Fernando Andres Madero Vera

Expediente 1630/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 40 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1630/2018
Año
2018
Actuaciones
40
Última actuación
08/02/2022

Partes del expediente

  • Fernando Andres Madero Vera
  • Congreso del Estado Independiente, Libre Y Soberano del Estado de Coahuila de Zaragoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 40.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; ocho de febrero de dos mil veintidós. Reanudación. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y de conformidad con lo establecido en el oficio SECNO/STCCNO/29/2022 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos en las cuales se estableció -entre otras situaciones-, la suspensión, prórroga, modificación y reanudación de los plazos de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y por consecuencia, la reactivación de los términos procesales; en el entendido que la última de las mencionadas es la vigente, por lo cual, se regresa al esquema de trabajo en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Inconformidad. Visto lo de cuenta, se tiene que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución en la que se dilucidó en torno al cumplimiento del fallo protector, por lo cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado consentida para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es depurable, salvo la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, y el proveído en que se ordena su archivo como asunto concluido, mismos que deberán conservarse en términos del numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; doce de noviembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable; por tanto, este órgano jurisdiccional se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por las autoridades responsables, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo, son los siguientes: "1. Desincorpore de la esfera jurídica del quejoso, los artículos 79, fracción II, inciso 1) y 79-A, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, cuyo texto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete y en vigor a partir del uno de enero de dos mil dieciocho. 2. Deje insubsistente el pago contenido en el recibo de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, expedido por la Administración Fiscal General a nombre del quejoso con número de referencia 760304767. 3. En congruencia con lo anteriormente determinado, devuelva al quejoso las cantidades que enteró en el referido recibo, dado que como se vio con antelación, uno de los elementos esenciales de la contribución es inconstitucional, amén de que la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila, revisada prevé una cantidad mínima a pagar por los conceptos de trato, ésta es considerada desproporcional. Los efectos señalados se justifican, dado que como se vio con antelación, uno de los elementos esenciales de la contribución es inconstitucional, amén de que la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila de Zaragoza, si bien prevé de manera expresa la cantidad mínima a pagar los conceptos de trato, esta es considerada desproporcional atento a las razones anotadas en esta sentencia. Sin que deba devolverse el importe que aparece en el citado recibo como "CEPROFI" (certificado de promoción fiscal), ya que no fue pagado por el quejoso por tratarse de estímulos fiscales, en términos del numeral 38, fracción III, del Código Fiscal para el Estado de Coahuila". Impugnación. Inconformes con la sentencia, las autoridades responsables Congreso del Estado de Coahuila y Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, interpusieron recurso de revisión, el cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito de esta ciudad, confirmó sentencia recurrida. Tan pronto fue recibida esa ejecutoria, nueve de julio de dos mil diecinueve, se requirió el cumplimiento respectivo. Cumplimiento del fallo protector. Mediante oficios presentados en la oficialía de partes de este juzgado federal, el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, el Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, informó que desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos tildados de inconstitucionales y manifestó que dejó insubsistente la cuantificación y cobro del recibo 760304767. Vista con cumplimiento. Con las constancias remitidas, en proveído de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa. Incidente de inejecución. El treinta de diciembre de dos mil diecinueve, se aperturó el incidente de inejecución de sentencia. Substanciación del incidente de inejecución. Al substanciarse ese medio de impugnación en sus términos, en sesión de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, en el incidente de inejecución de sentencia 1/2020, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, determinó declarar infundado, el citado incidente y este órgano jurisdiccional procedió a requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, el cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hubieren sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. Este juzgado estima que, en el caso, se cumplieron los anteriores efectos de la ejecutoria de amparo, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las cuales gozan de valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparece que esa autoridad recaudadora, en primer lugar, desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos tildados de inconstitucionales, y realizó la devolución del pago erogado mediante el recibo oficial 760304767, por la cantidad de $3,745.00 (tres mil setecientos cuarenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional); e informó en distintas ocasiones, que el referido título se encuentra a disposición de la parte quejosa en las oficinas de esa dependencia. Vista con cumplimiento. Con las constancias acordadas remitidas, en proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa. Desahogo de la vista. Sin que la parte quejosa hubiere hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias existentes en autos, con el valor probatorio antes concedido, se colige que, en el caso, se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable, en primer lugar, desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos tildados de inconstitucionales, y realizó la devolución del pago erogado mediante el recibo oficial 760304767, por la cantidad de $3,745.00 (tres mil setecientos cuarenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional); e informó en distintas ocasiones, que el referido título se encuentra a disposición de la parte quejosa en las oficinas de esa dependencia, sin que ésta hubiere acudido a recoger el citado título de crédito a las oficinas de la autoridad responsable. De ahí que, si el quejoso a la fecha no ha comparecido a recibir el aludido documento, en nada interfiere con el cumplimiento del fallo protector, toda vez que la responsable ha cumplido con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, pues incluso, ante la renuencia injustificada del quejoso. Apoya lo expuesto, la tesis III.3o.A.52 A, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXI, mayo de 2005, página 1455, que señala lo siguiente: "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA. Si en una ejecutoria de amparo se declara la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal de 2003, y en virtud de ello se ordena la devolución del pago del gravamen realizado en forma indebida, el Juez debe tener por cumplida la sentencia de amparo si la responsable le manifiesta que el quejoso podrá hacer efectivo el cobro porque ya fue emitido el cheque; informa el número de registro y control (con el cual se podrá cobrar el pago de lo indebido); notifica todo esto al promovente, y además en autos obran las constancias que acreditan todo lo anterior, ya que sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por concepto del impuesto reclamado". Vista a las partes. Por lo anterior, no hay duda que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo; por lo cual, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese por lista a la parte quejosa.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Razón actuarial. Agréguese a los autos la razón de cuenta, de la que se advierte que no fue posible notificar personalmente a la parte quejosa el proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, por las razones que expone; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese por lista el auto de referencia; en los mismos términos háganse las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto señale un nuevo domicilio donde puedan practicársele. Notifíquese y por lista al quejoso el presente auto y el diverso de veintinueve de octubre en curso. Así lo acordó y firma el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, asistido del licenciado Francisco Javier Ibarra Rivera, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que advierte que en proveído de once de octubre del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa con lo informado por la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Vista. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con las constancias que remite la autoridad oficiante y con las que obran en el presente juicio de amparo, por el término de tres días, para que manifieste lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia se encuentra o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Notifíquese.

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