Fernando Alberto Catzim Catzim

Expediente 641/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
641/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
19/06/2018

Partes del expediente

  • Fernando Alberto Catzim Catzim

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de treinta y uno de mayo del presente año, pronunciado en este juicio de garantías; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que es DESTRUIBLE; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    IV. Vistos toda vez que hasta la presente fecha no obran en autos los acuses de recibo correspondiente a los oficios IV-28102/2017, IV-31427/2017, IV-32704/2017, 33598/2017, y IV-3269/2018 dirigidos a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, y los oficios IV-28103/2017, IV-31428/2017, IV-32705/2017, IV-33599/2017,y IV-3270/2018 dirigidos al Subdirector Ejecutivo de Autorización Publicitaria de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios ambos con sede en México, Distrito Federal; mediante los cuales se les remitió la sentencia de veintiséis de junio del dos mil diecisiete, firmada el veintiséis de septiembre del propio año, y los acuerdos de veintisiete de octubre, nueve y diecisiete de noviembre del año próximo pasado y ocho de febrero del año en curso, dictados en el presente asunto; por tanto, para evitar mayores dilaciones en el procedimiento, requiérase vía telegráfica a las citadas responsables, para que de inmediato y por la misma vía informen a este órgano jurisdiccional, la fecha en que recibieron las comunicaciones oficiales de referencia, apercibidos que de no hacerlo así, se les impondrá la multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en la fracción I, del artículo 237, en relación con los numerales 238 y 259, todos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis

  3. Principal

    MESA VII. Vista la demanda de amparo promovida por Fernando Alberto Catzim Catzim, Emiliano Huchim Canul, Bernardo Ix May o José Bernardo Ix May, Jesús Martín Sulú Cocom, Fernando Basilio Sulú Cocom, José Huchim Canul o José Agapito Huchim Canul, Roger Alonso Canché López (en su calidad de sucesor de Avelino Canché Pech), Gilberto Pérez (en su calidad de sucesor de José Floriberto Pérez Tuyin), Neyi Selmira Guan Herrera (en su calidad de sucesora de Hermilo Guan Góngora), Edith Carolina Huchin Canul (en su calidad de sucesora de José Natividad Huchin May), José Roger Batún Dzul (en su calidad de sucesor de Rosa Dzul Cen), Rufina Chan Cimé (en su calidad de sucesora de Basilio Eliseo Chi), Abelardo Canché Cocom (en su calidad de sucesor de Abelardo Canché Pech), y José Concepción Catzim Ix (en su calidad de sucesor de Juana Ix Ix, esposa de Idelfonso Catzim), contra el acto que reclaman del Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, de la titular de la Célula "GF" adscrita a la Unidad de Atención Temprana adscrita a la Procuraduría General de la República, y de la Fiscalía General del Estado, todos con sede en Mérida, Yucatán; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En ese sentido, debe precisarse que del capítulo de acto reclamado, se advierte la parte quejosa impugna de la autoridad ministerial responsable, la determinación de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, en la que se decretó la incompetencia por razón de fuero, para continuar conociendo de la carpeta de investigación FED/YUC/MER/0000294/2017. Asimismo, del propio escrito de demanda, la parte quejosa indica que el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, su asesora le informó que se había emitido la determinación de incompetencia antes aludida. Atento a lo anterior, y cuenta habida que la propia parte impetrante indica, en su demanda, textualmente "en fecha 16 de abril del presente año, fuimos informados por la asesora jurídica de algunos de los suscritos, que no fue posible ofrecer más datos de prueba en la carpeta de investigación con número FED/YUC/MER/0000294/2017, toda vez que en fecha 16 de abril del año en curso, al presentarse a exhibir unos datos de prueba ante el Ministerio Público Federal, entre ellos un poder notarial que suscribimos, fue informada la asesora jurídica que no era posible exhibirlos, ya que existía un acuerdo de INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE FUERO, el cual notificaron mediante oficio número 39/2018 por la licenciada Cindy Priscila Guadalupe Guadalupe Gamboa, Titular de la célula "F" adscrita a la Unidad de Atención Temprana, un acuerdo de 30 de noviembre de 2017, en el que se decretó la INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE FUERO."; por tanto, es evidente que el acto reclamado por la parte quejosa lo es la determinación de incompetencia decretada en la carpeta de investigación de referencia. Sentado lo anterior, este Juzgador Federal advierte que respecto del precitado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." Se afirma lo anterior, toda vez que del contenido de la propia demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento de la determinación reclamada, al menos desde el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, en que la misma le fue comunicada a su asesora jurídica, informándosela a su vez en esa propia data. Con base en lo narrado en el párrafo que precedente, se llega al convencimiento de que la demanda de garantías presentada por la parte quejosa, respecto al acto reclamado consistente en la determinación de incompetencia decretada en la carpeta de investigación FED/YUC/MER/0000294/2017, resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, en atención a que fue presentada fuera del término que para tal efecto establece el artículo 17 de la invocada ley. Se afirma lo anterior, toda vez que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la transcripción del citado numeral 18 se advierte que existen tres supuestos para determinar el cómputo para la interposición de la demanda de amparo, los cuales son: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos o de su ejecución. En mérito de lo antes expuesto, si de lo expresado por el propio impetrante, se desprende tuvo conocimiento de la resolución impugnada, al menos desde el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, en que la misma le fue comunicada a su asesora jurídica, informándosela a su vez en esa propia data; el plazo para presentar su demanda de garantías comenzó a correr y contarse al día siguiente, por lo que es inconcuso que a la fecha en que, mediante su demanda de amparo, señaló como acto reclamado la determinación en cuestión, que lo es el treinta de mayo de dos mil dieciocho, según aparece de la boleta de registro expedida por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, ésta resulta evidentemente extemporánea, en atención a que se presentó fuera del término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, actualizándose por ello la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la propia Ley. Lo anterior es así, pues si como ya se indicó en párrafos precedentes, tuvo conocimiento de la resolución reclamada, el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, en tanto que presentó su escrito de demanda hasta el treinta de mayo siguiente, es notorio que resulte extemporánea, sin que se esté en ninguno de los supuestos de excepción del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la presentación de la demanda de amparo. Por otra parte, este órgano de control constitucional estima que, en el presente caso, también se actualiza la diversa causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción VIII, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, mismos numerales que establecen lo siguiente: ... Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, se reitera, es dable advertir que la parte quejosa instó la protección constitucional, contra la determinación de incompetencia decretada en la carpeta de investigación FED/YUC/MER/0000294/2017, en la que la autoridad ministerial federal se declaró legalmente incompetente para continuar conociendo de esa indagatoria, ordenando su remisión a su homóloga del fuero común. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que el juicio de amparo indirecto procede contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre y cuando sean definitivos, los cuales deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia, la acepta. Lo anterior, no acontece en la resolución reclamada por la parte quejosa, es decir, la determinación combatida a través de la demanda de amparo, en la que la autoridad ministerial federal, se declaró legalmente incompetente para continuar conociendo de la carpeta de investigación FED/YUC/MER/0000294/2017, y declinó su competencia a su homóloga del fuero común, no se trata de una resolución definitiva, en virtud de que se advierte que el planteamiento de incompetencia realizado por la autoridad ministerial federal antes citada, no ha sido aceptado a favor de quien declinó la competencia; en otras palabras, dicha resolución está supeditada a la aceptación o rechazo de la referida autoridad ministerial del fuero común; por ende, es inconcuso que la resolución reclamada es un acto que, por su naturaleza, es de realización futura y probable, por lo mismo, no se sabe si el sentido en que se dirima vaya a causar un perjuicio al ahora impetrante, esto es, en el caso de que la autoridad ministerial del fuero común a favor del cual se declinó la competencia no aceptara la misma, se suscitaría un conflicto competencial, el cual sería resuelto por una diversa autoridad, lo que constituye una razón adicional para estimar que la determinación de la autoridad ministerial federal, aún no tiene el carácter de definitiva para efectos del juicio de amparo y, en consecuencia, no irroga algún perjuicio a la parte demandante de la tutela constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la página 5, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto a la letra indican: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Por tal motivo, se advierte que la determinación de la autoridad responsable de declinar la competencia a favor de la autoridad ministerial del fuero común, a la que estimó competente para conocer de la carpeta de investigación FED/YUC/MER/0000294/2017, no le causa perjuicio a la parte quejosa, sino hasta que esta última a la que se le envió, acepte la competencia, por lo que resulta inconcuso que la determinación en cuestión no puede ser combatida a través del amparo indirecto. En mérito de lo anterior, es inconcuso que en el caso, se actualizan las causales de improcedencia antes analizadas y, por tanto, lo procedente es desechar la demanda, por notoriamente improcedente. Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de las causales de improcedencia del juicio constitucional, las que resultan indudables, habida cuenta de que en opinión de este Juzgador, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: ... Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el indicado en su escrito de demanda; y como autorizadas a las personas expresamente designadas, con las facultades conferidas. De igual forma, téngase como representante común de la parte quejosa, a Fernando Alberto Catzim Catzim; sin perjuicio de que posteriormente la pluralidad de quejosos designe uno diverso. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. ...

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