Fermin Morales Velazco
Expediente 322/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 31 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 322/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 06/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Fermin Morales Velazco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a seis de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio firmado electrónicamente por el Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo e informa que admitió el recurso de revisión, el cual quedó registrado con el número ********************; el que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diez de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, en la que se hace constar que, en acuerdo de tres de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión por la parte quejosa y, toda vez que ya obran las constancias de notificación efectuadas a las demás partes respecto de la sentencia de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés y del acuerdo por el que se tuvo por interpuesto el recurso de referencia, este expediente se encuentra debidamente integrado. Luego, tomando en consideración que se habilitará el expediente electrónico, consecuentemente, se podrá visualizar vía electrónica la totalidad de las constancias que se integran en el expediente, por ello, resulta innecesaria la formación del cuaderno de antecedentes, pues se cuenta con el expediente principal en el que se actúa. Por tanto, con fundamento en lo establecido en el artículo 73, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena a la Oficial Judicial "A" adscrita a este Juzgado, que permita al Tribunal competente, el acceso vía electrónico del expediente 322/2023. Lo anterior, en atención a las políticas de optimización de recursos, así como de consumo responsable de materiales, previstas en el Considerando Décimo y artículo 251, incisos a), d), f) y g), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo"; así como en el "Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación", el cual tiene como uno de sus objetivos principales el modificar los hábitos de consumo que contribuyen al deterioro de nuestro medio ambiente. Asimismo, agréguese a los autos el escrito firmado por la autoridad responsable, por medio del cual desahoga la vista ordenada en acuerdo de tres de octubre de dos mil veintitrés, en relación al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa. En razón de lo anterior, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, el escrito original de expresión de agravios, una copia para el agente del ministerio público de su adscripción y el escrito de alegatos, solicitando se sirva acusar el recibo correspondiente. En razón de lo aquí acordado, se solicita a la Secretaria, los Actuarios y Oficiales judiciales encargados de este expediente que revisen su integración electrónica. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a tres de octubre de dos mil veintitrés. Ténganse por recibido el escrito firmado por el autorizado de la parte quejosa en el juicio en que se actúa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Atento a lo anterior, con apoyo en los dispositivos 81 fracción I, inciso e), 88, 89 y demás relativos a la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación; por tanto, se ordena distribuir entre las demás partes, copias del ocurso de expresión de agravios y una vez que se cuente con la totalidad de las constancias de notificación del presente auto, en su oportunidad, remítase el oficio correspondiente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, con el original de expresión de agravios y una copia más, para lo que tenga a bien determinar la superioridad en relación con su admisión o desechamiento. Asimismo, con fundamento en lo establecido en el artículo 73, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena a la Oficial Judicial "A" adscrita a este Juzgado, que le permita el acceso vía electrónica del expediente 322/2023. Lo anterior, en atención a las políticas de optimización de recursos, así como de consumo responsable de materiales, previstas en el Considerando Décimo y artículo 251, incisos a), d), f) y g), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo"; así como en el "Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación", el cual tiene como uno de sus objetivos principales el modificar los hábitos de consumo que contribuyen al deterioro de nuestro medio ambiente. Ahora bien, tomando en consideración que se habilitará el expediente electrónico y se podrá visualizar, vía electrónica, la totalidad de las constancias que integran este expediente, resulta innecesaria la formación del cuaderno de antecedentes. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos relativos al juicio de amparo 322/2023-II, promovido por ********************, por su propio derecho, en contra del acto que reclama del organismo descentralizado denominado "Hospital del Niño Morelense", por considerarlo violatorio del derecho humano de seguridad social a recibir una pensión. I. TRÁMITE PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el siete de marzo de ******************** mil veintitrés, por buzón judicial ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzga******************** de Distrito en el Estado de Morelos, remitido el ocho siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y el acto que se transcriben a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES "A) Hospital del Niño Morelense.". ACTOS RECLAMADOS "A) La falta de cumplimiento del "DECRETO NÚMERO ******************** POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO ********************", publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número ******************** de fecha 27 de junio de 2018. B) La falta de pago de la pensión por cesantía en edad avanzada por el periodo de octubre de 2018 a septiembre de 2022, sin causa legal alguna y en incumplimiento del "DECRETO NÚMERO ******************** POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO ********************", publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número ******************** de fecha 27 de junio de 2018. C) La falta de aplicación de los aumentos porcentuales a la pensión por cesantía en edad avanzada conforme al aumento al salario mínimo general vigente en los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, en incumplimiento del "DECRETO NÚMERO ******************** POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO ********************", publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número ******************** de fecha 27 de junio de 2018. D) La falta de contestación a la solicitud de cumplimiento del "DECRETO NÚMERO ******************** POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO ********************", publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número ******************** de fecha 27 de junio de 2018, presentada ante la autoridad responsable, por conducto de la Coordinación de Área de Administración de Personal, el 19 de septiembre de 2022.". SEGUNDO. Admisión, trámite y audiencia constitucional. Por auto de nueve de marzo de ******************** mil veintitrés, este Juzgado formó el expediente 322-2023-II, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo, previo diferimiento, al tenor del acta que antecede; y, II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Esta******************** Uni******************** Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 1°, fracción V, 48 y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo previsto en el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de ******************** mil trece, dado que se reclaman actos de naturaleza administrativa atribui******************** a autoridades en esa materia en la jurisdicción que corresponde a este órgano constitucional. Previamente a la precisión del acto reclamado, se destaca que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Esta******************** Uni******************** Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el ******************** de abril de ******************** mil trece, para la resolución del presente asunto se citan, entre otras tesis, jurisprudencias integradas conforme a la legislación de amparo abrogada, al no oponerse a lo previsto en la Ley de la Materia vigente. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento a lo dispuesto por el precepto 74, fracción I de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Esta******************** Uni******************** Mexicanos, en estrecha relación con el contenido del diverso numeral 76 de la propia Ley de Amparo, se precisa que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que los actos efectivamente plantea******************** como reclama******************** y la autoridad responsable son: Del organismo descentralizado denominado "Hospital del Niño Morelense", se reclama: A) La omisión de pagar por el periodo de octubre de ******************** mil dieciocho a septiembre de ******************** mil veintidós, el decreto ******************** ******************** por el que se le concedió pensión por cesantía en edad avanzada, publicado el veintisiete de junio de ******************** mil dieciocho, en el periódico oficial "Tierra y Libertad" ********************. B) La omisión de aplicar los aumentos porcentuales a la pensión por cesantía en edad avanzada conforme al aumento al salario mínimo general vigente de ******************** mil diecinueve a ******************** mil veintitrés. C) La falta de contestación a su escrito presentado el diecinueve de septiembre de ******************** mil veintidós, en el que solicitó el cumplimiento del decreto por el que se le concedió pensión por cesantía en edad avanzada y la actualización de incrementos. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El organismo descentralizado denominado "Hospital del Niño Morelense", al rendir su informe justificado expresamente admitió la existencia del acto reclamado consiste en la falta de contestación a su escrito presentado el diecinueve de septiembre de ******************** mil veintidós, en el que el quejoso dice solicitó el cumplimiento del decreto por el que se le concedió pensión por cesantía en edad avanzada y el pago actualizado. Sin embargo, de las constancias que integran el juicio de amparo principal no se advierte la existencia del acuse de recibo del escrito que el quejoso dijo presentó el diecinueve de septiembre de ******************** mil veintidós, en el que afirma solicitó se diera cumplimiento al decreto por el que se le concedió pensión por cesantía en edad avanzada en términos del decreto respectivo y se atendiera a las actualizaciones de los años ******************** mil diecinueve a ******************** mil veintitrés; por tanto, en el caso se impone tener por inexistente el acto reclamo. No obsta a lo aquí considerado, la manifestación expresada por la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, respecto a la presentación del escrito de referencia, ya que la misma es insuficiente para tener por acreditada su existencia. Es aplicable al caso, la tesis aislada IX.1o.83 K, con registro 180736, del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la novena época, materias común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, septiembre de 2004, página 1714, que dice: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclama********************, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables.". Tampoco se opone a lo aquí considerado, el que en el cuaderno incidental derivado de este juicio de amparo, el organismo descentralizado denominado "Hospital del Niño Morelense", al rendir su informe previo, exhibiera copia certificada del escrito del quejoso presentado el diecinueve de septiembre de ******************** mil veintidós, toda vez que al oficio al que se adjuntó dicha documental no se anexó copia simple a efecto de que este juzgado de Distrito ordenara su compulsa para que se agregara al cuaderno principal y se tuviera a la vista al momento de resolver en definitiva este juicio de amparo; de ahí que no pueda tomarse en cuenta la referida documental para valorarse y resolver lo conducente a su exhibición. Por tanto, si la parte quejosa reclamó la violación al artículo 8º Constitucional y no exhibió el acuse de recibo del escrito del que dijo la autoridad responsable ha omitido proveer, es evidente la inexistencia aquí precisada, aun cuando, como ya se dijo, la autoridad responsable admitiera su existencia al rendir su informe justificado y, en el cuaderno relativo a la medida cautelar obre copia certificada del referido escrito, debido a que no se adjuntó copia simple de aquél a fin de que se ordenara la compulsa respectiva y se glosara al juicio de amparo principal. Es aplicable a lo aquí considerado, la jurisprudencia P./J. 71/2010, con registro digital: 163758, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización: Novena Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Septiembre de 2010, página 7, que dice: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). De conformidad con los artículos 2o., 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden otorgar valor probatorio a aquellos elementos que obren en el expediente, pues los criterios de pertenencia de las pruebas a los autos de un asunto se establecen para que los juzgadores busquen la verdad material en el contexto de un debido proceso y de la equidad procesal, que no podría tutelarse si se permitiera la valoración libre de cualquier elemento sin importar si se encuentra o no en el expediente. Ahora, en aplicación extensiva del párrafo tercero del artículo 78 de la Ley de Amparo, se sigue que cuando con la demanda de garantías en la que se solicite la suspensión del acto reclamado, se ofrezca como prueba un documento original o en copia certificada y se acompañen ******************** o más copias simples, sin que se solicite expresamente su compulsa o certificación para que obren en el expediente incidental, el Juez de Distrito debe entender que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, al admitir la demanda, oficiosamente, debe ordenar su compulsa para que obren en el incidente y al resolver sobre la suspensión definitiva tengan valor probatorio. A igual conclusión se debe llegar cuando durante la secuela del juicio de amparo, ya sea en el expediente principal o en el incidente de suspensión (antes de la celebración de la audiencia constitucional o incidental), alguna de las partes exhiba una prueba documental original o en copia certificada con las copias suficientes, en cuyo caso el Juez de Distrito debe ordenar su compulsa para que obren en ambos cuadernos, y así al resolver puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde. Por otro lado, en el caso de que el oferente omita acompañar las copias suficientes para que puedan ser compulsadas y agregadas, ya sea en el cuaderno principal o incidental, según sea el caso, debe entenderse que estimó que son prescindibles para resolver.". En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer respecto del acto y autoridad aquí precisa********************. CUARTO. Certeza de los actos reclama********************. Son ciertos los actos atribui******************** al organismo descentralizado denominado "Hospital del Niño Morelense", consistentes en la omisión de pagarle su pensión por cesantía en edad avanzada, al ******************** por ciento del último salario, de conformidad con lo previsto en el decreto ******************** ******************** publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número ********************, de veintisiete de junio de ******************** mil dieciocho, así como la omisión de aplicar los aumentos porcentuales a la pensión por cesantía en edad avanzada conforme al aumento al salario mínimo general vigente de ******************** mil diecinueve a ******************** mil veintitrés, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 749, con registro 1002815, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011, Quinta Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, materia común, página 830, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Certeza que se justifica con la exhibición de las copias certificadas de las impresiones de los recibos de pagos de pensión y salario a nombre de la parte quejosa, que exhibió la autoridad responsable con motivo del requerimiento realizado por este juzgado de Distrito en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, al haberse acreditado la existencia del decreto de pensión por cesantía en edad avanzada, número ******************** ******************** publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número ********************, el veintisiete de junio de ******************** mil dieciocho. Copias certificadas a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 88, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además haya sido objetada su autenticidad. Resulta aplicable a lo antes citado, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 394182, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Apéndice de 1995, Tomo VI, Página 153, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedi******************** por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de las cuestiones de fondo relativas a la inconstitucionalidad de los actos que por esta vía se reclaman, debe analizarse si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior debido a que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta lo aquí considerado la tesis II.1o. J/5, con registro 222780, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la octava época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Mayo de 1991, página 95, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Al no advertirse causal de improcedencia hecha valer por alguna de las partes o que se tenga que estudiar de oficio, se impone realizar el estudio de los conceptos de violación. SEXTO. Estudio sobre la constitucionalidad de los actos reclama********************. Como cuestión previa, es conveniente precisar que la parte quejosa tiene el carácter de pensionado, por lo que conforme al artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito está obligado a suplir la deficiencia de los conceptos de violación en materia laboral, en favor del trabajador, independientemente de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el administrativo; hipótesis normativa de la cual se deduce que la suplencia de la queja deficiente no cesa con motivo de la conclusión de la relación de trabajo y su incorporación al régimen de seguridad social, independientemente de la razón que lo origine. Por tanto, tratán********************e de juicios de amparo deduci******************** de asuntos en los que se controvierta cualquier acción derivada de la aspiración, otorgamiento, modificación o conclusión de una pensión, tanto al directo interesado como sus beneficiarios debe aplicarse la obligación, a cargo del juzgado de Distrito de suplir la deficiencia de la queja en su favor. Lo aquí considerado tiene sustento en la tesis 2a. XCV/2014 (10a.), con registro digital 2007681, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los siguientes datos de localización: Décima Época, Materias(s): Común, Laboral, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, página 1106, cuyo rubro y texto dicen: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS. Conforme al artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca del juicio deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el administrativo; de lo cual se deduce que si bien esta norma se refiere a determina******************** sujetos y a ******************** tipos de relaciones jurídicas específicas, como son, por un lado, las personas que cumplen con su deber social y su derecho al trabajo y, por otra, quienes las emplean, ya sea dentro de un vínculo laboral o de orden administrativo, lo cierto es que las razones que en estos supuestos inspiran la obligación del órgano de amparo para suplir la deficiencia de la queja a favor del trabajador no se agotan con motivo de la jubilación o retiro de quien había estado subordinado a un empleador, pues las causas que originaron el auxilio que la ley les brindaba durante su época laboralmente activa no sólo se mantienen, sino que incluso se agudizan, porque lo habitual es que como pensionistas sus ingresos se reduzcan y, con ello, la posibilidad de contar con asesoría legal adecuada. Así, esta Segunda Sala determina que tratán********************e de juicios de amparo deduci******************** de asuntos laborales o contencioso-administrativos, en los que se controviertan el otorgamiento y los ajustes de pensiones, así como de cualquiera otra prestación derivada de éstas, ya sea por los interesa******************** o por sus beneficiarios, el órgano de amparo queda obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor de los demandantes de tales pretensiones, en la inteligencia de que este deber sólo tiene razón de ser cuando existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho, pues si el juzgador no advierte que dicha suplencia lo conduzca a esta finalidad provechosa para el particular, bastará con que así lo declare sin necesidad de que haga un estudio oficioso del asunto, el cual, por carecer de un sentido práctico, sólo entorpecería la pronta solución del litigio en perjuicio de los propios justiciables.". Precisada la obligación de este juzgado de Distrito de suplir la deficiencia de la queja con motivo del carácter del promovente del amparo, es necesario puntualizar que dicho deber se circunscribe a la de mejorar los argumentos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de los actos reclama******************** por la parte quejosa, aun ante su ausencia absoluta de conceptos de violación. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 39/95 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, registro: 20072, Tomo II, Septiembre de 1995, página 333, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. La Jurisprudencia 47/94 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL TRATÁNDOSE DEL TRABAJADOR. CASO EN QUE NO OPERA", establece que para la operancia de la suplencia de la queja en materia laboral a favor del trabajador es necesario que se expresen conceptos de violación o agravios deficientes en relación con el tema del asunto a tratar, criterio que responde a una interpretación rigurosamente literal del artículo 76 bis de la Ley de Amparo para negar al amparo promovido por el trabajador el mismo tratamiento que la norma establece para el amparo penal, a través de comparar palabra a palabra la redacción de las fracciones II y IV de dicho numeral, cuando que la evolución legislativa y jurisprudencial de la suplencia de la queja en el juicio de garantías lleva a concluir que la diversa redacción de una y otra fracciones obedeció sencillamente a una cuestión de técnica jurídica para recoger y convertir en texto positivo la jurisprudencia reiterada tratán********************e del reo, lo que no se hizo en otras materias quizá por no existir una jurisprudencia tan clara y reiterada como aquélla, pero de ello no se sigue que la intención del legislador haya sido la de establecer principios diferentes para uno y otro caso. Por ello, se estima que debe interrumpirse la jurisprudencia de referencia para determinar que la suplencia de la queja a favor del trabajador en la materia laboral opera aun ante la ausencia total de conceptos de violación o agravios, criterio que abandona las formalidades y tecnicismos contrarios a la administración de justicia para garantizar a los trabajadores el acceso real y efectivo a la Justicia Federal, considerando no sólo los valores cuya integridad y prevalencia pueden estar en juego en los juicios en que participan, que no son menos importantes que la vida y la libertad, pues conciernen a la subsistencia de los obreros y a los recursos que les hacen posible conservar la vida y vivir en libertad, sino también su posición debilitada y manifiestamente inferior a la que gozan los patrones.". Sin embargo, la deficiencia en la suplencia de la queja no implica que el juzgado de Distrito deba substituirse en el cumplimiento de las cargas procesales cuando la parte quejosa omita hacerlo, debido a que el principio constitucional de suplencia de queja a que se refiere el artículo 107 Constitucional y su referente legal, contenido en la fracción V del numeral 79 de la Ley de Amparo, del que se ha hablado, no llega a ese extremo aun cuando se reclame la violación de un derecho fundamental como lo es el de seguridad social que derivó de la existencia de una relación laboral. Con base en lo anterior se tiene que la parte quejosa en su escrito de demanda reclamó la omisión de pagar por el periodo de octubre de ******************** mil dieciocho a septiembre de ******************** mil veintidós, el decreto ******************** ******************** por el que se le concedió pensión por cesantía en edad avanzada, publicado el veintisiete de junio de ******************** mil dieciocho, en el periódico oficial "Tierra y Libertad" ********************, así como la omisión de aplicar los aumentos porcentuales a la pensión por cesantía en edad avanzada conforme al aumento al salario mínimo general vigente de ******************** mil diecinueve a ******************** mil veintitrés, sin expresar conceptos de violación a ese respecto. Sin embargo, este juzgado de Distrito está obligado a formular, en suplencia de la queja deficiente, motivos de disenso siempre y cuando de su exposición se advierta la inconstitucionalidad de los actos reclama******************** lo que haga derivar en la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión. Entonces, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de pagar por el periodo de octubre de ******************** mil dieciocho a septiembre de ******************** mil veintidós, el decreto ******************** ******************** por el que se le concedió pensión por cesantía en edad avanzada, publicado el veintisiete de junio de ******************** mil dieciocho, en el periódico oficial "Tierra y Libertad" ********************, debe precisarse que si bien no se pagó dicha pensión en el periodo en mención, ello deriva de la incorporación del quejoso al servicio activo como Director del organismo descentralizado denominado "Hospital del Niño Morelense", circunstancia que motivó la suspensión del pago de dicho derecho de seguridad social (pensión por cesantía en edad avanzada). Hecho que se estima acorde al texto normativo de la Constitución General, ya que no es compatible la pensión de cesantía por edad avanzada con el desempeño de un trabajo remunerado, pues ello implicaría una reincorporación al régimen de seguridad social bajo el cual se obtuvo la pensión cuya omisión se reclama, circunstancia que hace improcedente, de manera concurrente, el pago de pensión por cesantía y el trabajo remunerado. Lo anterior es así, debido a que el derecho al pago de la pensión por cesantía en edad avanzada nace a partir de que concluye la relación de trabajo, al cumplirse la condición de tiempo trabajado y edad; por lo que es claro que ese derecho está sujeto a la circunstancia de que se efectúe el retiro del servicio activo, tal como se advierte de los artículos 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil, aplicables al caso en particular. Los numerales de referencia dicen, en lo conducente: "Artículo 56.- Las prestaciones a que se refiere la fracción VII del Artículo 54 de esta Ley, se otorgarán mediante decreto que expida el Congreso del Estado una vez satisfechos los requisitos que establecen esta Ley y los demás ordenamientos aplicables. El pago de la pensión por jubilación y por cesantía en edad avanzada, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. ." "Artículo 59.- La pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad, se separe voluntariamente del servicio público o quede separado del mismo con un mínimo de 10 años de servicio. .". Entonces, si el quejoso, quien contaba con una pensión por cesantía en edad avanzada otorgada por el organismo descentralizado denominado "Hospital del Niño Morelense", se reincorporó al servicio activo como Director de dicho organismo percibiendo la correspondiente remuneración por trabajo, ello implica que no se encuentra en retiro de toda actividad laboral, requisito indispensable para tener derecho a gozar de dicho beneficio de seguridad social (pensión por cesantía), lo que produce que no pueda subsistir, de manera simultánea, el pago de la pensión por cesantía en edad avanzada y una remuneración por trabajo, pues existe una incompatibilidad y, por ende, la falta de pago de la pensión reclamada no constituye una transgresión al derecho de seguridad social contenido en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución General. Máxime, si el organismo descentralizado denominado "Hospital del Niño Morelense" responsable exhibió copia certificada de las impresiones de los recibos de pago de pensión y de remuneración de junio a diciembre de ******************** mil dieciocho y septiembre de ******************** mil veintidós en adelante (fojas 29 a 49), documentales de las que se advierte el pago de la pensión por cesantía en edad avanzada y la remuneración por su reincorporación como Director del citado organismo, esto es, tanto del tiempo en que inició el pago por concepto de pensión, es decir, del veintiocho de junio a septiembre de ******************** mil dieciocho, con motivo del decreto de pensión que se publicó el veintisiete de junio de ******************** mil dieciocho y el pago de salario en virtud de su nombramiento de Director del organismo descentralizado denominado "Hospital del Niño Morelense", que transcurrió del uno de octubre de ******************** mil dieciocho al quince de septiembre de ******************** mil veintidós. Circunstancia que hace evidente que la omisión reclamada respecto del pago de pensión por cesantía en edad avanzada quedó suspensa debido a su incorporación al servicio activo, lo que, como ya se dijo, hace improcedente su pago simultáneo al de la remuneración por trabajo por incompatibilidad. Es aplicable por igualdad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 129/2017 (10a.), con registro 2015145, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en: Décima Época, Materias(s): Constitucional, Laboral, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, página 441, que dice: "PENSIÓN JUBILATORIA. EL ARTÍCULO 51, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. El precepto citado, al no contemplar la compatibilidad entre una pensión jubilatoria y el desempeño de un trabajo remunerado que implique incorporación o continuación al régimen obligatorio de la ley relativa, no viola el derecho a la seguridad social reconocido en el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Esta******************** Uni******************** Mexicanos, el cual prevé el derecho a la jubilación como una prestación de seguridad social que nace a partir de que concluye la relación de trabajo, al realizarse la condición de tiempo trabajado o edad del trabajador que el contrato o en este caso específico la ley señala; sin embargo, ese derecho está sujeto a la circunstancia de que se efectúe el retiro del servicio activo, pues si por cualquier causa el pensionado reingresa a una dependencia u organismo público, ello origina que siga percibiendo un salario e implica la incorporación al régimen de la ley del Instituto, lo que significa que el trabajador no se encuentra en retiro total de toda actividad laboral, siendo que el pago de la pensión por jubilación, nace hasta que se verifica el requisito esencial de la separación. Asimismo, el mencionado antepenúltimo párrafo del artículo 51 de la ley no impone como sanción la pérdida definitiva de ese beneficio, sino la facultad del Instituto de suspender la pensión al advertir su incompatibilidad, de la que puede gozarse nuevamente cuando ésta desaparezca y se reintegren las sumas recibidas en los términos que indica.". Cabe precisar que la suspensión del pago de la pensión por cesantía en edad avanzada del quejoso con motivo de su desempeño como Director del organismo descentralizado denominado "Hospital del Niño Morelense", deriva, únicamente, de la incompatibilidad de la citada pensión y el trabajo remunerado, lo que implica una suspensión y no omisión como lo aduce la parte quejosa, derecho que, como se advierte de las constancias de autos, específicamente de los recibos que obran a fojas 29 a 49, el pago se realizó nuevamente, a partir del dieciséis de septiembre de ******************** mil veintidós, una vez que concluyó el cargo de Director que desempeñó el quejoso, debido a que desapareció la incompatibilidad a recibir la pensión por cesantía en edad avanzada. En razón de lo expuesto, se posible concluir que si bien es cierto existió una suspensión en el pago de la pensión por cesantía en edad avanzada del quejoso, ello no constituye una omisión, ya que el derecho a dicho beneficio de seguridad social se concedió en virtud del cumplimiento de los requisitos de tiempo trabajado y edad del trabajador que establece la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, prerrogativa que está supeditada al retiro del servicio activo, por lo que, se insiste, la reincorporación del quejoso al mismo órgano que le paga la pensión cuya omisión de pago reclamó, implica la falta de cumplimiento de los requisitos para gozar de aquélla, por su incompatibilidad con la obtención de un salario, circunstancias que provocó la suspensión de pago y su posterior retribución, una vez que concluyó su encargo y, con ello la incompatibilidad aquí expresada. Con base en lo anterior, tampoco es procedente el pago de la actualización de los aumentos porcentuales a la pensión por cesantía en edad avanzada conforme al aumento al salario mínimo general vigente de ******************** mil diecinueve al quince de septiembre de ******************** mil veintidós, debido a que al no ser procedente el pago de la pensión, menos lo es su actualización. Finalmente, en esa misma línea del pensamiento y, en consonancia con la improcedencia de la aplicación de la suplencia de queja, así como a la carga procesal de las partes, este juzgado de Distrito también considera que no es posible analizar si la actualización del pago de la pensión por cesantía otorgada es o no constitucional, debido a que aquélla no justifica mediante el ofrecimiento de prueba pericial, que el pago de pensión correspondiente esté cubrién********************e conforme la actualización que la ley que la concede establece. Determinación que no deja en estado de indefensión al quejoso, debido a que el derecho a recibir una pensión es imprescriptible y, por ende, también lo es el de obtener la actualización de su pago, lo que se estima es reclamable en la vía laboral ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, o en vía de amparo indirecto, si se actualiza alguno de los supuestos que la ley de la materia establece para su procedencia. Por tanto, al no existir motivo de disenso alguno que suplir respecto de los actos reclama******************** aquí precisa******************** y en virtud de considerar que la suspensión del pago de la pensión de cesantía no constituye una omisión, se impone negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicita********************. SÉPTIMO. Publicación de la sentencia con supresión de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Base A, de la Constitución Política de los Esta******************** Uni******************** Mexicanos; así como en los numerales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, 110, 113, y 118, to******************** de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos preceptos 1, 3, fracciones IX y X del decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obliga********************, publica******************** en el Diario Oficial de la Federación nueve de mayo de ******************** mil dieciséis y el veintiséis de enero de ******************** mil diecisiete, respectivamente, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública protegiendo los datos considera******************** sensibles, confidenciales o reserva********************. III. DECISIÓN Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Esta******************** Uni******************** Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 79 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, en contra del acto reclamado y la autoridad responsable precisa******************** en el considerando segundo, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, en contra de los actos reclama******************** y la autoridad responsable precisa******************** en el considerando segundo, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando sexto de este fallo. Notifíquese personalmente.
Quedan 27 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · 15,864 expedientes
- Fermin Flores Jimenez599/2019
- Fermin Javier Arguello Ramírez769/2018
- Fermin Javier Arguello Ramírez1041/2018
- Fermin Mendez Romaniz314/2019
- Fermin Montaño Torres2272/2015
- Fermin Montaño Torres1190/2019
- Fermina Rodríguez Mendoza207/2014
- Fernanda Inmaculada Alio Lovera217/2017
- Fernando Almanza Guerrero523/2017
- Fernando Almanza Guerrero689/2017
- Fernando Almanza Guerrero85/2016
- Fernando Almanza Guerrero956/2016