Fernando Almanza Guerrero

Expediente 85/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
85/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
08/02/2016

Partes del expediente

  • Fernando Almanza Guerrero

Actuaciones

  1. Principal

    CITATORIO. CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO 1593/2015-III, POR MEDIO DE LISTA: "Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de enero de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos del juicio de amparo en que se actúa, del que se advierte que se encuentra señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional el día uno de febrero de dos mil dieciséis y tomando en consideración que tal fecha está señalada como día inhábil de conformidad con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo; lo cual constituye un hecho notorio para este Órgano Jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; en esas condiciones, es procedente diferir anticipadamente la audiencia constitucional, señalando para su celebración las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y DOS MINUTOS DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS. Notifíquese."

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de enero de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Actuaria Judicial del Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la determinación de dieciocho de enero de dos mil dieciséis, emitida en el amparo directo 6/2016, remite el escrito original de la demanda de amparo promovida por F**** A**** G**** , contra actos del Juez Civil de Primera Instancia del Octavo del Distrito Judicial en el Estado de Morelos, así como siete copias y diversas constancias consistentes en los autos originales del expediente civil 528/2015 y cuadernillo formado por motivo del incidente de nulidad de actuaciones, el informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable, el acuerdo de primero de diciembre del año próximo pasado, que recayó a la presentación del amparo directo y la constancia de emplazamiento del tercero interesado. Ello, en virtud de que el Tribunal de Alzada declaró carecer de competencia legal para conocer y resolver el asunto en cuestión, por los motivos expuestos en la citada resolución. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 85/2016-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de amparo de que se trata, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 62, con relación al 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, todos de la citada ley. En el presente caso, el peticionario de amparo, señala esencialmente como acto reclamado, a la literalidad el siguiente: - "Lo constituye la Resolución Interlocutoria de fecha 4 de Noviembre del 2015, cuyos puntos resolutivos dice: PRIMERO.- ha sido infundado e inoperante Incidente de Nulidad de Actuaciones promovido por Fernando Almanza Guerrero en consecuencia; SEGUNDO, se declaran firmes las actuaciones combatidas por el incidentista en los términos expresados en la parte considerativa de este fallo debiéndose continuar con la secuela procesal en todas y cada una de sus etapas; TERCERO.- Notifíquese personalmente." Aduce la parte quejosa, que tal proceder irroga agravio en su esfera jurídica, tal y como menciona en el capítulo relativo a los conceptos de violación, al decir que es violatorio de sus derechos fundamentales contenidos en los arábigos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, es pertinente precisar que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, refiere que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como son la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, entre otros. En efecto, es requisito indispensable para que proceda el juicio constitucional ante el Juez de Distrito, que se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado la violación del derecho humano de que se trate. Así, tenemos que el acto controvertido en esta vía de amparo no corresponde a aquellos de imposible reparación a que alude la fracción V, del artículo 107 de la Ley que nos ocupa, porque no afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, sino sólo produce efectos de carácter adjetivo o procesales, los cuales repercuten en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento de origen, con vista a obtener un fallo favorable, de tal modo que si la parte quejosa obtiene una resolución a ella conveniente, tales efectos se extinguen por esa circunstancia, o bien que aunque no se lesione ninguno de los derechos sustantivos, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior, esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. Cobra vigencia en lo que interesa, la tesis de Jurisprudencia número 3a. /J. 43 29/89, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, página 291, Materia Común, que estatuye: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo.". De igual forma es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo LVI, Agosto de 1992, página 11, del tenor siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". Por ello, el acto que combate en esta sede constitucional, consistente en la resolución interlocutoria que determinó infundado e inoperante el incidente de nulidad de actuaciones dentro del expediente número 528/2015 relativo al juicio ejecutivo mercantil; no le depara perjuicio alguno que pueda tener una ejecución irreparable, ya que sólo afecta derechos adjetivos y no irrumpe en la esfera de sus derechos sustantivos como la vida, libertad, trabajo, propiedad, etcétera. Incluso, de obtener el solicitante de amparo una resolución favorable en el citado expediente, desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario, tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en la demanda de amparo que se promueva contra la resolución que ponga fin a dicha incidencia, en términos de la fracción V del artículo 172 de la Ley de Amparo. Es aplicable en lo que interesa, la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1A./J. 94/2008, visible en la página 256 del Semanario Judicial de la Federación, ubicada en publicación semanal, Febrero de 2009, Materia Civil, cuyo rubro y texto son: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la ley de amparo. esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la ley mencionada." (Énfasis añadido) Aunado a lo anterior, el artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, establece que el amparo indirecto sólo procede contra actos verificados durante la controversia, o en ejecución de la sentencia, cuando sean imposibles de reparar; esto es, en contra de aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por los derechos humanos consagrados en la propia Carta Magna o en tratados internacionales. En esa virtud, no existe ejecución irreparable, si las consecuencias de la posible infracción se extinguen sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado, y sin dejar huella en su esfera jurídica; por lo cual es evidente que no existe irreparabilidad cuando el acto reclamado sólo produce efectos intraprocesales, sin causar perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos, como propiedades, posesiones o derechos, al no implicar por sí mismo la obtención de una resolución desfavorable en la contienda judicial. Por tanto, la resolución reclamada, en la cual se declaró como infundado e inoperante el incidente de nulidad de actuaciones no es de imposible reparación, al no atentar, por sí mismo, contra ningún derecho sustantivo constitucional o convencional, máxime si se toma en consideración que todas las violaciones que pudieran surgir en el procedimiento de remate, son susceptibles de ser impugnadas en la vía de amparo indirecto, contra la última resolución dictada en la fase correspondiente, siendo la misma, aquella en la que en forma definitiva se ordenan el otorgamiento de la escritura de adjudicación y entrega de bienes rematados, pudiendo ser reparada la infracción, y ello evidencia que dicho acto no transgrede algún derecho sustantivo constitucional o convencional. Tiene aplicación al caso, que nos ocupa la tesis sostenida por los Tribunales Colegiados de Circuito, VI.1o.C.51 C (10a.), Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, visible en la página 1728 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE REMATE. EL AUTO QUE LO DESECHA, NO ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE NO ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN EL AMPARO INDIRECTO. De acuerdo con el principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, éste sólo procede contra actos verificados durante la controversia, o en ejecución de la sentencia, cuando sean imposibles de reparar; esto es, en contra de aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por los derechos humanos consagrados en la propia Carta Magna o en tratados internacionales. En esa virtud, no existe ejecución irreparable, si las consecuencias de la posible infracción se extinguen sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado, y sin dejar huella en su esfera jurídica; por lo cual es evidente que no existe irreparabilidad cuando el acto reclamado sólo produce efectos intraprocesales, sin causar perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos, como propiedades, posesiones o derechos, al no implicar por sí mismo la obtención de una resolución desfavorable en la contienda judicial. Por tanto, el auto que desecha un incidente de nulidad de actuaciones no es de imposible reparación, al no atentar, por sí mismo, contra ningún derecho sustantivo constitucional o convencional, máxime si se toma en consideración que todas las violaciones que pudieran surgir en el procedimiento de remate, son susceptibles de ser impugnadas en la vía de amparo indirecto, contra la última resolución dictada en la fase correspondiente, siendo la misma, aquella en la que en forma definitiva se ordenan el otorgamiento de la escritura de adjudicación y entrega de bienes rematados, pudiendo ser reparada la infracción, y ello evidencia que dicho acto no transgrede algún derecho sustantivo constitucional o convencional." (Énfasis añadido.) En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 62, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por por F*** A*** G***, en términos del arábigo 113 de la ley de la materia. Domicilio procesal y autorizados. Con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. También, en atención a lo dispuesto en la parte final del párrafo segundo del artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos a las personas que indica, y con facultades amplias a los profesionistas que refiere, en razón de que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 184 al 187 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. Con excepción de Juan Carlos Carranza García, Sandra Yadira García Meneses y Francisco Javier Ávila Payán, por estar registrados en el sistema de referencia. Finalmente, por cuanto hace a las constancias relativas a los autos originales del expediente civil 528/2015 y cuadernillo formado por motivo del incidente de nulidad de actuaciones; este juzgado federal, ordena su resguardo en la secretaría de mérito y se reserva a acordar lo que en derecho proceda en el momento procesal oportuno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa." N .P.

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