Fernanda Mari Carmen Reyes Zavala
Expediente 500/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 500/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 10/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Fernanda Mari Carmen Reyes Zavala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
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Morelia, Michoacán, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese sin mayor pronunciamiento el escrito signado por ********************, asesora jurídica de la Defensoría Pública Federal, en cuanto representante especial dentro del presente asunto, toda vez que en auto de veinte de septiembre del presente año, causó ejecutoria la sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene a la Juez Tercero Oral Familiar, con residencia en esta ciudad, informando que se llevó a cabo la audiencia preliminar dentro del expediente 191/2021, relativo al juicio ordinario oral familiar que sobre divorcio sin expresión de causa y otras presentaciones, promueve Daniel García Alcaraz, y se señalaron las nueve horas con treinta minutos del veintinueve de septiembre del presente año, para la celebración de la audiencia de juicio. Resérvese a acordar lo o conducente en cuanto al fondo de dicho oficio, hasta que la sentencia de referencia cause ejecutoria. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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Se notifica a la parte quejosa y a la parte tercera interesada Daniel García Alcaraz, por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, la resolución de 20 de agosto de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27 fracción I, inciso c),de la Ley de Amparo.
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VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 500/2021; y, RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el once de junio de dos mil veintiuno, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad (foja 11), Fernanda Mari Carmen Reyes Zavala, por propio derecho y en representación de su menor hija Daniela García Reyes, presentó demanda de amparo, de la cual correspondió conocer a este Juzgado de Distrito. En atención a lo anterior, en auto de quince de junio de dos mil veintiuno (foja 26) este juzgado radicó la demanda, la registró con el número 500/2021, se admitió a trámite, se otorgó la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación. Asimismo, en el propio proveído (foja 28) se reconoció el carácter de tercero interesado a Daniel García Alcaraz, en cuanto progenitor de la menor; de la misma forma, en ese auto (foja 30) se solicitó al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, designara a un asesor jurídico que pudiera fungir dentro del presente juicio, como representante especial de la menor Daniela García Reyes. Por lo anterior, en proveído de trece de julio del mismo año (foja 7) se tuvo a Olivia Benítez Reyes, asesora jurídica del Instituto Federal de la Defensoría Pública adscrito a la Delegación Michoacán, aceptando y protestando el cargo precisado en el párrafo que antecede. Finalmente, seguido el juicio por sus cauces legales, el seis de mayo de dos mil veintiuno (foja 196) se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad jurisdiccional con residencia en esta ciudad de Morelia, donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Precisión del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la novena época, registro 192097, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, el acto reclamado que atribuye la Juez Tercero Oral Familiar, con residencia en esta ciudad, consiste en lo siguiente: El auto de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno emitido en el juicio oral familiar 191/2021, que sobre divorcio sin expresión de causa promueve Daniel García Alcaraz, frente a la quejosa Fernanda Mari Carmen Reyes Zavala, por el que se desechó la demanda reconvencional promovida por esta última. Tercera. Certeza del acto reclamado. La Juez Tercero Oral Familiar, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe aceptó la existencia del acto reclamado (foja 64). Aunado a lo anterior, la existencia del acto reclamado se corrobora con el testimonio autorizado del expediente familiar de origen que adjuntó a su informe, documentales que adquieren valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 830, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, registro: 1002815, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la diversa jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese sentido, se tiene por cierto el acto reclamado en esta instancia constitucional. Cuarta. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados, por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la improcedencia del juicio, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse antes de abordar el fondo del asunto, pues de actualizarse alguna hipótesis del diverso precepto 61 del mismo ordenamiento, deberá sobreseerse en el juicio constitucional sin juzgar la legalidad de los actos reclamados y mucho menos atender a los conceptos de violación; ello, con apoyo además en la jurisprudencia 814, visible a foja 553, tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro: 394770, que a la letra expresa: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, las partes no hicieron valer ninguna y este juzgado tampoco las advierte de manera oficiosa; por tanto, se procede realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinta. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Sentado lo anterior, en los conceptos de violación que la promovente del amparo formuló en su demanda, aduce en esencia, lo siguiente: Que el auto reclamado contraviene las formalidades que establece el Código Familiar del Estado previstas para la tramitación y resolución de los juicios de divorcio sin expresión de causa y por consecuencia la garantía de seguridad jurídica, y que además la deja a ella y a su menor hija, sin defensa respecto de las pretensiones para que se garanticen los derechos de esta última, ya que de acuerdo a lo establecido en el artículo 271 del referido código, el juez de oficio debe resolver lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad, su pérdida o suspensión, según el caso; por ello, que si en la demanda reconvencional está reclamando la custodia y convivencia de la menor, entonces, no puede tramitarse un juicio de divorcio en el que exclusivamente se resuelva sobre la disolución del vínculo matrimonial; Que de conformidad con el artículo 263 del Código Familiar del Estado, la juez estaba obligada no solo a admitir la demanda reconvencional y reclamaciones que hizo valer en el escrito de contestación de demanda, sino además a darle vista a su contrario con ella, para que éste manifestara lo que a su interés legal conviniera y se pronunciara también respecto del convenio que formuló, según lo dispone el artículo 977 del citado ordenamiento legal; Que la procedencia de la reconvención en los juicios de divorcio sin expresión de causa, se desprende de los artículos 959, fracción I y 977 del Código Familiar del Estado, ya que precisamente el artículo 977 está ubicado dentro del título octavo, titulado "Juicios del orden familiar", y específicamente en el capítulo IV denominado "Fijación de la litis", refiriéndose precisamente a los juicios ordinarios familiares; razón por la que en términos del artículo 712 del propio código, su aplicación y observancia es obligatoria; Además, que es indudable la procedencia de la demanda reconvencional que intentó, ya que el artículo 263 del Código Familiar del Estado, prevé la posibilidad de formular reclamaciones inherentes a los derechos y obligaciones del matrimonio o de los hijos menores de edad habidos en él, a la que dice, deberá agregarse propuesta de convenio y con la cual, debe correrse traslado al actor para que conteste en el término de nueve días; situación que se confirma con lo dispuesto en el numeral 262, el cual establece que con las copias de solicitud -reclamaciones y propuesta de convenio- se correrá traslado y se emplazará al otro cónyuge, para que en el término de nueve días, dé contestación, manifestando su conformidad con el convenio o bien, exhibiendo contrapropuesta. Por lo anterior, dice, es evidente que contrario a lo sostenido por la juez responsable, sí procede la demanda reconvencional que formuló, porque incluso con ella, dice, no se retrasaría la disolución del vínculo matrimonial, porque de acuerdo a las reglas que establece el Código Familiar del Estado, la misma debe decretarse en la audiencia preliminar que se celebre y no en la audiencia de juicio, por lo que con la demanda reconvencional o sin ella, sería en el mismo momento procesal, en el que se decretaría esa disolución, razón por la cual tampoco es cierto que la admisión de la demanda reconvencional, se oponga a los principios de celeridad, unidad y economía procesal. Conceptos de violación, que, estudiados en su conjunto, son infundados, atendiendo a las consideraciones que se anotarán enseguida. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2o.C. J/304, definida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, febrero de 2009, página 1677, cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso." Para hacerlo, en primer término conviene señalar que el acto combatido deriva del juicio oral familiar 191/2021, que sobre divorcio sin expresión de causa promueve Daniel García Alcaraz, frente a la quejosa Fernanda Mari Carmen Reyes Zavala. De dicho controvertido se aprecia que en proveído de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, la juez responsable, tuvo a la quejosa Fernanda Mari Carmen Reyes Zavala, dando contestación a la demanda , así como presentando su contrapropuesta de convenio, con la cual mandó dar vista a su contrario; igualmente en ese proveído, tuvo a la promovente del amparo ofreciendo diversos medios de prueba y, respecto de la reconvención que presentó, esencialmente determinó que la misma era improcedente porque dicho procedimiento es regido y regulado por disposiciones específicas, dentro de las cuales no tiene lugar la reconvención. Ello, motivó la juez responsable, porque en la reconvención que planteó la promovente del amparo, planteó una nueva litis, la cual solo se puede sustanciar cuando las normas adjetivas de la demanda principal así lo permitan; aunado a ello, dijo, de admitirse la acción reconvencional en los términos planteados, se desvirtuaría la esencia y finalidad del procedimiento de divorcio, en virtud que la propia naturaleza de los procedimientos de divorcio sin expresión de causa, buscan la satisfacción efectiva, rápida e inmediata del deseo del consorte de ya no seguir casado, la cual no puede quedar abierta a la posibilidad de que el demandado se defienda por cualquier medio, sino solo por aquellos que sean acordes a los principios de celeridad, unidad y economía procesal. Máxime dijo, que las prestaciones de custodia, convivencia y alimentos de la menor en disputa, son materia de la propuesta y contrapropuesta del convenio requerido por disposición expresa de los numerales 257, 261 y 263 del Código Familiar aplicable. Sustentando su determinación, en la jurisprudencia PC.I.C. J/34 C, con registro 2012732, observable en la página 2339 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo III, Materia Civil, Décima Época, de rubro: "RECONVENCIÓN. ES IMPROCEDENTE EN EL PROCEDIMIENTO DE DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA". Contextualizado lo anterior, debe decirse que lo infundado de los conceptos de violación esgrimidos por la promovente del amparo descansa en que, contrario a lo que sostiene en los mismos, a juicio de quien resuelve, el diseño legislativo del juicio de divorcio sin expresión de causa, no admite la sustanciación de acción reconvencional, y por ende, ello debe tenerse como indicativo determinante de la voluntad legislativa de no introducir esa posibilidad, a fin de mantener el diseño procesal pensado originalmente, pues permitir la reconvención significaría ampliar las posibilidades de configuración de una litis, que podría mutar al juicio de su finalidad específica. Sobre el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis 1a. CCCLXXI/2013 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2005236, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Materia Constitucional, Página 1116, de la voz: "PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE EJECUCIÓN DE GARANTÍAS. EL QUE NO CONTEMPLE EL DERECHO DE RECONVENCIÓN, NO IMPLICA UNA TRANSGRESIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A LA IGUALDAD PROCESAL O AL DEBIDO PROCESO". En la ejecutoria de la que derivó esa tesis se sostuvo en la parte que interesa, lo siguiente: "(.) En este sentido, esta Primera Sala reitera su línea jurisprudencial de que cuando el legislador establezca procedimientos especiales, en los que no contemple expresamente la figura de la reconvención, ello debe tenerse como indicativo determinante de la voluntad legislativa de no introducir esa posibilidad, a fin de mantener el diseño procesal pensado originalmente, pues permitir la reconvención significaría ampliar las posibilidades de configuración de una litis, que podría mutar al juicio de su finalidad específica; esta aproximación interpretativa ha sido adoptada por esta Sala al analizar los juicios ejecutivo mercantiles, los que, en este aspecto, comparten la misma naturaleza. Tiene aplicación la jurisprudencia de esta Primera Sala, de rubro: "RECONVENCIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA, EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES". Ahora bien, una vez establecida cuál es la interpretación correcta de los preceptos legales aplicables, esta Primera Sala también determina retomar su criterio, según el cual no existe una razón de reprochabilidad constitucional respecto la imposibilidad de promover reconvención en esta categoría de procedimientos especiales, diseñados para hacer valer derechos revestidos con determinadas formas jurídicas. En efecto, la falta de derecho de reconvención en estos juicios especiales -juicio ejecutivo mercantil y ahora el procedimiento especial de ejecución de garantías- no resulta violatorio de los derechos humanos ligados a la administración de justicia, a la igualdad procesal o al debido proceso, pues la pretensión intentada obtener mediante la reconvención puede hacerse valer en la vía principal en un juicio diverso, lo cual si bien puede generar el inconveniente a las partes de instar paralelamente un juicio distinto, no por ello se torna inconstitucional, pues cae en el ámbito de configuración normativa del legislador diseñar distintos procesos, algunos de los cuales se hagan específicos y otros ordinarios, a los cuales se deben atener los ciudadanos, siempre y cuando se le otorgue los derechos de defensa y cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento. (.)" Tomando como soporte las consideraciones antes transcritas, en el caso se afirma que el diseño legislativo impuesto al procedimiento de divorcio sin expresión de causa, no contempla la posibilidad de promover demanda reconvencional, en la medida que, el apartado que contiene las disposiciones legales que lo rigen disponen: "(.) TÍTULO QUINTO DIVORCIO CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 253. El divorcio disuelve el matrimonio y capacita a los que fueron cónyuges para contraer nuevo matrimonio. Artículo 254. El divorcio es voluntario o sin expresión de causa. (REFORMADO, P.O. 30 DE JUNIO DE 2020) Es voluntario cuando se solicita de mutuo consentimiento por los cónyuges y se sustanciará administrativa, judicialmente o ante notario público, según las circunstancias del matrimonio. Si es judicial se sustanciará en jurisdicción voluntaria. Artículo 255. Es sin expresión de causa cuando cualquiera de los cónyuges lo solicita manifestando expresamente su voluntad de disolver el vínculo matrimonial, sin que exista obligación de señalar la razón que lo motiva. Su tramitación será en juicio ordinario oral. CAPÍTULO II DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA Artículo 256. Para decretar el divorcio sin expresión de causa, bastará la manifestación expresa de voluntad por cualquiera de los cónyuges de disolver el vínculo matrimonial, sin que exista obligación de precisar causa alguna. A la solicitud se acompañará la propuesta de convenio que contenga los términos en que se habrán de salvaguardar los derechos y obligaciones inherentes al matrimonio con relación a los consortes, hijos menores de edad o con discapacidad y bienes de la sociedad conyugal. Así como copia simple legible de la solicitud, propuesta de convenio y demás documentos que se anexen, para el cónyuge frente a quien se presenta la solicitud de divorcio, la cual deberá ser por duplicado cuando se tenga que designar tutor especial para los hijos menores de edad o con discapacidad. De no aportarse, se requerirá al solicitante para que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al de la notificación, subsane esa omisión, apercibiéndole que de no hacerlo se desechará de plano. Artículo 257. La propuesta de convenio deberá contener: I. La designación sobre la guarda y custodia de los hijos menores de edad o con discapacidad durante el procedimiento y después de ejecutoriado el divorcio; II. El régimen de visita y convivencia respecto del progenitor que no tenga la guarda y custodia de los hijos, tomando en cuenta los horarios de comidas, descanso, estudio, circunstancias personales e interés superior de estos, precisando los días y las horas; III. La cantidad que por concepto de alimentos se propone, para atender las necesidades de los hijos y en su caso del cónyuge a quien deba darse alimentos, la forma, lugar y temporalidad para hacerlo, los elementos que permitan al juez autorizarla, así como la garantía para asegurar su cumplimiento; y, IV. La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta que se liquide, así como la forma de liquidarla después de decretado el divorcio, exhibiendo para ese efecto las capitulaciones matrimoniales, el inventario, avalúo y el proyecto de partición. De no ocuparse la propuesta de convenio de alguno de los puntos precitados o no ser clara y precisa, se requerirá al solicitante mediante notificación personal para que la complete o aclare dentro del término de tres días, apercibiéndole que de no hacerlo, se desechará de plano. Procediéndose de igual manera respecto a la contrapropuesta. Si el solicitante no manifiesta expresamente su voluntad de divorciarse, no se admitirá su escrito inicial. La garantía para asegurar el debido cumplimiento y subsistencia de la obligación alimentaria, deberá ser aprobada por el juez de instrucción según las circunstancias del caso, escuchando para ello la opinión del ministerio público, pudiendo ser otorgada por cualquiera de los medios previstos por la ley sustantiva civil; si se llegase a optar por un fiador, deberá renunciar a los beneficios de orden y excusión. Artículo 258. Al solicitarse el divorcio o dentro de los dos años siguientes de su reclamación, los cónyuges podrán exigir una indemnización hasta del cincuenta por ciento del valor de los bienes que hubieran adquirido durante el matrimonio, siempre que: I. Hubieran estado casados bajo el régimen de separación de bienes; II. El reclamante se haya dedicado en el lapso en que duró el matrimonio, preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos; y, III. Durante el matrimonio el reclamante no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente menores a los de su cónyuge. El juez oral, en la sentencia, habrá de resolver atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso. Artículo 259. (DEROGADO, P.O. 25 DE ABRIL DE 2016) Artículo 260. Al admitirse la solicitud de divorcio, o antes, si hubiere urgencia, y solo mientras dure el procedimiento, el juez dictará las medidas cautelares que le sean requeridas y procedan, así como las que de manera oficiosa considere necesarias para la protección de los hijos menores de edad o con discapacidad, atendiendo siempre el interés superior de estos, como lo sería: I. Separar a los cónyuges, considerando para tal efecto, las circunstancias personales de cada uno; II. Fijar y asegurar los alimentos para el o los acreedores alimentistas; III. Determinar la guarda y custodia de los hijos menores de edad o con discapacidad; IV. La forma en que el cónyuge que no tenga la guarda y custodia deberá convivir con sus hijos menores de edad o con discapacidad; V. Las necesarias para que no se causen daño en su persona o en sus bienes; y, VI. Las demás que considere necesarias el juez. La protección para los hijos incluirá las medidas de seguridad, seguimiento y terapias necesarias para evitar y corregir los actos de violencia familiar, las cuales podrán ser suspendidas o modificadas en los términos legalmente previstos. Artículo 261. Si en el procedimiento de divorcio, también se deben determinar cuestiones inherentes a hijos menores de edad o con discapacidad, se les designará un tutor especial desde el auto admisorio, quien tendrá el carácter de parte. Con independencia de que se le designe tutor especial, en la medida en que los hijos menores de edad o con discapacidad puedan emitir una opinión, ésta se escuchará, la que no obligará al juzgador, pero podrá ser orientadora. Artículo 262. Con las copias de la solicitud y propuesta de convenio, se correrá traslado y emplazará al otro cónyuge, para que, dentro del plazo de nueve días, de contestación, manifestando su conformidad con el convenio, o bien, exhibiendo la contrapropuesta, la cual se notificará al solicitante, entregándole copia simple de la misma y documentos que se le anexen, para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a sus intereses considere conveniente. Artículo 263. Si al darse contestación a la petición de divorcio se hiciere alguna reclamación inherente a los derechos y obligaciones del matrimonio o a los hijos menores de edad o con discapacidad, también se anexará la propuesta de convenio, así como copia simple de la contestación y propuesta, procediéndose en los mismos términos del artículo que antecede. Artículo 264. A los escritos de contrapropuesta y contestación a esta se deberán anexar los documentos que las funden. Artículo 265. De no presentarse los documentos a que hacen referencia los dos artículos que anteceden, se requerirá al cónyuge que la formuló, para que dentro del plazo de tres días subsane esa omisión, bajo apercibimiento que, de no hacerlo se desechará de plano. Artículo 266. Si una vez transcurrido el plazo del emplazamiento, el demandado no manifiesta su conformidad o inconformidad con la propuesta, o bien expresamente la acepta totalmente, el juez de instrucción de inmediato proveerá ordenando remitir los autos al juez oral, para que señale fecha para la audiencia preliminar, la que deberá tener efecto dentro de los cinco días siguientes a que se reciban, en la que, de ser procedente dictará la sentencia. Artículo 267. No estando en ninguno de los supuestos previstos en el artículo anterior, el juez de instrucción remitirá los autos al juez oral, quien citará a los cónyuges a la audiencia preliminar, señalando día y hora para que se verifique en un plazo de cinco días a que aquellos se reciban. Artículo 268. En dicha audiencia se analizará si con base en la propuesta y contrapropuesta que en su caso se hubiese realizado, se llega a un convenio respecto de la totalidad de las prestaciones reclamadas y quedan debidamente garantizados los intereses de los hijos menores de edad o con discapacidad; de ser así, se pronunciará sentencia definitiva decretando el divorcio y aprobando el convenio a que se hubiere llegado. Artículo 269. En caso contrario, se procurará, aprovechando la mediación o conciliación, en los términos previstos para la audiencia preliminar, que convengan respecto de las prestaciones en que exista divergencia, de lograrse, se pronunciará sentencia conforme al artículo que antecede, y de persistir esta, se declarará la disolución del vínculo matrimonial y aprobará las prestaciones que hubieren sido convenidas, reservando para la audiencia de juicio la determinación de las demás reclamaciones. Artículo 270. En tal caso, se precisarán los puntos sobre los que las partes no se hayan puesto de acuerdo, mismos que conformarán la litis pendiente; se acordará lo concerniente a las pruebas ofrecidas, mandándose preparar las admitidas, ordenará de oficio las pruebas que considere convenientes para garantizar el interés superior de los hijos menores de edad o con discapacidad y señalará fecha para la audiencia de juicio, en la que se desahogarán y se pronunciará sentencia definitiva, determinando lo concerniente a los puntos de litis pendiente. Artículo 271. El juez fijará en la sentencia la situación de los hijos menores de edad o con discapacidad, habidos en matrimonio, para lo cual, deberá resolver todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad, su pérdida o suspensión, según el caso, los alimentos, custodia y convivencia, atendiendo para ello, tanto el interés superior de estos, como la adecuada capacidad de los padres para su cuidado y con cuál puede tener el mejor desarrollo físico, mental y moral, valorando las especiales circunstancias del caso. Artículo 272. El derecho a los alimentos subsistirá a favor del cónyuge acreedor, por el mismo lapso de duración del matrimonio, siempre y cuando carezca de bienes o ingresos económicos suficientes para sufragar sus necesidades alimentarias y se extinguirá por vencimiento del mismo, o bien, cuando contraiga nuevo matrimonio, forme parte de alguna relación consensuada o le sobrevenga un hijo con persona diversa de su ex cónyuge. Artículo 273. Cuando se soliciten alimentos entre cónyuges, sin que exista convenio al respecto, se fijarán tomando en cuenta las circunstancias del caso, además de las siguientes: I. La edad y el estado de salud de los cónyuges; II. Su calificación profesional y posibilidad de acceso a un empleo; III. Duración del matrimonio y dedicación pasada y futura a la familia; IV. Colaboración con su trabajo en las actividades del cónyuge; V. Medios económicos de uno y otro cónyuge, así como de sus necesidades; y, VI. Las demás obligaciones que tenga el cónyuge deudor. Artículo 274. La muerte de uno de los cónyuges pone término al procedimiento de divorcio y los herederos del fallecido tienen los mismos derechos y obligaciones que tendrían si no hubiera existido dicho procedimiento. Artículo 275. Pronunciada la sentencia que decrete el divorcio, el juez, bajo su más estricta responsabilidad, remitirá copia de ella al Oficial del Registro Civil ante quien se celebró el matrimonio, para que levante el acta de divorcio y haga la anotación correspondiente en la de matrimonio. Artículo 276. La modificación o extinción de alguna de las prestaciones materia de convenio o determinadas por el juez, se hará conforme al procedimiento especial oral. De lo anterior obtenemos que: El divorcio es sin expresión de causa cuando cualquiera de los cónyuges lo solicita manifestando expresamente su voluntad de disolver el vínculo matrimonial, sin que exista obligación de señalar la razón que lo motiva; Su tramitación se reserva para el juicio ordinario oral; A la solicitud deberá acompañarse la propuesta de convenio que contenga los términos en que se habrán de salvaguardar los derechos y obligaciones inherentes al matrimonio con relación a los consortes, hijos menores de edad o con discapacidad y bienes de la sociedad conyugal; La propuesta de convenio deberá contener, la designación sobre la guarda y custodia de los hijos menores de edad o con discapacidad durante el procedimiento y después de ejecutoriado el divorcio; el régimen de visita y convivencia respecto del progenitor que no tenga la guarda y custodia de los hijos; la cantidad que por concepto de alimentos se propone; y, la manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta que se liquide; Con las copias de la solicitud y propuesta de convenio, se correrá traslado y emplazará al otro cónyuge, para que, dentro del plazo de nueve días, dé contestación, manifestando su conformidad con el convenio, o bien, exhibiendo la contrapropuesta, la cual se notificará al solicitante, entregándole copia simple de la misma y documentos que se le anexen, para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a sus intereses considere conveniente; Si al darse contestación a la petición de divorcio se hiciere alguna reclamación inherente a los derechos y obligaciones del matrimonio o a los hijos menores de edad o con discapacidad, también se anexará la propuesta de convenio, así como copia simple de la contestación y propuesta, procediéndose en los mismos términos del artículo que antecede. Si una vez transcurrido el plazo del emplazamiento, el demandado no manifiesta su conformidad o inconformidad con la propuesta, o bien expresamente la acepta totalmente, el juez de instrucción de inmediato proveerá ordenando remitir los autos al juez oral, para que señale fecha para la audiencia preliminar, la que deberá tener efecto dentro de los cinco días siguientes a que se reciban, en la que, de ser procedente dictará la sentencia. No estando en ninguno de los supuestos anteriores, el juez de instrucción remitirá los autos al juez oral, quien citará a los cónyuges a la audiencia preliminar, señalando día y hora para que se verifique en un plazo de cinco días a que aquellos se reciban. En dicha audiencia se analizará si con base en la propuesta y contrapropuesta que en su caso se hubiese realizado, se llega a un convenio respecto de la totalidad de las prestaciones reclamadas y quedan debidamente garantizados los intereses de los hijos menores de edad o con discapacidad; de ser así, se pronunciará sentencia definitiva decretando el divorcio y aprobando el convenio a que se hubiere llegado; y, En caso contrario, se procurará, aprovechando la mediación o conciliación, que convengan respecto de las prestaciones en que exista divergencia, de lograrse, se pronunciará sentencia conforme al artículo que antecede, y de persistir esta, se declarará la disolución del vínculo matrimonial y aprobará las prestaciones que hubieren sido convenidas, reservando para la audiencia de juicio la determinación de las demás reclamaciones. En tal caso, se precisarán los puntos sobre los que las partes no se hayan puesto de acuerdo, mismos que conformarán la litis pendiente; se acordará lo concerniente a las pruebas ofrecidas, mandándose preparar las admitidas, ordenará de oficio las pruebas que considere convenientes para garantizar el interés superior de los hijos menores de edad o con discapacidad y señalará fecha para la audiencia de juicio, en la que se desahogarán y se pronunciará sentencia definitiva, determinando lo concerniente a los puntos de litis pendiente. Como se ve, los preceptos legales transcritos revelan que el legislador no contempló la figura jurídica de la reconvención en el juicio de divorcio sin expresión de causa, por lo que debe considerarse que no fue su voluntad introducirla en ese tipo de contradictorios, toda vez que se trata de un procedimiento sumarios, regido por los principios de unidad, concentración, celeridad y economía procesal. Esa configuración legislativa, obedece, según la apreciación del suscrito, a que en estos juicios se busca preponderantemente que el juez oral desempeñe un papel de mediador con el fin de lograr que las prestaciones presentadas por ambas partes se satisfagan a través del pronunciamiento que de los convenios realice el juez en la audiencia preliminar, lo que es armónico a los referidos principios, porque lo que se pretende es que, en una sola audiencia se resuelvan todos los planteamientos de hecho y de derecho presentados por las partes. A esa conclusión se llega de lo dispuesto en el artículo 263, en el que se estableció que, si al darse contestación a la petición de divorcio se hiciere alguna reclamación inherente a los derechos y obligaciones del matrimonio o a los hijos menores de edad o con discapacidad, también se anexará la propuesta de convenio. En efecto, en este juicio ordinario de divorcio sin expresión de causa, tiene tal relevancia el convenio de las partes, que incluso, el propio legislador en el artículo 265, estableció que si al darse contestación a la petición de divorcio se hiciere alguna reclamación inherente a los derechos y obligaciones del matrimonio o a los hijos menores de edad o con discapacidad, también deberá anexarse la propuesta de convenio (contrapropuesta), y que si no se hace la sanción será el desechamiento de esa reclamación. Importancia de la mediación de las partes que nuevamente advertimos, del artículo 268, en el que se establece que en la audiencia preliminar, se analizará si con base en la propuesta y contrapropuesta que en su caso se hubiese realizado, se llega a un convenio respecto de la totalidad de las prestaciones reclamadas y quedan debidamente garantizados los intereses de los hijos menores de edad o con discapacidad; así como del numeral 269, en el que el legislador destacó nuevamente la trascendencia de la conciliación de las partes señalando que, se procurará, aprovechando la mediación o conciliación, en los términos previstos para la audiencia preliminar, que las partes convengan respecto de las prestaciones en que exista divergencia. Y como último recurso para el caso que no se logre esa mediación, el legislador señaló que en la audiencia preliminar se pronunciará sentencia declarando la disolución del vínculo matrimonial y aprobando las prestaciones que hubieren sido convenidas, y se reservará para la audiencia de juicio la determinación de las demás reclamaciones no convenidas. Por ello, se afirma que no es procedente la sustanciación de la reconvención o contrademanda, en la medida que en esa acción se plantea una nueva litis, que solo puede dilucidarse cuando lo permite la normatividad que rige el procedimiento; de manera que, si el Código Familiar no establece la figura jurídica de la reconvención, entonces no es procedente su admisión. Sobre todo, considerando que al admitir la reconvención se desnaturalizaría la intención mediadora y/o conciliadora que el legislador pretendió impregnar al procedimiento de divorcio sin expresión de causa, porque con la reconvención lo que se pretende es la incorporación de una nueva demanda, en la que el accionado hace valer un derecho diverso que asegura, le asiste; es decir, es la actitud más enérgica del reo, ya que no se limita a excepcionase para contradecir el derecho alegado por el accionante ni a oponer obstáculos procesales, sino que aprovecha la relación jurídica procesal ya instaurada en su contra para reclamar una pretensión distinta a la del enjuiciante. Por lo anterior, en el caso se considera infundado el concepto de violación en el que la accionante del amparo aduce que, contrario a lo sostenido por la juez responsable, sí procede la demanda reconvencional que formuló, porque incluso con ella, no se retrasaría la disolución del vínculo matrimonial, ya que de acuerdo a las reglas que establece el Código Familiar del Estado, la misma debe decretarse en la audiencia preliminar que se celebre y no en la audiencia de juicio, por lo que con la demanda reconvencional o sin ella, sería en el mismo momento procesal, en el que se decretaría esa disolución, razón por la cual tampoco es cierto que la admisión de la demanda reconvencional, se oponga a los principios de celeridad, unidad y economía procesal. Lo anterior, porque como se evidenció anteriormente, la razón principal para no admitirla, es evitar en lo posible, desnaturalizar la intención mediadora y/o conciliadora que el legislador otorgó al procedimiento de divorcio sin expresión de causa, y no propiamente, el acortar los términos para la declaración de la disolución del vínculo matrimonial, pues como bien lo dice, se llegue a convenio o no, dicho pronunciamiento se emitirá en la audiencia preliminar. Además, la reconvención en un juicio de divorcio sin expresión de causa sujetaría al actor a absolver cargas que no le son impuestas por la ley, como es la de ofrecer y desahogar pruebas, la cual únicamente está dirigida a demostrar la procedencia de la propuesta de convenio y su contrapropuesta, o bien, señalar que no se cumplen los requisitos legales para solicitar la disolución. Las consideraciones expuestas dieron origen a la jurisprudencia PC.I.C. J/34 C observable en la página 2339 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo III, Materia Civil, Décima Época, de contenido: "RECONVENCIÓN. ES IMPROCEDENTE EN EL PROCEDIMIENTO DE DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. El procedimiento de divorcio sin expresión de causa, fue concebido como un medio efectivo para eliminar conflictos en el proceso de disolución del matrimonio y respetar el libre desarrollo de la personalidad. Se trata de un procedimiento sumario, regido por los principios de unidad, concentración, celeridad y economía procesal que admite la aplicación de normas generales al juicio ordinario, siempre que éstas sean compatibles con la sustanciación de aquél, regulado por disposiciones específicas. Así, aun cuando en la tramitación del proceso ordinario, se autoriza al enjuiciado a formular reconvención, ésta no tiene lugar dentro del procedimiento de divorcio incausado. La contrademanda plantea una nueva litis, que sólo puede presentarse cuando es posible sustanciarla conforme a las normas adjetivas de la demanda principal, de manera que, si en un juicio de divorcio incausado se reconviene una acción ordinaria o de cualquier otro tipo, para resolver las pretensiones de las partes en la misma sentencia, tendría que retardarse la decisión relativa a la disolución del vínculo matrimonial, hasta que transcurrieran los términos de la acción reconvencional, lo cual desvirtuará la esencia y finalidad del procedimiento de divorcio. Por otro lado, si lo que se pretende plantear en la reconvención es un tema atinente a las consecuencias de la disolución del vínculo matrimonial, ello será materia del incidente que se tramite con posterioridad a la emisión del auto que decrete el divorcio. En consecuencia, por la propia naturaleza de los juicios de divorcio sin causa, en cuanto buscan la satisfacción efectiva, rápida e inmediata del deseo de un consorte de ya no seguir casado, no puede quedar abierta la posibilidad de que el demandado se defienda por cualquier medio, sino únicamente por los que sean acordes a los referidos principios de celeridad, unidad y economía procesal." Criterio en el cual, como se precisó, apoyó su determinación la juez responsable y, que si bien versa sobre la interpretación de una legislación diversa a la del Estado de Michoacán, lo cierto es que su contenido es similar al Código Familiar para ese estado, esto es, que tanto el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, así como el Código Familiar para el Estado de Michoacán, no establecen la procedencia de la reconvención en juicios de divorcio sin expresión de causa; de ahí que por identidad jurídica resulte ilustrativo para el tema analizado. De la misma forma, no asiste razón a la promovente del amparo al afirmar que, la procedencia de la reconvención en los juicios de divorcio sin expresión de causa, se desprende de los artículos 959, fracción I y 977 del Código Familiar del Estado, ya que precisamente el artículo 977 está ubicado dentro del título octavo, titulado "Juicios del orden familiar", y específicamente en el capítulo IV denominado "Fijación de la litis", refiriéndose precisamente a los juicios ordinarios familiares; razón por la que en términos del artículo 712 del propio código, su aplicación y observancia es obligatoria. Lo anterior, porque si bien, por principio es cierto que como lo afirma, la tramitación del divorcio sin expresión de causa, se encuentra prevista en la vía ordinaria oral, como lo establece el artículo 255; también lo es que, constituye principio de jerarquización normativa, que la norma especial prevalece respecto de la general; lo que trasladado al caso que nos ocupa, implica que, las disposiciones generales que el legislador contempló para la tramitación del juicio ordinario oral, sólo tendrán aplicación en lo que no se oponga al apartado especial que el mismo legislador destinó para vaciar el contenido normativo que quiso, regulara en forma particular, el procedimiento de divorcio sin expresión de causa. Dicho en otras palabras, las disposiciones del juicio ordinario oral que se encuentren fuera del apartado normativo contemplado específicamente para el divorcio sin expresión de causa, es decir, fuera de los artículos 253 al 276 del Código Familiar del Estado, sólo tendrán aplicación cuando no se opongan a lo dispuesto en ese capítulo. Sin que ello implique que la justiciable no tenga acceso a una tutela jurisdiccional efectiva y tampoco que se vulneren en perjuicio de la menor en conflicto sus derechos fundamentales, ya que al contestar la demanda, la juez responsable la tuvo formulando contrapropuesta al convenio que su contrario presentó. En dicha contrapropuesta, la accionante del amparo propuso que ella detentaría la guarda y custodia de la menor; presentó propuesta para la convivencia a desarrollar entre su menor hija y su padre; y propuso también un monto por concepto de alimentos para su descendiente. Por ello, en términos de lo ordenado por el artículo 268 del código aplicable, tales prestaciones serán materia de análisis en la audiencia preliminar, en la cual, con base en la propuesta y contrapropuesta presentada, se determinará si se llega a un convenio respecto de la totalidad de las prestaciones reclamadas y quedan debidamente garantizados los intereses de la menor, y de no ser así, se reservará para la audiencia de juicio la determinación de las demás reclamaciones. Cobra aplicación, en lo conducente, la tesis 1a. CCXLV/2012 localizable en la página 809 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, Materia Civil, Décima Época, que establece: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. PRETENSIONES DE LAS PARTES EN EL JUICIO (LEGISLACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL). En el juicio de divorcio sin expresión de causa, las pretensiones que la parte actora ha de formular en su escrito inicial (y sobre las cuales, en correspondencia, ha de formular su respuesta la demandada, haciendo valer las propias) son las que menciona el artículo 267 del Código Civil para el Distrito Federal, a saber: i) La petición de divorcio y ii) La resolución de las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial que deberán expresarse en la propuesta y en la contrapropuesta de convenio. Entre éstas están las siguientes: a) guarda y custodia de los hijos menores e incapaces; b) modalidades del régimen de visitas para el cónyuge que no tenga la guarda y custodia; c) satisfacción de obligación alimentaria respecto de los menores y del cónyuge, en su caso; d) uso del domicilio conyugal y menaje de casa correspondiente; e) liquidación de la sociedad conyugal y, f) compensación en el caso de que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes." En tales condiciones, al considerarse infundados los conceptos de violación expresados por la promovente del amparo, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E PRIMERO. Por los motivos expuestos en la consideración quinta de esta resolución, la justicia de la unión no ampara ni protege a Fernanda Mari Carmen Reyes Zavala, por propio derecho y en representación de su menor hija Daniela García Reyes, contra el acto reclamado al Juez Tercero Oral Familiar, con residencia en esta ciudad, materia de estudio en dicho apartado. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y mediante oficio a la responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veinte de agosto de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
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