Fermin Matamoros Ambriz
Expediente 26/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 26/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Fermin Matamoros Ambriz
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio signado electrónicamente por el Actuario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Trabajo en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del envío del expediente original del juicio de amparo *** de este índice; de lo que únicamente se toma conocimiento, ya que mediante auto de dieciocho del mes y año en curso, se ordenó el archivo del asunto como concluido. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio signado electrónicamente por el Actuario Judicial del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por el que informa que mediante proveído de quince de enero del año en curso, dictado en los autos del juicio de amparo 32/2021-IV de su índice, aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional. De lo que se toma conocimiento. Ahora, con relación a la solicitud del expediente físico, a efecto de evitar mayor dilación, remítase a la brevedad el expediente físico al juzgado oficiante. En virtud de lo expuesto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, se ordena archivar el presente expediente como asunto concluido y, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se autoriza su destrucción una vez que transcurra el término de seis meses esto es a partir del diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda promovida por ***, por propio derecho, contra los actos que reclama de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Ahora, de conformidad con lo previsto en las Circulares SECNO/29/2020, SECNO/30/2020 y SECNO/1/2021 emitidos por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos y en el Acuerdo General 13/2020, emitido por el Pleno, ambos del Consejo de la Judicatura Federal, los órganos constitucionales del Poder Judicial de la Federación del Primer Circuito no se encuentran realizando funciones jurisdiccionales, de manera normal. Lo anterior, dado que por la situación actual que vive la Ciudad de México (Primer Circuito Judicial) en lo que respecta a la pandemia que acaeció con motivo del virus COVID-19, los órganos administrativos del Consejo de la Judicatura Federal determinaron, en síntesis, suspender las labores jurisdiccionales, por el periodo comprendido del cinco de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, con el fin de proteger al personal de los órganos de dicha demarcación territorial. En ese sentido y tomando en consideración que, durante ese plazo, los documentos antes descritos prevén que únicamente: (i) se dará trámite a los asuntos considerados "urgentes", (ii) se tramitarán los juicios que se hayan promovido en el formato denominado "en línea" y, (iii) se dictarán las sentencias de los asuntos que se encuentren en estado de resolución, es que este Juzgado Federal determina acordar la demanda de cuenta. Lo anterior, pues como se desprende del análisis de este juicio constitucional, la litis constitucional encuadra en uno de los supuestos considerados como "urgentes" y, en consecuencia, este órgano de control constitucional se encuentra en posibilidad de acordar lo que en derecho corresponda. REGISTRO Regístrese en el libro de gobierno bajo el número 26/2021-III, y fórmense los expedientes que refiere el artículo 3° de la ley de la materia. COMPETENCIA De un estudio efectuado a la demanda que nos ocupa, se advierte que el promovente acude a este órgano jurisdiccional a solicitar el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado consistente en: ".OFICIO No. ******* de fecha 31 de diciembre de 2020." Al respecto, se precisa que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentran obligados los órganos de control constitucional antes de resolver cualquier cuestión relacionada con la materia de la litis en las demandas, pues de no hacerlo, se contravendrían las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Sobre esa base, la legislación de la materia finca como reglas de competencia las siguientes: Por territorio (prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo); Por materia (civil, penal, laboral y administrativa, que está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación); Por grado (la cual consiste en la instancia o vía intentada -amparo indirecto y directo-); Auxiliar; y, Concurrente. Sirve de apoyo la tesis 1a. II/92 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 94 del tomo IX, Mayo de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." De los factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, en el caso en estudio interesa destacar el referente a la competencia por materia. En ese orden, para determinar si un órgano de control constitucional especializado es competente para conocer de una demanda de amparo, debe considerarse la naturaleza jurídica del acto reclamado, que regularmente puede verificarse mediante el análisis cuidadoso de las normas que lo regulan. En este orden, cabe señalar que el artículo 55, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece: "Artículo 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: [.] III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; [.]" Como es posible advertir, la porción normativa transcrita de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, prevé que los Jueces de Distrito en Materia de Trabajo son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra actos emitidos por autoridades distintas de la autoridad judicial, siempre que versen sobre la misma materia. Ahora bien, a efecto de verificar la naturaleza del acto reclamado en este juicio, conviene tener en cuenta las siguientes consideraciones. La parte quejosa señaló como acto reclamado el oficio *****, de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, suscrito por la Directora del Centro de Investigación Victimológica y de Apoyo Operativo, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual se le solicita al promovente presentarse en el domicilio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, a efecto de que, de ahora en adelante, preste su trabajo en dicha institución como asesor jurídico de las víctimas del delito, debido a que la última institución referida absorbió las labores correspondientes. Del análisis del oficio reclamado y anexo al mismo, se advierte que también se le indicó al quejoso cuales serían los trámites para formalizar su relación laboral con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. El quejoso, esencialmente reclama que su baja de una institución e incorporación a otra lesiona su derecho al salario y estabilidad laboral. Ahora bien, del capítulo de hechos, expuestos bajo protesta de decir verdad, se advierte que el promovente manifestó que a partir del uno de agosto de dos mil quince, aceptó y protestó el cargo como asesor jurídico del Nuevo Sistema de Justicia Penal, iniciando sus funciones en el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, y que actualmente se encuentra comisionado en la Fiscalía de Investigación para el Delito de Secuestro, orientando, asesorando a víctimas. De lo anterior, se advierte que el promovente no desempeña funciones similares a las de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública y no está sujeta al sistema de carrera policial, por lo que la relación existente con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no es administrativa sino de naturaleza laboral. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 67/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, página: 957, cuyo rubro y texto establecen: "TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. NO ESTÁN SUJETOS AL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN DE DERECHOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, CONSTITUCIONAL, POR LO QUE LA RELACIÓN QUE MANTIENEN CON AQUÉLLAS ES DE NATURALEZA LABORAL.- De la interpretación del artículo referido, en relación con el numeral 73 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se advierte que el régimen de excepción de derechos previsto en el precepto constitucional, sólo es aplicable a los miembros de las instituciones policiales que realicen la función de policía y que estén sujetos al Servicio Profesional de Carrera Policial; en consecuencia quienes, aun perteneciendo a dichas instituciones (trabajadores administrativos) no realicen funciones similares a las de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública y no estén sujetos al sistema de carrera policial, mantienen una relación de naturaleza laboral con tales instituciones, la cual se rige en términos de la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". De esta manera, la relación laboral entre el promovente y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se encuentra regulada por la legislación laboral aplicable y no así por normas de derecho administrativo; además, el promovente reclama un acto cuyas consecuencias jurídicas se traducen en sustituir la fuente de empleo de la parte quejosa, de ahí que se considere que el acto reclamado es de naturaleza laboral. Sin que sea óbice a esta consideración que la naturaleza de las autoridades responsables sea de carácter administrativa, ya que no solamente debe atenderse a ese criterio para determinar la competencia, sino que también, y de manera primordial, a la naturaleza del acto reclamado. Es aplicable, en lo conducente, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9 del Tomo 205-216 Primera Parte, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS DE CONTENIDO MATERIALMENTE LABORAL REALIZADOS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO. En tratándose de un problema competencial para conocer de un amparo indirecto, la resolución del conflicto debe atender exclusivamente a la naturaleza material del acto reclamado. Desde el punto de vista material, que atiende al acto en sí, el acto reclamado es de naturaleza laboral, cuando consista en una multa impuesta por el secretario de Trabajo y Previsión Social por infracción a disposiciones tanto de la Ley Federal del Trabajo, como de los Reglamentos de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y de Higiene en el Trabajo. La circunstancia de que la multa impuesta no haya derivado de un conflicto obreropatronal, sindical o de un laudo, no implica que dicho acto no esté comprendido dentro de la materia de trabajo, pues las hipótesis que contempla el artículo 42 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no se agotan, únicamente, en ese tipo de conflictos, sino que comprenden, además, todas aquellas cuestiones que, sin mediar controversias entre patrones y trabajadores, miran la seguridad social de estos últimos, como sucede cuando se impone una multa por infracción a disposiciones de trabajo que tutelan los intereses de la parte obrera; aspecto éste que queda comprendido en la fracción III del artículo 42 bis de la invocada ley." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 35/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, localizable en el Tomo XXV, Marzo 2007, página 556, Novena época. En esta jurisprudencia se determinó que las normas que regulan la separación de un servidor público de su fuente de trabajo son actos de naturaleza laboral para efectos de determinar la competencia de los jueces de distrito. Este criterio mutatis mutandi es aplicable al caso, ya que se reclama un acto tendente a separar al quejoso de su fuente de trabajo actual, a efecto de incorporarlo a una distinta. La jurisprudencia anunciada es de rubro y texto, siguientes: "SEPARACIÓN VOLUNTARIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA NATURALEZA DE LA NORMA QUE REGULA EL PROGRAMA RELATIVO ES FORMALMENTE ADMINISTRATIVA PERO MATERIALMENTE LABORAL, POR LO QUE LOS CONFLICTOS Y EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES QUE SURJAN CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO CORRESPONDE A AUTORIDADES ESPECIALIZADAS EN ESTA ÚLTIMA MATERIA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 2a./J. 51/2004 y 2a./J. 155/2004, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XIX, mayo de 2004, y XX, noviembre de dicho año, páginas 593 y 122, respectivamente, en torno a la naturaleza formal y materialmente administrativa de la Norma que Regula el Programa de Separación Voluntaria en la Administración Pública Federal sostuvo que los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, así como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, son competentes para conocer, los primeros, de la negativa a incorporar a algún servidor público a dicho programa y, el segundo, de los conflictos surgidos con motivo de la aplicación de la norma que regula ese programa. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a esta Sala a abandonar ese criterio únicamente en cuanto a la naturaleza material que de esa normatividad se estableció al considerarla administrativa, por lo que la Norma que Regula el Programa de Separación Voluntaria en la Administración Pública Federal, vigente en 2003, que prevé una compensación económica para diversos servidores de la administración pública federal y de las entidades paraestatales que se rigen por los apartados A y B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se separen voluntariamente de su empleo, debe considerarse de naturaleza materialmente laboral, porque constituye una prestación extralegal derivada del nexo laboral que no tiene su origen en aquel precepto o en alguna de sus leyes reglamentarias, es decir, se trata de una compensación que incluye algunos conceptos, como la antigüedad y el sueldo, originados en dichas leyes que es otorgada por el Estado en su calidad de patrón equiparado de los trabajadores que laboran en organismos públicos descentralizados, lo cual le imprime a dicha norma carácter laboral; de ahí que los conflictos y el ejercicio de las acciones que surjan con motivo de su aplicación deben ser de la competencia de autoridades especializadas en esta materia." En ese contexto, se estima que el oficio reclamado constituye un acto cuya competencia corresponde conocer al Juez de Distrito especializado en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno. Por lo antes expuesto, este Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, considera que carece de competencia legal por razón de materia para conocer de la demanda de amparo, en virtud que, como se expuso, la naturaleza del acto que en la presente vía se controvierte es de índole laboral, por lo que debe ser analizado por un Juez de Distrito especializado en esa materia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 48 de la Ley de Amparo, gírese atento oficio al Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno, acompañando la demanda de amparo, con el objeto de informarle la presente determinación, y para que tenga a bien informar si acepta la competencia propuesta, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Fórmese cuaderno de antecedentes, con la certificación secretarial respectiva relativa a que las constancias que integran el presente sumario constitucional se encuentran debidamente integradas en el expediente electrónico. SUSPENSIÓN En otro aspecto, conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo, cuando se presenta una demanda de amparo ante un juez de distrito y éste considere carecer de competencia, la remitirá de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este orden, dado que los actos reclamados no versan sobre dicho tipo de violaciones, no ha lugar a realizar pronunciamiento alguno sobre dicho tópico. Por otra parte, no ha lugar a notificar personalmente el presente proveído al promovente en atención a la jurisprudencia cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE." DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene para oír y recibir notificaciones el que menciona. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizados a las diversas personas que nombra, únicamente por autorizadas para oír y recibir notificaciones en términos de los previsto por el artículo 24 de la ley de la materia, hasta en tanto acrediten tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales que se ordenen en este asunto. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA Por último, no ha lugar a notificar personalmente el presente proveído al promovente en atención a la jurisprudencia cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE." Notifíquese.
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