Fernando Alfredo Ramírez Orozco y Otros.

Expediente 486/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
486/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
10/05/2019

Partes del expediente

  • Fernando Alfredo Ramírez Orozco y Otros.
  • José Alfredo García Sánchez
  • Fernando Alfredo Ramírez Orozco

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, diez de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento fuera de audiencia. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintidós de abril de dos mil diecinueve. Intégrese el oficio signado por el agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno, de la Agencia Central Tres, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través del cual, en atención al proveído de doce de abril de dos mil diecinueve, remite acuerdo de libertad de los quejosos Fernando Alfredo Ramírez Orozco y José Alfredo García Sánchez. En tales condiciones, téngase por cumplido el requerimiento realizado el doce de los cursantes y por insubsistente el apercibimiento ahí decretado; asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales que anexa. Ahora, de las constancias remitidas por la responsable, se evidencia que se actualiza en el presente asunto la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Ello es así, pues para que se actualice la citada causa de improcedencia, es necesario que la autoridad responsable deje sin efecto el acto reclamado, desapareciendo así la materia de la litis constitucional, porque la cesación implica que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación del derecho humano, como si el acto reclamado no hubiera trastocado la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, sus efectos quedaran destruidos como si nunca hubiesen existido. Desde esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 198, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Apéndice 1917-2011, página 216, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". En ese sentido, debe puntualizarse que los actos que por esta vía reclaman los quejosos Fernando Alfredo Ramírez Orozco y José Alfredo García Sánchez son la retención e incomunicación de que dicen son objeto. Sin embargo, de las documentales que anexa la oficiante, se advierte que el doce de abril de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta administrativa TOL/TOL/TOL/107/110046/19/04, se dictó auto de libertad con las reservas de ley a favor de los quejosos Fernando Alfredo Ramírez Orozco y José Alfredo García Sánchez; por lo que, si desde el doce actual fueron puestos en libertad, con motivo de la determinación emitida por el agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno, de la Agencia Central Tres, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en la que consideró que al no prever prisión preventiva el ilícito imputado a los quejosos (encubrimiento por receptación) y no encontrarse reunidos los extremos exigidos por el artículo 16 Constitucional, se decretaba la libertad de éstos con las reservas de ley, es evidente que desde esa temporalidad todos los efectos del acto reclamado -retención e incomunicación- fueron destruidos en forma total e incondicional, al obtener éstos su libertad, produciéndose con ello el resultado que en su momento tendría la sentencia protectora, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, al encontrarse plenamente demostrada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado; concatenado con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, que dispone procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser éstas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." Sin que la anterior determinación deje en estado de indefensión a los impetrantes respecto de la falta de notificación del acuerdo de doce de abril de dos mil diecinueve, dictado por la responsable en la carpeta administrativa TOL/TOL/TOL/107/110046/19/04, en razón de que la copia certificada relativa a tal determinación, se pone a la vista de los quejosos en esta fecha. De igual forma, no se soslaya el hecho de que a la fecha no obren los informes justificados de las responsables; sin embargo, dado que éstos tienen como finalidad que la responsable justifique la legalidad del acto que los quejosos le reclaman, en atención a que los efectos de dichos actos cesaron con la libertad de los ahora quejosos, a ningún fin práctico conduciría el esperar la recepción de los mismos, pues resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos. Consecuentemente, se dejan sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para nueve horas con diez minutos del quince de mayo de dos mil diecinueve; háganse las anotaciones respectivas.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, doce de abril de dos mil diecinueve. Intégrense los informes relativos a la suspensión de plano rendidos por las autoridades que los suscriben; por lo que este Juzgador queda enterado del cumplimiento de la medida cautelar. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba la que anexa la oficiante y dese vista a las partes para que en un plazo de ochos días manifiesten lo que a su interés convenga. Por otro lado, requiérase a la agente del Ministerio Público de la Agencia Central Tres del Primer Turno de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para que en el término de veinticuatro horas a partir de que los quejosos sean puestos a disposición del Juez competente, o en su caso liberados, informe dicha circunstancia a éste órgano jurisdiccional, asimismo, remita copias certificadas de las constancias que así lo acrediten. Con el apercibimiento que en caso de omisión, se impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo. De igual forma, reitérese a la fiscal descrita que subsiste la suspensión de plano otorgada en proveído de diez de abril de dos mil diecinueve, la cual deberá de acatar y cumplir en sus términos.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, once de abril de dos mil diecinueve. Por otra parte, agréguese el pedimento del fiscal adscrito; con fundamento en el ordinal 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechos los alegatos que formula y con base en el numeral 3 de la citada ley, expídanse en su momento las copias que solicita previa razón de recibo.

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