Fernando Aldrin Ham Rodríguez
Expediente 488/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 488/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 31/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Fernando Aldrin Ham Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido en queja el auto de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, a través del cual se desechó la demanda de amparo indirecto con que se formó el presente asunto; por tanto, con fundamento el artículo 2° de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de garantías que dio origen al mismo; además, a juicio de la suscrita, no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
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MESA II NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
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MESA II SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE DIECISEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE: Agréguese a los presentes autos la diligencia de cuenta de quince de mayo en curso, de la que se advierte que el quejoso Fernando Aldrín Ham Rodríguez, ante presencia judicial, ratificó el contenido y firma del escrito presentado el treinta de abril último (fojas 6-16), en la oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en Tampico y Ciudad Madero, y en vía de consecuencia, téngasele cumpliendo en los términos indicados en auto de nueve de mayo en curso (fojas 30-34). En ese sentido, vista la demanda de amparo promovida por Fernando Aldrín Ham Rodríguez, contra actos de la Sección Tres del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, con residencia en Altamira (sic); se provee: En primer término, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo en el cual se establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", se obtiene que, en la especie, la parte quejosa reclama de la Sección Tres del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, con residencia en Altamira, lo siguiente: La negativa de dar cumplimiento a la suspensión de once de septiembre de dos mil dieciocho, decretada en el incidente de suspensión del juicio de amparo directo promovido por su contraparte en contra de un laudo condenatorio y; El auto de ejecución de treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Sobre esa base, en el presente caso respecto de los citados actos reclamados se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII en relación con el 107 fracción V de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario y en los cuales se establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.] Dicha fracción regula la improcedencia del amparo respecto a dos supuestos: a) Resoluciones emitidas en los juicios de amparo; y, b) Aquéllas que se realicen en ejecución o en omisión de las mismas. En cuanto al primer supuesto, la improcedencia tiene como finalidad evitar la promoción de juicios de amparo infinitos contra actos dictados en otro procedimiento de la misma naturaleza, partiendo principalmente de que el actuar de la autoridad de control constitucional se encuentra sujeto a la interposición de los medios de impugnación que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, prevé, y no mediante un nuevo y autónomo juicio de derechos. Respecto a la segunda hipótesis, el amparo es improcedente cuando se reclaman determinaciones dictadas en ejecución de las resoluciones emitidas en los juicios de amparo o en su renuencias de ser cumplimentadas. El precepto en alusión no distingue, entre la decisión que respecto al fondo se pronuncie y que resuelve el planteamiento constitucional, y los diversos proveídos dictados durante la tramitación de la respectiva instancia constitucional; contra estas resoluciones como en las primeras, no es dable promover demanda de amparo, ya que no compete a un órgano de control de la constitucionalidad analizar los actos de otro órgano de la misma naturaleza, cuando se actúa en ejercicio de esa facultad. Ciertamente, la prohibición de ejercer la acción de amparo contra determinaciones dictadas en los procedimientos de esa naturaleza, no se limita a la sentencia culminatoria del juicio respectivo, sino también a cualquier decisión inmersa en él, pues las resoluciones principales, como las de trámite, no pueden ser reclamadas mediante otro amparo, ya que ello provocaría juicios interminables. En ese tenor, la causal de improcedencia en comento no se refiere únicamente a que el juicio de amparo resulta improcedente para combatir aquellas determinaciones que ponen fin a la controversia constitucional, o son dictadas en cumplimiento a las mismas, sino también a todas las actuaciones y omisiones que tengan lugar durante su substanciación, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación. Estimar lo contrario ocasionaría ejercer un control constitucional sobre otro de la misma naturaleza, lo que sería un contrasentido. En todo caso, la legalidad de esas resoluciones sólo debe ser revisada en los supuestos en que la ley de amparo lo permite y de acuerdo con los recursos en ella previstos, pero ni la decisión de fondo o cualquier otro tipo de proveído contenido en la sentencia de amparo, puede ser impugnado a través de un nuevo juicio constitucional. Por lo anterior, la causal de improcedencia que aquí ocupa se explica por la necesidad de proteger la estabilidad y seguridad jurídica, pues éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo, las resoluciones pronunciadas en ellos, en cumplimiento de éstas o en la omisión de su cumplimiento, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería inevitable. En la especie como ya se estableció en párrafos que anteceden el acto reclamado de manera destacada lo constituye la omisión de cumplir con la suspensión de once de septiembre de dos mil dieciocho, decretada en el incidente de suspensión del juicio de amparo directo promovido por la Sección Tres del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexica con residencia en Altamira. Ahora bien, para evidenciar la causa de improcedencia invocada, conviene precisar que de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad el impetrante refiere (foja 10): ".habiendo sido dictado el laudo y notificado el laudo dictado (sic) y habiendo sido notificado la hoy Tercero Perjudicado SECCIÓN 3 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA del laudo dictado (sic) dicho demandado hoy Tercero Perjudicado acudió a solicitar el Amparo y Protección de la Justicia Federal mismo que interpuso Amparo Directo mismo que fuera radicado el día 29 de Agosto del año 2018 y notificado al suscrito el día 9 de Octubre del año 2018 en el cual mediante resolución de fecha 11 de Septiembre del año 2018 resolvió respecto a la Suspensión del Acto Reclamado solicitada, en el cual en su Considerando 3 resolvió: "En el presente caso, el Laudo impugnado ha establecido efectuar propuesta a favor del C. FERNANDO ALDRIN HAM RODRÍGUEZ, en consecuencia a fin de asegurar la subsistencia del trabajador mientras dura el juicio de amparo, se niega la suspensión del acto reclamado en cuanto a la propuesta ordenada a favor del C. FERNANDO ALDRIN HAM RODRÍGUEZ que se menciona, hasta en tanto se resuelva el Juicio de Amparo y se concede por el resto de la condena; exceptuándose a la quejosa de exhibir fianza." En ese contexto, dichas manifestaciones deben considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse. II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio." Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." De igual forma, es aplicable a lo anterior, la tesis de rubro y texto : AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe. En ese contexto, dicha manifestación no se encuentra aislada, sino que en la demanda que nos ocupa, el promovente de manera reiterada refiere haber promovido un juicio laboral en contra de la Sección Tres del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana con residencia en Altamira -y otra- a quien ahora señala como autoridad responsable y dado que el laudo dictada le fue adverso a la referida demandada, dicha sección sindical promovió juicio de amparo directo. En ese sentido, el once de septiembre de dos mil dieciocho, en el referido juicio uniinstancial al resolver el incidente de suspensión, el tribunal negó (en beneficio del aquí quejoso) la suspensión del acto reclamado en cuanto a la propuesta ordenada a favor del C. Fernando Aldrin Ham Rodríguez, hasta en tanto se resuelva el Juicio de Amparo. Entonces, de la narrativa del quejoso se pone de manifiesto que el acto reclamado lo hace consistir en que la determinación referida no ha sido acatada por la Sección Tres del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana con residencia en Altamira, lo que deja patente que, aunque resulta un acto omiso, ello acontece en renuencia de una determinación incidental emitida en diverso juicio de amparo, lo que en vía de consecuencia no puede ser analizado en otro controvertido constitucional. Lo anterior cobra relevancia si tomamos en consideración que la tramitación incidental en el juicio de amparo directo tiene sus propias reglas, en donde el aquí promovente puede instar a efecto de que el tribunal que conoce del juicio de amparo directo haga cumplir sus determinaciones. Sustentar lo contrario y admitir la demanda que nos ocupa, daría pie a que las determinaciones que se emitan en diversos juicios de amparo ya sea directo o indirecto pudieran ser revisadas mediante la promoción de otro juicio de amparo aun y cuando lo que se está tratando de combatir sea la falta de cumplimiento a esas determinaciones. Similar criterio opera en relación con el diverso acto reclamado consistente el auto de ejecución de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, ya que tanto de las manifestaciones del quejoso como de las transcripción del referido auto (foja 10), se pone de manifiesto que éste fue emitido en cumplimiento a la multicitada resolución interlocutoria de once de septiembre de ese mismo año, emitida en el incidente de suspensión del juicio de amparo directo a que se ha hecho referencia. Por ello, resulta viable concluir que la resolución interlocutoria de once de septiembre de dos mil dieciocho y la diversa de treinta de noviembre de ese mismo año, constituyen una unidad, de ahí que el juicio de amparo deviene improcedente, al surtirse la hipótesis contenida en la fracción IX del ordinal 61, de la Ley de Amparo. Resulta de exacta aplicación la tesis de rubro y texto : AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS U OMISIONES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CUANDO ACTÚAN COMO AUXILIARES DE LA JUSTICIA FEDERAL EN LOS INCIDENTES DE SUSPENSIÓN. Conforme a la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones dictadas en juicios de esa misma naturaleza. De esta forma, se considera que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones pronunciadas en auxilio de la Justicia Federal, como acontece cuando las autoridades responsables emiten determinaciones vinculadas directamente con el incidente de suspensión, o bien, cuando son omisas en relación con alguna cuestión de esa incidencia, toda vez que la citada ley establece el medio de defensa o recurso pertinente para impugnar la conducta de las autoridades responsables cuando actúen o dejen de hacerlo en el trámite de la suspensión, en términos de la fracción VIII del artículo 95 de la referida ley. Ello, porque cualquiera que sea el auto o resolución pronunciado en un cuaderno de amparo, sea directo o indirecto, la ley prohíbe que pueda ser combatido a través de otro juicio constitucional incluso si es por la falta de acatamiento de esas providencias y ello atiende a la inconveniencia de aceptar un medio de control constitucional sobre otro que está en trámite o ha sido concluido, en el entendido que no debe concretarse al expediente principal, sino también se refiere tratándose de la suspensión del acto reclamado, como acontece en la situación en concreto. De igual forma resulta de exacta aplicación la tesis de rubro y texto : SUSPENSION, AMPARO CONTRA RESOLUCIONES EN EL INCIDENTE DE. Si la orden que el quejoso reclama, se dictó con motivo de la ejecución de un mandamiento recaído en el incidente de suspensión, relativo a un diverso juicio de amparo, se está en el caso previsto por el artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo, o en la ejecución de las mismas; sin que esta circunstancia deje al quejoso en estado de indefensión, toda vez que ha tenido expeditos sus derechos para recurrir, dentro de aquél otro juicio, contra la resolución que reclama. Lo considerado también encuentra apoyo en la tesis de rubro: "ACTOS RECLAMADOS DERIVADOS DE UNA RESOLUCIÓN INCIDENTAL EN JUICIO DE GARANTÍAS." Ante las relatadas circunstancias, ante la notoria e indudable improcedencia del presente juicio de amparo, con fundamento en el citado artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda formulada por Fernando Aldrin Ham Rodríguez. Con la anterior determinación, no se desconoce que inicialmente se previno a la parte promovente; sin embargo, fue para dotar de certidumbre jurídica lo contenido en el escrito que se atiende ante la discrepancia de la firma que lo calza con la diversa que obra en distinto escrito, por ello, la satisfacción de la referida prevención, no constriñe a este órgano jurisdiccional admitir la demanda de amparo, ya que tal prevención lo fue para satisfacer uno de los requisitos que contempla el artículo 108 de la ley de la materia los cuales resultan ser requisitos sine qua non para proveer en relación a la demanda.
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MESA II CÚMPLASE
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