Fernando Adrián Olivas de León

Expediente 929/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
929/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
22/11/2018

Partes del expediente

  • Fernando Adrián Olivas de León

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a sus antecedentes sin mayor proveído el oficio signado por el Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, en virtud de que mediante proveído de treinta y octubre del actual, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, dictada dentro del presente juicio. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Se notifica por lista al quejoso. Visto el estado de autos, del cual se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a la parte quejosa mediante proveído de dieciocho de octubre del año en curso, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por la autoridad responsable Administración Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, sin que lo hiciera; por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: "SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la protección constitucional se concede para el efecto de que la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, por sí o a través de la Administración Local de Recaudación de Torreón, Coahuila de Zaragoza: 1. Devuelva a la parte quejosa la cantidad que ampara el recibo con número de referencia 758497713 de quince de junio de dos mil diecisiete, que anexó a su demanda, únicamente en lo que corresponda a la aplicación del artículo 79-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza; lo que a su vez deberá impactar en el cálculo que deba realizarse respecto del pago de las contribuciones de fomento a la educación y seguridad pública e impuesto adicional. En la inteligencia de que la devolución de las cantidades correspondientes, deberá hacerse con su respectiva actualización, de conformidad con las leyes fiscales aplicables al caso concreto. La precisión de las autoridades a las que corresponde el cumplimiento de la presente sentencia se justifica en la medida de que es a la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en términos de los artículos 2 y 6, fracciones I y XXXVIII, de la Ley de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, a quien compete, entre otros asuntos, la recaudación de los derechos por servicios que se establezcan por el Estado, así como autorizar la devolución de cantidades pagadas indebidamente por los contribuyentes, lo que podrá efectuar a través de los titulares de las unidades administrativas que tenga adscritas, entre ellas, la Administración General Tributaria, a la que se encuentra adscrita la Administración Local de Recaudación de Torreón, Coahuila de Zaragoza, en términos de los artículos 13, penúltimo párrafo, de le legislación cita y 3, fracción I, numeral 23, de su reglamento interior". Por su parte, el normativo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Este juzgado estima que, en el caso, se cumplió con la ejecutoria de amparo, porque del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, se advierte que expidió a favor de la parte quejosa un cheque por la cantidad de $6,398.00 (seis mil trescientos noventa y ocho pesos 00/100 moneda nacional), el cual fue recibido por el quejoso el dieciocho de septiembre del actual, tal y como se advierte de las constancias que anexó la responsable a su oficio de cuenta; con lo cual cumplió con la obligación a que se le constriñó en la ejecutoria en comento; por tanto, es inconcuso que llevó a cabo los deberes que le fueron impuestos. Como quedó precisado, las constancias relatadas en líneas anteriores gozan de valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en el ejercicio de funciones. Apoya lo anterior, en cuanto a la valoración de los medios de prueba, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y por analogía, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CONSTANCIAS SUFICIENTES PARA APOYARLO. La autoridad responsable no tiene porqué remitir necesariamente con su informe justificado el expediente original del juicio generador del acto reclamado, pues en términos del párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, al rendir su informe las autoridades deben acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo, lo que sucede cuando, de las remitidas se desprende la existencia de los actos reclamados así como la justificación de los mismos". En tal virtud, en el presente juicio se estima que la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que se advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó cumplió con las obligaciones a que se le constriñó, sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haber omitido alguna de ellas. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales, toda vez que no se exhibieron en el juicio de amparo en que se actúa.

  3. Principal

    Se notifica por lista al quejoso. Agréguese a sus antecedentes el oficio signado por el Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, dictada dentro del presente juicio. En tales condiciones, con copia del oficio en mención y anexos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga; apercibido que en caso de no hacerlo, esta autoridad, proveerá lo correspondiente con lo manifestado por la autoridad compareciente, en torno al cumplimiento de la sentencia constitucional.

  4. Principal

    Se notifica por lista al quejoso. Agréguese a sus antecedentes el oficio signado por el Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, dictada dentro del presente juicio. En tales condiciones, con copia del oficio en mención y anexos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga; apercibido que en caso de no hacerlo, esta autoridad, proveerá lo correspondiente con lo manifestado por la autoridad compareciente, en torno al cumplimiento de la sentencia constitucional.

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