FELIX SALGADO TENORIO y Otros.
Expediente 1096/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 12 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1096/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 12/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- FELIX SALGADO TENORIO y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, doce de noviembre de dos mil veinte. Por recibido el escrito de ****, **** y ****, por propio derecho, contra actos de los Magistrados Integrantes de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo. En ese contexto, conviene precisar que del análisis de la demanda y sus anexos, este Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, estima que carece de competencia legal para conocer del presente juicio constitucional, por cuestión de vía, en razón de que el acto reclamado lo constituye una resolución que resolvió el recurso de reclamación interpuesto contra el auto que desechó la demanda de nulidad, con lo cual puso fin a al juicio de nulidad de origen, por lo que su conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, de conformidad con las consideraciones que se exponen a continuación: Primeramente, debe apuntarse que la quejosa en su escrito inicial de demanda señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: CC. MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LA SEXTA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. IV. ACTOS RECLAMADOS: La emisión y contenido de la resolución de fecha 29 de septiembre de 2020, emitida dentro de los autos del expediente número ***** por la que se resolvió el recurso de reclamación interpuesto por el suscrito." Así pues, conviene citar lo previsto en el primer párrafo del artículo 34, el primer párrafo del artículo 47, la fracción I del artículo 170 y el párrafo primero del artículo 176, todos de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.)." Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por dan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.)" "Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. (.)" De una interpretación sistemática de los preceptos invocados se colige que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo, el cual procede, entre otras hipótesis, contra los actos y resoluciones que emitan los Tribunales jurisdiccionales que pongan fin al juicio, o bien, las que lo den por concluido sin decidir sobre la litis planteada. Asimismo, que cuando los Jueces de Distrito consideren que los actos reclamados en la demanda de amparo sean materia de amparo directo, la enviaran de inmediato con sus anexos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Concordante con lo anterior, este órgano jurisdiccional de conformidad con lo establecido en el artículo 35 y el artículo 107 de la Ley de Amparo, encuentra limitada su competencia en los siguientes términos: "Artículo 35. Los juzgados de distrito y los tribunales unitarios de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto. Artículo 107. El amparo indirecto procede: Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." De los numerales transcritos se desprenden los actos de autoridad contra los cuales procede el juicio de amparo indirecto, cuyo conocimiento compete a los Jueces de Distrito. Así pues, los quejosos señalan como acto reclamado la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veinte emitida por la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente ****. De ahí, que la resolución emitida en el recurso de reclamación que confirma el auto que desechó la demanda de nulidad, se trata de una resolución que sin resolverlo en lo principal dio por concluido el juicio de nulidad, con lo que se puso fin a esa instancia ordinaria, sin que proceda algún medio ordinario de defensa en virtud al cual pueda ser modificado, nulificado o revocado, siendo así que el juicio de amparo promovido en su contra, compete al conocimiento de un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Por este motivo, la impugnación debe hacerse en amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con lo previsto en el artículo 34, primer párrafo, 47, primer párrafo, y 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo en lo conducente la jurisprudencia 2a./J. 5/91, de la Octava Época, con registro 206445 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Noviembre de 1991, página: 47 del rubro y texto siguientes: "DEMANDA FISCAL, DESECHAMIENTO DE LA. EL AMPARO DIRECTO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCION QUE LO CONFIRMA. La resolución de una Sala del Tribunal Fiscal de la Federación que confirma el auto que desecha una demanda es de aquéllas a que se refiere el tercer párrafo del artículo 46 de la Ley de Amparo, que si bien no deciden el problema planteado por el actor en su demanda, dan por terminado el juicio relativo. Por tal motivo, su reclamación debe hacerse en amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción III, inciso a), constitucional, así como 44 y 158 de la ley citada, de acuerdo con sus textos reformados vigentes a partir del 15 de enero de 1988, y no en amparo indirecto como procedía antes de las referidas reformas. Esto es así, porque, para los efectos del amparo, el juicio se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, pues independientemente de las concepciones doctrinarias del concepto genérico de juicio, éste debe entenderse atendiendo a la intención de las reformas constitucionales y legales citadas. Cuando no se requieren pruebas no allegadas a la responsable para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto procesal proveniente de tribunales administrativos, no se justifica la promoción de un amparo que admite hasta dos instancias y supone la celebración de una audiencia con un período probatorio, sino la de un juicio constitucional que normalmente se tramita en una sola instancia y que no requiere de la celebración de una audiencia con términos para el ofrecimiento y desahogo de pruebas. Lo anterior, por motivos de economía procesal. En el caso de la resolución que confirma el desechamiento de la demanda, los elementos para juzgar si ésta estaba o no en condiciones de ser admitida, ya debieron ser aportados ante la autoridad de primera instancia o ante la responsable ". Así pues, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, en cuanto a garantizar la eficacia y rapidez en la tramitación y fallo de los juicios, en concordancia con el artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución, los diversos artículos 34, 47 y 107 de la Ley de Amparo, ESTE ÓRGANO DECLARA CARECER DE COMPETENCIA LEGAL PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ANALIZA, POR CUESTIÓN DE VÍA y DECLINA SU CONOCIMIENTO a favor del TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EN TURNO, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, a efecto que en caso que exista concordancia provea lo conducente, solicitándole se sirva informar sobre la determinación que tenga a bien tomar respecto a si acepta o no la competencia que se estima, le asiste a ese Órgano Colegiado de control constitucional. Con fotocopia de las constancias que se consideren necesarias, se ordena formar cuaderno de antecedentes y realizar las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. DOMICILIO: Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en autos. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***,***,***,***,***, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; asimismo, se tienen únicamente como autorizados para oír notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas que señala. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se autoriza la consulta vía internet del presente expediente electrónico por conducto de su autorizado, mediante el usuario **** . MEDIOS ELECTRÓNICOS. En términos de la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza el uso de medios electrónicos que permitan la digitalización de las actuaciones de este sumario, siempre y cuando se avise previamente al encargado del área de actuaría. HÁBILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a que practiquen las diligencias que se requieran en el presente asunto en horas y días inhábiles. Lo anterior, sin que haya lugar a notificar personalmente la presente determinación, en atención a la Jurisprudencia 12/96, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primera, página cincuenta y cinco, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE", que en lo conducente establece: "... es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término a qué juzgado se remitió su demanda de amparo, en los lugares en donde existen oficinas de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo sobre la admisión de su demanda, a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado." Notifíquese.
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