Fernando Alonso Gomez Cortez

Expediente 1381/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1381/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Fernando Alonso Gomez Cortez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Incidental

    Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito signado por la licenciada Norma Angélica Chávez Cortés, apoderada jurídica del quejoso Genaro Eduardo García García, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación a su inconformidad por el retraso del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, mismas que hace consistir en: 1. En relación a la diligencia de reinstalación del trabajador ordenada por la autoridad responsable para el día veintidós de noviembre actual, se constituyó ante la responsable a efecto de que fuera informada que actuario se había comisionado por la responsable para llevar a cabo dicha diligencia; sin embargo, fue informada que la diligencia de reinstalación, no se llevaría a cabo, toda vez que la parte demandada no fue notificada por los motivos expuestos en su libelo de cuenta; 2. De igual manera, la promovente de cuenta, solicita que este órgano jurisdiccional le haga efectivo, a la autoridad responsable, los apercibimientos contenidos en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo; y, 3. Finalmente, solicita que este órgano jurisdiccional ordene vincular al cumplimiento del fallo protector al Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. En virtud a lo anterior, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, se requirió a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término concedido en ellos, cumpliera con la sentencia ejecutoria dictada en autos, con el apercibimiento que de no hacerlo se procedería de la forma siguiente: 1. Se realizará el pronunciamiento respectivo; 2. Se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad con las hipótesis que prevén los artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 238 y 258 del propio ordenamiento, en el entendido que de continuar con la actitud contumaz, se le podrá imponer una diversa por mayor cantidad de acuerdo a las particularidades del caso concreto; y, 3. Se remitirán los autos al tribunal colegiado que corresponda, a efecto de que determine lo que corresponda en torno al incidente de inejecución respectivo. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2007914, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En otro contexto, como lo solicita la promovente de cuenta, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de ampro, se ordena vincular al cumplimiento del fallo protector al Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, dado que ésta a la fecha no ha dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efecto la notificación que se les practique del presente auto, remita copia certificada y legible de las constancia que acrediten dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo , esto es informe los trámites realizados a efecto de logra el cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, ello, tomando en consideración que la sentencia de amparo se concedió a la parte quejosa para los siguientes efectos: " a) Provea los medios que estime pertinentes a fin de lograr la ejecución de lo laudado; y, b) Realizado lo anterior, de inmediato notifique personalmente dicha determinación a la parte quejosa." Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 59/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo I, noviembre de dos mil catorce, página 5, de la Décima Época, con número de registro 2007911 de rubro y contenido siguiente: CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 54/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo I, noviembre de dos mil catorce, página 19, de la Décima Época, con número de registro 2007918 de rubro y contenido siguiente: DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. Finalmente, es aplicable la tesis aislada XI.1o.A.T.8 A sustentada por el Tribunal Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo III, julio de dos mil veintitrés, página 2432, de la Décima Primera Época, con número de registro 2026880 de rubro y contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO TIENE LA OBLIGACIÓN DE VINCULAR A LAS AUTORIDADES QUE TENGAN O DEBAN TENER INTERVENCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CALIDAD QUE LES ASISTA EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL O EN EL PROCESO DE ORIGEN." Con el apercibimiento que de no hacerlo este juzgado procederá de la forma siguiente: 1. Se realizará el pronunciamiento respectivo; 2. Se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad con las hipótesis que prevén los artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 238 y 258 del propio ordenamiento, en el entendido que de continuar con la actitud contumaz, se le podrá imponer una diversa por mayor cantidad de acuerdo a las particularidades del caso concreto; y, 3. Se remitirán los autos al tribunal colegiado que corresponda, a efecto de que determine lo que corresponda en torno al incidente de inejecución respectivo. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2007914, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que en el auto que antecede, se tuvo a la apoderada jurídica de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto a superior jerárquico y por ende, representante legal del Director del Hospital General de Tacámbaro, Michoacán, dependiente de los Servicios de Salud de Michoacán y de la Secretaría de Salud de Michoacán, mediante el cual, informó lo siguiente: "1. Que sus representadas realizaron las gestiones administrativas para que la moral "ARQUINA S.A. DE C.V.", brinde nuevamente el servicio de hemodiálisis en el municipio de Tacámbaro, Michoacán; 2. Que el quejoso MARTÍN GALVÁN GARCÍA podrá acudir a la clínica particular denominada CALIDAD EN HEMODIÁLISIS TACÁMBARO, ubicada en Carretera La Magdalena - El Mayorazgo, número 20, colonia El Mayorazgo, Tacámbaro, Michoacán, para recibir sus sesiones de hemodiálisis de manera gratuita; 3. Finalmente, informa que hace extensiva la solicitud al quejoso para que acuda a la clínica antes mencionada, misma que es la más cercana a su domicilio, por lo que ya no tendrá que realizar el traslado de Tacámbaro a Uruapan." En tal virtud, se ordenó notificar personalmente a la parte quejosa, a fin de que informara sí acudió a recibir atención médica, sin que a la fecha haya realizado manifestación alguna al respecto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que reciba notificación del presente auto, informe sí acudió a recibir la atención médica, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y ordenará el archivo definitivo del presente asunto; de igual manera, a las autoridades responsables para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que reciba notificación del presente auto, informen sí el quejoso acudió a recibir la atención médica y de ser así remitan las constancias respectivas de las que se advierta dicha situación. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.Jjg

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por el cual, en atención a los requerimientos formulados por este órgano jurisdiccional en autos de fecha treinta de octubre y siete de noviembre, ambos del año en curso, informa que se encuentra en vías de notificar el proveído de fecha veinticinco de octubre de la presente anualidad, dictado dentro del expediente laboral número ******************** de su índice. De igual manera, informa que una vez que se encuentren debidamente notificadas las partes lo informará de inmediata a este órgano jurisdiccional. En otro contexto, agréguese el escrito signado por la licenciada ********************, apoderada jurídica del quejoso ********************, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación a su inconformidad por el retraso del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, ya que en relación a la diligencia de requerimiento y/o embargo ordenada por la autoridad responsable para el día trece de noviembre actual, diligencia en la que, la parte demandada dentro del juicio de origen, se negó a dar cumplimiento con el pago. Asimismo, la promovente de cuenta, solicita que este órgano jurisdiccional le haga efectivo, a la autoridad responsable, los apercibimientos contenidos en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. En virtud a lo anterior, téngasele por hechas las manifestaciones que realiza en su libelo de cuenta y dígasele, que por el momento no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado, esto es, hacer efectivos los apercibimientos contenidos en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo; toda vez que, en los párrafos que anteceden, se tiene a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, informando las gestiones pertinentes para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Sin que sea óbice de lo anterior, remítase copia de la promoción de cuenta a la responsable y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de dos días, informe las acciones tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y desahogue la vista que se le está dando con las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, en torno a la diversa fecha para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago dictada dentro del expediente de origen. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medidas y Actualización, de conformidad con el artículo 192, segundo párrafo, en relación con los diversos 238 y 258 del ordenamiento legal en cita. Finalmente, agréguese el segundo escrito de cuenta signado por la apoderada jurídica del quejoso ********************, mediante el cual informa que la autoridad responsable no le ha notificado a su representado, aquí quejoso la diligencia de reinstalación. En virtud de lo anterior, hágase del conocimiento de la promovente que esté a lo acordado en el primer párrafo de este proveído, en el que el Tribunal responsable informa que se encuentra en vías de notificar el proveído de fecha veinticinco de octubre de la presente anualidad, dictado dentro del expediente laboral número ******************** de su índice. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. En relación con el cuaderno incidental, de conformidad con el artículo 20, fracción III, del Acuerdo en mención, es destruible el mismo, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.

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