Fernando Águila Muñoz
Expediente 936/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 936/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Fernando Águila Muñoz
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a treinta de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de ******, autorizado en términos amplios del quejoso ******; en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado por auto de veintinueve del actual, por el que se declaró que en proveído de ocho de agosto del año causó estado el desechamiento de la demanda. Por otro lado, y como lo solicita el promovente devuélvansele los documentos que exhibió con su escrito de demanda de amparo, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2º, por conducto de las personas que indica, previa identificación, toma de razón y recibo que obre en autos, dejándose la certificación correspondiente. En el entendido de que, para acudir a este Juzgado de Distrito, deberá programar su cita a través del sistema "Agenda OJ", del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", lo que le permitirá acudir ante este órgano jurisdiccional, en términos de lo establecido en los artículos 2 y 6 del invocado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener la devolución de los mencionados documentos. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que el auto de ocho de agosto de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado estado. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos, pertinentes en las carátulas del expediente. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a ocho de agosto de dos mil veintidós. Radicación de la demanda de amparo. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **********, por derecho propio, contra actos del Tesorero Municipal de Tepeyanco, Tlaxcala. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 936/2022. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. Se desecha demanda. Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. Como premisa debe destacarse que la parte quejosa reclama la falta de contestación al escrito petitorio presentado ante el Tesorero Municipal de Tepeyanco, Tlaxcala, el trece de julio de dos mil veintidós. Luego, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo, que estatuyen que para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al Poder Público. En ese orden de ideas, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De esa definición se desprende que el acto reclamado produce una afectación o lesión a cualquier derecho del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. Conforme al artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, el quejoso es quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual y colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1, de la Ley de la materia, y con ello se producirá una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, la autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora bien, como quedó precisado, en la especie el quejoso señaló como acto reclamado la falta de contestación al escrito petitorio presentado ante el Tesorero Municipal de Tepeyanco, Tlaxcala, el trece de julio de dos mil veintidós; razón por la cual a la fecha en que promovió la demanda de amparo tiene certeza de que la autoridad responsable no ha atendido su derecho de petición. Sin embargo, debe considerarse lo establecido en el artículo 19, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el cual establece lo siguiente: "Artículo 19. (.). Fracción IV. Ejercer ante las autoridades estatales y municipales, el derecho de petición, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los titulares y encargados de las dependencias de los poderes del Estado, organismos autónomos y municipios deberán en un término que no exceda de treinta días hábiles contados a partir de la fecha en que un particular ingrese su petición por escrito, de responder en la misma forma el acuerdo derivado de su petición." (Lo resaltado es propio) Del precepto invocado se advierte que la Constitución del Estado de Tlaxcala, prevé que el término para la contestación al derecho de petición es de treinta días hábiles, lo cual resulta relevante para evidenciar que las autoridades responsables a la fecha de presentación de la demanda no han incurrido en la omisión reclamada. En el caso, la petición cuya falta de respuesta reclama la parte quejosa, se realizó mediante escrito presentado el trece de julio de dos mil veintidós, ante una autoridad administrativa que se rige por lo establecido en la constitución estatal. De manera que el término con que se cuenta para dar respuesta, fenecerá hasta el veinticuatro de agosto del año en curso. La demanda de amparo que nos ocupa fue presentada el cuatro de agosto de dos mil veintidós; por lo que es de concluirse que no han trascurrido el plazo de treinta días hábiles para que la autoridad provea lo relativo a la solicitud del quejoso; en tanto que para estimar superado ese término, como se dijo, la demanda de amparo debe presentarse después del veinticuatro de agosto de este año. Por tanto, es dable estimar que a la data en que se presentó la demanda de amparo el quejoso no ha sufrido afectación real y actual a su derecho de petición, pues la autoridad señalada como responsable se encuentra en aptitud de dar contestación a su escrito dentro del plazo previsto en la Constitución Política del Estado de Tlaxcala. En consecuencia, es dable estimar actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos numeral 1°, fracción I y 5°, fracción I, de la ley de la materia, atento a lo cual, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la presente demanda de derechos fundamentales. Domicilio y autorizados. Por otro lado, con fundamento en el artículo 305 del Código de Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que, de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, sin previo acuerdo. Sin embargo, debe destacarse que ante la contingencia y riesgos sanitarios que atraviesa el país, así como las medidas para evitar el contacto social y reducir la movilidad en la vía pública, dígase a los impetrantes que mientras permanezca la contingencia sanitaria, las notificaciones de mero trámite se practicarán mediante lista, que podrá ser consultada vía internet. Por otra parte, en el caso de que sea necesario realizar alguna notificación de carácter personal, en el expediente en que se actúa, el Actuario Judicial de la Adscripción deberá hacerlo conforme al Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de los justiciables; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12, segundo párrafo, de la Ley de Amparo a Agustín Bernardo Jiménez Solís, Edgar Bernardo Jiménez Cárdenas y Emmanuel Agustín Jiménez Cárdenas, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública y únicamente para oír y recibir notificaciones a la diversa persona que indica, por no contar con dicho registro. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. VIII/2020 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". Exhortación para la continuación del juicio en línea. De igual modo, como a partir del tres de agosto de dos mil veinte, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se le comunica a la promovente que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. En consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Transparencia y Datos Personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese personalmente.
- Principal
***Apizaco, Tlaxcala, a ocho de agosto de dos mil veintidós. Radicación de la demanda de amparo. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **********, por derecho propio, contra actos del Tesorero Municipal de Tepeyanco, Tlaxcala. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 936/2022. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. Se desecha demanda. Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. Como premisa debe destacarse que la parte quejosa reclama la falta de contestación al escrito petitorio presentado ante el Tesorero Municipal de Tepeyanco, Tlaxcala, el trece de julio de dos mil veintidós. Luego, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo, que estatuyen que para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al Poder Público. En ese orden de ideas, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De esa definición se desprende que el acto reclamado produce una afectación o lesión a cualquier derecho del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. Conforme al artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, el quejoso es quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual y colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1, de la Ley de la materia, y con ello se producirá una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, la autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora bien, como quedó precisado, en la especie el quejoso señaló como acto reclamado la falta de contestación al escrito petitorio presentado ante el Tesorero Municipal de Tepeyanco, Tlaxcala, el trece de julio de dos mil veintidós; razón por la cual a la fecha en que promovió la demanda de amparo tiene certeza de que la autoridad responsable no ha atendido su derecho de petición. Sin embargo, debe considerarse lo establecido en el artículo 19, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el cual establece lo siguiente: "Artículo 19. (.). Fracción IV. Ejercer ante las autoridades estatales y municipales, el derecho de petición, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los titulares y encargados de las dependencias de los poderes del Estado, organismos autónomos y municipios deberán en un término que no exceda de treinta días hábiles contados a partir de la fecha en que un particular ingrese su petición por escrito, de responder en la misma forma el acuerdo derivado de su petición." (Lo resaltado es propio) Del precepto invocado se advierte que la Constitución del Estado de Tlaxcala, prevé que el término para la contestación al derecho de petición es de treinta días hábiles, lo cual resulta relevante para evidenciar que las autoridades responsables a la fecha de presentación de la demanda no han incurrido en la omisión reclamada. En el caso, la petición cuya falta de respuesta reclama la parte quejosa, se realizó mediante escrito presentado el trece de julio de dos mil veintidós, ante una autoridad administrativa que se rige por lo establecido en la constitución estatal. De manera que el término con que se cuenta para dar respuesta, fenecerá hasta el veinticuatro de agosto del año en curso. La demanda de amparo que nos ocupa fue presentada el cuatro de agosto de dos mil veintidós; por lo que es de concluirse que no han trascurrido el plazo de treinta días hábiles para que la autoridad provea lo relativo a la solicitud del quejoso; en tanto que para estimar superado ese término, como se dijo, la demanda de amparo debe presentarse después del veinticuatro de agosto de este año. Por tanto, es dable estimar que a la data en que se presentó la demanda de amparo el quejoso no ha sufrido afectación real y actual a su derecho de petición, pues la autoridad señalada como responsable se encuentra en aptitud de dar contestación a su escrito dentro del plazo previsto en la Constitución Política del Estado de Tlaxcala. En consecuencia, es dable estimar actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos numeral 1°, fracción I y 5°, fracción I, de la ley de la materia, atento a lo cual, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la presente demanda de derechos fundamentales. Domicilio y autorizados. Por otro lado, con fundamento en el artículo 305 del Código de Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que, de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, sin previo acuerdo. Sin embargo, debe destacarse que ante la contingencia y riesgos sanitarios que atraviesa el país, así como las medidas para evitar el contacto social y reducir la movilidad en la vía pública, dígase a los impetrantes que mientras permanezca la contingencia sanitaria, las notificaciones de mero trámite se practicarán mediante lista, que podrá ser consultada vía internet. Por otra parte, en el caso de que sea necesario realizar alguna notificación de carácter personal, en el expediente en que se actúa, el Actuario Judicial de la Adscripción deberá hacerlo conforme al Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de los justiciables; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12, segundo párrafo, de la Ley de Amparo a Agustín Bernardo Jiménez Solís, Edgar Bernardo Jiménez Cárdenas y Emmanuel Agustín Jiménez Cárdenas, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública y únicamente para oír y recibir notificaciones a la diversa persona que indica, por no contar con dicho registro. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. VIII/2020 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". Exhortación para la continuación del juicio en línea. De igual modo, como a partir del tres de agosto de dos mil veinte, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se le comunica a la promovente que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. En consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Transparencia y Datos Personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese personalmente.
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