Fernando Alexis Valverde Miranda

Expediente 951/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
951/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
01/12/2023

Partes del expediente

  • Fernando Alexis Valverde Miranda

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I. Se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo...

  2. Principal

    MESA I. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese el escrito de cuenta firmado por ***, mediante el cual, desahoga la prevención formulada en auto de diecisiete de noviembre pasado y, al respecto aduce acreditar la representación del justiciable ***, con copia simple del acta de nacimiento respectiva, a efecto de demostrar su vínculo consanguíneo ?madre e hijo?, así como, con copia simple de un escrito aparentemente suscrito por el precitado quejoso en el que refiere: ".otorgo poder amplio y suficiente a *** para que en mi nombre realice las gestiones, trámites administrativos, ante cualquier institución para salvaguardar mi persona, mis derechos y mi libertad, al igual que representarme en procesos en los cuales mi nombre este de por medio". DESECHAMIENTO En ese sentido, antes de proveer lo pertinente, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El precepto transcrito autoriza a quien resuelve a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con las características en que descansa la improcedencia del juicio de amparo indirecto, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda, así como de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En congruencia con lo anterior, tomando en consideración que el juicio de amparo debe promoverse a instancia de parte agraviada, tal y como lo establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 6 de la Ley de Amparo, la demanda de amparo debe contener la manifestación expresa de la voluntad de instar el juicio por la persona agraviada. Expuesto lo anterior, debe decirse que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del ordinal 61 en relación con el 6 de la ley de Amparo, este último a contrario sensu, en atención a las siguientes consideraciones: El artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo es del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". De igual manera el artículo 6 del citado ordenamiento legal estable: "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita". De la interpretación de estos dispositivos se advierte que la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados, se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, solo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo). La afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; de ahí que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple", sino que es necesario que ese interés tenga sustento en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta. En ese tenor, cabe mencionar que en el caso la demanda fue promovida por ***, en representación de ***, en contra de: "A) El acto de molestia de tortura implementada por los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para bajar del camión al quejoso ***. B) La privación del derecho de conocer el motivo de la detención al subir a la patrulla al quejoso o al momento de la detención. C) Los actos de investigación realizados por los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sin orden judicial, al llevar al quejoso al lugar donde estaba la víctima, para que lo reconociera como la persona que lo había robado y secuestrado, en lugar de dirigirse a la Agencia del Ministerio Público para que ahí mediante orden judicial este acto se llevará a cabo. D) Reconocimiento de la víctima hacía el quejoso en la calle bajo presión de los policías de la SSC sin haber sido ordenado este procedimiento por orden judicial y sin estar bajo el supuesto de flagrancia. E) El acto de investigación del Médico Legista de la Agencia del Ministerio Público al no revisar adecuadamente al quejoso y constar en el certificado de integridad física que el imputado estaba golpeado de diversas partes del cuerpo y sobretodo de la cara y la cabeza. F) La omisión de la fiscalía para buscar el domicilio del quejoso y así poder buscar una medida cautelar distinta en la audiencia de control. G) La omisión de la fiscalía en pedir actos de investigación a sus peritos en materia de dactiloscopia a la camioneta que supuestamente el quejoso roba y secuestra, de igual forma a las cajas selladas que le encuentran en su posesión aparentemente, al igual que el arma que presumiblemente le encuentran bajo sus ropa, y además de dos celulares y dinero que le encuentran presuntamente al quejoso dentro de las bolsas de su pantalón. La omisión de la fiscalía en pedir actos de investigación a sus peritos en materia de fotografía forense ya que dentro de la carpeta de investigación No: *** no obran fotografías de ningún arma toda vez que, menciona el perito especialista, que el arma no se encuentra en la agencia del Ministerio Público para dicha diligencia, esto en la foja número 189 de la Carpeta de Investigación No: *** (anexo dos), al igual que la falta del peritaje en materia de fotografía forense del dinero y de celulares que se menciona fueron tomados por el quejoso con el propósito de apoderarse de ellos. H) La omisión de la Fiscalía en proporcionar los videos replays del seguimiento que hace el monitorista desde la escena del robo, la persecución del quejoso hasta la detención del mismo, mismos que serían utilizados para reconocer la participación del quejoso al igual que determinar la flagrancia y la legalidad de la detención. I) La audiencia de control del día veinte de abril de dos mil veintitrés en la que determinan de legal la detención del quejoso. J La pronunciación del Juez de control de la audiencia de veinte de abril de dos mil veintitrés en la que menciona que con base en el criterio de experiencia determinaría si podría haber participado el quejoso en el delito que se le imputa. K) El acto de molestia realizado por la fiscalía al presentar en el escrito de acusación las pruebas que fueron desechadas por la Juez de Control en la audiencia de veinte de abril del año dos mil veintitrés. L) Las continuaciones de audiencias de diversas fechas ignorando las violaciones de derechos humanos a los que el quejoso ha sido sometido." Sin embargo, de la lectura integral de la demanda y escrito aclaratorio, no se advierte que ***, se encuentre imposibilitado para acudir por propio derecho a pedir el amparo y protección de la justicia federal; tampoco que la promovente ***, tenga el carácter de defensora del antes mencionado, ni apoderada legal; aunado a que no se está en alguno de los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo, pues como ya se dijo, de la lectura integral de la demanda y constancias que se ajuntaron, no se desprende que ***, esté imposibilitado para promover por sí mismo. En ese tenor, no se actualiza ninguno de los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es, que el acto reclamado, se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Lo anterior, dado que delos antecedentes narrados en la demanda se puede advertir que el quejoso ***, se encuentra interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, derivado del procedimiento que se sigue en su contra en la carpeta de investigación ***, por el delito de robo y secuestro exprés. Por tanto, se destaca que, solo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo). Bajo esas consideraciones, es inconcuso que el directo quejoso, no se encuentra impedido para instar la acción constitucional por propio derecho. Sin que se desatienda lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 6 de la Ley de Amparo, que señala que cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, el quejoso, puede promover el amparo por conducto de su defensor, y que a la luz del primer párrafo del diverso 11 de la ley de la materia, bastara dicha afirmación. Máxime, que del escrito de desahogo que se atiende, se desprende que ***, intenta promover el juicio de amparo a favor de ***, ostentándose como su madre, siendo que éste es mayor de edad ?veintiún años?, así como, pretendiendo acreditar su "representación legal" con una reproducción fotostática de un escrito aparentemente suscrito por el aludido impetrante, los cuales, no constituyen documentos idóneos para tener por legitimada la representación legal que la faculte para instaurar un juicio de garantías. Aunado a que, en relación con el "poder otorgado a la promovente", carece de la fe del funcionario público indispensable para darle validez a un documento de tal naturaleza. Apoya lo anterior por los motivos que expone, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3 , que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, de conformidad con el precepto 113 de la misma ley, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO.

  3. Principal

    MESA I. PREVENCION A LA PARTE QUEJOSA.

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