Fernando Aldrin Ham Rodriguez
Expediente 950/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 14 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 950/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 10/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Fernando Aldrin Ham Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo 950/2017-III-B, y al considerar que las partes no manifestaron inconformidad alguna contra el acuerdo de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se tuvo por cumplida la sentencia concesoria de amparo dictada en este juicio; en consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado estado, con apoyo en el artículo 214, de la Ley de la Materia, previas anotaciones en el libro de gobierno respectivo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del diverso punto Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que si bien por una parte se sobreseyó, en otra se concedió el amparo solicitado, que en su momento sólo quedará para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerar la suscrita que no tienen relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término concedido a las partes respecto de la vista que se les dio mediante proveído de treinta de noviembre del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el juicio en que se actúa, desahogando dicha vista el autorizado en términos amplios de la parte quejosa; en consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, la suscrita se pronuncia sobre dicho cumplimiento. Por sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete (fojas 44 a 50), se sobreseyó el juicio respecto de los actos reclamados al actuario adscrito a la junta responsable y, a la vez, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa para el efecto que la Junta Especial Número Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tampico, Tamaulipas, en el ámbito de su competencia realizara lo siguiente: De manera inmediata dictara el acuerdo que corresponda a las pruebas ofrecidas por las partes, dentro del expediente laboral ***, de su índice. Dicha sentencia causó ejecutoria por acuerdo de veintitrés de noviembre del año en curso (fojas 55 y 56), mismo en el que se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la ejecutoria de mérito. Acatando lo ordenado en la ejecutoria antes referida, el Presidente de la junta responsable, por oficio 4462/2017, remitió el acuerdo de veintinueve de noviembre pasado (fojas 61 a 64), en donde admitió las pruebas ofrecidas por las partes y señaló diversas fechas para su desahogo, dentro del expediente laboral ***, de su índice. A las constancias antes referidas se les confiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, de donde se advierte que la autoridad responsable con dichas actuaciones procesales se ajustó a las directrices plasmadas en la sentencia de amparo. Por tanto, se concluye que LA SENTENCIA EJECUTORIADA PRONUNCIADA EN ESTE JUICIO DE AMPARO, HA QUEDADO CUMPLIDA, puesto que la autoridad responsable ajustó su actuación a la sentencia dictada en el presente asunto razón por la cual hágase del conocimiento de este acuerdo a las partes, y una vez transcurrido el término que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Sin que sea obstáculo para concluir como se hace, esto es, para tener por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en autos, lo manifestado por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, en el sentido de que sólo está parcialmente cumplida la sentencia, porque al actuario adscrito a la junta responsable se le reclamó la negativa de llevar a cabo la notificación de las pruebas que se admitieran y acordaran en el acuerdo que se dictara en cumplimiento a la sentencia amparadora, por lo que, desde su perspectiva, no se ha dado cabal cumplimiento a la misma, pues tendría que promover otro juicio de amparo contra la omisión plasmada, todo ello en perjuicio de la pronta impartición de justicia. Al respecto, debe decirse a la parte quejosa que corresponde a la suscrita juzgadora verificar que la sentencia se encuentre cumplida en sus términos, es decir, tal como fue propuesta en la ejecutoria y velar por los derechos que deriven de las propias ejecutorias, los cuales, incluso son irrenunciables, pese a la voluntad de los quejosos. Ello en razón de que se debe partir de la premisa de que una sentencia al ser ejecutoriada, constituye cosa juzgada, la cual se convierte en una norma jurídica individualizada y su cumplimiento no puede quedar al arbitrio de las partes, pero tampoco puede ir más allá de lo resuelto. Tal aserto se justifica, en la medida en que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende el dictado eficaz de las resoluciones. Además, del precepto referido deriva el principio de congruencia, el cual consiste en que las resoluciones se dicten de conformidad con la litis planteada, es decir, atendiendo a lo formulado por las partes (congruencia externa), y que no contengan consideraciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos (congruencia interna). Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido consistente en sostener que en el dictado de toda sentencia debe prevalecer la congruencia, lo cual es acorde con el cumplimiento eficaz de las ejecutorias de amparo, establecido por el legislador en los artículos 196, 197 y 201, fracción I, de la ley de la materia, los cuales precisan que dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos. Así las cosas, salta a la vista que lo solicitado por el quejoso, a través de su autorizado excede de lo congruentemente resuelto en el efecto de la sentencia ejecutoriada dictada en autos; en principio, porque se decretó el sobreseimiento de los actos reclamados al actuario cuya falta de notificación aduce es necesaria para tener por cumplida la ejecutoria dictada en autos. Y en segundo término, porque la falta de cumplimiento que aduce, la hace derivar de la omisión del actuario de notificar un auto que ni siquiera existía al momento del dictado de la sentencia de amparo, lo que torna evidente que el cumplimiento de la misma no puede ocuparse de actos que eran inexistentes a la fecha de presentación de la demanda y de la sentencia; de ahí que no le asista razón a la parte quejosa en cuanto a la pretendida falta de cumplimiento y, por ende se desestimen sus consideraciones.
- Principal
MESA III, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y A LA PARTE TERCERA INTERESADO JOSÉ DE JESUS ALARCÓN RAMOS Y SECCION 3 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE PETROLEOS MEXICANOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE: Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término concedido a las partes respecto de la vista que se les dio mediante proveído de treinta de noviembre del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el juicio en que se actúa, desahogando dicha vista el autorizado en términos amplios de la parte quejosa; en consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, la suscrita se pronuncia sobre dicho cumplimiento. A lo anterior es aplicable la tesis de jurisprudencia 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Por sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete (fojas 44 a 50), se sobreseyó el juicio respecto de los actos reclamados al actuario adscrito a la junta responsable y, a la vez, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa para el efecto que la Junta Especial Número Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tampico, Tamaulipas, en el ámbito de su competencia realizara lo siguiente: ? De manera inmediata dictara el acuerdo que corresponda a las pruebas ofrecidas por las partes, dentro del expediente laboral ..., de su índice. Dicha sentencia causó ejecutoria por acuerdo de veintitrés de noviembre del año en curso (fojas 55 y 56), mismo en el que se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la ejecutoria de mérito. Acatando lo ordenado en la ejecutoria antes referida, el Presidente de la junta responsable, por oficio ... remitió el acuerdo de veintinueve de noviembre pasado (fojas 61 a 64), en donde admitió las pruebas ofrecidas por las partes y señaló diversas fechas para su desahogo, dentro del expediente laboral ... de su índice. A las constancias antes referidas se les confiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, de donde se advierte que la autoridad responsable con dichas actuaciones procesales se ajustó a las directrices plasmadas en la sentencia de amparo. Por tanto, se concluye que LA SENTENCIA EJECUTORIADA PRONUNCIADA EN ESTE JUICIO DE AMPARO, HA QUEDADO CUMPLIDA, puesto que la autoridad responsable ajustó su actuación a la sentencia dictada en el presente asunto razón por la cual hágase del conocimiento de este acuerdo a las partes, y una vez transcurrido el término que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Sin que sea obstáculo para concluir como se hace, esto es, para tener por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en autos, lo manifestado por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, en el sentido de que sólo está parcialmente cumplida la sentencia, porque al actuario adscrito a la junta responsable se le reclamó la negativa de llevar a cabo la notificación de las pruebas que se admitieran y acordaran en el acuerdo que se dictara en cumplimiento a la sentencia amparadora, por lo que, desde su perspectiva, no se ha dado cabal cumplimiento a la misma, pues tendría que promover otro juicio de amparo contra la omisión plasmada, todo ello en perjuicio de la pronta impartición de justicia. Al respecto, debe decirse a la parte quejosa que corresponde a la suscrita juzgadora verificar que la sentencia se encuentre cumplida en sus términos, es decir, tal como fue propuesta en la ejecutoria y velar por los derechos que deriven de las propias ejecutorias, los cuales, incluso son irrenunciables, pese a la voluntad de los quejosos. Ello en razón de que se debe partir de la premisa de que una sentencia al ser ejecutoriada, constituye cosa juzgada, la cual se convierte en una norma jurídica individualizada y su cumplimiento no puede quedar al arbitrio de las partes, pero tampoco puede ir más allá de lo resuelto. Tal aserto se justifica, en la medida en que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende el dictado eficaz de las resoluciones. Además, del precepto referido deriva el principio de congruencia, el cual consiste en que las resoluciones se dicten de conformidad con la litis planteada, es decir, atendiendo a lo formulado por las partes (congruencia externa), y que no contengan consideraciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos (congruencia interna). Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido consistente en sostener que en el dictado de toda sentencia debe prevalecer la congruencia, lo cual es acorde con el cumplimiento eficaz de las ejecutorias de amparo, establecido por el legislador en los artículos 196, 197 y 201, fracción I, de la ley de la materia, los cuales precisan que dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos. Así las cosas, salta a la vista que lo solicitado por el quejoso, a través de su autorizado excede de lo congruentemente resuelto en el efecto de la sentencia ejecutoriada dictada en autos; en principio, porque se decretó el sobreseimiento de los actos reclamados al actuario cuya falta de notificación aduce es necesaria para tener por cumplida la ejecutoria dictada en autos. Y en segundo término, porque la falta de cumplimiento que aduce, la hace derivar de la omisión del actuario de notificar un auto que ni siquiera existía al momento del dictado de la sentencia de amparo, lo que torna evidente que el cumplimiento de la misma no puede ocuparse de actos que eran inexistentes a la fecha de presentación de la demanda y de la sentencia; de ahí que no le asista razón a la parte quejosa en cuanto a la pretendida falta de cumplimiento y, por ende se desestimen sus consideraciones. Brinda apoyo a lo antes expuesto la tesis CCXLII/2017, de la Primera Sala de la Máxima Tribuna del País, que lleva por título "EJECUTORIAS DE AMPARO. PARA QUE SU CUMPLIMIENTO SEA TOTAL, SIN EXCESOS O DEFECTOS, DEBE VERIFICARSE LA CONGRUENCIA EN SU DICTADO.
- Principal
Agréguese el escrito signado por Luis José Larraga Piñones, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista ordenada mediante auto de treinta de noviembre del presente año, y realiza diversas manifestaciones respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico; por tanto, se tiene por hechas sus manifestaciones y una vez que este juzgado se pronuncie sobre el cumplimiento de la ejecutoria serán tomadas en cuenta.
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