Fernando Alonso López Murillo

Expediente 2222/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2222/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
08/12/2023

Partes del expediente

  • Fernando Alonso López Murillo

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, ocho de diciembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de la subdirectora divisional de Administración Tributaria en San Jerónimo de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, por el que hace del conocimiento que realizó el dictamen de devolución ********, mismo que fue remitido a la Dirección de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios de la mencionada secretaría para la revisión, programación y captura de la cuenta por liquidar certificada en favor de la quejosa. En atención a lo informado por la autoridad oficiante, con copia del oficio de cuenta y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Dirección de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios de la propia secretaría en su carácter de autoridad vinculada, para que en el plazo de tres días contado a partir de la notificación de este acuerdo, efectúe la revisión, programación y captura de la cuenta por liquidar certificada expedida en favor de la quejosa. Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo. En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, se realizará lo siguiente: a) Se impondrá a la autoridad vinculada una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al tribunal colegiado, en turno, para seguir con el trámite de inejecución que se establece en la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Con independencia de lo anterior, se le hace del conocimiento que aun cuando deje su puesto seguirá siendo responsable del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrá ser consignada en términos de lo que se dispone en el artículo 198 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  2. Incidental

    Ciudad de México, siete de diciembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por el que remite el testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión 46/2023 de su estadística, el expediente citado al rubro y un legajo de pruebas, acúsese recibo. Comuníquese a las partes que el tribunal colegiado resolvió lo siguiente: "[.] PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por la quejosa. TERCERO. Se declaran SIN MATERIA los recursos de revisión adhesivos interpuestos por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicano (sic) y Secretaria de Bienestar. [.]" Glósense las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión, toda vez que son reproducción de las que obran en este expediente. Archivo del asunto Háganse las anotaciones en el libro de control electrónico y dado que este expediente se encuentra integrado, con fundamento en lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese como asunto concluído, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales las promociones y actuaciones judiciales. Destino del juicio de amparo Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente es destruible, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción I del mencionado acuerdo general, pues se trata de un expediente en el que se sobreseyó en el juicio, en consecuencia, procédase a su cumplimiento una vez que haya trascurrido el plazo de tres años que se prevé en dicho numeral. Cuadernos incidentales En relación con los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo señalado por el acuerdo citado, por lo que hace al duplicado, con fundamento en lo previsto en el artículo 19, fracción II, inciso a), una vez que haya trascurrido el término de seis meses que establece dicha disposición, procédase a su destrucción, toda vez que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en lo previsto en el artículo 20, fracción III del acuerdo general en cita, se determina que es destruible, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada, en razón de lo acordado en líneas precedentes, se ordena agregar copia autorizada de este acuerdo al cuaderno incidental. Asimismo, atento a lo ordenado por el artículo 34 del aludido acuerdo, háganse las anotaciones en la carátula del expediente. Notifíquese.

  3. Incidental

    Ciudad de México, seis de diciembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio del Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el que remite el testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión 467/2023 de su estadística y el juicio de amparo citado al rubro, acúsese recibo. Comuníquese a las partes que el tribunal resolvió: "[.] PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, por derecho propio y en representación de ******************** en contra del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, en cuanto a la tarifa del impuesto predial para 2023 a que se refiere el artículo 130, fracción I, en relación con los diversos 126, 127, 129 y 131, de esa disposición, conforme a los efectos expuestos en la sentencia recurrida. [.]" De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, háganse las anotaciones en el libro electrónico, glósense las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de referencia, al cuaderno principal. Efectos concesión del amparo En ese sentido, resulta necesario precisar que en la sentencia este juzgado determinó conceder el amparo y protección de la justicia Federal, en los siguientes términos: "[.] OCTAVO. Efectos del amparo. En atención a lo expuesto, con fundamento en lo establecido en el artículo 74, fracción IV, y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la justicia Federal a ********************, en los términos siguientes: (Se desincorpore de la esfera jurídica de los quejosos, en lo presente y en lo futuro, lo establecido en el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México, con motivo del decreto de reformas publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, vigente para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, hasta en tanto tal porción normativa no sea reformada. Lo anterior, debido a que el vicio de la norma reclamada, incide en un elemento esencial del tributo (tarifa), de manera que no es posible que la obligación tributaria subsista en la esfera jurídica de los quejosos. (.) Consecuentemente, la autoridad fiscal competente, deberá devolver a la quejosa, debidamente actualizada, la cantidad que pagó con motivo del pago del impuesto predial relativo al inmueble que tributa bajo la cuenta predial ********************, conforme a la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de contenido siguiente: [.]" Requerimiento de cumplimiento a la sentencia Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase a la Dirección de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, como autoridad vinculada al cumplimiento, así como a la mencionada secretaría en su carácter de superior jerárquico, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, acrediten con documentos fehacientes haber cumplido con los extremos del fallo protector que fueron precisados con antelación. Asimismo, se requiere a la Dirección de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios para que dentro de ese plazo y bajo el mismo apercibimiento, informe qué Administración Tributaria, será la encargada de realizar la devolución de la cantidad que resulte con motivo del ajuste al cálculo de valor catastral relativo al inmueble que tributa la quejosa con la cuenta predial ********************. A efecto de que las autoridades requeridas se impongan del contenido de la ejecutoria emitida en el amparo en revisión citado, remítaseles copia simple de la resolución, así como del estado de la cuenta predial del inmueble materia de este juicio. Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, por causa justificada, se le apercibe que se realizará lo siguiente: a) Se les impondrá una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de la suscrita la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito en materia administrativa, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se le hace del conocimiento que aun cuando deje su respectivo puesto seguirá siendo responsable del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrá ser consignada en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. En el entendido que: 1. Las autoridades responsables y sus superiores jerárquicos deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." 3. No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un juez de Distrito. Notifíquese y personalmente a los quejosos.

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