Fermin Zempoalteca Cuahutencos
Expediente 244/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 15 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 244/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 05/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Fermin Zempoalteca Cuahutencos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Vista la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes recurriera la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; asimismo, se ordena guardar por separado, tanto el original como el duplicado del incidente de suspensión en el estado en que se encuentran. Archívese este expediente como asunto concluido. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente y el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no son de relevancia documental, jurídica e histórica. Ahora bien, y toda vez que el original del incidente de suspensión derivado del presente expediente es susceptible de depuración; previa digitalización, únicamente deberá conservarse la demanda, suspensión provisional e interlocutoria respectivas, toda vez que las mismas fueron concedidas, ya que a criterio del suscrito, no son de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Vista la razón actuarial que antecede, de la que se advierte que no fue posible notificar personalmente a la tercera interesada SE BORDNETZE MÉXICO, S. A. DE C. V., a través de quien legalmente la represente, el auto de fecha dos de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo, por las razones que se exponen; en tales condiciones, a fin de no dejar en estado de indefensión a la tercera interesada en cita, pásense nuevamente los presentes autos al Actuario de este juzgado, para que proceda a notificarle dicho auto, el presente proveído y las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. inserción de auto (2 mayo 2019).- Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el quejoso, Fermín Zempoalteca Cuauhtencos, por conducto de su apoderado legal Oscar Moreno Portillo, promovió juicio de amparo indirecto, contra actos de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, señalando como actos reclamados sustancialmente, la omisión de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de requerir en el acuerdo de fecha veintidós de febrero de dos mil diecinueve, a la parte quejosa, manifestará si era su voluntad aceptar o no el ofrecimiento de trabajo realizado por la parte patronal, dentro de los autos del juicio ordinario laboral número 633/2018 y no ilegalmente obligarlo a presentarse en las instalaciones de la junta responsable a las diez horas del día veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la diligencia de reinstalación, apercibiéndolo, que en el caso de no comparecer el día y hora antes citado se le tendrá por no admitido el ofrecimiento de trabajo, así como la indebida o incorrecta fundamentación y motivación del acuerdo de fecha veintidós de febrero de dos mil diecinueve, antes referido; y respecto de dichos actos reclamados se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, la que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente. [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;". De esta disposición se advierte, que es improcedente el juicio de amparo cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Ahora bien, la autoridad responsable, Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, al rendir su informe con justificación informó que dentro del expediente laboral 633/2018 de su índice, con fecha veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, las partes celebraron convenio de terminación voluntario de la relación laboral y el cuatro de abril del año en curso, se dio cumplimiento a dicho convenio, adjuntando a su informe copia certificada del acuerdo de fecha veintidós de febrero de dos mil diecinueve, así como del convenio y cumplimiento al mismo, dentro del cual se consideró lo siguiente: "(.) EN USO DE LA PALABRA DE LA ACTORA PERSONALMENTE DIJO: En primer término, ratifico el convenio realizado por mi apoderado legal de fecha veintiocho de marzo del año dos mil diecinueve. Asimismo, manifiesto estar de acuerdo en recibir el título de crédito número 0019427 de fecha 03 de ABRIL de 2019 por la cantidad de $28,000.00 (VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 M. N.), en cumplimiento al resolutivo 0019427 de fecha 03 de ABRIL de 2019 por la cantidad de $28,000.00 (VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 M. N.) del veintiocho de marzo del año dos mil diecinueve. Asimismo, manifiesto que a mi entera satisfacción me doy por pagada de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en mi escrito inicial de demanda por lo que solicito se archive el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido". De lo anterior se advierte que si bien es verdad que los actos reclamados en el presente juicio de amparo, consistentes en la omisión de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de requerir en el acuerdo de fecha veintidós de febrero de dos mil diecinueve, a la parte quejosa, manifestará si era su voluntad aceptar o no el ofrecimiento de trabajo realizado por la parte patronal, dentro de los autos del juicio ordinario laboral número 633/2018 y no ilegalmente obligarlo a presentarse en las instalaciones de la junta responsable a las diez horas del día veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la diligencia de reinstalación, apercibiéndolo, que en el caso de no comparecer el día y hora antes citado se le tendrá por no admitido el ofrecimiento de trabajo, así como la indebida o incorrecta fundamentación y motivación del acuerdo de fecha veintidós de febrero de dos mil diecinueve, antes referido; también lo es que no pueden surtir efectos legales o materiales algunos por haber dejado de existir el objeto o la materia del acto reclamado; lo anterior, al haberse celebrado convenio de terminación voluntario de la relación laboral; por lo que, es indudable, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto la Jurisprudencia 2a./J. 184/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 395, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. SUS EFECTOS RESTITUTORIOS SÓLO PUEDEN MATERIALIZARSE RESPECTO DE LOS DERECHOS DEL GOBERNADO LEGÍTIMAMENTE TUTELADOS.- El artículo 80 de la Ley de Amparo establece que la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restablecer las cosas al estado en el cual se encontraban antes de la violación, pero este principio no es irrestricto ni absoluto, pues está subordinado al fundamento de orden público que rige los procedimientos de ejecución de las sentencias de amparo, conforme al cual el conjunto de instituciones jurídicas propias de una comunidad necesarias para la convivencia pacífica entre sus miembros no puede alterarse. Ahora bien, de acuerdo con este principio, los alcances restitutorios de una ejecutoria deben materializarse sobre derechos legítimos, esto es, respecto de aquellas prerrogativas de los gobernados legalmente tuteladas, pues de no ser así, la sentencia de amparo podría utilizarse como un instrumento para efectuar actos contrarios a las leyes y al orden público, en agravio de derechos legítimos de otros gobernados, lo cual no debe permitirse, ya que por su naturaleza, ésta es el instrumento para restituir al gobernado en el pleno goce de sus garantías individuales violadas y no un medio para efectuar actos contrarios a la ley o legitimar situaciones de hecho que se encuentren al margen de ella.". Al respecto, se invoca, por las razones que la informan, la tesis aislada 2ª.XCIX/2000, localizable en la página 357, del Tomo XII, Agosto de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Asimismo, resulta aplicable, la tesis visible en la página 829, Tomo XV, Febrero de 2002, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SUBSISTE, PERO SU OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR POR HABERSE CELEBRADO Y CUMPLIDO ANTE LA AUTORIDAD DE INSTRUCCIÓN, UN CONVENIO ENTRE LAS PARTES.- Subsistiendo el laudo que constituye el acto reclamado, si el demandado, hoy quejoso, convino con el actor, dirimiendo y satisfaciendo las pretensiones de éste, ante la potestad de la autoridad laboral competente, es incuestionable que su objeto y materia quedaron sin efecto jurídicamente pues, de otra manera, si se resolviera el fondo del juicio de garantías y se concediera la protección constitucional a favor de la demandada, ello resultaría estéril, en virtud de que al existir un acuerdo de voluntades entre los contendientes del juicio, el cual ha sido cumplido en todos sus términos, la ejecución del laudo no tendría razón de ser cuando ésta tiene por efecto satisfacer los derechos subjetivos del trabajador, los cuales ya se vieron cumplidos a través del convenio aludido. En esas condiciones, es inconcuso que se surte la improcedencia del juicio contenida en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, es procedente sobreseer en el mismo, acorde a lo dispuesto por la diversa fracción III del artículo 74 de la legislación referida". Por todo lo anterior, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO FUERA DE AUDIENCIA, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por no estimarse contraria la Ley de Amparo en vigor, la tesis de jurisprudencia visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De igual forma, sirve de apoyo por no contravenir la Ley de Amparo en vigor, la tesis de jurisprudencia visible en la página 991, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO.- La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto". En consecuencia de lo anterior, se dejan sin efecto las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del día catorce de mayo de dos mil diecinueve, en que tendría verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Finalmente, agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por Oscar Moreno Portillo, en su carácter de apoderado legal del quejoso Fermín Zempoalteca Cuauhtencos; visto que fue su contenido, dígasele que se esté a lo ordenado en el presente proveído. Notifíquese personalmente. Notifíquese por lista.
- Incidental
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por Oscar Moreno Portillo, en su carácter de apoderado legal del quejoso Fermín Zempoalteca Cuauhtencos; visto que fue su contenido, se tienen por hechas las manifestaciones que en el mismo se contienen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el quejoso, Fermín Zempoalteca Cuauhtencos, por conducto de su apoderado legal Oscar Moreno Portillo, promovió juicio de amparo indirecto, contra actos de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, señalando como actos reclamados sustancialmente, la omisión de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de requerir en el acuerdo de fecha veintidós de febrero de dos mil diecinueve, a la parte quejosa, manifestará si era su voluntad aceptar o no el ofrecimiento de trabajo realizado por la parte patronal, dentro de los autos del juicio ordinario laboral número 633/2018 y no ilegalmente obligarlo a presentarse en las instalaciones de la junta responsable a las diez horas del día veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la diligencia de reinstalación, apercibiéndolo, que en el caso de no comparecer el día y hora antes citado se le tendrá por no admitido el ofrecimiento de trabajo, así como la indebida o incorrecta fundamentación y motivación del acuerdo de fecha veintidós de febrero de dos mil diecinueve, antes referido; y respecto de dichos actos reclamados se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, la que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente. [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;". De esta disposición se advierte, que es improcedente el juicio de amparo cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Ahora bien, la autoridad responsable, Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, al rendir su informe con justificación informó que dentro del expediente laboral 633/2018 de su índice, con fecha veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, las partes celebraron convenio de terminación voluntario de la relación laboral y el cuatro de abril del año en curso, se dio cumplimiento a dicho convenio, adjuntando a su informe copia certificada del acuerdo de fecha veintidós de febrero de dos mil diecinueve, así como del convenio y cumplimiento al mismo, dentro del cual se consideró lo siguiente: "(.) EN USO DE LA PALABRA DE LA ACTORA PERSONALMENTE DIJO: En primer término, ratifico el convenio realizado por mi apoderado legal de fecha veintiocho de marzo del año dos mil diecinueve. Asimismo, manifiesto estar de acuerdo en recibir el título de crédito número 0019427 de fecha 03 de ABRIL de 2019 por la cantidad de $28,000.00 (VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 M. N.), en cumplimiento al resolutivo 0019427 de fecha 03 de ABRIL de 2019 por la cantidad de $28,000.00 (VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 M. N.) del veintiocho de marzo del año dos mil diecinueve. Asimismo, manifiesto que a mi entera satisfacción me doy por pagada de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en mi escrito inicial de demanda por lo que solicito se archive el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido". De lo anterior se advierte que si bien es verdad que los actos reclamados en el presente juicio de amparo, consistentes en la omisión de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de requerir en el acuerdo de fecha veintidós de febrero de dos mil diecinueve, a la parte quejosa, manifestará si era su voluntad aceptar o no el ofrecimiento de trabajo realizado por la parte patronal, dentro de los autos del juicio ordinario laboral número 633/2018 y no ilegalmente obligarlo a presentarse en las instalaciones de la junta responsable a las diez horas del día veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la diligencia de reinstalación, apercibiéndolo, que en el caso de no comparecer el día y hora antes citado se le tendrá por no admitido el ofrecimiento de trabajo, así como la indebida o incorrecta fundamentación y motivación del acuerdo de fecha veintidós de febrero de dos mil diecinueve, antes referido; también lo es que no pueden surtir efectos legales o materiales algunos por haber dejado de existir el objeto o la materia del acto reclamado; lo anterior, al haberse celebrado convenio de terminación voluntario de la relación laboral; por lo que, es indudable, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto la Jurisprudencia 2a./J. 184/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 395, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. SUS EFECTOS RESTITUTORIOS SÓLO PUEDEN MATERIALIZARSE RESPECTO DE LOS DERECHOS DEL GOBERNADO LEGÍTIMAMENTE TUTELADOS.- El artículo 80 de la Ley de Amparo establece que la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restablecer las cosas al estado en el cual se encontraban antes de la violación, pero este principio no es irrestricto ni absoluto, pues está subordinado al fundamento de orden público que rige los procedimientos de ejecución de las sentencias de amparo, conforme al cual el conjunto de instituciones jurídicas propias de una comunidad necesarias para la convivencia pacífica entre sus miembros no puede alterarse. Ahora bien, de acuerdo con este principio, los alcances restitutorios de una ejecutoria deben materializarse sobre derechos legítimos, esto es, respecto de aquellas prerrogativas de los gobernados legalmente tuteladas, pues de no ser así, la sentencia de amparo podría utilizarse como un instrumento para efectuar actos contrarios a las leyes y al orden público, en agravio de derechos legítimos de otros gobernados, lo cual no debe permitirse, ya que por su naturaleza, ésta es el instrumento para restituir al gobernado en el pleno goce de sus garantías individuales violadas y no un medio para efectuar actos contrarios a la ley o legitimar situaciones de hecho que se encuentren al margen de ella.". Al respecto, se invoca, por las razones que la informan, la tesis aislada 2ª.XCIX/2000, localizable en la página 357, del Tomo XII, Agosto de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Asimismo, resulta aplicable, la tesis visible en la página 829, Tomo XV, Febrero de 2002, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SUBSISTE, PERO SU OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR POR HABERSE CELEBRADO Y CUMPLIDO ANTE LA AUTORIDAD DE INSTRUCCIÓN, UN CONVENIO ENTRE LAS PARTES.- Subsistiendo el laudo que constituye el acto reclamado, si el demandado, hoy quejoso, convino con el actor, dirimiendo y satisfaciendo las pretensiones de éste, ante la potestad de la autoridad laboral competente, es incuestionable que su objeto y materia quedaron sin efecto jurídicamente pues, de otra manera, si se resolviera el fondo del juicio de garantías y se concediera la protección constitucional a favor de la demandada, ello resultaría estéril, en virtud de que al existir un acuerdo de voluntades entre los contendientes del juicio, el cual ha sido cumplido en todos sus términos, la ejecución del laudo no tendría razón de ser cuando ésta tiene por efecto satisfacer los derechos subjetivos del trabajador, los cuales ya se vieron cumplidos a través del convenio aludido. En esas condiciones, es inconcuso que se surte la improcedencia del juicio contenida en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, es procedente sobreseer en el mismo, acorde a lo dispuesto por la diversa fracción III del artículo 74 de la legislación referida". Por todo lo anterior, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO FUERA DE AUDIENCIA, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por no estimarse contraria la Ley de Amparo en vigor, la tesis de jurisprudencia visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De igual forma, sirve de apoyo por no contravenir la Ley de Amparo en vigor, la tesis de jurisprudencia visible en la página 991, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO.- La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto". En consecuencia de lo anterior, se dejan sin efecto las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del día catorce de mayo de dos mil diecinueve, en que tendría verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Finalmente, agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por Oscar Moreno Portillo, en su carácter de apoderado legal del quejoso Fermín Zempoalteca Cuauhtencos; visto que fue su contenido, dígasele que se esté a lo ordenado en el presente proveído. Notifíquese personalmente.
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