un procedimiento de la misma naturaleza; además, éste no constituye una resolución judicial del orden penal. Sirve de apoyo a lo anterior por los motivos que expone, la jurisprudencia P./J. 1/2021 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN QUE DERIVEN, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA OMISIÓN O DILACIÓN DE LAS AUTORIDADES FACULTADAS PARA EMITIR LA RESOLUCIÓN U OPINIÓN RESPECTO DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE APOYO O COMPENSACIÓN ECONÓMICA SUBSIDIARIA A VÍCTIMAS DE DELITOS LOCALES O FEDERALES. SE SURTE EN FAVOR DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Hechos: La Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar a qué Juzgado de Distrito corresponde la competencia por materia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado consista en la omisión o dilación en el dictado de la resolución u opinión para el otorgamiento de apoyos o compensaciones económicas a víctimas de delitos locales o federales llegaron a soluciones distintas, ya que para la Primera Sala la competencia se surte en favor de un órgano especializado en materia penal, mientras que para la Segunda Sala corresponde a uno especializado en materia administrativa. Criterio jurídico: La competencia para conocer del juicio de amparo indirecto y, consecuentemente, de los recursos que se originen, cuando se reclame la omisión o dilación de las autoridades facultadas para emitir la resolución u opinión respecto de la procedencia o improcedencia de la solicitud de apoyo o compensación económica subsidiaria a víctimas de delitos locales o federales, se surte en favor de los órganos jurisdiccionales especializados en materia administrativa. Justificación: El procedimiento para obtener una compensación o apoyo económico por parte del Estado, derivado del reconocimiento de la calidad de víctima del delito, inicia con una solicitud de parte interesada, continúa con una etapa de integración del expediente en la que el solicitante tiene derecho a ofrecer elementos de convicción y alegar en su favor, para finalizar con una decisión sobre la procedencia del acceso a los recursos de los fondos de compensación o ayuda que, por disposición expresa del artículo 144 de la Ley General de Víctimas, constituye una resolución administrativa definitiva; todo lo cual pone de manifiesto que se trata de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Más aún, la materia del procedimiento en comento se encuentra vinculada con una cuestión de tipo administrativo, dado que la litis se centra en determinar si procede o no y en qué medida el acceso a los recursos de los fondos de ayuda correspondientes, sobre lo cual no existe un componente penal, puesto que para emitir tal determinación no se hace un reexamen del proceso penal, no se emite un juicio respecto del carácter delictivo de determinados hechos ni se constata su comisión, no se analizan elementos del tipo, tampoco se califica la gravedad del delito ni se hace una identificación de la víctima, sino que esa situación queda en manos, más bien, de la autoridad penal que, en su caso, emite la decisión o sentencia ejecutoria de esos aspectos. Además, tal procedimiento se tramita ante autoridades diversas de la judicial y, por ende, encuadran en las llamadas autoridades administrativas.". Asimismo, la tesis aislada I.9o.P.237 P (10a.), emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que a la letra dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO VERSA SOBRE LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS TENDENTES A GARANTIZAR LA REPARACIÓN INTEGRAL CONTENIDA EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, POR VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS HUMANOS. SE SURTE A FAVOR DE UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. El artículo 4 de la Ley General de Víctimas establece que son víctimas directas las personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o, en general, cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; y víctimas indirectas, los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. De igual forma, reconoce dos fuentes para denominar a una persona física como víctima, las cuales las separa por la disyuntiva "o", de lo que deriva que puede ser una u otra, a saber: como consecuencia de un delito o por las violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. Estas víctimas, para acceder a la reparación integral determinada, pueden inscribirse en el Registro Nacional de Víctimas, el cual es, conforme al artículo 96 de la propia ley, el mecanismo administrativo y técnico que soporta todo el proceso de ingreso y registro de las víctimas del delito, así como de violaciones de derechos humanos, cumpliendo diversos requisitos. En este sentido, cuando en el juicio de amparo el acto reclamado verse sobre las medidas complementarias tendentes a garantizar la reparación integral contenida en la ley indicada, por violaciones graves a derechos humanos, la competencia para conocerlo se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia Administrativa, toda vez que ese acto no tiene vinculación directa con la comisión de un delito, sino emanado de la solicitud que realizó el quejoso para obtener la reparación por violaciones a derechos humanos y la respuesta la emitió el comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas, quien tiene el carácter de autoridad administrativa. Esto es, dicha reparación no deriva de una de las fuentes que vinculan a las víctimas con un delito tipificado en las leyes penales, sino de la diversa fuente por violación a derechos humanos, supuesto que no se encuentra dentro del ámbito de especialidad de un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal.". En consecuencia, este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, declara carecer de competencia legal por razón de materia; por tanto, previo cuaderno de antecedentes que se forme, envíense los autos originales a la OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD para que, por su conducto sea remitido al juez de Distrito que por turno corresponda; a quien se solicita atentamente acuse de recibo e informe si acepta o no la competencia declinada. REPRESENTANTE COMÚN Téngase como representante común de la parte quejosa a ********************, en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo. DEFENSOR Dado que los quejosos no señalaron autorizado en términos amplios del numeral 12 de la ley de la materia dentro de este juicio; se reserva requerirlos para que designen un defensor para que los represente en el presente sumario, hasta en tanto se obtenga el pronunciamiento del órgano de control constitucional al que se declinó la competencia legal. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar de su reclusión, esto es, el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán". En consecuencia, dado que dicho centro penitenciario se encuentra fuera del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción; con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2, de la ley en la materia, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; gírese atento exhorto vía interconexión al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON RESIDENCIA EN URUAPAN, EN TURNO, para que en auxilio de las labores de este juzgado de Distrito, tenga a bien comisionar al actuario judicial de su adscripción, para que se constituya en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán" y notifique personalmente esta determinación a los quejosos ********************y********************. Hecho que sea lo anterior, tenga a bien devolver la comunicación oficial de que se trata a la brevedad posible. En caso de ser necesario, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se otorga jurisdicción al homólogo federal para que habilite días y horas inhábiles, con el objeto de que se realicen las diligencias encomendadas. PUBLICACIÓN DE DATOS Con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, con fundamento en el ordinal 9, en relación con los diversos 1 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; resguárdense los datos personales de las partes, salvo manifestación expresa en contrario. Por tanto, se instruye a los servidores públicos adscritos a este juzgado para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, atiendan la precitada instrucción.
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