Fernando Amezcua Rivadeneyra
Expediente 409/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 409/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/04/2019
Partes del expediente
- Fernando Amezcua Rivadeneyra
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, veintiséis de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de once de abril de dos mil diecinueve (fojas 18 a 24), dictado en el juicio de amparo en que se actúa, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Asimismo, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción I, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un sumario constitucional en el que se desechó la demanda de amparo, y a consideración del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido Acuerdo. Atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejoso Personalmente Ministerio Público Federal Por lista
- Principal
Ciudad de México, once de abril de dos mil diecinueve. Registro Vista la demanda de amparo promovida por ***********, por propio derecho; fórmense el expediente físico y electrónico de amparo, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo e instrúyase al secretario de acuerdos que deberá dar fe en lo sucesivo de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Asimismo, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con los siguientes datos: REGISTRO OCC EXPEDIENTE NNEUN PARTE QUEJOSA 009272/2019 409/2019 24759204 ************ Autorizados en términos amplios, para oír y recibir notificaciones, así como para la utilización de medios electrónicos en la consulta del expediente De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados en términos amplios de la parte quejosa a los siguientes profesionistas: Profesionista *********** *********** *********** Dicha autorización se entiende para efectos de llevar a cabo todos los actos en juicio que correspondan a la parte quejosa, consistentes en interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas e, incluso, desistirse de ellas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, sin incluir aquéllos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado, como lo es la facultad para desistirse del juicio de amparo y sus recursos. Y por lo que hace a ***********, se tiene como autorizado de la parte quejosa para el único efecto de oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acredite tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Por otro lado, se autorizan en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a las restantes personas que menciona, para el único efecto de oír y recibir notificaciones. De igual manera, conforme a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos. Domicilio dentro de la jurisdicción En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, reconózcase como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso inicial, el cual es el inmueble ubicado en: Domicilio ***********. Lo anterior, sin perjuicio de que la parte quejosa o su legítimo representante, de manera directa y no a través de un autorizado, puedan solicitar que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, siempre que hubieran obtenido la Firma Electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Autoridades responsables y actos reclamados Previamente a proveer sobre la demanda de amparo, debe destacarse que es criterio reiterado del Alto Tribunal que el referido ocurso es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; por lo que dicha tarea incluye el análisis del ocurso inicial y de sus anexos. Establecido lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo y documentos anexos, se tienen como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Autoridad responsable Acto reclamado 1. Subdirector de Pensiones de la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a) La emisión de la resolución contenida en el oficio ***********, de trece de febrero de dos mil diecinueve, emitida en cumplimiento a la sentencia de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de nulidad número ***********, tramitado ante la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que a ésta se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Bajo esas circunstancias, este juzgador advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente: En primer lugar, es necesario tener en cuenta lo dispuesto en el referido precepto que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" El precepto transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan o proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que no se esté ante algunas de las excepciones que el propio legislador previó en esa disposición. Esta causa de improcedencia tiene como sustento constitucional la fracción IV del artículo 107, de tenor siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;" Los preceptos constitucional y legal transcritos contemplan el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual encuentra su justificación en su carácter extraordinario que tiene como fin invalidar los actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, por lo que previo a su promoción se debe acudir a las instancias ordinarias que permitan modificar, revocar o nulificar el acto de la autoridad, salvo los casos de excepción previstos constitucional, legal y jurisprudencialmente. Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia de esta causal de improcedencia, debe precisarse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y solo en caso de no obtener resolución favorable el juicio de amparo será procedente; de lo contrario el amparo se convertiría en un recurso ordinario más y el Juez de amparo suplantaría las facultades del juzgador de primera instancia. Tales consideraciones derivan de las tesis aisladas de la quinta y sexta época, con números de registros 338340 y 267633, de rubros: "AMPARO." "RECURSOS ORDINARIOS." Asimismo, cabe destacar que dicha causa de improcedencia se previó desde la anterior Ley de Amparo, en su artículo 73, fracción XV, cuyo contenido era similar al actual; sin embargo, no se establecían algunas de las excepciones que contempla la actual ley. Ahora bien, es importante definir cuáles son los actos que pueden actualizar esa hipótesis de improcedencia, para lo cual debe tenerse en cuenta que el poder reformador de la Constitución estableció con toda claridad el principio de definitividad para los actos y omisiones de autoridad distintas de los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo, distinguiéndolos cuidadosamente de las normas generales. En efecto, la reforma de seis de junio de dos mil once cambió sustancialmente el contenido del artículo 107, fracción IV, de la Constitución, pues con anterioridad se establecía que el juicio de amparo era procedente contra resoluciones, mientras que en la actualidad de manera expresa se determinó que procedente contra actos u omisiones. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los lineamientos que regulan el principio de definitividad en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y las excepciones a su observancia no operan respecto de normas generales, precisamente porque el artículo 107, fracción IV, de la Constitución es contundente al respecto. En decir, la referida fracción XX no puede interpretarse en el sentido de que el principio de definitividad debe agotarse, indistintamente, respecto de cualquier forma de manifestación del poder (actos, omisiones y normas generales), pues la exigencia de interponer los recursos ordinarios procedentes se limitó constitucionalmente a los actos propiamente dichos o a las omisiones de autoridades distintas de tribunales, excluyendo las disposiciones de observancia general emitidas por esa clase de autoridades. Por tanto, si el legislador no acotó la impugnación de normas generales -independientemente de su jerarquía- a las reglas que rigen el principio de definitividad en el juicio de amparo, se concluye que no es necesario agotar dicho principio cuando se reclamen disposiciones de observancia general emitidas por autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, sin que esto implique que el quejoso esté impedido para promover el medio de defensa que a su interés legal convenga. Dichas consideraciones derivan de la jurisprudencia 2a./J. 91/2017 (10a.), con número de registro 2014976, de rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES INNECESARIO AGOTARLO CUANDO SE RECLAMAN DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL EMITIDAS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE LOS TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO." Precisado lo anterior, debe señalarse que la regla general que refleja la definitividad en el juicio de amparo de ninguna manera es absoluta, pues existen excepciones que están delimitadas a nivel de la Constitución Federal, la Ley de Amparo y la jurisprudencia. Por tanto, para que se actualice esa hipótesis de improcedencia el juzgador debe verificar que no se esté ante alguno de los siguientes supuestos: Excepciones previstas constitucional y legalmente: Conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado. Con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo. Sin exigir mayores requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva. Ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Que el acto reclamado carezca de fundamentación. Que en la demanda de amparo se aleguen únicamente violaciones directas a la Constitución. Que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En el caso, para demostrar que se actualiza la causa de improcedencia, se analizará cada uno de los supuestos previsto en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, así como las excepciones ya referidas. En el caso concreto, la parte quejosa atribuye el acto reclamado al Subdirector de Pensiones de la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Ahora bien, en lo que interesa, cabe tener presente lo previsto en el artículo 109 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que establece: "SECCIÓN DÉCIMA Del Cumplimiento de las Sentencia (sic) Artículo 109. Cuando la Sala Ordinaria reciba informe de la autoridad demandada de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al actor y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin éste, la Sala Ordinaria dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La sentencia se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos la Sala Ordinaria la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente." Tal como se advierte del precepto transcrito cuando se emite una determinación de cumplimiento en sentencia, como en el caso ocurre, la Sala está obligada a efectuar el pronunciamiento en cuanto al cumplimiento dado al fallo, por lo que el acto reclamado se encuentra regido por esa disposición y, por ende, es susceptible de ser modificado o revocado según los alcances de la observancia que en su caso realice dicha Sala. Por tanto, es claro que el oficio impugnado emitido en cumplimiento de la sentencia de nulidad, debe ser revisado de oficio por la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al ser la encargada de pronunciarse en cuanto al cumplimiento de la sentencia de sentencia de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de nulidad **********, en relación con el recurso de queja por defecto de treinta de noviembre de dos mil dieciocho por lo que no posee el carácter de definitivo y, por ende, no es susceptible de ser analizado en ésta instancia constitucional, en la medida que este órgano jurisdiccional no puede sustituirse en las facultades previstas a la Sala en comento, ya que la ley aplicable al caso faculta a la propia autoridad jurisdiccional a realizar una valoración y emita una determinación en la que establezca si está o no cumplido el fallo. Lo anterior no deja en estado de indefensión a la quejosa, en la medida que tiene expeditos sus derechos para promover el medio de defensa que estime pertinente, contra la determinación en que la Sala eventualmente declarare cumplida la sentencia respectiva con el oficio reclamado, lo que incluso puede no acontecer. En tales condiciones, si la inconforme reclama el oficio *********** de trece de febrero de dos mil diecinueve, el cual debe ser revisado de oficio por la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a efecto de verificar el cumplimiento de la sentencia emitida en el expediente ***********, y la diversa relativa al recurso de queja se actualiza de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia consignado en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, razón por la que este juzgador determina desechar la demanda de amparo. Copias En atención a la solicitud de la parte quejosa de que se le expida copia certificada del presente acuerdo, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2, pónganse a disposición del promovente los autos en los que se actúa, para que pueda obtener a su costa la reproducción material de las constancias que señala, previa toma de razón que por su recibo se deje en autos para constancia legal y autorizando para tal efecto a las personas que refiere en el escrito de cuenta. Notificación al Ministerio Público Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que corresponde al Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. Habilitación de días y horas inhábiles Se habilitan días y horas inhábiles para que se practique cualquiera de las notificaciones que se ordenen en este expediente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Transparencia Se hace del conocimiento de la parte quejosa que tiene expedita la posibilidad para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la publicación de sus datos personales, siempre que en esta última hipótesis lo informe de manera expresa, de conformidad con los artículos 31, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Jurisprudencia La jurisprudencia y las tesis aisladas citadas, que hayan sido emitidas durante la Novena Época, son válidamente aplicables en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10ª), la cual establece: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." Jurisprudencia 2a./J. 10/2016, Registro 2010982. Domicilio del juzgado Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional auxiliar, así como la Oficina de Correspondencia Común a la que pertenece, se encuentran dentro del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, ubicado en Eduardo Molina número 2, acceso 9, nivel plaza, colonia Del Parque, Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejoso Personalmente Ministerio Público Federal Por lista
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México · 11,142 expedientes
- Fernanda Tecuatzin Sacamo2662/2019
- Fernández Y Castillo, Sociedad Civil5084/2016
- Fernandez Y Espino Juarez, Sociedad Civil1375/2014
- Fernándo Aguilar Gutierrez348/2017
- Fernando Alberto Lázaro Serrano Migallón1134/2022
- Fernando Alonso López Murillo2222/2023
- Fernando Amoros Izaguirre2350/2019
- Fernando Antonio Lozano Gracia5978/2015
- Fernando Antonio Reyes331/2017
- Fernando Antonio Rivero Larrea814/2021
- Fernando Antonio Velasco Turati1928/2019
- Fernando Belaunzaran Mendez413/2017