Fernando Alvarez Santos

Expediente 593/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
593/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
23/08/2019

Partes del expediente

  • Fernando Alvarez Santos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Intégrese el escrito signado por el tercero interesado Santiago ***, a través del cual se apersona a juicio, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, y designa autorizados. APERSONAMIENTO Y DOMICILIO En tales condiciones, conforme a lo estipulado en el artículo 5°, fracción III, inciso b) y el diverso 27, fracción fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene por apersonado al presente sumario y como domicilio de dicha parte el que señala. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se les notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizadas a las personas que nombra en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. *

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, doce de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó el presente juicio y carece de relevancia documental; y, destruible el original del incidente, pues se negó la medida cautelar, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente. Devuélvanse a su lugar de origen las constancias remitidas a este juicio, sin que se necesario acusarse recibo al tratarse de copias certificadas.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 593/2019-III-A; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante oficio 928 signado por el Secretario de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, remitió testimonio de la ejecutoria emitida el veinticuatro de abril del año en curso, dentro del conflicto competencial 7/2019, suscitado entre los Jueces Décimo Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal y Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, ambos con sede en la Ciudad de México, en el que resolvió que el presente asunto era competente para conocer un Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, por lo que remitió los autos del juicio de amparo indirecto 249/2019-IV, del índice del Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México a este circuito. SEGUNDO. En ese tenor, dicha misiva se recibió el ocho de mayo del año actual, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el cual fue turnado el nueve siguiente a este órgano jurisdiccional. Admitida la demanda, y seguida las actuaciones, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que precede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, constitucionales; 33, fracción IV, y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclaman actos que tienen ejecución dentro del territorio en el que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el quejoso reclama de las responsables, lo siguiente: ".A.- LA LOCALIZACIÓN Y DETENCIÓN de mi vehículo Marca Ford Tipo Lobo, MODELO 2002, Color GRIS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN MLX8775 CON NÚMERO DE SERIE 1FTRX07L92KC64389 CON NÚMERO DE MOTOR 164349. Sin informar al suscrito el motivo o fundamento jurídico para realizar dicho acto de molestia en mis bienes. B.- LA DETENCIÓN de mi vehículo de la Marca Ford Tipo Lobo, MODELO 2002, Color GRIS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN MLX8775 CON NÚMERO DE SERIE 1FTRX07L92KC64389 CON NÚMERO DE MOTOR 164349. Sin informar al suscrito el motivo o fundamento jurídico para realizar dicho acto de molestia en mis bienes. C.- EL RETIRO DE CIRCULACIÓN de mi vehículo de la Marca Ford Tipo Lobo, MODELO 2002, Color GRIS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN MLX8775 CON NÚMERO DE SERIE 1FTRX07L92KC64389 CON NÚMERO DE MOTOR 164349. Sin informar al suscrito el motivo o fundamento jurídico para realizar dicho acto de molestia en mis bienes. D.- De las autoridades responsables del Gobierno del Estado de México LA LOCALIZACIÓN Y DETENCIÓN de mi vehículo Marca Ford Tipo Lobo, MODELO 2002, Color GRIS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN MLX8775 CON NÚMERO DE SERIE 1FTRX07L92KC64389 CON NÚMERO DE MOTOR 164349. Dentro del territorio del Gobierno del Distrito Federal hoy Ciudad de México, estando fuera de su jurisdicción. Sin informar al suscrito el motivo o fundamento jurídico para realizar dicho acto de molestia en mis bienes." TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Toluca, rindió su informe justificado negando el acto reclamado, sin embargo, el veintitrés de mayo de este año aclaro su informe en el que aceptó el acto reclamado; asimismo, el veinticuatro del mismo mes y año se dejó de tener como responsable al "Comandante de la Región R-1, Encargado del Centro de Monitoreo"; ahora, de los diversos informes justificados rendidos por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos e igualdad de Género de la Secretaría de Seguridad y en representación de las autoridades responsables Titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y del Titular de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte, se advierte que también aceptaron el acto reclamado (fojas 106-107 y 129-139, respectivamente), pues la primera en mención refirió que el expediente del cual deriva aquél reclamo es el 169/2013, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por Santiago Erasto Desales Galeana en contra de Alejandro Benítez Romano, en el que el seis de mayo de dos mil quince, se giró oficio 850/2015, dirigido al Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana, para dar cumplimiento al proveído de veintisiete de abril ese mismo año, en el que se ordenó se procediera a la localización y detención del vehículo Marca Ford Tipo Lobo, MODELO 2002, Color GRIS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN MLX8775 CON NÚMERO DE SERIE 1FTRX07L92KC64389 CON NÚMERO DE MOTOR C64389. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, de manera oficiosa, este juzgador advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.).". De dicho numeral, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando no se afecta el interés jurídico o legítimo del quejoso. Por interés jurídico debe entenderse la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se trasgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano de control constitucional demandando el cese de esa violación, siendo, por tanto, ese derecho protegido por el ordenamiento legal sustantivo, lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y contenido siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.". En consecuencia, para acreditar el interés jurídico es necesario que la parte quejosa demuestre que es titular de un derecho subjetivo legítimamente tutelado y que el acto de autoridad afecta ese derecho. En el caso, el solicitante del amparo no adjuntó documento idóneo del que se advierta su interés sobre el bien mueble que aduce es de su propiedad. Ante tales circunstancias, es dable concluir que con las constancias relacionadas y ofrecidas por la impetrante de amparo como medio de prueba, no se encuentra acreditado el interés jurídico que lo legitime para reclamar en esta instancia constitucional, el respeto a poseer el bien mueble en cuestión. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 1/2002, con número de registro 187777, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto.". Por consiguiente, al no estar acreditado con alguna prueba fehaciente la afectación respecto del bien mueble que por esta vía se pretende defender, debe estimarse que en el caso no se acreditó que los actos reclamados afecten un interés jurídico legalmente tutelado en su beneficio y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; en consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo con fundamento en el diverso artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal citado. Sin que obste a la anterior determinación, que el quejoso a su demanda acompañó los oficios 850/2015, 202LG2201/DGAJ/DLCA/01221/2016 y 202LEA000/DGCRVT/0275/2016, suscritos por diversas autoridades, de los que se advierte que existe la orden de localización y detención del vehículo Marca Ford Tipo Lobo, modelo dos mil dos (2002), color gris, con placas de circulación MLX8775, con número de serie 1FTRX07L92KC64389 y con número de motor 164349, sin embargo, con ello no se advierte su interés sobre el bien mueble que aduce es de su propiedad. Medios de convicción que no pueden tomarse en consideración, dado que no satisfacen los requisitos que debe contener un documento público en términos del numeral 129 del Código adjetivo civil federal aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; por ende, son insuficientes para demostrar el interés jurídico de la parte quejosa que se ostenta como propietario del mueble materia de la presente juicio. Finalmente, no pasa inadvertido el hecho de que en el presente sumario no se llevó a cabo el emplazamiento del tercero interesado Santiago Erasto Desales Galeana, no obstante tomando en consideración que la presente resolución no entra al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ni tampoco su pronunciamiento afecta la esfera jurídica y del mismo, de conformidad con el principio de economía procesal, a efecto de evitar dilaciones innecesarias en el procedimiento, se considera innecesaria su notificación del juicio en que se actúa. Sustenta lo anterior la tesis de jurisprudencia 531, visible en la página 349, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Séptima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada.". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Fernando Álvarez Santos, por derecho propio, respecto del acto reclamado que quedó precisado en el considerando segundo, por las razones expuestas en los considerandos tercero y cuarto de esta resolución. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo resolvió Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido del Secretario Valdemar González Huerta, secretario que da fe. El Juez El Secretario

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de mayo de dos mil diecinueve. RAZÓN ACTUARIAL Agréguese la razón que suscribe el Actuario Judicial de la adscripción, por medio de la cual manifiesta su imposibilidad para realizar la primera notificación del presente juicio a la parte tercero interesada ***, por los motivos que expone. REQUERIMIENTO A QUEJOSA Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, por escrito, manifieste el domicilio actual y correcto de la referida tercero interesada. Se apercibe que en caso de ser omisa a lo requerido, concluido el trámite establecido en el numeral 27, fracción III, inciso b) y de no realizarse el emplazamiento, éste se ordenará por edictos a su costa.

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