Fernando Agustin Vargas Perez

Expediente 1177/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1177/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Fernando Agustin Vargas Perez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, remite testimonio de la ejecutoria dictada el diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, en el recurso de queja 287/2019, concluyendo con el punto resolutivo que es del tenor siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." En mérito de lo anterior; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Asimismo, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto décimo primero, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Finalmente, al ubicarse en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/7543/2019 de doce de diciembre de dos mil diecinueve, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.YARIGH*

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo e informa que admitió el recurso de queja y quedó registrado con el número 287/2019; el que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Notifíquese...

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito signado ********************, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se da trámite al recurso de queja en contra del auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve. Por consiguiente, en vía de informe con relación a la materia de la queja, comuníquese a la Superioridad que es cierto el acto, toda vez que mediante acuerdo de tres de septiembre de dos mil diecinueve, se determinó desechar de plano la demanda de amparo, en virtud de que se advertían motivos manifiestos e indudables de improcedencia, por las razones que ahí se expusieron. Establecido lo anterior se ordena enviar las copias necesarias inherentes al auto recurrido, así como las que se estimen pertinentes para la resolución de la queja, el escrito original de agravios y copia simple del mismo, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, para la substanciación del recurso interpuesto. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, tres de septiembre de dos mil diecinueve. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Visto el escrito de demanda presentado por FERNANDO AGUSTIN VARGAS PÉREZ, contra actos de la Comisión designada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, sustituyentes del Consejo de la Judicatura del Estado; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese bajo el número 1177/2019-III. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Esta lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo del texto siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.] La actualización de la causa de improcedencia descansa en las siguientes consideraciones. En primer lugar se citará el texto de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En ese orden de ideas, el numeral 17 de la Ley de la materia, prevé que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de la materia, dispone que los plazos a que se refiere el artículo citado en el párrafo precedente, se computaran de la siguiente manera: A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. A partir del día siguiente en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a), es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento, haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 17 de la Ley de la materia para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. Siendo así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, se suscite a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en el artículo 18 de la ley de la materia, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por lo tanto, la esencia del referido artículo 18, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que ello constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio constitucional, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Lo anterior, por similitud jurídica, tiene sustento en la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página mil novecientos treinta y uno, tomo XXXI, enero de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro establecen "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA).". Asimismo, apoya lo anterior la tesis de la Décima Época de número de registro 2009762, visible en el Semanario Judicial de la Federación, libro veintiuno, agosto de dos mil quince, Tomo III, página 2380, del siguiente rubro: "INICIO DEL TÉRMINO PARA PROMOVER AMPARO CUANDO NO EXISTE NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO." En ese orden de ideas, debe señalarse que el quejoso en su escrito inicial de demanda señaló como acto reclamado la resolución dictada el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, por la Comisión designada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el expediente 24/2019, a través de la cual determinó la existencia de responsabilidad administrativa imponiendo al impetrante una sanción económica de diez unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $754.90 (setecientos cincuenta y cuatro pesos 90/100 moneda nacional), y refirió bajo protesta de decir verdad que con fecha diez de julio de dos mil diecinueve, la Actuaria adscrita a la Visitaduría General del Poder Judicial del Estado, le notificó la resolución combatida, dicha manifestación como confesión hace prueba plena de conformidad con los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral segundo, lo que además se corrobora con la cédula de notificación personal realizada al aquí quejoso (por conducto de quien refirió llamarse Luis Manuel Vargas Pérez) el diez de julio de dos mil diecinueve, suscrita por la Actuaria adscrita a la autoridad responsable, con la que se advierte notificó al ahora quejoso la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, misma que obra en las constancias que en copia certificada remitió la también aquí responsable en el diverso juicio de amparo 1042/2019-III del índice de este órgano jurisdiccional, lo que se invoca como hecho notorio en términos del numeral 88 de la legislación adjetiva antes citada, de aplicación supletoria y en la jurisprudencia de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE". Por lo tanto, el plazo de quince días para la interposición de la demanda de amparo inició a partir del doce de julio de dos mil diecinueve, ello es así puesto que, como ya quedó precisado, la parte quejosa fue notificada de la resolución combatida desde el diez de julio de dos mil diecinueve. Entonces, el cómputo de la oportunidad en la impugnación de los actos reclamados debe realizarse a partir del día siguiente en que surtió sus efectos la notificación realizada a la ahora parte quejosa, esto es, a partir del doce de julio y feneció el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, sin contar en ese lapso los días inhábiles que mediaron entre ellos, así como el periodo vacacional de la autoridad responsable que comprendió del trece de julio al cuatro de agosto de dos mil diecinueve, en esa tesitura, si la demanda de amparo que dio origen al presente asunto fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el dos de septiembre de dos mil diecinueve se advierte que fue presentada fuera del plazo legal de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, y como consecuencia se ha consentido tácitamente el acto que se reclama. Sirve de sustento a lo anterior, por las razones que la integran, la jurisprudencia PC.XVIII.P.A. J/2 K (10a.), emitida por el Pleno en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo III, Décima Época, consultable a página 1581, con registro 2013399, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA, SURTEN EFECTOS EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE PRACTICAN (LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADA). El artículo 17 de la Ley de Amparo prevé el plazo general de 15 días para presentar la demanda relativa, el cual, conforme al numeral 18 del propio ordenamiento, se cuenta desde el día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. Ahora, como el artículo 73 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos abrogada, sólo dispone que "los términos se contarán por días hábiles, empezarán a correr al día hábil siguiente de la notificación", sin que este precepto o algún otro de dicha legislación establezca el momento en que surten efectos las notificaciones personales, en atención al principio de interpretación más favorable a la persona, contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que las notificaciones personales en materia administrativa surten efectos el día siguiente al en que se practican." -Lo resaltado es propio- Asimismo, es aplicable por similitud jurídica la tesis número 216152, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 235, tomo XI, junio de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, cuyo rubro siguiente:Tomo XXXI, Enero de 2010 "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS." Sin que pase desapercibido que el quejoso haya manifestado que tuvo conocimiento pleno del acto reclamado el doce de agosto de dos mil diecinueve, -momento en que le fueron entregadas las copias certificadas solicitadas de la resolución en cuestión- , y que es a partir de tal fecha que se debe de hacer el computo de quince días para la presentación de la demanda de amparo. Pues como ya se precisó en párrafos precedentes, el artículo 18 de la Ley de Amparo prevé tres diferentes hipótesis en que inicia el computó para la presentación de la demanda de amparo, y que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, y, en el caso que nos ocupa el promovente de amparo se ubica en la primera se éstas, es decir, a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación de la resolución reclamada, ello es así, pues el quejoso es parte de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, por lo tanto, es inconcuso que se puede imponer de los autos del expediente administrativo; sin que la legalidad de la notificación practicada al quejoso pueda ser materia de análisis en el presente juicio. Sirve de sustento a lo anterior por los motivos que la integran, la tesis 2a./J. 54/2017, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, visible a página 835, con número de registro 2014430, de rubro: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, DEBEN TOMAR EN CONSIDERACIÓN LA NUEVA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO PRACTICADA CUANDO RESULTE FUNDADO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES." Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que se reclama se estima consentido tácitamente, al no haberse promovido el juicio de amparo dentro del término que señala este último precepto, como en seguida se pondrá de manifiesto. Cabe precisar que el acto aquí reclamado no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción para al término de quince días para la presentación de la demanda, que establecen las fracciones I a IV del artículo 17 de la ley de la materia. Por lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, promovida por FERNANDO AGUSTIN VARGAS PÉREZ, contra actos de la Comisión designada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, sustituyentes del Consejo de la Judicatura del Estado. DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, asimismo, se tiene por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo, a las personas propuestas. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

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