Fernando Agustín Vargas Pérez

Expediente 2394/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
2394/2014
Año
2014
Actuaciones
13
Última actuación
29/12/2015

Partes del expediente

  • Fernando Agustín Vargas Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de diciembre de dos mil quince. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se aboque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de veintisiete de noviembre de dos mil quince, mediante el cual se declaró cumplida la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de garantías y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. Finalmente, toda vez que la Secretaria General de Acuerdos del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, remitió copia certificada de las documentales solicitadas por este Juzgado Federal; en esas condiciones, remítase a la autoridad responsable Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, las copias certificadas de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, en caso de que la autoridad responsable, se encuentre gozando del periodo vacacional correspondiente a este año, instrúyase al Actuario de la adscripción para que una vez que reanude labores, proceda a notificar el contenido del presente auto, así como las demás notificaciones que se ordenen durante ese periodo vacacional. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma la licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante licencia autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/6655/2015 de veintitrés de noviembre de dos mil quince, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa: FERNANDO AGUSTÍN VARGAS PÉREZ, el auto de veintisiete de noviembre de dos mil quince, que en lo conducente establece: ... Cuernavaca, Morelos, veintisiete de noviembre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo de los que se advierte que por auto de tres de noviembre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa, con el oficio signado por el Delegado del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector, y en atención a ello hizo las manifestaciones que a su parte correspondieron. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia terminada de engrosar el doce de febrero de dos mil quince, en el primer punto resolutivo determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Fernando Agustín Vargas Pérez, para los efectos siguientes: ".Al haber resultado esencialmente fundados los conceptos de violación analizados, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, para el efecto de que el Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, deje insubsistente la resolución dictada el diecinueve de agosto de dos mil catorce, sólo por lo que hace al quejoso, en el expediente de queja administrativa 11/2014 y, en su lugar, en uso de sus facultades, emita una nueva en la que tome en consideración lo expuesto en esta sentencia y valore los siguientes aspectos: Determine si a pesar de que en el juicio ejecutivo mercantil de origen el principio dispositivo tiene aplicación, la parte quejosa debió interrumpir el procedimiento en términos de lo que establecen los artículos 369 al 372 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no obstante no haber mediado solicitud alguna de las partes. En relación con el tema, también deberá valorar si podría constituir una intromisión en la independencia judicial del juzgador, el haber determinado imponerle una sanción administrativa por no haber interrumpido el procedimiento en términos de lo que establecen los artículos 369 al 372 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues parecería que se le pretende instruir en el criterio jurídico que debió asumir. Determinar si la apreciación contenida en la resolución impugnada, en el sentido de que el juzgador sancionado, ahora quejoso, debió ordenar la interrupción del procedimiento en el juicio ejecutivo mercantil de origen, implicaría una traba innecesaria y carente de razonabilidad en el derecho de acceso a la justicia de las partes que intervienen en ese litigio, pues la parte actora ya se había desistido de la acción intentada en contra de la codemandada Maximina Hernández Aldana. Que el Consejo de la Judicatura responsable se pronuncie en torno al planteamiento del quejoso, en el sentido de que el auto de regularización del procedimiento del catorce de marzo de dos mil trece era legal, pues de conformidad con el artículo 1055, fracción VIII, del Código de Comercio, los tribunales podrán ordenar que se subsane toda omisión que adviertan en la substanciación, a fin de regular el procedimiento correspondiente. Que el Consejo de la Judicatura responsable valore si la sanción que se impuso al quejoso en la queja administrativa 32/2006 podría tomarse en consideración a fin de agravar su situación, a pesar de que constituye un hecho que se desplegó en el ámbito laboral de la relación jurídica que, en su momento, unía al servidor público con el Poder Judicial. Que el Consejo de la Judicatura responsable justifique el por qué determinó imponer al quejoso una sanción de naturaleza económica y no optó por una de menor gravedad, como lo sería la amonestación o el apercibimiento, sobre todo si se toma en consideración que aquel no había sido sancionado previamente por la comisión de alguna falta administrativa grave, pues la que consta en sus antecedentes es de índole laboral." Inconforme con lo anterior, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, el cual se turnó al Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, quedando registrado con el número 301/2015, y en ejecutoria dictada en sesión de dieciocho de septiembre de dos mil quince, confirmó la sentencia recurrida, por lo que se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. En acatamiento a lo anterior, el Delegado del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, por oficio recibido el tres de noviembre del año en curso, remitió copia certificada de la resolución de veintinueve de octubre del presente año, dictada en la queja administrativa 11/2014-2. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º. Ahora bien, del análisis de las citadas documentales, se advierte que el fallo protector se encuentra cumplido, por las siguientes razones jurídicas: Dejó insubsistente la resolución de diecinueve de agosto de dos mil catorce, dictada en la queja administrativa 11/2014-2. Por cuanto a que si debió de interrumpir el procedimiento en el juicio de origen ante el fallecimiento de la codemandada Maximina Hernández Aldana, en base a los argumentos hechos valer por el quejoso, la responsable determinó la falta de responsabilidad administrativa en el desempeño del cargo como Juez Menor, en razón de que la demandada en el juicio tuvo expedito su derecho u oportunidad de exhibir los documentos correspondientes y solicitar la suspensión del mismo, lo cual no aconteció; y en virtud de que el principio dispositivo impide la actuación oficiosa de cualquier juzgador en los asuntos que se someten a su consideración. Asimismo, determinó que la aplicación oficiosa de los artículos 369 al 372 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, al procedimiento ejecutivo mercantil violentaría el principio dispositivo, pues recae sobre las partes la obligación de probar sus pretensiones o defensas, por lo que al no existir solicitud de las partes para interrumpir el procedimiento, el quejoso no estaba sujeto a pronunciarse de manera oficiosa al respecto, razón por la que no implica alguna omisión que derive en alguna responsabilidad administrativa, por parte del mismo. Sostuvo que regularizar el procedimiento por el hecho de la defunción de la codemandada, implicaría una traba innecesaria y carente de razonabilidad en el derecho de acceso a la justicia de las partes que intervienen en el litigio y que si bien el quejoso aduce que el acuerdo fue dictado en observancia al artículo 1055 fracción VIII del Código de Comercio; sí implicó una traba innecesaria y carente de razonabilidad en el derecho de acceso a la justicia de las partes que intervienen en el litigio y si bien como lo refiere la ley le confiere el carácter de director del proceso, también lo es, que dicha facultad debe hacerse en uso de cualquier irregularidad que observara durante la tramitación del procedimiento, lo cual en el presente caso no acontece, pues es en las partes en quienes recae esa carga, en tanto que ello redunda en su propio beneficio, tal y como lo dispone el artículo 1194 del Código de Comercio. Se pronunció por cuanto al auto de catorce de marzo de dos mil trece, y determinó que constituye una desviación a la legalidad, pues resulta evidente que como director del proceso, actuó con notorio descuido al omitir las constancias que obran en autos del juicio de origen. Por cuanto a si la sanción impuesta al quejoso en la queja administrativa 32/2006, determinó que la misma, no puede valorarse en perjuicio del funcionario a fin de agravar sanación impuesta por la falta imputada. De manera fundada y motivada con libertad de jurisdicción revocó la sanción económica previamente impuesta, ordenando se le reintegrara al quejoso los ocho días de salario mínimo que le fueron impuestos, y determinó sancionarlo con un apercibimiento, para que en lo sucesivo desempeñe sus labores con profesionalismo. Consecuentemente, resulta valido afirmar que la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. Finalmente, por cuanto a las manifestaciones realizadas por la parte quejosa, se tienen por vertidas y en atención a las mismas, dígase que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden, en los que como se puntualizó la sentencia protectora quedó debidamente cumplida. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de noviembre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo de los que se advierte que por auto de tres de noviembre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa, con el oficio signado por el Delegado del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector, y en atención a ello hizo las manifestaciones que a su parte correspondieron. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia terminada de engrosar el doce de febrero de dos mil quince, en el primer punto resolutivo determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Fernando Agustín Vargas Pérez, para los efectos siguientes: ".Al haber resultado esencialmente fundados los conceptos de violación analizados, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, para el efecto de que el Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, deje insubsistente la resolución dictada el diecinueve de agosto de dos mil catorce, sólo por lo que hace al quejoso, en el expediente de queja administrativa 11/2014 y, en su lugar, en uso de sus facultades, emita una nueva en la que tome en consideración lo expuesto en esta sentencia y valore los siguientes aspectos: Determine si a pesar de que en el juicio ejecutivo mercantil de origen el principio dispositivo tiene aplicación, la parte quejosa debió interrumpir el procedimiento en términos de lo que establecen los artículos 369 al 372 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no obstante no haber mediado solicitud alguna de las partes. En relación con el tema, también deberá valorar si podría constituir una intromisión en la independencia judicial del juzgador, el haber determinado imponerle una sanción administrativa por no haber interrumpido el procedimiento en términos de lo que establecen los artículos 369 al 372 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues parecería que se le pretende instruir en el criterio jurídico que debió asumir. Determinar si la apreciación contenida en la resolución impugnada, en el sentido de que el juzgador sancionado, ahora quejoso, debió ordenar la interrupción del procedimiento en el juicio ejecutivo mercantil de origen, implicaría una traba innecesaria y carente de razonabilidad en el derecho de acceso a la justicia de las partes que intervienen en ese litigio, pues la parte actora ya se había desistido de la acción intentada en contra de la codemandada Maximina Hernández Aldana. Que el Consejo de la Judicatura responsable se pronuncie en torno al planteamiento del quejoso, en el sentido de que el auto de regularización del procedimiento del catorce de marzo de dos mil trece era legal, pues de conformidad con el artículo 1055, fracción VIII, del Código de Comercio, los tribunales podrán ordenar que se subsane toda omisión que adviertan en la substanciación, a fin de regular el procedimiento correspondiente. Que el Consejo de la Judicatura responsable valore si la sanción que se impuso al quejoso en la queja administrativa 32/2006 podría tomarse en consideración a fin de agravar su situación, a pesar de que constituye un hecho que se desplegó en el ámbito laboral de la relación jurídica que, en su momento, unía al servidor público con el Poder Judicial. Que el Consejo de la Judicatura responsable justifique el por qué determinó imponer al quejoso una sanción de naturaleza económica y no optó por una de menor gravedad, como lo sería la amonestación o el apercibimiento, sobre todo si se toma en consideración que aquel no había sido sancionado previamente por la comisión de alguna falta administrativa grave, pues la que consta en sus antecedentes es de índole laboral." Inconforme con lo anterior, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, el cual se turnó al Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, quedando registrado con el número 301/2015, y en ejecutoria dictada en sesión de dieciocho de septiembre de dos mil quince, confirmó la sentencia recurrida, por lo que se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. En acatamiento a lo anterior, el Delegado del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, por oficio recibido el tres de noviembre del año en curso, remitió copia certificada de la resolución de veintinueve de octubre del presente año, dictada en la queja administrativa 11/2014-2. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º. Ahora bien, del análisis de las citadas documentales, se advierte que el fallo protector se encuentra cumplido, por las siguientes razones jurídicas: Dejó insubsistente la resolución de diecinueve de agosto de dos mil catorce, dictada en la queja administrativa 11/2014-2. Por cuanto a que si debió de interrumpir el procedimiento en el juicio de origen ante el fallecimiento de la codemandada Maximina Hernández Aldana, en base a los argumentos hechos valer por el quejoso, la responsable determinó la falta de responsabilidad administrativa en el desempeño del cargo como Juez Menor, en razón de que la demandada en el juicio tuvo expedito su derecho u oportunidad de exhibir los documentos correspondientes y solicitar la suspensión del mismo, lo cual no aconteció; y en virtud de que el principio dispositivo impide la actuación oficiosa de cualquier juzgador en los asuntos que se someten a su consideración. Asimismo, determinó que la aplicación oficiosa de los artículos 369 al 372 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, al procedimiento ejecutivo mercantil violentaría el principio dispositivo, pues recae sobre las partes la obligación de probar sus pretensiones o defensas, por lo que al no existir solicitud de las partes para interrumpir el procedimiento, el quejoso no estaba sujeto a pronunciarse de manera oficiosa al respecto, razón por la que no implica alguna omisión que derive en alguna responsabilidad administrativa, por parte del mismo. Sostuvo que regularizar el procedimiento por el hecho de la defunción de la codemandada, implicaría una traba innecesaria y carente de razonabilidad en el derecho de acceso a la justicia de las partes que intervienen en el litigio y que si bien el quejoso aduce que el acuerdo fue dictado en observancia al artículo 1055 fracción VIII del Código de Comercio; sí implicó una traba innecesaria y carente de razonabilidad en el derecho de acceso a la justicia de las partes que intervienen en el litigio y si bien como lo refiere la ley le confiere el carácter de director del proceso, también lo es, que dicha facultad debe hacerse en uso de cualquier irregularidad que observara durante la tramitación del procedimiento, lo cual en el presente caso no acontece, pues es en las partes en quienes recae esa carga, en tanto que ello redunda en su propio beneficio, tal y como lo dispone el artículo 1194 del Código de Comercio. Se pronunció por cuanto al auto de catorce de marzo de dos mil trece, y determinó que constituye una desviación a la legalidad, pues resulta evidente que como director del proceso, actuó con notorio descuido al omitir las constancias que obran en autos del juicio de origen. Por cuanto a si la sanción impuesta al quejoso en la queja administrativa 32/2006, determinó que la misma, no puede valorarse en perjuicio del funcionario a fin de agravar sanación impuesta por la falta imputada. De manera fundada y motivada con libertad de jurisdicción revocó la sanción económica previamente impuesta, ordenando se le reintegrara al quejoso los ocho días de salario mínimo que le fueron impuestos, y determinó sancionarlo con un apercibimiento, para que en lo sucesivo desempeñe sus labores con profesionalismo. Consecuentemente, resulta valido afirmar que la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. Finalmente, por cuanto a las manifestaciones realizadas por la parte quejosa, se tienen por vertidas y en atención a las mismas, dígase que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden, en los que como se puntualizó la sentencia protectora quedó debidamente cumplida. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de noviembre de dos mil quince. Se tiene por recibido el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual desahoga la vista ordenada por este juzgado y realiza diversas manifestaciones, las que serán tomadas en consideración en el momento en que se pronuncie sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma la licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación por licencia oficial, autorizada mediante circular CCJ/ST/6021/2015, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, el tres de noviembre de dos mil quince, ante la secretaria Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe.

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