Fernando Alonso Torre Guerra
Expediente 1349/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1349/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Fernando Alonso Torre Guerra
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio, el veintidós de diciembre de dos mil veinte; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio.
- Principal
Agréguense a estos autos los oficios remitidos por el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Hechos de Tránsito, y anexo que acompaña. Por tanto, otórguese a la documental remitida, valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, de la revisión de las constancias que fueron anexadas por la autoridad remitente, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que amerita el sobreseimiento en este asunto, en términos de la fracción V del numeral 63, de la citada ley de la materia. Al respecto, es necesario precisar que el promovente del amparo reclamó en el presente juicio, su detención y la incomunicación de la que dijo ser víctima. En este sentido, de las constancias que adjuntó la autoridad ministerial responsable a su oficio de cuenta, se aprecia que el veintiuno anterior, emitió un acuerdo en el cual determinó otorgar al quejoso su libertad, ya que no se pretendía solicitar en su contra, la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. En este orden de ideas, ya que en esa fecha, veintiuno de diciembre de dos mil veinte, la autoridad ministerial emitió un acuerdo en el cual ordenó la inmediata libertad de la parte quejosa; mientras que en el caso a estudio, el promovente de amparo reclamó, en esencia, la privación de su libertad a causa de su detención; en consecuencia, se llega a la conclusión que en el presente juicio de amparo han cesado los efectos del acto que se reclama y se surte la causal de improcedencia señalada, al destruirse de forma total e incondicional el acto privativo de libertad combatido por el solicitante del amparo, restituyéndose al agraviado en el goce del derecho constitucional violado. De ahí que aparezca la imposibilidad de entrar al análisis de fondo del acto reclamado, por haber quedado sin efecto la detención reclamada, pues no hay materia por la cual se procediera a determinar su constitucionalidad, de proseguirse el trámite del presente juicio. En la inteligencia que, respecto a la incomunicación que también reclamó el quejoso, ésta no se acreditó en el sumario, cuenta habida que el fedatario público de la adscripción no hizo señalamiento alguno en ese sentido, esto es, no se asentó que efectivamente el quejosos se encontrare incomunicado, ya que incluso tuvo contacto pleno con éste al ratificar la demanda de amparo que nos atañe. En apoyo de lo anterior tiene aplicación al respecto la tesis número P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Por consiguiente, esta Juzgadora Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de control constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal y, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintinueve de enero de dos mil veintiuno.
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